Decía nuestro antiguo presidente José Luis
Rodríguez Zapatero, en una reciente entrevista, que la democracia es
Libertad con Reglas. Este criterio se está poniendo en peligro
últimamente al cuestionarse social y políticamente algunas de estas reglas.
La crispación social producida por la crisis hace
que se imponga la consigna del todo vale contra el gobierno y las
instituciones y se sobrepasen límites que habría que respetar si
queremos preservar el sistema democrático. La ley no permite presionar
directamente a los representantes públicos sean concejales o diputados, cuando
están ejerciendo sus funciones de representación política, por esta
razón se prohíben las manifestaciones en las proximidades y en el interior de
las sedes parlamentarias y municipales cuando están en sesión.
La utilización de las instituciones como objetivo
de las protestas cívicas empezó, con las elecciones municipales de mayo de 2011
con un intento de los indignados del 15M de boicotear las sesiones
constitutivas de los Ayuntamientos recién elegidos y siguió, con mayor
gravedad pues hubo 45 heridos, en el debate presupuestario del parlament
catalán en junio de 2011.
Más
recientemente, el 25 de septiembre y en días posteriores, se produjo la
convocatoria "rodea el congreso" por parte de otro grupo de
indignados. Finalmente a primeros del presente mes de diciembre se produjeron incidentes
en la Asamblea de Madrid cuando algunos manifestantes protestaban en su
interior y en sus proximidades con ocasión del debate presupuestario relativo a
los recortes en sanidad.
Todas estas actuaciones vulneran las reglas
de la democracia formal y no debieran impulsarse ni favorecerse desde
los partidos políticos ni las organizaciones sociales. Entra dentro de la
lógica que los colectivos tipo 25M, con un cierto componente antisistema,
convoquen estas manifestaciones pero no se comprende que partidos políticos
como el Grupo Parlamentario de IU en el Congreso o el Grupo Socialista en
la Asamblea de Madrid, las apoyen y las
jaleen.
La crisis económica y la situación política en
que vivimos hacen que se puedan entender las actitudes antisistema
que se está produciendo, lo que no quiere decir que haya que justificarlas y
menos apoyarlas. La democracia que tenemos, con todas sus limitaciones, ha
costado mucho conseguirla y no hay razones para ponerla en cuestión por muy
indignado que se este. Sin duda hay mucho que reformar y mucho que corregir
pero no se puede tirar el agua sucia con el niño dentro.
En cuanto a las
reivindicaciones sociales, como las sanitarias en Madrid que están teniendo una
importante repercusión social, no necesitan manifestarse en el parlamento
regional para nada. Con las huelgas, encierros manifestaciones, recogidas de
firmas etc. han conseguido una presencia muy importante. Los Grupos
parlamentarios de la oposición tienen que traducir en propuestas políticas las
reivindicaciones de los colectivos afectados, no limitarse a hacer coro de sus
reivindicaciones.
Los objetivos son los mismos pero cada ámbito
tiene sus herramientas de actuación y el parlamento debe ser más la casa de las
ideas y las propuestas que el escenario de las manifestaciones y de
"peleas de gallos", que no aportan nada.
Se vulneran también otras reglas de la
democracia, que aunque no estén reglamentadas expresamente, forman parte de su
esencia. Se trata de la coherencia entre las promesas y propuestas
políticas electorales y la práctica política que se realiza una vez alcanzado
el gobierno.
No soy partidario de considerar los programas
electorales como un contrato entre el partido y sus votantes, pues el concepto
de contrato es excesivamente rígido y los programas electorales no pueden tener
la precisión suficiente para considerarse un contrato y se formulan en unas
circunstancias que pueden cambiar durante los cuatro años que suele durar el
mandato, por eso prefiero utilizar un término mas flexible como coherencia
entre programa y actuación política.
Pero una cosa es admitir que es imposible un
cumplimiento del cien por cien y otra, muy diferente, es que cualquier
parecido con la realidad entre el programa y la actuación política sea mera
coincidencia, coincidencia puntual que, en situaciones como la del
actual gobierno del PP, ni siquiera se da.
El PP accedió al poder después de una campaña de desprestigio
sistemático de toda la actuación del gobierno socialista transmitiendo
a la ciudadanía que el PSOE además de traicionar su programa demostraba una
incapacidad absoluta para gobernar. Entre el incremento de la abstención,
mucha, la dispersión del voto de izquierdas, que incide a su favor en la ley
electoral y el incremento de sus votantes, no muchos pero suficientes, el
PP consiguió la mayoría absoluta en el gobierno nacional, que, unida a
los resultados obtenidos anteriormente en elecciones autonómicas y municipales,
le daba un dominio político absoluto de todo el país. Los resultados a la vista
están: la crisis sigue avanzando, estamos mucho peor que hace un año y nos
quedan tres años de gobierno fundamentalista popular.
Hay un último elemento que apunta a la rotura de
las reglas democráticas que se nos viene encima después de las elecciones
catalanas: la declaración unilateral de independencia de Catalunya, El planteamiento de Convergencia i Unió es muy probable que acabe como el Plan
Ibarretxe de hace unos años, pero siempre cabe la posibilidad de que el
gobierno nacionalista pretenda dar un paso más, saltándose la constitución a la
torera. Las consecuencias de esta decisión son en este momento imprevisibles.
