En los últimos tiempos, la justicia tiene una gran presencia en los medios de comunicación, debido a la gran cantidad de asuntos que se están dilucidando en los tribunales y a que implican a personajes muy significativos de nuestro país.
En España, la Administración de Justicia se ha caracterizado siempre por la lentitud en la instrucción de los procedimientos, de forma que pasan a veces muchos años desde que se inician hasta que se culminan con una sentencia firme.
La popular sentencia de "una justicia que es lenta no es justicia" está plenamente vigente en España. Las razones de esta lentitud son, probablemente, la excesiva burocracia, la falta de medios humanos y la fuerte protección garantista que tienen nuestros procedimientos penales. Los repetidos intentos de modernización de la Justicia, que se han puesto en marcha en los últimos años, no han conseguido todavía resultados tangibles.
Una de las consecuencias más graves de esa lentitud es que favorece a los grandes (presuntos) delincuentes que disponen de abogados hábiles capaces de exprimir el derecho procesal hasta el infinito, y consiguen retrasar años la instrucción de los procesos, las vistas y las sentencias.
Las actuaciones de la Justicia en los últimos procesos de este tipo han sido contradictorias, como si hubiera una cierta pugna entre jueces y fiscales acomodaticios con el poder, frente a otros que intentan hacer realidad el principio de que la justicia es igual para todos.
Sobre la actuación de la Justicia se vierten algunas opiniones muy negativas y de carácter absoluto que tienden a simplificar el tema de forma muy negativa.
El análisis de algunos ejemplos de actualidad, considerando que la lentitud de la justicia es un dato inamovible, nos lleva a detectar comportamientos muy distintos y contradictorios.
La reciente imputación, esperemos que de forma definitiva, de la infanta Cristina junto con su marido Iñaki Urdangarin; nos muestra a un juez que no se rinde, que ve los indicios de posible responsabilidad con mucha claridad y que a pesar de las presiones de la fiscalía y de la abogacía del Estado, que en este caso representan la otra cara de la moneda; y de que la Audiencia de Palma echó para atrás la primera imputación, ha seguido adelante.
En sentido contrario tenemos el "caso Blesa", en el que aunque había indicios claramente contrarios a la gestión de este singular banquero, compañero de pupitre del presidente Aznar por mayor mérito; que llevaron al juez Silva a encarcelarle por dos veces, el proceso está paralizado y el juez de instrucción expedientado. El desarrollo de este procedimiento empieza a recordar al caso del Juez Garzón que finalmente pagó con la suspensión su forma positiva de entender la justicia.
Estos, y algunos otros casos de la actualidad, revelan, si los miramos de forma positiva, que en la Administración de Justicia hay una pugna por salir de una situación de sometimiento al poder político, que todavía tiene muchos elementos contradictorios por lo que sería muy conveniente que desde la sociedad se apoyará las situaciones más positivas, separando el grano de la paja, en vez de cargar siempre y de forma sistemática, contra todos los procedimientos judiciales.
Los gobernantes y sus aledaños siguen cayendo frecuentemente en la tentación de intentar utilizar la justicia como si fuera de su propiedad, aunque, afortunadamente, ya no les resulta tan fácil.
Recientemente la AVT y el portavoz del PP en el País Vaco reclamaron al juez Pedraz que prohibiera la reunión de Durango, el juez contestó de forma muy adecuada diciendo que el derecho de reunión era libre y no se podía desautorizar. No se puede prohibir una reunión de ciudadanos libres, porque ya han cumplido sus penas; porque el PP, o sus asociaciones afines, consideren que pueda haber apología del terrorismo. Además de la miopía política que supone no darse cuenta del valor que estos actos tienen para la culminación del fin del terrorismo, es un intento de utilización de la justicia en favor de sus exclusivos planteamientos políticos.
La última moda de muchos de estos delincuentes es, una vez que han sido condenados con sentencia firme, pedir el indulto antes de ingresar en prisión; así lo han hecho Matas y Fabra, al primero ya le han concedido un aplazamiento hasta que el Consejo de Ministros decida.
¿Se atreverá Gallardón a proponer el indulto de J. Matas? Hay que esperar que la escandalera levantada indultando a un conductor suicida, sin causa justificada aunque con fuertes sospechas de tráfico de influencias, le sirva de escarmiento.
Si el PP quiere que las medidas anticorrupción tengan credibilidad, es imprescindible que todos estos personajes paguen con la prisión sus delitos.
El análisis de algunos ejemplos de actualidad, considerando que la lentitud de la justicia es un dato inamovible, nos lleva a detectar comportamientos muy distintos y contradictorios.
La reciente imputación, esperemos que de forma definitiva, de la infanta Cristina junto con su marido Iñaki Urdangarin; nos muestra a un juez que no se rinde, que ve los indicios de posible responsabilidad con mucha claridad y que a pesar de las presiones de la fiscalía y de la abogacía del Estado, que en este caso representan la otra cara de la moneda; y de que la Audiencia de Palma echó para atrás la primera imputación, ha seguido adelante.
En sentido contrario tenemos el "caso Blesa", en el que aunque había indicios claramente contrarios a la gestión de este singular banquero, compañero de pupitre del presidente Aznar por mayor mérito; que llevaron al juez Silva a encarcelarle por dos veces, el proceso está paralizado y el juez de instrucción expedientado. El desarrollo de este procedimiento empieza a recordar al caso del Juez Garzón que finalmente pagó con la suspensión su forma positiva de entender la justicia.
Estos, y algunos otros casos de la actualidad, revelan, si los miramos de forma positiva, que en la Administración de Justicia hay una pugna por salir de una situación de sometimiento al poder político, que todavía tiene muchos elementos contradictorios por lo que sería muy conveniente que desde la sociedad se apoyará las situaciones más positivas, separando el grano de la paja, en vez de cargar siempre y de forma sistemática, contra todos los procedimientos judiciales.
Los gobernantes y sus aledaños siguen cayendo frecuentemente en la tentación de intentar utilizar la justicia como si fuera de su propiedad, aunque, afortunadamente, ya no les resulta tan fácil.
Recientemente la AVT y el portavoz del PP en el País Vaco reclamaron al juez Pedraz que prohibiera la reunión de Durango, el juez contestó de forma muy adecuada diciendo que el derecho de reunión era libre y no se podía desautorizar. No se puede prohibir una reunión de ciudadanos libres, porque ya han cumplido sus penas; porque el PP, o sus asociaciones afines, consideren que pueda haber apología del terrorismo. Además de la miopía política que supone no darse cuenta del valor que estos actos tienen para la culminación del fin del terrorismo, es un intento de utilización de la justicia en favor de sus exclusivos planteamientos políticos.
La última moda de muchos de estos delincuentes es, una vez que han sido condenados con sentencia firme, pedir el indulto antes de ingresar en prisión; así lo han hecho Matas y Fabra, al primero ya le han concedido un aplazamiento hasta que el Consejo de Ministros decida.
¿Se atreverá Gallardón a proponer el indulto de J. Matas? Hay que esperar que la escandalera levantada indultando a un conductor suicida, sin causa justificada aunque con fuertes sospechas de tráfico de influencias, le sirva de escarmiento.
Si el PP quiere que las medidas anticorrupción tengan credibilidad, es imprescindible que todos estos personajes paguen con la prisión sus delitos.
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