Esta primera consideración ecológica representa un daño colateral nada despreciable que están haciendo los independentistas con su campaña febril de poner lazos amarillos de plástico por toda Cataluña.
La libertad de expresión ampara su derecho a reivindicar la puesta en libertad de los que consideran sus presos políticos, pero si quieren llenar Cataluña de lazos, podrían utilizar cintas de tela que no contaminan. Si cada dos metros de cinta de plastico equivalen, aproximadamente, a una bolsa de supermercado de las que se están empezando a restringir ¿Cuantas bolsas de plástico equivalentes está produciendo esta campaña?
La libertad de expresión ampara su derecho a reivindicar la puesta en libertad de los que consideran sus presos políticos, pero si quieren llenar Cataluña de lazos, podrían utilizar cintas de tela que no contaminan. Si cada dos metros de cinta de plastico equivalen, aproximadamente, a una bolsa de supermercado de las que se están empezando a restringir ¿Cuantas bolsas de plástico equivalentes está produciendo esta campaña?
Como ha aclarado la Fiscal General del Estado, la libertad de expresión ampara tanto a los que ponen lazos como a los que los quitan, por ello, la "guerra de los lazos amarillos", no supone ninguna ilegalidad en si misma, otra cosa son los casos de violencia, afortunadamente pocos, que se han producido, la intervención desafortunada de los mossos de esquadra identificando a los que quitan los lazos o los lazos institucionales puestos por algunos Ayuntamientos.
Desde un punto de vista político, la actitud del President, animando a poner lazos y la de los lideres del PP y Cs animando a quitarlos, en el caso de A.Rivera incluso colaborabando directamente a ello, solo contribuyen a incrementar la tensión en Cataluña lo que podría llegar a alcanzar situaciones de mayor violencia.
Previsiblemente, la fiebre amarilla se mantendrá hasta que se celebre el proceso de los ex consellers imputados, previsto para este otoño. La evolución de esta epidemia dependerá del resultado de este proceso.
En relación con este proceso, Puigdemont y los restantes consejeros huidos han interpuesto una demanda civil contra el juez Llarena en un juzgado belga. Esta demanda excede en mucho a las declaraciones del juez y critica frontalmente a la justicia española por lo que el gobierno, que en un primer momento había preferido mantenerse al margen, tuvo que rectificar y asumir la defensa del juez. El texto de la demanda es totalmente disparatado y, además, tergiversa las supuestas declaraciones del juez por lo que hay que esperar que sea archivada y quede en nada, aunque ya ha conseguido provocar bastante ruido debido en buena parte a la torpeza del gobierno en asumir la defensa del juez.
La crisis catalana, ya peligrosa en si misma, se complica más por dos circunstancias añadidas que le dan mayor gravedad.
La primera, es la estrategia utilizada por las dos derechas españolas de utilizar Cataluña como campo de batalla preferente para dirimir su lucha por su hegemonía en España.
La segunda, es la aritmética parlamentaria existente en el Congreso de los Diputados. El gobierno necesita el apoyo de los grupos catalanes para sacar adelante sus iniciativas pero estos grupos, especialmente el PDCat, están amenazando con retirar su apoyo si el gobierno no les permite hacer un referendum de autodeterminación en Cataluña. Dada la imposibilidad de aprobar una consulta de ese tipo, no amparada por la Constitución, si el independentismo mantiene su amenaza, puede provocar la caída del ejecutivo y la convocatoria de elecciones anticipadas.
Los independentistas tienen que ser conscientes de que sus propuestas son inasumibles, por lo que puede tatarse de un farol más de los muchos que nos tienen acostumbrados, pues a ellos no les interesa que se convoquen elecciones anticipadas en el Estado.
Es muy posible que con estas batallas se estén limitando a calentar el ambiente para la díada, el aniversario del primero de octubre o el juicio de los exconsellers, pero, dado el errático comportamiento del president Torra y su jefe Puigdemont por un lado, y la irresponsabilidad de las dos derechas españolas por otro, cualquier cosa es posible. El gobierno, aunque está actuando con la máxima prudencia, puede no ser capaz de controlarlo.
Desde un punto de vista político, la actitud del President, animando a poner lazos y la de los lideres del PP y Cs animando a quitarlos, en el caso de A.Rivera incluso colaborabando directamente a ello, solo contribuyen a incrementar la tensión en Cataluña lo que podría llegar a alcanzar situaciones de mayor violencia.
Previsiblemente, la fiebre amarilla se mantendrá hasta que se celebre el proceso de los ex consellers imputados, previsto para este otoño. La evolución de esta epidemia dependerá del resultado de este proceso.
En relación con este proceso, Puigdemont y los restantes consejeros huidos han interpuesto una demanda civil contra el juez Llarena en un juzgado belga. Esta demanda excede en mucho a las declaraciones del juez y critica frontalmente a la justicia española por lo que el gobierno, que en un primer momento había preferido mantenerse al margen, tuvo que rectificar y asumir la defensa del juez. El texto de la demanda es totalmente disparatado y, además, tergiversa las supuestas declaraciones del juez por lo que hay que esperar que sea archivada y quede en nada, aunque ya ha conseguido provocar bastante ruido debido en buena parte a la torpeza del gobierno en asumir la defensa del juez.
La crisis catalana, ya peligrosa en si misma, se complica más por dos circunstancias añadidas que le dan mayor gravedad.
La primera, es la estrategia utilizada por las dos derechas españolas de utilizar Cataluña como campo de batalla preferente para dirimir su lucha por su hegemonía en España.
La segunda, es la aritmética parlamentaria existente en el Congreso de los Diputados. El gobierno necesita el apoyo de los grupos catalanes para sacar adelante sus iniciativas pero estos grupos, especialmente el PDCat, están amenazando con retirar su apoyo si el gobierno no les permite hacer un referendum de autodeterminación en Cataluña. Dada la imposibilidad de aprobar una consulta de ese tipo, no amparada por la Constitución, si el independentismo mantiene su amenaza, puede provocar la caída del ejecutivo y la convocatoria de elecciones anticipadas.
Los independentistas tienen que ser conscientes de que sus propuestas son inasumibles, por lo que puede tatarse de un farol más de los muchos que nos tienen acostumbrados, pues a ellos no les interesa que se convoquen elecciones anticipadas en el Estado.
Es muy posible que con estas batallas se estén limitando a calentar el ambiente para la díada, el aniversario del primero de octubre o el juicio de los exconsellers, pero, dado el errático comportamiento del president Torra y su jefe Puigdemont por un lado, y la irresponsabilidad de las dos derechas españolas por otro, cualquier cosa es posible. El gobierno, aunque está actuando con la máxima prudencia, puede no ser capaz de controlarlo.
