Que la democracia tiene que ser mucho más que votar una vez cada cuatro años, es una obviedad que no necesita mayor justificación. Los ciudadanos tienen derecho a participar en todo momento en los asuntos públicos, sin necesidad de tener que esperar a la finalización de los periodos legislativos, y son muchos los ciudadanos que están pidiendo más y mejores medios de participación.
El desarrollo y la extensión de Internet y de las tecnologías de la información proporcionan muchas herramientas que sin duda pueden facilitar los procesos participativos. No es posible en pleno siglo XXI, ignorar estas realidades tecnológicas y no utilizarlas para implementar los mecanismos de participación y transparencia que una buena parte de la sociedad demanda.
Sin embargo conviene ser prudente y no sobrepasar ciertos limites que pueden derivar, contrariamente a lo que se desea, en un detrimento de nuestra calidad democrática.
En primer lugar, y aunque se ha avanzado mucho en los últimos años, la brecha digital todavía es muy significativa. Según datos del INE, en 2014 más de un 20% de la población situada entre 16 y 74 años, no se había conectado nunca a internet y de ellos menos del 80% utilizan la red habitualmente. Estos datos implican que, en el mejor de los casos, solamente 2/3 de la población estaría en condiciones de utilizar las herramientas telemáticas de participación.
El segundo parámetro que puede dar una idea del grado de utilización que podrían tener estas herramientas, se puede obtener de algunos indicadores proporcionados por los barómetros del CIS. En el correspondiente a Octubre de 2014, las preguntas relativas a la participación política obtienen las siguientes cifras.
Los dos primeros temas son los que mejor reflejan, en términos globales, el grado de utilización que tendrían las herramientas de participación, por lo que no parece aventurado estimar que solo el 50% de los ciudadanos podrían tener interés en utilizar estas herramientas.
Relacionando este dato con la brecha digital, se llega a la conclusión de que, siendo optimistas, tan solo 1/3 de la población podría utilizar de forma regular las herramientas participativas de las instituciones públicas.
Estas cifras son indicativas de la gran importancia que tiene la implantación de sistemas de participación directa en las AA.PP., especialmente en los Ayuntamientos, pero claramente insuficientes para plantearse que sustituyan a los sistemas tradicionales.
El paso, que se insinúa en algunos foros, de iniciar experiencias de democracia directa es claramente precipitado. La decisión diaria de los asuntos públicos es responsabilidad exclusiva de los representantes elegidos por todos los ciudadanos y no puede delegarse en los colectivos ciudadanos que tienen más interés o mejor perfil tecnológico.
El derecho a voto es a la vez, una obligación política mientras que el derecho de participación es una opción que cada ciudadano puede o no utilizar, sin que ello le recorte sus derechos políticos.
El interés de participar en los asuntos públicos que manifiestan muchos ciudadanos, a veces con mucho ruido, no es mayoritario en la sociedad y no debe utilizarse en menoscabo de los derechos de todos.
Una última reflexión de carácter subjetivo. El enorme indice de paro y la reducción de los salarios y de los derechos laborales y ciudadanos derivados de la crisis económica, han provocado una creciente indignación en la sociedad y la aparición de propuestas de solución, que habitualmente son excesivamente simples y voluntaristas, para resolverla. Entre estas propuestas están siempre el incremento y mejora de la participación y la transparencia que, aunque sin duda son herramientas imprescindibles, no son la panacea que va a resolver la crisis.
En la izquierda, más allá de algunas reformas parciales, nos faltan ideas para enfrentarnos al modelo neoliberal que esta empobreciendo nuestra sociedad. Al fracaso de Zapatero al intentar aplicar medidas Keynesianas en el año 2010, teniendo que, finalmente, aplicar las recetas de la Troika, se están sumando ahora los gobiernos socialistas francés e italiano, que tampoco han podido hasta ahora aportar soluciones más progresistas que a la vez sean factibles.
Seguramente no sea suficiente con tener voluntad política y la izquierda necesite elaborar más ideas que definan un nuevo modelo social más justo y solidario.
Sin embargo conviene ser prudente y no sobrepasar ciertos limites que pueden derivar, contrariamente a lo que se desea, en un detrimento de nuestra calidad democrática.
En primer lugar, y aunque se ha avanzado mucho en los últimos años, la brecha digital todavía es muy significativa. Según datos del INE, en 2014 más de un 20% de la población situada entre 16 y 74 años, no se había conectado nunca a internet y de ellos menos del 80% utilizan la red habitualmente. Estos datos implican que, en el mejor de los casos, solamente 2/3 de la población estaría en condiciones de utilizar las herramientas telemáticas de participación.
El segundo parámetro que puede dar una idea del grado de utilización que podrían tener estas herramientas, se puede obtener de algunos indicadores proporcionados por los barómetros del CIS. En el correspondiente a Octubre de 2014, las preguntas relativas a la participación política obtienen las siguientes cifras.
- Consideran que la política es poco o nada importante. 43,3%
- Consideran que el voto es la única forma de participación. 56,2%
- No utilizan internet para obtener información política. 57,7%.
- No pertenencia a partidos políticos ni asociaciones de carácter social. >80%
- No participan ni en foros ni en blogs de carácter político. 89,8%
Los dos primeros temas son los que mejor reflejan, en términos globales, el grado de utilización que tendrían las herramientas de participación, por lo que no parece aventurado estimar que solo el 50% de los ciudadanos podrían tener interés en utilizar estas herramientas.
Relacionando este dato con la brecha digital, se llega a la conclusión de que, siendo optimistas, tan solo 1/3 de la población podría utilizar de forma regular las herramientas participativas de las instituciones públicas.
Estas cifras son indicativas de la gran importancia que tiene la implantación de sistemas de participación directa en las AA.PP., especialmente en los Ayuntamientos, pero claramente insuficientes para plantearse que sustituyan a los sistemas tradicionales.
El paso, que se insinúa en algunos foros, de iniciar experiencias de democracia directa es claramente precipitado. La decisión diaria de los asuntos públicos es responsabilidad exclusiva de los representantes elegidos por todos los ciudadanos y no puede delegarse en los colectivos ciudadanos que tienen más interés o mejor perfil tecnológico.
El derecho a voto es a la vez, una obligación política mientras que el derecho de participación es una opción que cada ciudadano puede o no utilizar, sin que ello le recorte sus derechos políticos.
El interés de participar en los asuntos públicos que manifiestan muchos ciudadanos, a veces con mucho ruido, no es mayoritario en la sociedad y no debe utilizarse en menoscabo de los derechos de todos.
Una última reflexión de carácter subjetivo. El enorme indice de paro y la reducción de los salarios y de los derechos laborales y ciudadanos derivados de la crisis económica, han provocado una creciente indignación en la sociedad y la aparición de propuestas de solución, que habitualmente son excesivamente simples y voluntaristas, para resolverla. Entre estas propuestas están siempre el incremento y mejora de la participación y la transparencia que, aunque sin duda son herramientas imprescindibles, no son la panacea que va a resolver la crisis.
En la izquierda, más allá de algunas reformas parciales, nos faltan ideas para enfrentarnos al modelo neoliberal que esta empobreciendo nuestra sociedad. Al fracaso de Zapatero al intentar aplicar medidas Keynesianas en el año 2010, teniendo que, finalmente, aplicar las recetas de la Troika, se están sumando ahora los gobiernos socialistas francés e italiano, que tampoco han podido hasta ahora aportar soluciones más progresistas que a la vez sean factibles.
Seguramente no sea suficiente con tener voluntad política y la izquierda necesite elaborar más ideas que definan un nuevo modelo social más justo y solidario.
