El Laberinto Italiano

Han pasado dos meses desde la celebración de las elecciones italianas, que dieron un triunfo por escaso margen al PD encabezado por P.L. Bersani.

En este período han sucedido diversos acontecimientos políticos hasta que, finalmente, se ha constituido un gobierno de coalición de amplio espectro encabezado por  Enrico Letta del Partido Democrático.

El primer acto, elección de los presidentes de las cámaras acabó con buenas perspectivas para la izquierda, pues algunos representantes del Movimiento cinco estrellas, acabaron rompiendo la disciplina de voto y apoyando a los candidatos del PD, para evitar el triunfo de los candidatos de Berlusconi.

El segundo acto, elección del primer ministro, no pudo culminarse con el mismo éxito porque el líder del PD, P.L.Bersani, coherente con sus ideas, no quiso saber nada del ofrecimiento que le hizo Berlusconi, sospechando que estaba envenenado y no encontró suficientes  apoyos en el Movimiento 5 estrellas (M5S), para su elección como presidente del gobierno.

En estas condiciones parecía cada vez más claro que era casi inevitable la convocatoria de nuevas elecciones generales, lo que no era posible con un presidente de la República en el último período de su mandato. Se decidió entonces adelantar la elección del presidente, que según la constitución italiana. se realiza por un  cuerpo electoral de 1.007 miembros, formado por diputados, senadores y un grupo de delegados de las regiones.

Dada la actitud de bloqueo permanente del M5S, Bersani tuvo que intentar  un pacto con Berlusconi, pues la figura del presidente, aunque fundamental para la estabilidad del país, es mucho menos crítica que la del primer ministro. El PD no aceptó el pacto y el candidato de consenso (Marini) no pudo ser elegido.

El segundo candidato propuesto para la presidencia fue Romano Prodi, miembro también del PD y no del gusto de Berlusconi. Para garantizar su elección, Bersani lo sometió a la aprobación de los electos del PD. La candidatura de Prodi fue aceptada, y era suficiente con la mayoría absoluta, pues era la tercera votación y al PD le faltaban solamente ocho votos para ella. No obstante, en un acto de clara indisciplina, un centenar de representantes de la izquierda rompieron la unidad y se negaron a  apoyar a Prodi, votando al candidato del M5S.

En estas condiciones y ante la falta de apoyo en sus propias filas, Bersani se vio obligado a desistir de su candidatura a primer ministro.

Para cubrir el puesto de presidente de la República, y salir del atasco institucional, hubo que pedir al anciano presidente Napolitano de 87 años, que se presentará a la reelección, lo que finalmente tuvo el apoyo de todos excepto del inevitable M5S que sigue yendo a lo suyo, sin que nadie pueda explicar a estas alturas que es lo que pretenden.

Todo este culebrón ha desembocado ya, como única solución posible en un gobierno de coalición  de todo el arco parlamentario, con el inevitable M5S votando en contra y planteando no se sabe qué.

 ¿Quién ha ganado finalmente estas elecciones en Italia?

A primera vista puede considerarse que ha habido un cierto empate entre las cuatro opciones que concurrieron a ellas, pues cada una ha conseguido parcialmente alguno de sus objetivos. Aunque, para ver los resultados reales en la sociedad italiana, habrá que esperar al menos algunos meses.

Algunos elementos significativos son los siguientes:

• El Polo de la Libertad de Berlusconi, ha logrado mantener el tipo participando en el gobierno de coalición, gracias al fuerte apoyo popular que ha tenido a pesar de sus actuaciones pasadas.
• El Partido Democrático vuelve a presidir un gobierno. Aunque tuvo un triunfo electoral menor que el que esperaba debido en parte a las perversiones de la ley electoral que en su momento diseñó Berlusconi.
• El M5S mantiene su virginidad política por el procedimiento de negarse a cualquier tipo de acuerdo
• La "lista Monti", que obtuvo un resultado electoral muy malo, ha conseguido una participación en el gobierno muy superior a su fuerza.
• Italia finalmente tiene un gobierno que tiene que tener la suficiente estabilidad para abordar, en primera instancia, sus problemas internos como la promulgación de una ley electoral que no sea una trampa que impida la gobernabilidad.

Por otro lado, sería deseable que el nuevo gobierno tuviera una participación más activa en Europa, ya que es necesario que Italia juegue el papel que le corresponde como país mediterráneo y contribuya a  proponer y apoyar  políticas europeas que acaben de una vez con el "austericidio" económico  que se está imponiendo desde Alemania.

Otras consecuencias que podrían derivarse de la nueva situación serían que la lista Monti utilizase la influencia alcanzada para aumentar su peso en la derecha italiana, que ahora está totalmente dominada por Berlusconi. La desaparición de Berlusconi de la vida política sería un alivio para Italia y para toda Europa.

El M5S ha demostrado hasta ahora una esterilidad política absoluta. Siendo optimista cabría admitir la posibilidad de que una parte, al menos, de este colectivo tomase conciencia de la realidad política y evolucionase hacia una actitud más positiva, poniendo en valor los millones de votos obtenidos.

Una última reflexión, Bersani, candidato de la izquierda a las elecciones, fue elegido en primarias abiertas, lo que no fue impedimento para que sus compañeros del PD, propiciaran su caída cuando votaron en  contra de Prodi en la elección para presidente de la República.

Las primarias no son, como algunos compañeros parecen querer hacer ver en España, el ungüento amarillo que todo lo cura. En los partidos, hace falta, además, disciplina y dejar aparcadas las  rencillas internas. Si no se hubiera provocado la caída de Bersani, cabría la posibilidad de que el gobierno italiano fuera hoy progresista.

El gobierno de concentración no solo ha sido provocado por las maniobras y argucias de Berlusconi y la irresponsabilidad genética del M5S, también por la incoherencia y falta de unidad del PD.

Democracia y punto = Ocurrencia X

El movimiento 15 M surgió hace dos años como una lógica reacción de protesta popular por el supuesto mal funcionamiento de la democracia en España y su incapacidad para dar soluciones que nos permitieran salir de la crisis.

Se entienden perfectamente las razones de su nacimiento y desarrollo en una sociedad sin alternativas y hay que reconocer que han tenido algunos éxitos en algunas situaciones específicas como en el impulso a la PAH, que ha conseguido sensibilizar a la sociedad, incluyendo a los partidos de izquierdas, sobre el problema de los desahucios por impago de hipotecas y ha posibilitado la solución de bastantes situaciones.

Sin embargo su pretensión de pontificar, legislar e incluso gobernar desde asambleas callejeras se ha convertido inevitablemente en un auténtico fiasco, que amenaza con terminar con el movimiento o convertirlo en marginal con unas connotaciones antisistema.

Una de las opciones para seguir adelante que tenía el 15M era dar el paso de convertirse en un partido político y concurrir a las elecciones presentando sus propuestas a la sociedad.

Este paso lo ha dado un sector del 15M, fundando el Partido X, con un lema tan rotundo como inconcreto: Democracia y Punto. El Partido X ha publicado, parece que con una participación muy abierta, un programa que no tengo más remedio que calificar de Ocurrencia

Para definir un Partido Político, habría que tener en cuenta tres conceptos básicos, cada uno a su vez con múltiples contenidos.

El primero sería desarrollar las propuestas que hace el partido a la sociedad a largo plazo, ideología y a corto /medio contenidos programáticos, en materias como Educación, Sanidad, Economía, Cultura, Industria, Seguridad, Justicia...... En este "programa" no hay ni una sola palabra de estos asuntos ni siquiera en los anexos pendientes de desarrollar.

El segundo asunto que interesa son las personas que dirigen y apoyan este Partido, quienes son sus líderes, que curriculum tienen, que ideas defienden, son de derechas o de izquierdas. El partido X se declara ¡¡ANONIMO!! sin líderes, ni dirigentes ni afiliados.

En unos momentos en que la exigencia de abrir listas para saber que candidatos se esconden en una lista, el partido X niega liderazgos, aunque también se apunta a la propuesta de listas abiertas, en las que habrá que elegir entre los ciudadanos X1, X2 o X3, sin saber quién es ninguno de ellos.

El tercer aspecto, el único que el programa X desarrolla, serían los procedimientos democráticos que se proponen, no tanto internos sino, sobre todo, los que según ellos, debería haber en el conjunto del país.

La pretensión da cambiar todas las reglas del juego de la democracia es de una audacia infinita

En cualquier caso la desarrollan de forma exhaustiva en cuatro capítulos:

1 Transparencia en la Gestión Pública

Incluye una completa relación de entidades sometidas a la transparencia en la que, en términos globales, no habría mayor objeción, aunque hay que decir que una buena parte de esas peticiones ya forma parte de la legislación y de la práctica real no es en definitiva nada nuevo, salvo alguna exageración con ribetes un tanto fundamentalista, como por ejemplo, suprimir el secreto de las deliberaciones de los consejos de gobierno o algunas ingenuidades como pretender por ley garantizar la imparcialidad de los medios de comunicación.

2 Wikigobierno y wikilegislación

Apoyándose en algunas experiencias puntuales, sin duda interesantes, propone una quimera consistente en generalizar esas experiencias para legislar y gobernar de una forma participativa de manera que los expertos de la calle, no elegidos por nadie, tengan la misma posibilidad de proponer leyes que los miembros del gobierno.

Además de las dificultades de coordinación que conlleva esta propuesta, abriría la vía a que expertos, pertenecientes a lobbies, grandes empresas, multinacionales, etc. hiciesen propuestas legislativas e incluso de gobierno.

Seguro que esa no es esa la intención pero los ciudadanos expertos y con disponibilidad de tiempo están con mayor probabilidad en este tipo de organismos que tranquilamente en su casa colaborando desinteresadamente con la Comunidad.

El proceso de debate legislativo en la red con, supuestamente, miles de ciudadanos enmendando y contra-enmendando los textos legislativos, es una forma estupenda de que no se pudiese aprobar nada nunca. Se paralizaría toda la legislación.

3 Derecho al voto real y permanente

Cualquier ciudadano tendría derecho a ejercer de parlamentario, más exactamente convertirse en 1/100.000 parte de parlamentario por el procedimiento propuesto. Los ciudadanos votarían las leyes y cada 100.000 ciudadanos equivaldría a un parlamentario. En justa compensación los parlamentarios verían reducido el valor de su voto en la parte proporcional que votasen los ciudadanos. Es decir, el ejemplo es suyo, si 3,5 millones de ciudadanos votan una ley, la equivalencia es al 10% de los diputados por lo que el voto de cada diputado valdría solo 0,9 votos.

Aparte de las complicaciones prácticas que tiene esta propuesta, la distorsión del voto sería total, favoreciendo siempre a la derecha que tiene más medios. Supongamos, ahora el ejemplo es mío, que un parlamento con mayoría de izquierdas propone una ley de carácter progresista que la derecha no le interesa. Los medios de comunicación de derechas podrían hacer una fuerte campaña para que votasen los suyos en sentido contrario de la mayoría del parlamento.

Ignora la propuesta la brecha digital que existe en España y que afecta a las clases con menores rentas y educación o a los ciudadanos  con más edad que se verían así discriminados.

4 Referéndum obligatorio y vinculante

Como complemento a al voto permanente proponen el referéndum vinculante para temas fundamentales y a propuesta de los ciudadanos, para las ILP, una especie de referéndum a la suiza, que también se practica en algunos Estados norteamericanos y en algún otro país, por que cualquier grupo de ciudadanos pueden proponer un referéndum sobre cualquier tema siempre que lo suscriban un número determinado de ciudadanos, que estiman en un 2%. dado que el censo de ciudadanos mayores de 18 años es de 38.000.000, harían falta 760.000 para pedir un referéndum, más que ahora para la ILP que son 500.000.

La participación necesaria en el referéndum para que se aprobase una propuesta sería del 55% del censo.

Difícil de convocar y más difícil de aprobar. La experiencia suiza demuestra que este tipo de referéndums suele plantearse para temas menores de interés de grupos muy limitados y en la mayor parte de los casos quedan en nada.

De los cuatro puntos desarrollados, el segundo y el tercero son los más conflictivos. El primer punto relativo a la transparencia, tiene algunas ideas interesantes, aunque la mayoría de ellas ya están planteadas e incluso puestas en marcha. Lo que no es admisible es la generalización de la propuesta hasta unos límites excesivos.

El cuarto punto de referéndums tiene una importancia menor y probablemente es más estético que otra cosa. hay una tendencia , que en absoluto comparto, a considerar el referéndum como el sumun de la democracia cuando creo que solo es realmente útil en un número muy limitado de casos cuando el tema en cuestión se decide claramente con un sí o un no.

Pero los puntos 2 y 3 que definen lo que llamaría formas de gobierno y legislación de tipo asambleario, muy al estilo del 15M, creo que son formas limitativas de la democracia que priman la participación, de lo que denomina expertos, en otros ámbitos se les conoce por tecnócratas, y de los ciudadanos que están todo el día pegados a la tecla del ordenador y no tienen nada mejor que hacer que debatir y debatir.

Creo que hay que reivindicar, aunque no esté de moda, el valor de la política y los políticos, la inmensa mayoría de los cuales desarrollan honestamente su labor y se apoyan en los técnicos o expertos de las Administraciones Públicas, que tiene muchos y para eso están, para el apoyo de los representantes políticos en la toma de decisiones, especificando las posibles opciones existentes, pero esto es simple EGB democrática que parece que los redactores de este programa desconocen.

En otras condiciones una propuesta programática de estas características sería una simple anécdota, y el partido X pasaría a engrosar las nutridas filas de mini partidos con propuestas estrambóticas que se presentan a todos los procesos electorales, pero en la situación política actual, después del éxito electoral del movimiento cinco estrellas en Italia, que ha tenido un papel clave, aunque no exclusivo, en incrementar aún más, el deterioro de la situación política italiana, todo parece posible.

¿Está agotada la monarquía española?

No es fácil exponer una opinión equilibrada sobre la monarquía española en el momento actual en el que su grado de aceptación es muy bajo y está siendo muy atacada por diversos sectores sociales, muchas veces con más visceralidad que razonamiento.

Hace un año, en Abril de 2012, publiqué un artículo en mi primer blog, Jaque al Rey, con ocasión del estallido de la "crisis del elefante". En él afirmaba por un lado la supremacía teórica incuestionable del sistema republicano:

"En pleno siglo XXI sería una obviedad tener que demostrar la superioridad teórica de la República sobre la Monarquía. No hay argumentos que permitan defender el derecho a gobernar de una persona por el mero hecho de pertenecer a una familia privilegiada, aunque el poder de un rey sea muy limitado en las democracias modernas.

Para, a continuación, defender una posición pragmática:

"Sin embargo creo que es posible defender, desde posiciones republicanas, la continuidad de la monarquía actual en España, no desde un punto de vista teórico, sino desde un punto de vista práctico avalado por los 36 años de estabilidad institucional que nos ha proporcionado."

Un año después, no tengo más remedio que hacerme de nuevo la pregunta incluida como título en este artículo,

¿Está agotada la monarquía española?

En este último período han sucedido algunos hechos que han contribuido a deteriorar la imagen de la monarquía:

Una vez que el Rey salió con cierta dignidad del episodio del elefante, han ido apareciendo nuevas noticias negativas, algunas de ellas históricas, como la duda sobre si se pagaron o no los impuestos relativos a la herencia que recibió del Conde de Barcelona hace 20 años, otras más o menos conocidas como las relaciones que haya podido mantener con una aristócrata alemana. El estado de salud del Rey, que ha tenido que someterse a otra intervención quirúrgica, tampoco es una noticia positiva aunque la enfermedad parece mas molesta que grave. Los 75 años que ha cumplido es otro factor negativo.

Todas estas informaciones, que afectan directamente al Rey, junto con las que afectan a su familia, derivadas de la instrucción del caso Nóos contra el duque de Palma, han creado un clima contrario al monarca y a la institución de la monarquía.

En algunos casos, incluyendo ciertos sectores de la derecha, se está pidiendo su abdicación y su sustitución por el Príncipe de Asturias, en otros, los más progresistas, se reivindica directamente la proclamación de la III República.

Si en vez de un rey, tuviéramos como jefe de Estado a un presidente elegido democráticamente, los delitos que pudieran cometer sus hijos tendrían en si mismos, una importancia relativa, pues los hijos de un presidente no tienen ningún papel político.

Desde un punto de vista político, hay dos hechos relevantes en las correrías delictivas de los todavía duques de Palma.

El primero, que se confirmase la participación de la infanta en esos asuntos. Con independencia de la pena que le pudiera corresponder, sería necesaria su separación total de la familia real y la renuncia a sus derechos de sucesión. Esta renuncia debería ser efectiva, también, si Urdangarin, que si se hiciesen efectivos los derechos de sucesión podría llegar a ser "Rey consorte", fuese condenado.

Dada la evolución del proceso parece necesario que esta separación de la infanta de la familia real con pérdida de derechos de sucesión, se llevase a cabo a la mayor brevedad posible. Ya no basta con quitarla de la foto oficial.

Un escenario más complejo se produciría si se confirmase la implicación del Rey en los negocios de Urdangarin. Si el Rey fuera cómplice de estos asuntos tendría que retirarse, pues España no puede permitirse tener un Rey condenado penalmente, aunque sea por persona interpuesta.

La abdicación del Rey no tiene que suponer necesariamente, el fin de la monarquía, de hecho la popularidad del Príncipe no está tan baja y una buena parte de la población sería partidaria de esta solución menos conflictiva.

No obstante otro sector, también importante cree que estos hechos afectan directamente a la institución monárquica y, en consecuencia, ha llegado el momento de dar paso a la III República.

Por otro lado el advenimiento de la III República no supondría un cambio tan radical como supuso la segunda, que saco a España de una monarquía decimonónica para meterla de lleno en la modernidad del siglo XX, que, lamentablemente, duró muy poco.

Un presidente republicano tendría, muy probablemente, un papel político parecido al que ahora tiene el Rey, con la diferencia, sustancial desde luego, de que sería elegido cada cierto número de años y no tendría derecho al puesto a perpetuidad.

El pragmatismo aconseja "en tiempo de tribulación no hacer mudanza" y, por tanto, mantener las instituciones como están pero para eso sería imprescindible que se acreditase la honestidad del Rey y su familia.

No podemos tener a la cabeza del Estado a una persona, sea Rey o Presidente, sobre la que se tuviesen sombra de dudas. La ventaja de la República es que los cambios, si fueran necesarios, pueden hacerse con mucha más facilidad.

Aunque depende de la evolución de los acontecimientos, no parece fácil que las aguas vuelvan a su cauce y, cabe la posibilidad de que empiece a reivindicarse el derecho a decidir sobre este tema

Recuperar la calle

En casi todas las reuniones que mantenemos los  socialistas, sea cual sea el tema de que se trate, aparece un asunto recurrente la, necesidad de recuperar la calle.

Los argumentos son casi siempre los mismos:

• Los años de gobierno nos han convertido en un Partido excesivamente institucional. Nos hemos acomodado a permanecer encerrados  en el interior de  nuestros locales, debatiendo nuestros asuntos, cada vez más alejados  de los ciudadanos.

• Se añoran los tiempos de la transición, cuando los socialistas, junto con militantes de otros  partidos de izquierdas participábamos y liderábamos todo tipo de movimientos sociales.

La conclusión de estos debates es, también casi siempre, la misma, con distintas variantes: Hay que combinar la actuación política institucional  con el trabajo en la calle en contacto directo con la población y la participación en las asociaciones  ciudadanas, lo que, teóricamente, siempre ha sido la forma de actuar del PSOE.

El primer argumento tiene que dejar de ser cierto lo más rápidamente posible, pues ya casi no somos un partido de gobierno y por otro lado, el papel institucional no debería hacernos perder el contacto con los ciudadanos. En todo caso el rol de oposición que ahora tenemos  debería propiciar un impulso hacia un mayor contacto público que tuviera la inercia suficiente para mantenerse firme cuando volvamos a alcanzar el gobierno.

En lo que se refiere a los tiempos de la transición son difícilmente comparables con los actuales. En la transición, entre la muerte de Carrero Blanco y las elecciones municipales, los gobiernos tanto central como municipales estaban en manos de personajes del antiguo régimen y no había más herramientas que la presión en la calle. Después de la aprobación de la Constitución y con más énfasis después de las primeras elecciones municipales democráticas celebradas en 1979, la oposición de izquierdas pasó a ocupar puestos de responsabilidad en el Parlamento y en los Ayuntamientos. Ya no eran tiempos de destruir sino de construir el nuevo régimen democrático y eso había que hacerlo desde las instituciones.

¿Que puede suponer entonces recuperar la calle en el año 2013?

Si entendemos el concepto calle en sentido amplio como lugar de encuentro con los ciudadanos, los socialistas, específicamente como socialistas sin contar las  participaciones en convocatorias de sindicatos u otras organizaciones o plataformas sociales, tendríamos que intensificar nuestro contacto con los ciudadanos mediante:

• La presencia física en la calle repartiendo información escrita de las actuaciones realizadas a nivel local, las convocatorias en marcha. En definitiva la presencia que se tiene durante las campañas electorales hay que  hacerla con menor intensidad pero con  constancia durante todos los meses del año.

• La utilización intensa de las nuevas tecnologías de la información: correo electrónico, twitter, facebook, etc., creando redes de ciudadanos interesados en nuestra política y debatiendo con ellos.

• La presencia frecuente de los representantes políticos socialistas, concejales, diputados regionales o diputados nacionales, en actos públicos en las que expusiesen a los ciudadanos las actuaciones desarrolladas en los distintos ámbitos y se sometiesen a las preguntas y sugerencias que pudieran hacerse

En cuanto a la participación en actos convocados por sindicatos, asociaciones y plataformas unitarias con las que habitualmente colaboramos, tenemos que intensificar nuestra participación directa y colaborar en la difusión de sus actos.

Progresivamente se van recuperando casi todas estas formas de actuación política aunque no con la intensidad que sería necesaria. Caso aparte, al menos en Madrid, es la presencia de nuestros representantes regionales y nacionales en los barrios y en los pueblos de Madrid. A principio de la legislatura se anunció un plan de asignación de diputados regionales a las barrios y poblaciones de forma que en cada zona hubiera un diputado de referencia. Ese plan nunca se ha  puesto en marcha y cada vez es más urgente su activación. Del mismo modo, con las limitaciones propias de su menor número, los diputados y senadores nacionales también tenían que participar en actos con militantes, y ciudadanos para dar cuenta de su gestión.

Todas las formas de recuperar nuestra presencia en las calles  pueden ser útiles, con una salvedad, aquellas que, con independencia de si incumplen o no la legalidad vigente, están en sus límites pues son, en cualquier caso, malas prácticas de movilización ciudadana, en las que que los socialistas no deberíamos participar. Me refiero a acciones como "Rodea el Congreso", actuaciones de montar escándalos en las tribunas del Congreso, de los Parlamentos autonómicos o de los Ayuntamientos.

Tampoco acciones de acoso a cargos públicos, el denominado "escrache", por muy en desacuerdo que estemos con las posiciones que defienden. Aunque hay que decir que algo parecido al escrache que tanto critican ahora, utilizaban no hace mucho tiempo, los activistas de extrema derecha contra las clínicas abortistas.

Es totalmente explicable la indignación ciudadana con la crisis económica, la corrupción, el desempleo, los desahucios, la estafa de las preferentes, etc., pero nuestra democracia tiene herramientas de protesta y reivindicación suficientes sin necesidad de recurrir a estas malas prácticas que considero son "Limites de las reglas  democráticas”

"

 

Mil Millones de Euros

Dice un proverbio chino:

Dale un pez a un hombre y comerá un día; enséñale a pescar y comerá siempre.

En la situación económica que tenemos en España, con las políticas de ajuste permanente del gobierno Rajoy, parece imposible que seamos capaces, como sociedad, de enseñar a pescar ni de proporcionar cañas a nadie, por tanto, invirtiendo el proverbio, démosles peces para que al menos se puedan alimentar, porque actualmente en nuestro país no se enseña a pescar y empiezan a escasear los peces.

Parece imposible que en España se creen puestos de trabajo a corto plazo, las prestaciones de desempleo se van agotando y las familias empiezan en muchos casos a tener necesidades básicas, de hambre, frio, ropa, vivienda y medicamentos, especialmente los más pequeños.

Cada vez hay más familias con todos sus miembros en paro viviendo a costa de la pensión de los abuelos, que también se están recortando.

El número de desahucios sigue aumentando, a pesar de los cambios legislativos a que nos han obligado los tribunales europeos

Hace no demasiados años, en la tan descreditada, para la derecha, etapa de Rodríguez Zapatero, todavía aspirábamos a alcanzar el 0,7% del PIB para apoyar programas de cooperación en países atrasados y para contribuir al cumplimiento de los objetivos del milenio de Naciones Unidas. Ahora tenemos que pedir el 0,1 % para atender las necesidades vitales de nuestros propios ciudadanos.

En ese sentido la propuesta que realizó ayer el S.G. del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de dotar un fondo de urgencia de 1.000 M€ destinado a Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y ONG, que son las entidades a las que recurren los ciudadanos que están que necesitan apoyo para cubrir sus necesidades básicas, no puede ser más oportuna.

La propuesta detalla la distribución de este fondo entre Ayuntamientos y CC.AA, 400 M€ a cada grupo y ONGs, los 200 M€ restantes

Está propuesta, evidentemente, no ataca el fondo del problema, es solo una medida de urgencia imprescindible para que muchos ciudadanos puedan, literalmente, sobrevivir todos los días.

La urgencia no es muy diferente de la que se produce cuando sucede cualquier catástrofe natural, como inundaciones o incendios forestales. Un sector de la población se encuentra en una situación de necesidad grave y el Estado tiene que tomar medidas excepcionales de apoyo.

En la misma línea, el gobierno de Andalucía, encabezado por el PSOE y apoyado por IU, ha anunciado una Ley de "Medidas para asegurar el cumplimiento social de la vivienda", que obligará a las entidades propietarias de viviendas, especialmente a los bancos, y a las inmobiliarias, a ponerlas a disposición de la Junta de Andalucía, mediante un esquema de "expropiación temporal", para cederlas en alquiler social a las familias que las necesiten. Como era de esperar los teóricos de la derecha ya empiezan a cuestionar la legalidad de la medida, basándose en el sacrosanto principio de la propiedad,  y los constructores a protestar por los perjuicios que les ocasiona.

En el caso de los bancos no sería más que la devolución a la sociedad de una parte del dinero que nos ha costado su reconversión y que ha incrementado el déficit  que, inevitablemente, pagaremos todos los ciudadanos

Mientras, la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid, dependiente del Ayuntamiento encabezado por Ana Botella, aprovecha la fiebre desahuciadora de los bancos para expulsar de sus viviendas, no ya a vecinos que no han podido pagar su cuota hipotecaria al banco, sino a familias con situaciones difíciles que se han retrasado dos meses en el pago de un alquiler social.

Cuando la crisis estaba en sus comienzos, y nadie preveía que tuviera la dimensión que está alcanzando, el presidente R. Zapatero lanzó los planes E para crear empleo coyuntural rápido desde los Ayuntamientos e intentar ganar tiempo hasta que la crisis empezase a remontar.

Los planes E fueron un éxito en su ejecución y demostraron que los Ayuntamientos son capaces de reaccionar con celeridad y eficacia, lo mismo que se esperaría en la gestión del fondo de urgencia que propone el PSOE.

Lamentablemente las políticas de "austericidio" económico auspiciadas por el gobierno conservador alemán, entre otros factores, están prolongando la crisis de forma exagerada e innecesaria.

En cualquier caso todas estas iniciativas demuestran que PP y PSOE

NO SOMOS IGUALES

El Ayuntamiento de Majadahonda ¡tiene superávit!

Todos los vecinos de Majadahonda hemos recibido una carta de nuestro. Alcalde, Narciso de Foxá, del Partido Popular, en la que nos comunica que:

"El Ayuntamiento de Majadahonda ha cerrado las cuentas del ejercicio 2012 con un superávit de 14.656.788,15 euros y un remanente positivo de tesorería de más de 6 millones de euros".

De esta manera, el Ayuntamiento presume que ha conseguido unas cuentas saneadas por sexto año consecutivo, desde que en 2005 Narciso de Foxá se hiciera cargo de la alcaldía de la ciudad en un momento en el que había una deuda de más de 27 millones de euros.

La culpa de tal deuda es, naturalmente, de la crisis del ladrillo, sin que se mencione para nada en la carta que el alcalde anterior era Guillermo Ortega, también del PP, imputado en Gürtel, al que recientemente se la han descubierto cuentas en Suiza, igual que a Luis Bárcenas y a Francisco Correa y que el alcalde actual formaba, como Concejal Delegado de Urbanismo, parte de aquella corporación.

La carta continúa con el alcalde sacando pecho por su buena gestión:

“Este resultado, que presento con mucho orgullo a los ciudadanos, es fruto de una gestión responsable y de políticas de contención del gasto que venimos realizando desde mucho antes de que empezara la crisis...."

Lo que llama políticas de contención del gasto son los recortes que ha hecho el Ayuntamiento en casi todos sus programas y específicamente en muchos de carácter social y desde luego se pasa como sobre ascuas, pues nada se menciona, de la enorme subida del IBI que se hizo en el año 2007 para compensar el agujero dejado por la gestión de la etapa anterior. En ese momento el Ayuntamiento subió por su cuenta el tipo del impuesto, lo que unido al incremento de la valoración de los inmuebles producido por la revisión catastral en el momento más alto de la burbuja inmobiliaria, dio como resultado un valor del IBI muy superior al que teníamos hasta ese momento.

En este punto la carta llega a sus mensajes fundamentales sobre los resultados de su buena gestión.

"..y anunciarle que el Ayuntamiento de Majadahonda bajará el recibo del IBI en 2014"

Para, finalmente, lanzar el mensaje ideológico:

“Siempre he dicho que el dinero donde mejor está es en el bolsillos de los ciudadanos y por eso, después de dos años consecutivos bajando el tipo para lograr congelar el recibo, estamos en disposición de reducir aún más el impuesto para que el recibo baje”

Se le ha olvidado decir también que el dinero público donde mejor está también, según está demostrando el propio PP a todos los niveles, es en los bolsillos de las contratas beneficiarias de los servicios privatizados.

Indigna leer que, con la situación económica que tenemos en España, con los recortes que ha habido en todas partes, incluido Majadahonda, con las necesidades sociales crecientes que se han generado en educación, sanidad, tercera edad y en general, en todo tipo de servicios sociales, un Alcalde presuma de que le sobra dinero y se va permitir el lujo de bajar los impuestos del 2014, que coincide, casualmente, con un año preelectoral.

Si en 2012 ha habido superávit y previsiblemente debería haberlo también en 2013 pues los impuestos se han mantenido:

¿Que propuestas nos va hacer el Ayuntamiento para utilizar esos fondos en beneficio de los ciudadanos, especialmente de los que tienen mayores necesidades?

Si el gobierno del Partido Popular no tiene ideas para utilizar ese superávit hay que esperar que los cuatro grupos de la oposición encabezados por el PSOE, que lidera la oposición municipal sean capaces de elaborar las propuestas correspondientes.

En cuanto al IBI de 2014, no parece tan urgente reducirlo y seguramente sea suficiente con mantenerlo, si ese esfuerzo se utilizase en propuestas sociales que favorecieran a la mayoría de nuestros vecinos.

Si los majariegos hemos tenido que pagar un IBI muy alto para tapar los agujeros generados por el anterior alcalde G. Ortega y sus negocios con Gürtel, bien podemos soportar el mismo recibo de IBI para financiar programas de apoyo social a nuestros ciudadanos.

Pensionistas 2013

El R.D Ley 5/2013, relativo a medidas urgentes para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad, recientemente aprobado por el gobierno popular, va a cambiar el escenario de la jubilación en España en los próximos años.

Hasta hace pocos años la moneda común en las grandes empresas y en sectores enteros como la banca, eran las prejubilaciones anticipadas, alcanzando a veces unos límites de edad, inferiores incluso a los 50 años, totalmente inasumibles, tanto desde un punto de vista económico como social.

El primer paso, retrasar de forma progresiva la edad de jubilación hasta los 67 años ya lo dio el anterior gobierno socialista, mediante un pacto social con sindicatos y patronal.

Los pasos siguientes los ha dado el gobierno popular siguiendo su método habitual: El Decreto Ley, que solo pasa por el Parlamento a posteriori y en bloque, para evitar la discusión en profundidad.

Otro paso importante antes del R.D Ley que nos ocupa fue otro R.D. Ley, el correspondiente a la Reforma Laboral, que anuló en una disposición adicional, la cláusula de jubilación obligatoria a los 65 años que figuraba en la inmensa mayoría de los convenios colectivos.

La anulación de esta cláusula que vuelve a convertir la jubilación en un derecho, responde también a una antigua aspiración de los sindicatos y permite la permanencia en activo de los trabajadores con edades superiores a los 65 años, o dicho de otro modo, las empresas tendrán que incentivar la salida de estos trabajadores de las empresas lo que seguramente supondrá una mejora, de hecho, de las condiciones de jubilación.

Entrando en el R.D. 5/2013. Está organizado en cuatro capítulos y numerosas disposiciones transitorias, adicionales y finales pues toca muchas otras leyes laborales. Tanta disposición y tanta modificación la convierten en una Ley un tanto confusa y difícil de seguir.

El capítulo primero regula la posibilidad de compatibilizar el trabajo con la jubilación. Las condiciones que pone no parecen excesivamente favorables pues, entre otras limitaciones, reducen el cobro de la pensión al 50% de la que corresponda mientras dura la contratación laboral y con independencia de que esta sea a tiempo parcial o total.

El capítulo 2 está dirigido hacia la jubilación anticipada, en este tema se proponen medidas más restrictivas que en la situación actual.

Se distinguen dos situaciones, una, la más favorable, es la originada por causas no imputables al trabajador. En este caso se puede disfrutar de la jubilación anticipada con un anticipación de 4 años siempre que se tengan 33 años de cotización. Los descuentos sobre la pensión máxima van desde el 7,5% hasta el 6% anual, con cómputo trimestral, dependiendo del número de años cotizados.

En el caso de la jubilación anticipada voluntaria, las condiciones son más duras pues solo se permite la anticipación de 2 años y se exigen 35 de cotización. Los descuentos son también mayores, entre el 8 y el 6,5% anual también con cómputo trimestral.

No se entienden las restricciones en la jubilación anticipada, modalidad que, según los últimos datos, alcanza casi el 50% del total de jubilaciones, pues no supone prácticamente sobrecoste en relación con la pensión ordinaria, ya que el mayor número de años que se disfruta la pensión se compensan con la reducción de su importe.

El capítulo 3 introduce algunas limitaciones a la jubilación a tiempo parcial, modalidad que ha ido ganando presencia en los últimos años hasta alcanzar un 9% del total en el año 2012. Se limita el período de reducción de jornada entre el 25 y el 50% cuando, hasta ahora, se podía reducir hasta el 85%. Solo en el caso de que el contrato de relevo tenga carácter indefinido se podrá reducir la jornada hasta el 75%.

En todo caso la jubilación a tiempo parcial tiene unas condiciones más favorables que la posibilidad de compatibilizar trabajo y pensión, cuyas limitaciones probablemente la conviertan en una opción de muy poca utilidad

El capítulo 4, por último, regula las compensaciones económicas a la Seguridad Social que las empresas con beneficios deben hacer para cubrir el desempleo de los trabajadores mayores de 50 años, cuando el número de ellos incluidos en un ERE supera la proporción existente en la empresa.

En el decreto Ley se incluye también, aunque de forma confusa, un requisito muy estricto relativo a la carencia de renta para poder percibir el subsidio de desempleo que hasta ahora percibían los parados de mayores de 55 años. En la práctica, este requisito supondrá la supresión del subsidio para muchos trabajadores de este colectivo. Aunque el subsidio sea una cantidad no muy alta, actualmente 426 €/mes, su cuantificación en los diez años que median hasta alcanzar la edad de jubilación supera la no despreciable suma de 50.000 €, que salen de los bolsillos de cada uno de los trabajadores afectados.

La valoración de la nueva situación en la que se van a encontrar los futuros pensionistas es mixta.

Como aspectos positivos está fundamentalmente la posibilidad de prolongar la vida activa por encima de los 65 años y el encareciendo de los ERES para los trabajadores mayores de 50 años que, hasta ahora, han sido los más afectados por ellos.

Como aspectos negativos las limitaciones de las jubilaciones anticipada y a tiempo parcial, que bajan sus prestaciones y, sobre todo la supresión del subsidio de 426 € a una gran cantidad de trabajadores mayores de 55 años.

La relativa protección que se ofrece encareciendo el despido de los mayores de 50 años tendrá una influencia negativa en las opciones de empleo de los más jóvenes, cuyos índices de desempleo superan ya el 55 % de la población.

ERES como el recientemente firmado en Caixabank, con 45 días por año de indemnización y 42 meses de límite máximo, firmados casi en tiempo de descuento antes de la entrada en vigor de esta ley , por tanto con el desempleo a cargo de la Administración, van a ser imposibles en los próximos tiempos.