La derecha ataca de nuevo

La prácticamente segura formación de un gobierno progresista encabezado por P. Sanchez, constituido por PSOE y U. Podemos y apoyado por el resto de la  izquierda española, ha puesto de los nervios a todos los partidos de derechas que se dedican a disparar contra todo lo que se mueve para intentar evitar que se forme ese gobierno.

La sentencia del TJUE ha dado oportunidad al PSOE de encontrar una salida a la situación de O. Junqueras. Las alegaciones de la Abogacía del Estado (AE), que ERC identifica con la posición del gobierno, es un elemento clave para favorecer la abstención de los nacionalistas. La  AE es un órgano de la  Administración General del Estado, dependiente por tanto, siempre sujeto a los criterios jurídicos del cuerpo, de la posición del gobierno, que debe orientarse a favorecer los intereses del Estado.

La AE ha sido el primer objetivo de la derecha intentando presentar a este cuerpo como poder judicial inmaculado no sujeto más que a su divino criterio. La derecha intenta influir de este modo sobre la AE invirtiendo el argumento, considerando que es el pérfido Sánchez quien quiere instrumentarlos.

Como complemento a la ofensiva contra la AE, se aprovecha cualquier circunstancia para atacar ferozmente al gobierno, recuperando las formas demagogias de Aznar contra F. Gonzalez.

Todo vale:

• La descalificación sistemática de ERC llamándolos  "los que quieren  destruir España", y de Podemos que ya son solo comunistas  populistas.
• Las referencias fuera de lugar a los amigos de ETA
• Las críticas desaforadas a  temas como el retraso - mínimo- en la actualización de las pensiones o del SMI que un gobierno en funciones no puede hacer.
• Las críticas furibundas a cualquier decisión de carácter administrativo como el retraso en explicar unas negociaciones no terminadas todavía.
• La apelación al apoyo de los sectores socialistas  críticos con socialista, los paleosocialistas de Aragón y Castilla la Mancha.
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Es evidente que el tiempo excesivamente largo en presentar las alegaciones de la AE y en culminar las negociaciones con ERC, está siendo aprovechado a tope por los partidos de derechas para desgastar a un gobierno, que estando en funciones, tiene poca capacidad de reacción aunque, el dar sistemáticamente la callada por respuesta, no parece tampoco el mejor método de responder.

PP y Cs están mostrando su poca responsabilidad y su falta de alternativas, echándose la pelota el uno al otro  con propuestas curiosas para evitar el malvado a poyo de ERC: EL  PP propone que apoye Cs y Navarra Unida mientras que  Cs ofrece una mayoría de 221 diputados, que son casi todos del PP. Luego está la letra pequeña de esos  supuestos apoyos  que no serían gratis en ningún momento. En este contexto VOX, seguramente más inteligente, se mantiene al margen con tan solo apariciones puntuales.

Es necesario cambiar la forma de investir al presidente del gobierno para evitar estas peticiones, en mi opinión contra natura, de que sea la oposición quien complete los apoyos necesarios. Ni fue adecuado cuando el PSOE apoyó a Rajoy ni lo es ahora en sentido contrario. No hay que olvidar que el apoyo a Rajoy se produjo en medio de una batalla interna del PSOE, que la gestora que dirigía entonces el partido aprovechó para forzar la salida de P. Sanchez.

Espero que la AE emita un dictamen en linea con la sentencia del TJUE que permita constituir un gobierno a la mayor brevedad posible, y salir cuanto antes de esta lamentable situación, aunque, por lo que se está viendo, la legislatura se presenta muy bronca. 

El TJUE da una oportunidad a la investidura

El tribunal de Luxemburgo (TJUE) ha aceptado el recurso de Oriol Junqueras (OJ) y le ha reconocido su condición de eurodiputado. Esta decisión responde a una pregunta previa del TS español, al que obliga a revisar su sentencia sobre OJ para  que tenga en cuenta esta circunstancia.

El TJUE deja al tribunal español la forma en la que debe reconocer los derechos de OJ lo que significa que debe incluir en la revisión el derecho a que tome posesión de su cargo, pueda ejercer como diputado europeo y  aceptar que para poder procesarle debe pedir un suplicatorio a la cámara europea.

ERC ya ha manifestado la posición de la defensa y pedirá la nulidad de todo el proceso mientras que la fiscalía sigue en plan duro y, en una primera valoración, dice que no se puede corregir nada pues se está fuera de tiempo al no estar ya OJ en prisión provisional.

La Abogacía del Estado (AE) ha sido requerida como parte del proceso a fijar su posición que no tiene porque coincidir con la de la fiscalía. Esta discrepancia ya se produjo en la calificación del proceso en la que, mientras la fiscalía consideraba  que había un delito de rebelión, la AE lo dejaba en sedición. La sentencia condenó finalmente por sedición desestimando los criterios de la fiscalía.

En todo caso la AE no es poder judicial, es un cuerpo jerárquico de la Administración y, por ello ,el gobierno tiene derecho a participar en la posición que finalmente se adopte.

La AE debería alegar que se cumpla literalmente la sentencia del TJUE para lo cual tendría que proponer una formula que permita a OJ la toma de posesión  y el ejercicio de su cargo de euro-parlamentario.

Seguramente en derecho puedan existir varias formulas que cumplan  esos requisitos: nulidad del juicio, suspensión de la condena, prisión atenuada como el tercer grado o cualquier otra. Si se tiene en cuenta que el interés nacional es contribuir lo máximo posible  a normalizar la situación política en Cataluña, cualquiera de esas formulas podría ser adecuada.

Si el TS aceptara la propuesta de dejarlo todo igual, como propone la fiscalía, no se cumplirían los requisitos de la sentencia europea y daría lugar a nuevos recursos de OJ y a perpetuar el conflicto jurídico con el tribunal europeo y, desde un punto de vista político, en vez de contribuir a la normalización de Cataluña, se añadiría un elemento más de confrontación.

La sentencia del TJUE ha permitido de forma indirecta el reconocimiento de Puigdemont como eurodiputado por lo que, con toda probabilidad, en un tiempo breve podrá circular por  toda la Unión Europea incluida España.

En todo caso  el TS decidirá lo que estime oportuno pero la AE, que defiende la posición del gobierno deber´ñia mantener una  posición constructiva.

Con el reconocimiento de la condición de diputados de O. Junqueras y C. Puigdemont, el TJUE ha ofrecido una oportunidad para distender la situación en Cataluña y permitir de paso la investidura de Pedro Sanchez.

Sería un error muy grave desperdiciar esta oportunidad.

La derecha no para de meter ruido con afirmaciones interesadas que están fuera de la realidad. La sentencia se basa en protección de la inmunidad de los eurodiputados, con independencia de que sean catalanes o de cualquier otro origen y no suponen ninguna injerencia en nuestra soberanía. Por otro lado pretenden convencer a la ciudadanía de que la AE es una institución independiente y el gobierno debería abstenerse de intervenir. Como en cualquier procedimiento judicial, el abogado no toma decisiones por su propia iniciativa sino con la colaboración de la parte que le contrata, en este caso el gobierno que actúa en nombre del Estado.