Inquisición 2.0

Aunque las Cortes de  Cádiz abolieron la inquisición en 1813, su espíritu y sus métodos siguen hoy vigentes, aunque ya no estén orientados a perseguir la herejía sino a otros fines menos piadosos.

La moderna inquisición 2.0 no está ligada a instituciones religiosas sino que está formada por una serie de "agresivos" periodistas, que viven de la publicación de escándalos, más o menos ciertos o directamente inventados, basados muchas veces en sacar de contexto situaciones normales exagerando sus rasgos mas reprobables.

El objetivo explicito de estos justicieros es conseguir un comportamiento puro, sin mácula alguna de los responsables públicos y para ello, valiéndose de todo tipo de medios, se erigen en tribunal inquisitorial para opinar de lo divino y de lo humano sobre todo tipo de temas aunque de muchos de ellos sus conocimientos sean mínimos o incluso totalmente erróneos.

Detrás de estos justicieros están siempre intereses políticos o económicos que se apresuran a rentabilizar los juicios sumarísimos a los que son sometidos los acusados.

Como en todo proceso inquisitorial los acusados tienen que demostrar su inocencia pues la culpabilidad se da por descontada y, para obligarlos, se les somete a un  continuo escarnio público al que  colaboran alegremente cadenas de TV y de radio y la prensa sensacionalista o directamente amarilla que, lamentablemente, cada día está más extendida.

Estas consideraciones vienen a cuento porque el asedio feroz a que está siendo sometido el gobierno socialista, tiene unas características inquisitoriales de un nivel impensable hace pocos meses.

X.Arzallus dijo en una reunión con HB, en 1990

".... unos sacuden el árbol, pero sin romperlo para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas"

Aunque esta referencia estaba dicha en un contexto nacionalista, puede aplicarse en este caso

Los periodistas sensacionalistas, apoyándose en fuentes poco claras, mueven el árbol de las posibles irregularidades y las derechas, Ciudadanos y Populares, se apresuran a rasgarse las vestiduras y salir corriendo al parlamento para ver quien es el primero en pedir comparecencias.

Cuatro ministros y el presidente han sido sometidos a este inquisitorial tribunal que ya se ha cobrado dos piezas.

El primero fue el ministro de cultura, Maxim Huertas, que dimitió a los pocos días de ser nombrado, después de que el digital "El Confidencial" publicará un sentencia del TSJ de Madrid desestimando su recurso a la decisión de la Agencia tributaria sobre su declaración de la renta de 2006-2008 en la que le reclamaban 218.000 €. La sentencia no implica delito y el mero hecho de que el ex-ministro la recurriera hasta el TSJM indica que estaba convencido de haber obrado correctamente.

No obstante se vio obligado a dimitir para demostrar que el nuevo gobierno tenía otros comportamientos.  

Un vez cobrada esta primera pieza, la nueva inquisición fue a  por la segunda, la ministra de sanidad sobre  la detección de irregularidades en su Tesis Fin de Máster que se publicó y contenía un porcentaje de coincidencias cercano al 50% con textos procedentes de internet. Esa información, obtenida de forma irregular, fue publicada por el diario.es que fue quien destapó toda la trama del Instituto de Derecho Público de la URJC, provocó la caída de la ministra Montón.

La tercera victima es la ministra de Justicia de la que la prensa mas reaccionaria, Moncloa.com, un digital propiedad de algunos socios del ex comisario Villerejo, publica unas supuestas grabaciones de este personaje, ahora en prisión preventiva, realizadas en un comida a la que asistió la entonces  fiscal y ahora ministra de justicia. Las conversaciones grabadas en un contexto privado, tienen un contenido inapropiado, y más si se las saca de contexto. Son grabaciones de hace nueve años, que pueden estar manipuladas y que no tienen ningun tipo de garantía pero la nueva inquisición las está aireando para demostrar las amistades peligrosas de la ministra Delgado.

La cuarta y última victima es Pedro Duque, Ministro de Ciencia y Universidades, al que un medio tan "fiable" como OK Diario dirigido por el inquisidor profesional  Eduardo Inda, ha acusado tener una sociedad patrimonial para gestionar sus dos inmuebles. Fuentes de hacienda han informado que esas sociedades son totalmente legales si no se utilizan para facturar servicios personales y el ministro ha dejado claro que no ha facturado nada. Los inquisidores han comprobado que eso es cierto pero siguen buscándole las vueltas a ver si encuentran algo oscuro.

El presidente del gobierno también ha sido objeto de acusaciones de plagio aunque ha sido imposible demostrar nada después de que ha hecho pública su tesis doctoral.

Nos encontramos ante un ataque feroz y coordinado de las dos derechas, que colaboran en manada para atacar al gobierno aunque, por otro lado, se disputan el papel de lobo alfa de la manada derechista.

De los cinco ataque lanzados se han cobrado dos piezas aunque solo en el caso del  máster de la ministra de sanidad puede haber razones reales, aunque mucho menos graves que las trampas de Cristina Cifuentes o el NO máster de Pablo Casado que se esta escapando por componendas legales de magistrados y fiscales.

¿Quien será el próximo ministro al que la inquisición 2.0 ponga en la picota? Seguro que los agresivos reporteros están mirando con lupa a todo el gobierno, hasta encontrar, o inventarse, alguna irregularidad.

Política industrial de la defensa

La crisis, afortunadamente no consumada, de la posible pérdida de un contrato, en fase de tramitación de 5 corbetas, con Arabia Saudí ha puesto sobre la mesa las contradicciones que tiene para un país como España tener una fuerte capacidad industrial en el sector de la defensa.

En primer lugar, disponer de un soporte industrial lo más fuerte posible, forma parte importante de los planes estratégicos de la defensa de cualquier pais de las dimensiones del nuestro.

Dadas las complejidades de los sistemas de armas actuales, este soporte industrial no puede ser total, tienen que complementarse con las capacidades de otros países aliados.

Cuando un país dispone de una capacidad industrial grande en el sector defensa, tiene forzosamente que comercializar sus productos con las limitaciones intrínsecas a este sector que básicamente son dos:

• No vender a países con los que podamos tener un conflicto, países potencialmente enemigos.
• No vender a países autoritarios, no democráticos o que estén implicados en conflictos en los que no se respetan los derechos humanos.

El cumplimiento del segundo punto no es sencillo debido por un lado, a los largos periodos de gestación de muchos contratos de defensa que hace que desde que  se firma el contrato hasta que se entrega el pedido puedan pasar muchos años y las condiciones ser distintas, y por otro a los distintos criterios de los distintos gobiernos de nuestro país y a la obligación formal de respetar contratos de gobiernos anteriores.

En el caso de las 500 bombas de precisión, la ministra de defensa no debería haber dicho nada. Tal vez Alemania o Canadá puedan permitirse el lujo de arriesgar contratos pero un país mediano como el nuestro no puede poner en riesgo la actividad industrial de una región como la bahía de Cádiz.

Arabia Saudi está implicada en una guerra de religión, Chiitas contra Sunies y de liderazgo regional, Arabia contra Iran, que tiene características muy duras. Aunque unas cuantas bombas no van a ser determinantes y las bombas de precisión láser no producen efectos secundarios salvo que se definan mal los objetivos, hubiera sido mas limpio no tener que haberlas entregado y, si como parece, no había más remedio, haberlo hecho de la forma mas discreta posible.

España es el 7º país exportador de armas del mundo aunque muy alejado de las cifras de los primeros países. Según los datos de la Secretaría de Estado de Comercio, Arabia Saudi es uno de nuestros principales clientes del que somos el tercer proveedor.

Debido a los largos plazos de tramitación y fabricación que existen en el comercio militar, hay que distinguir dos fases, la de autorización y la de ejecución.

Las cifras de los últimos años (en millones de euros) son:

Año	Autorizado	Ejecutado
2011	30,2	14
2012	48,6	21,3
2013	33,2	406
2014	69	292,8
2015	584	546
2016	154,9	192,5
2017	197	270,2

En la tabla es significativo el gran incremento de las exportaciones en los años del comienzo de la guerra del Yemen (2015), que corresponde a la gestión del gobierno del PP encabezado por M. Rajoy.

En estos años parece que han predominado los intereses comerciales sobre las políticas de no apoyar a países que están involucrados en una guerra tan cruel como la de Yemen.

En ese sentido las 400 bombas (9,2 M€) pueden considerarse como la punta del iceberg de una situación que debería rectificarse.

El nuevo gobierno socialista tiene la difícil tarea de equilibrar nuestra vocación de contribuir mas a la paz, restringiendo el envío de material militar a países en conflicto, con nuestros intereses industriales y comerciales.

La industria militar, y en particular la industria naval, tiene una larga tradición histórica en España que  parte del siglo XVI con la aparición del galeón, un buque de mayor porte y mucho mejor armado que la galera, que fue clave del dominio español en el Mediterráneo. En aquel tiempo la industria naval llegó a alcanzar dimensiones industriales realmente notables, siendo sus principales centros Barcelona, Malaga, Sicilia y Napoles. 

En época de Carlos III, siglo XVIII, se creo la red de arsenales navales y fábricas de armamento que, sin variaciones sustanciales, han llegado hasta nuestros días, a finales de este siglo XVIII, las construcciones navales se trasladaron a los arsenales en San Fernando, Ferrol y Cartagena, donde se mantienen actualmente.


Sorprende por tanto la ignorancia de algún dirigente político, en este  caso el S.G. de Podemos Pablo Echenique, que, sin despeinarse, deja caer la simpleza de que para evitar conflictos éticos, hay que desmantelar el astillero de S. Fernando y convertirlo en una industria de otras características.

 

El futuro de Cuelgamuros

En el valle de Cuelgamuros, situado en la vertiente SE de la sierra de Guadarrama, está el risco de la Nava en el que se levanta la enorme cruz de la Basílica del llamado valle de los caídos, monumento fascista  construido  por el general Franco, que, a modo de los antiguos faraones, se ha convertido en su pirámide honorífica particular.

Con la decisión de exhumar los restos del general Franco, recientemente adoptada por el gobierno en el Decreto Ley (R.D. Ley 10/2018), el futuro de Cuelgamuros debe cambiar de forma significativa. Presumiblemente, cuando no esten los restos del dictador, dejará de ser punto de atracción de fascistas y ultra-derechistas de toda índole.

R.D. Ley 10/2018

Articulo único
Se modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, en los términos que se recogen a continuación.
Uno. Se añade un apartado 3 al artículo 16, con la siguiente redacción: «3. En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda.»
Dos. Se añade una nueva disposición adicional sexta bis con la siguiente redacción: «Disposición adicional sexta bis. Procedimiento para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de esta Ley. 1. Corresponde al Gobierno garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.3 de esta Ley, asegurando en todo caso unas condiciones adecuadas de dignidad y respeto. A tal efecto, se declara de urgente y excepcional interés público, así como de utilidad pública e interés social, la inmediata exhumación y el traslado de los restos mortales distintos de los mencionados en dicho artículo.

En su disposición adicional 6ª bis, el R. Decreto asegura las condiciones adecuadas de dignidad y respeto a las victimas de la guerra allí enterradas y  la obligación de exhumar y trasladar los restos del general Franco, únicos restos mortales que no pertenecen a una victima de la guerra.

En consecuencia, después de 40 años se pondrá fin a la utilización exclusiva de la basílica como monumental panteón para glorificar al dictador y se dará una digna sepultura a los más de 34.000 cuerpos, 13.000 de ellos sin identificar, almacenados en las criptas de la Basílica, que constituyen la mayor fosa común existente en España.

El hecho de que se dedique el valle a cementerio civil de los fallecidos en la guerra, no implica que todos ellos se queden en él. Es evidente que los cuerpos que sean reclamados por sus familiares, serán trasladados donde estos decidan.

Con este decreto, el gobierno resuelve los asuntos más dramáticos y urgentes relacionados con el valle, otros temas, como el uso final que se dará a las construcciones existentes, deberán definirse posteriormente.

El debate abierto sobre si el valle debe convertirse en un museo,  en un centro de memoria  o, incluso, en un símbolo de reconciliación, es secundario.

Parece imposible que el valle de los caídos, que durante cuarenta años ha sido el símbolo fascista mayor de España, se  convierta, por una decisión administrativa, en un símbolo de la reconciliación. En cuanto a su valor como posible museo de la guerra civil o centro de memoria histórica, deberá ser analizado con detalle pues es muy posible que cualquier iniciativa de ese tipo sea acogida con mucha frialdad por la ciudadanía.

En cualquier caso se abren dos procesos, uno rápido, la exhumación y traslado de los restos de Franco y otro, el diseño, construcción del cementerio civil y exhumación y traslado de los  34.000 cuerpos allí depositados, que será un proceso mucho más largo. Durante este tiempo podrá definirse con serenidad el destino final del valle.

Fiebre amarilla en Cataluña

Una epidemia de fiebre amarilla invade las calles y plazas de las ciudades catalanas, que aparecen plagadas de tiras de plástico amarillo, que acabaran en los basureros  contribuyendo, finalmente de forma innecesaria, a la contaminación de nuestros mares.

Esta primera consideración ecológica representa un daño colateral nada despreciable que están haciendo los independentistas con su campaña febril de poner lazos amarillos de plástico por toda Cataluña.

La libertad de expresión ampara su derecho a reivindicar la puesta en libertad de los que consideran sus presos políticos, pero si quieren llenar Cataluña de lazos, podrían utilizar cintas de tela que no contaminan. Si cada dos metros de cinta de plastico equivalen, aproximadamente, a una bolsa de supermercado de las que se están empezando a restringir ¿Cuantas bolsas de plástico equivalentes está produciendo esta campaña?

Como ha aclarado la Fiscal General del Estado, la libertad de expresión ampara tanto a los que ponen lazos como a los que los quitan, por ello, la "guerra de los lazos amarillos", no supone ninguna ilegalidad en si misma, otra cosa son los casos de violencia, afortunadamente pocos, que se han producido, la intervención desafortunada de los mossos de esquadra  identificando  a los que quitan los lazos o los lazos institucionales puestos por algunos Ayuntamientos.

Desde un punto de vista político, la actitud del President, animando a poner lazos y la de los lideres del PP y Cs animando a quitarlos, en el caso de A.Rivera incluso colaborabando directamente a ello, solo contribuyen a incrementar la tensión en Cataluña lo que podría llegar a alcanzar  situaciones de mayor violencia.

Previsiblemente, la fiebre amarilla se mantendrá hasta que se celebre el proceso de los ex consellers imputados, previsto para este otoño. La evolución de esta epidemia dependerá del resultado de este proceso.

En relación con este proceso, Puigdemont y los restantes consejeros huidos han interpuesto una demanda civil contra el juez Llarena en un juzgado belga. Esta demanda excede en mucho a las declaraciones del juez y critica frontalmente a la justicia española por lo que el gobierno, que en un primer momento había preferido mantenerse al  margen, tuvo que rectificar y asumir la defensa del juez. El texto de la demanda es totalmente disparatado y, además, tergiversa las supuestas declaraciones del juez por lo que hay que esperar que sea archivada y quede en nada, aunque ya ha conseguido provocar bastante ruido debido en buena parte a la torpeza del gobierno en asumir la defensa del juez.

La crisis catalana, ya peligrosa en si misma, se complica más por dos circunstancias añadidas que le dan mayor gravedad.

La primera, es la estrategia utilizada por las dos derechas españolas de utilizar Cataluña como campo de batalla preferente para dirimir su lucha por su hegemonía en España.

La segunda, es la aritmética parlamentaria existente en el Congreso de los Diputados. El gobierno necesita el apoyo de los grupos catalanes para sacar adelante sus iniciativas pero estos grupos, especialmente el PDCat, están amenazando con retirar su apoyo si el gobierno no les permite hacer un referendum de autodeterminación en Cataluña. Dada la imposibilidad de aprobar una consulta de ese tipo, no amparada por la Constitución, si el independentismo mantiene su amenaza, puede provocar la caída del ejecutivo y la convocatoria de elecciones anticipadas. 

Los independentistas tienen que ser conscientes de que sus propuestas son inasumibles, por lo que puede tatarse de un farol más de los muchos que nos tienen acostumbrados, pues a ellos no les interesa que se convoquen elecciones anticipadas en el Estado.

Es muy posible que con estas batallas se estén limitando a calentar el ambiente para la díada, el aniversario del primero de octubre o el juicio de los exconsellers, pero, dado el errático comportamiento del president Torra y su jefe Puigdemont por un lado, y la irresponsabilidad de las dos derechas españolas por otro, cualquier cosa es posible. El gobierno, aunque está actuando con la máxima prudencia, puede no ser capaz de controlarlo.