VOX se estrella

La moción de censura presentada por VOX contra el gobierno progresista ha tenido un efecto  contrario al deseado por sus promotores. 

La intención de VOX era liderar la oposición de derechas, obligando al PP y a Cs a definirse votando a favor, o al menos, absteniéndose en la votación parlamentaria.

La  lógica política era evidente, si durante estos meses de gobierno progresista el PP, y en menor medida Cs, habían mantenido posiciones muy parecidas a las de VOX, no tenía sentido que se opusiesen a su moción de censura.

El resultado final de la votación dejando solo a VOX en la defensa de su moción y con un discurso claro y rotundo de Pablo Casado poniendo a la ultraderecha en su sitio, ha convertido por primera vez al Congreso de los Diputados en un parlamento  europeo en el que los neofascistas no son bienvenidos.

La posición del PP es un claro salto adelante en la vuelta hacia cierta  normalidad institucional, pero no es en absoluto suficiente y para que su cambio sea creíble, son necesarias otras actuaciones que lo confirmen, tanto en el parlamento nacional como en la Unión Europea y en las autonomías y ayuntamientos en las que gobierna apoyado por VOX.

En el parlamento nacional el PP debería hacer algunas cosas tan elementales como:

• Dejar de bloquear la renovación de las instituciones (CGPJ; TC; Defensor del Pueblo.....) 
• No utilizar sistemáticamente la pandemia para descalificar al gobierno y apoyar el Estado de Alarma.
• Dejar de hacer demagogia fácil en las sesiones de control  al gobierno.
• Hacer enmiendas constructivas en los PGE y en la gestión de los fondos europeos.

En el parlamento europeo deberían abstenerse de conspirar contra España con los grupos mas reaccionarios del Parlamento Europeo.

En las CC.A donde gobiernan el PP(y también Cs) tienen un papel más difícil, pues son prisioneros del apoyo externo de VOX, que, además, tomará la iniciativa en ellas como respuesta a la bofetada que ha supuesto el NO, y el discurso del PP, en su moción de censura.

En los acuerdos de gobierno de las CC.AA de Andalucía, Murcia y Madrid y en el Ayuntamiento de la capital. VOX asumió el papel de "pagafantas" apoyando gobiernos en los que no participaba y aguantando, además, los gestos de asco de Ciudadanos.

En este contexto VOX podría limitarse a algunas "acciones menores" contra los gobiernos de derechas como:

• Hacer declaraciones críticas.
• Votar en contra de sus iniciativas.
• Presentar enmiendas a sus propuestas de ley.
• Hacer propuestas incomodas para ellos obligándoles a  tomar posición.
• Apoyar alguna iniciativa de los partidos de izquierdas.

Una vuelta más de tuerca podría ser:

• Rechazar sus presupuestos en un momento en que  son mas necesarios.
• Exigir la entrada de VOX en los gobiernos autonómicos.

Estas acciones pueden obligar al PP a convocar elecciones anticipadas o incluso a que pueda producirse un relevo en los gobiernos, aunque hay que suponer que VOX nunca favorecerá un gobierno de izquierdas.

La situación más crítica está sin duda en Madrid donde el PP tiene una presidenta totalmente inoperante que, además, tiene un enfrentamiento constante con su vicepresidente de Cs. Una posición activa de VOX en Madrid contra el gobierno PP-Cs, podría reventarlo  y abrir camino a una moción de censura contra el gobierno de la comunidad madrileña.

Las togas en pie de guerra

El poder judicial, igual que los otros poderes de un Estado democrático, depende del pueblo y debe ser elegido por él de una u otra forma.

También es necesario, y la Unión Europea está poniendo mucho énfasis en ello, que el poder judicial tenga la máxima independencia posible del poder político.

Esta doble condición no es fácil de conciliar en la práctica pues la especificidad del poder judicial hace inviable su elección directa y, al tener que elegir los jueces de forma indirecta, se produce una inevitable relación con el poder político.

En España, en forma similar a algunos otros países europeos, se ha creado un organismo especifico, el Consejo General del  Poder Judicial (CGPJ) para gobernar y administrar los tribunales con independencia del gobierno. El CGPJ, compuesto por  20 miembros más el presidente, se elige actualmente por las cámaras parlamentarias a razón de 8 miembros entre  juristas de reconocido prestigio y 12 entre jueces y magistrados, la mayoría necesaria es de 3/5 en ambos casos, aunque la Constitución solo obliga a esta mayoría en el caso de los 8 juristas.

El bloqueo sistemático del PP en la elección de estos vocales ha llevado a que lleven en funciones  más de  dos años. Este bloqueo es sistemático y responde a una estrategia política destructiva, pues afecta también a otros órganos importantes como Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Consejo de RTVE, y responde a una forma filibustera de hacer política de oposición que el PP esta poniendo en práctica desde que perdió el gobierno en la moción de censura.

Para salir de esta situación anómala, los grupos parlamentarios PSOE y UP han presentado una proposición de ley para cambiar la forma de  elección de los miembros del CGPJ consistente en hacer una segunda vuelta por mayoría absoluta si no se han obtenido 3/5 en la primera.

Aunque esta propuesta garantiza que se complete la elección de los miembros del CGPJ, aumenta la dependencia política pues con este sistema, los partidos que apoyan al gobierno pueden obtener con más facilidad los representantes de su preferencia.

La propuesta presentada incluye también la limitación de funciones del Consejo una vez terminado su mandato, lo mismo que sucede en cualquier otro órgano electivo. Es posible que la simple aprobación  de esta opción facilite el consenso sin necesidad de modificar las mayorías necesarias.

Algunos miembros del Consejo, algunos tribunales superiores las asociaciones de jueces y los partidos de derechas han expresado su oposición a esta reforma legal y, para limitar la dependencia política proponen una elección directa por los jueces, sin considerar que, de hacerse así, tendríamos una dependencia corporativa y tecnocrática con el consiguiente déficit democrático pues los jueces ya no dependerían del pueblo y sino de un grupo de funcionarios cualificados, no elegidos por nadie.

Las espadas siguen en alto y para salir del atolladero, el gobierno ha congelado su propuesta para intentar llegar a un acuerdo sobre la legislación actual de mayoría de 3/5, comprobando de paso si el reciente distanciamiento entre PP y VOX producido en la moción de censura de VOX, empieza a tener consecuencias positivas.

Gambito de Rey a Felipe VI

El gambito de rey es una jugada de  estrategia del  ajedrez, que consiste en ofrecer el sacrificio de una pieza a cambio de obtener ventaja posicional. La pieza que se ofrece para el sacrificio es el peón de rey.

El presidente, en funciones desde hace mas de  dos años, del CGPJ y del Tribunal Supremo ha inventado una nueva suerte de gambito de rey, ofreciendo el sacrificio no de un peón sino del propio Rey, con el objetivo aparente de mejorar su imagen, un tanto deteriorada por su prolongada situación de interinidad.

Afortunadamente el gobierno rehusó el gambito protegiendo con ello la figura del Rey.

La operación consistía en invitar al Rey a presidir un acto judicial de entrega de nombramientos haciendo coincidir su fecha con la de la promulgación de la sentencia contra el ex presidente Torra, aprovechando que el mismo controlaba las dos acciones.

El gobierno consideró la presencia del Rey en Barcelona en una fecha tan conflictiva innecesaria, pues podría dar lugar a manifestaciones importantes contra la monarquía que contribuirían al deterioro de la institución ya un tanto desprestigiada sobre todo en Cataluña. No se trata por tanto de la seguridad  física del Rey, que tiene que estar garantizada en cualquier circunstancia.

El acto sustitutivo programado por el gobierno, en mi opinión innecesario, para compensar la anterior ausencia del Rey, consistente en otra entrega de premios a no importa quien, dio lugar a manifestaciones independentistas contra la monarquía, seguramente menos numerosas que las que hubieran tenido lugar en el momento de la sentencia contra Torra.

La posterior disculpa del Rey por no asistir al acto, hecha publica por el presidente del CGPJ de forma imprudente, y quizá interesada, provocó la protesta de algunos ministros de Unidas Podemos, que consideraron que Felipe VI se había salido de su papel constitucional.

La tormenta siguió creciendo con el rasgado de vestidura de las derechas nacionales que consideran al Rey como una figura sagrada e intocable.

El resultado de esta controversia  es  un incremento del desprestigio de la monarquía en sentido contrario de las pretensiones de la derechas que, al considerar al Rey como de su propiedad, contribuyen a separarlo del conjunto de la población haciendo un flaco servicio a la monarquía.

En pleno siglo XXI, la institución monárquica, que atribuye la jefatura del Estado al heredero de una determinada familia por derecho divino, no tiene ninguna defensa teórica. Su única justificación es la inercia histórica que, a base de reducir su capacidad operativa y limitarse a funciones simbólicas, ha conseguido mantenerse en algunos países europeos.

En España la monarquía fue restaurada por el general Franco con objeto de perpetuar la dictadura, sin embargo, la actitud positiva del Rey Juan Carlos en los tiempos de la transición, consiguió que lo que en principio  fue una imposición del dictador, tuviera un importante apoyo popular.

Desde 1978 muchos ciudadanos nos convertimos en republicanos Juancarlistas, pues, aunque seguimos considerando que la república es el único modelo de Estado admisible, una monarquía parlamentaria puede ser un modelo aceptable por razones pragmáticas. 

Evidentemente hay muchos otros ciudadanos que no  comparten esta idea y siguen, con todo su derecho, reivindicando la necesidad de proclamar cuanto antes la tercera República.

La huida del Rey emérito a un país feudal después de que haya salido a la luz su implicación en negocios de muchos millones de  euros impropios de su posición, está consiguiendo que los antiguos republicanos Juancarlistas nos estemos quedando sin argumentos y nos sintamos más cerca de los republicanos radicales.

Surge entonces la siguiente pregunta ¿Sigue siendo la monarquía una institución que hay que defender a toda costa?

Hace unos años la respuesta hubiera sido claramente positiva, pues los costes sociales y políticos que  supondría ese intento serían superiores a los beneficios de  una república parlamentaria sobre la actual monarquía, y el referéndum asociado a ese cambio constitucional se resolvería con toda probabilidad de forma favorable a la monarquía.

A fecha de hoy después de conocerse los negocios del rey emérito, y del procesamiento anterior por corrupción de su hija y de su yerno, la respuesta no está tan clara.

El gobierno está obligado a seguir protegiendo la institución monárquica pero tiene que ser consciente, y también la casa real, de que el apoyo no puede ser eterno y que es necesario extremar la prudencia para  evitar que la institución siga deteriorándose.

Madrid en la encrucijada

El voto en contra de la Comunidad de Madrid, con reclamación judicial incluida, al acuerdo adoptado por  la Comisión intersectorial de sanidad de restringir la movilidad en las ciudades de mas de 100.000 habitantes que tengan una incidencia de infectados por coronavirus superior a 500 por cada  100.000 habitantes, ha llevado a esta comunidad a una encrucijada de complicada salida.

La posición adoptada por la presidenta IDA (Isabel Diaz Ayuso) no ha tenido el apoyo de Cs cuyo máximo dirigente y vicepresidente de la comunidad, celebró primero el acuerdo con el gobierno central y  se manifestó a continuación contrario a la reclamación judicial. Posteriormente dimitió el consejero de políticas sociales, también de Cs, que ya había tenido diferencias profundas con IDA por la gestión de las residencias de mayores.

La desautorización pública de IDA y sus edecanes a la postura del vicepresidente anuncia una crisis en el gobierno de Madrid que en lógica política elemental, debiera suponer la dimisión de Ignacio Aguado (IAG) e incluso extenderse a todos los consejeros de Cs.

Si IAG no dimite quedaría en una posición política humillante y Ciudadanos como un partido sin valor en la comunidad madrileña.

Si IAG dimite se abriría una profunda crisis política cuya salida es compleja. Una autentica encrucijada.

Las opciones podrían ser las siguientes:

• PP y Cs recomponen sus diferencias, incluso con intervención de sus dirigentes nacionales y IAG reconsidera su posición de dimitir.
• IAG mantiene su dimisión y es sustituido por otro diputado/a de Cs.
• Cs sale del gobierno de Madrid pero mantiene su apoyo parlamentario negociando los puntos conflictivos con el PP.
• Ruptura total entre PP y Cs que abre  la opción de la moción de censura.
• Con independencia de la posición que finalmente adopte IAG, podría producirse la rebelión de un sector de Cs  que  se uniría  a la izquierda para impulsar la moción de censura.
• IDA convoca elecciones anticipadas para evitar la moción de censura.

La encrucijada política que se ha producido en Madrid afecta a todos los grupos políticos de la Asamblea.

• El PP tiene que decidir si mantiene su postura de oposición total al gobierno nacional arriesgando su pacto con Cs y poniendo en riesgo los acuerdos suscritos en otras CC.AA. y Ayuntamientos.
• Cs tiene que decidir entre aceptar las humillaciones continuas de IDA, que le están convirtiendo en un partido irrelevante o completar el giro al centro que, con muchas dudas y contradicciones, ha iniciado en el parlamento nacional.
• El PSOE tiene que decidir si mantenerse como hasta ahora como un simple espectador de primera o dar un paso hacia la moción de censura incluyendo la posibilidad de que sea fallida o que tenga que apoyarse en el sector crítico de Cs.
• Más Madrid y Unidas Podemos tienen que evitar posturas maximalistas y no dificultar el posible acuerdo con Cs.

Todos los grupos tienen que tomar decisiones arriesgadas pero, por encima de las estrategias políticas están las necesidades de los ciudadanos madrileños que son  el territorio europeo más afectado por la pandemia y si no se cambia la política que se está haciendo en la Comunidad, es muy probable que la situación sanitaria de Madrid empeore más todavía. 

Si queda alguien sensato en la derecha que crea que con el gobierno de IDA Madrid puede salir de forma positiva de esta encrucijada, debería reflexionar seriamente. Está reflexión tendrían que hacerla principalmente en la dirección nacional del PP,  pues mantener su apoyo incondicional a IDA puede suponer el hundimiento del PP en Madrid, en beneficio de la ultraderecha de VOX y en perjuicio del conjunto de la ciudadanía.