Las propuestas de Núñez Feijóo

El último intento de acordar con el PP la renovación del CGPJ, parece que ha tenido éxito y el gobierno ha dado un paso adelante, que hay que esperar que sea definitivo aunque, con  los cambios continuos de estrategia del PP y la facilidad que tienen de encontrar algún pero que les eche para atrás, nunca se sabe.

Sorprende, o quizás no tanto, que Feijóo haya utilizado el mismo procedimiento que JXC:  exigir la presencia de un mediador,  aunque en este caso no sea un mediador salvadoreño de baja estofa, que pertenece al Centro para el Diálogo Humanitario Henry Dunant, sino  a la propia Comisión Europea lo que según ellos, es totalmente distinto, por lo que la vergüenza de tener que utilizar un mediador extranjero no rige en este caso.

El posible acuerdo se ha dado en el transcurso de una reunión mantenida el 22 de diciembre después de que el PP haya hecho una de sus peculiares performances, intentar aparentar que han sido ellos los que han tomado la iniciativa, aunque hayan tardado varios días en responder a la invitación del presidente del gobierno.

De forma ridículamente solemne, han pedido durante varios días un orden del día como si los puntos de renovación del CGPJ, la reforma del articulo 49 de la constitución y la financiación autonómica no lo fueran.

Finalmente han aceptado la segunda de las fechas previstas pero han introducido de relleno, aunque por escrito y seguramente en papel timbrado, una serie de puntos complementarios para provocar que el gobierno diga NO y así justificar su propia negativa.

Los temas complementarios propuestos no tienen ningún sentido:

• Plantear discutir en esta reunión la Amnistía para los  hechos del procés cuando se acaba de aprobar la toma en consideración de la Ley y por tanto es en el Parlamento donde está ya la discusión.
• La moción de censura en Pamplona es un tema de carácter local, aunque tenga otras derivaciones. En este asunto la derecha vuelve a utilizar de forma cansina el comodín de ETA cuando BIldu ya hace doce años que no tiene nada que ver con la organización terrorista.
• La crítica a algunos nombramientos se ha hecho utilizando la potestad del gobierno para hacerlos. No necesitan ningún consenso y el PP ha actuado de la misma manera cuando ha gobernado. Si no les gusta no tienen mas remedio que aceptarlos o reclamar utilizando los procedimientos legales existentes.
• Pedir la rebaja  generalizada de impuestos es un clásico de la derecha que ya aburre.
• La compra del 10% de Telefónica es potestad del gobierno y no necesita del acuerdo de nadie.
• La financiación autonómica, que tendría que ser un tema clave para un partido que gobierna en muchas autonomías, tampoco ha sido objeto de interés por el PP.

En fin, los temas de siempre que no requieren ningún tratamiento específico pero que se plantean para hacer ruido e intentar mostrar una iniciativa política que lamentablemente no tienen.

La capacidad de este PP de tercera división de hacer el ridículo es infinita y hay que esperar que mas pronto que tarde el electorado de derechas deje de apoyar a esta pandilla de incompetentes.

Pulso Constitucional

Desde el comienzo de la legislatura, el interés patológico del PP en controlar el poder judicial ha alcanzado niveles insólitos  que se manifiestan principalmente en los mas de cuatro años que lleva enrocado bloqueando la renovación del CGPJ en los que ha impedido, con diversas excusas de mal pagador, que se cumpla la Constitución y que el Consejo se renueve en tiempo y forma de acuerdo con los resultados de las últimas elecciones generales.

Hasta hace relativamente poco tiempo los jueces conservadores permanecían ocultos tras el PP que hacía casi todo el gasto, pero la presión del gobierno para renovar el Tribunal Constitucional les ha obligado a salir de la madriguera y ahora buscan todo tipo de excusas para no nombrar a los dos magistrados que les corresponden, teóricamente uno progresista y otro conservador. El sector progresista nombró su candidato con prontitud pero los conservadores primero estuvieron mucho tiempo sin encontrarlo y ahora cuando el gobierno ha decidido cambiar el procedimiento para romper el bloqueo, el sector conservador pretende proponer también al candidato progresista porque el que han propuesto los progresistas no les gusta.

Después de mas de 40 años de Constitución ha llegado el momento de que la composición tanto del Tribunal Constitucional como del CGPJ respondan a los resultados electorales y dejen de ser patrimonio exclusivo de la derecha.

El afán excesivo por buscar consensos ha derivado en un procedimiento pernicioso en el procedimiento de elección de estos órganos, que favorece el bloqueo sistemático de la derecha.

Los intentos de cambiar el procedimiento de elección han tropezado siempre con la oposición de la derecha política o judicial. El último intento, asociado a los cambios en el código penal de los  delitos sedición y malversación, ha provocado un rasgado total de vestiduras en la multi derecha política y judicial que consideran delito de lesa patria el procedimiento empleado para  legislar el cambio.

Reconociendo que el procedimiento utilizado, enmienda de otra ley, no es muy ortodoxo, hay que decir que todos los gobiernos, tanto de izquierdas como de derechas, lo han utilizado en alguna ocasión sin que haya sido necesario utilizar el derecho de amparo, que protege derechos individuales, aplicado de forma inusitada en menos de 24 horas.

El gobierno no ha tenido mas remedio que acatar el  auto y parece que va a rectificar a corto plazo. Tendría también que hacerlo en el procedimiento de elección de los miembros del CGPJ y acabar de forma definitiva de la dominación casi genética de la derecha en el poder judicial.

Las togas en pie de guerra

El poder judicial, igual que los otros poderes de un Estado democrático, depende del pueblo y debe ser elegido por él de una u otra forma.

También es necesario, y la Unión Europea está poniendo mucho énfasis en ello, que el poder judicial tenga la máxima independencia posible del poder político.

Esta doble condición no es fácil de conciliar en la práctica pues la especificidad del poder judicial hace inviable su elección directa y, al tener que elegir los jueces de forma indirecta, se produce una inevitable relación con el poder político.

En España, en forma similar a algunos otros países europeos, se ha creado un organismo especifico, el Consejo General del  Poder Judicial (CGPJ) para gobernar y administrar los tribunales con independencia del gobierno. El CGPJ, compuesto por  20 miembros más el presidente, se elige actualmente por las cámaras parlamentarias a razón de 8 miembros entre  juristas de reconocido prestigio y 12 entre jueces y magistrados, la mayoría necesaria es de 3/5 en ambos casos, aunque la Constitución solo obliga a esta mayoría en el caso de los 8 juristas.

El bloqueo sistemático del PP en la elección de estos vocales ha llevado a que lleven en funciones  más de  dos años. Este bloqueo es sistemático y responde a una estrategia política destructiva, pues afecta también a otros órganos importantes como Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Consejo de RTVE, y responde a una forma filibustera de hacer política de oposición que el PP esta poniendo en práctica desde que perdió el gobierno en la moción de censura.

Para salir de esta situación anómala, los grupos parlamentarios PSOE y UP han presentado una proposición de ley para cambiar la forma de  elección de los miembros del CGPJ consistente en hacer una segunda vuelta por mayoría absoluta si no se han obtenido 3/5 en la primera.

Aunque esta propuesta garantiza que se complete la elección de los miembros del CGPJ, aumenta la dependencia política pues con este sistema, los partidos que apoyan al gobierno pueden obtener con más facilidad los representantes de su preferencia.

La propuesta presentada incluye también la limitación de funciones del Consejo una vez terminado su mandato, lo mismo que sucede en cualquier otro órgano electivo. Es posible que la simple aprobación  de esta opción facilite el consenso sin necesidad de modificar las mayorías necesarias.

Algunos miembros del Consejo, algunos tribunales superiores las asociaciones de jueces y los partidos de derechas han expresado su oposición a esta reforma legal y, para limitar la dependencia política proponen una elección directa por los jueces, sin considerar que, de hacerse así, tendríamos una dependencia corporativa y tecnocrática con el consiguiente déficit democrático pues los jueces ya no dependerían del pueblo y sino de un grupo de funcionarios cualificados, no elegidos por nadie.

Las espadas siguen en alto y para salir del atolladero, el gobierno ha congelado su propuesta para intentar llegar a un acuerdo sobre la legislación actual de mayoría de 3/5, comprobando de paso si el reciente distanciamiento entre PP y VOX producido en la moción de censura de VOX, empieza a tener consecuencias positivas.

¿Poder judicial ampliado?

En 1748 el barón de Montesquieu definió en  su ensayo "El espíritu de las leyes" el principio de separación de poderes por el que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado son ejercidos por órganos del gobierno distintos, autónomos e independientes entre sí. Este principio ha sido aceptado de diversas formas por los Estados modernos.

Por otro lado, el artículo 1.2 de la Constitución Española dice que que la soberanía reside en el pueblo, y añade: “del que emanan los poderes del Estado”, incluido también al poder judicial.

El poder legislativo se elige por sufragio universal y el ejecutivo por elección parlamentaria en segundo grado, sin embargo, la forma de elegir al poder judicial es más compleja porque los jueces no pueden ser elegidos entre todos los ciudadanos, sino solo entre los funcionarios que tienen conocimientos suficientes y han aprobado la correspondiente oposición. Para aplicar los criterios democráticos al poder judicial se ha creado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entidad formado por jueces y juristas,  elegidos por mayoría cualificada entre los representantes parlamentarios. Paradójicamente, el CGPJ no es, a pesar de su nombre, un organismo judicial sino una entidad con funciones de naturaleza administrativa-gubernativa y de régimen interior del poder judicial.

Desde el punto de vista de un observador interesado, pero no especialista en asuntos jurídicos, el CGPJ es una de esas entidades intermedias con funciones no estrictamente judiciales, que la derecha suele utilizar a su antojo para hacer la oposición destructiva y desleal a la que últimamente se ha abonado.
Otras instituciones que intentan utilizar con el mismo fin son la JEC, la fiscalía y la abogacía del Estado. 

La Junta Electoral Central tampoco tiene una función judicial sino solo de control y regulación de los procesos electorales, pero ha sido utilizada para destituir al president de la Generalitat fuera del período electoral.

La fiscalía por su parte, aunque forma parte del poder judicial, es un órgano independiente, de naturaleza jerárquica, siendo el Fiscal General nombrado a propuesta del gobierno entre juristas que reúnan determinados requisitos. El F.G. no responde, una vez nombrado, a los criterios del gobierno aunque la persona elegida siempre ha tenido la confianza del gobierno en el momento de su nombramiento. Si posteriormente actúa siguiendo instrucciones gubernativas es algo que es malicioso presuponer.

La abogacía del Estado es un cuerpo de altos funcionarios, que asesora jurídicamente al gobierno y le defiende en los pleitos que pueda tener.

La utilización como "Poder judicial ampliado" de estas instituciones se ha visto con claridad en los últimos tiempos.

La derecha se rasgó las vestiduras cuando se destituyó al abogado del estado Edmundo Bal como encargado del procés. Este funcionario, que ahora es diputado por  Ciudadanos, defendía que el Estado debía posicionarse en el procés con la misma  dureza que la fiscalía. La sentencia del procés le quitó la razón a él y a la F.G. al desestimar el posible delito de rebelión.

La JEC  actuó, según cualificados juristas, de forma incorrecta en la destitución de Torra como diputado antes de que la sentencia fuera firme, contribuyendo a enredar más el conflicto catalán.

En cuanto a la fiscalía, el gobierno tiene derecho a nombrar al F.G. que considere oportuno siempre que se cumplan los requisitos legales, y el CGPJ debería limitarse a comprobarlo, sin entrar en valoraciones subjetivas sobre su apariencia de independencia. Dado el papelón que hizo la fiscalía en el procés  no es sorprendente que el gobierno nombre a un Fiscal General con un  talante más abierto aunque tenga un cierto coste de imagen. La independencia y la neutralidad de sus criterios se demostrará en el ejercicio de sus funciones aunque la derecha, como cada vez es más habitual, confunda sus juicios de intenciones con datos objetivos.

La derecha siempre ha considerado al poder judicial y a sus organismos asociados como un cortijo particular que se resiste a perder.

Mezclando churras con Merinas

No es una buena práctica mezclar las churras con las merinas pues no obtendremos ni buena leche, ni buena carne. 

Cada una por su cuenta está bien como está.

Este consejo ovino es también de aplicación en algunos aspectos de la vida política en los que tampoco conviene  forzar la mezcla entre sí de cosas diferentes.

Churras: Elección del CGPJ 

En un sistema democrático, el principio de separación de los tres poderes de Montesquieu obliga a que tanto el ejecutivo, como el legislativo y el judicial tengan su origen en la elección popular. En el caso de la elección del Parlamento y del gobierno, no hay ninguna dificultad, pero el carácter especializado del poder judicial complica las cosas.

En España se ha resuelto esta situación definiendo un Gobierno de los jueces, el Consejo Superior del Poder Judicial, separado y, hasta cierto punto independiente, del poder político.

La elección de los miembros del CGPJ la hacen el Congreso y el Senado sobre candidatos que cumplen una serie de requisitos mínimos que han sido propuestos por los distintos estamentos profesionales de la Justicia. La elección se hace  por un sistema de mayoría reforzada.

Este procedimiento siempre ha chocado con un sector de la judicatura que pretendían asumir ellos la elección intentando usurpar de forma corporativa, en base a su perfil jurídico, los derechos de todos los ciudadanos materializado en sus representantes políticos.

El sistema es totalmente democrático y requiere un amplio acuerdo, razón por la que, en muchas ocasiones, la renovación del CGPJ ha tenido serias dificultades.

En esta ocasión se ha logrado un consenso amplio y se han elegido 10 vocales propuestos por el PP,  6 propuestos por el PSOE y 1 por cada uno de los partidos PNV, CiU e Izquierda Plural. Como era  de esperar conociendo su trayectoria, UPyD ha criticado la elección, considerándola reparto de puestos, que es lo mismo dicen otros críticos de la derecha que en ningún momento  proponen un sistema mejor.

La elección de los vocales del CGPJ requiere un amplio consenso y como en todo consenso, hay que tragarse algún sapo, que en este caso ha sido para la izquierda, el nombramiento del presidente de la Audiencia de Madrid, aunque la derecha, en justa reciprocidad, también se ha tragado algún otro. Lo más criticable del procedimiento ha sido seguramente el pacto para no vetar las propuestas de los demás partidos, que tiene, por otro lado, la virtud de facilitar las cosas, pues si se hubieran permitido vetos, se hubiera entrado en una dinámica de vetos y contravetos que no hubiera llevado a ninguna parte y el acuerdo hubiera sido mucho más complicado.

Merinas, Defensa de la Sanidad Pública

El intento del gobierno de la Comunidad de Madrid  de privatización de la Sanidad madrileña, ha provocado una fuerte oposición en la ciudadanía que se ha puesto de manifiesto en diferentes frentes, el político parlamentario, el sindical, las protestas ciudadanas y las demandas judiciales.

Las demandas judiciales han conseguido de momento, la suspensión cautelar de la privatización pues, caso de salir favorable la demanda, la puesta en marcha anticipada de la privatización provocaría daños irreparables.

En estas circunstancia y dado la lentitud de la justicia en resolver los temas, la suspensión cautelar podría convertirse en suspensión definitiva si, como es de esperar, se produce un cambio de gobierno en las próximas elecciones.

Un auto del presidente de la sala, Martinez Tristan,  ha dado un vuelco procesal al concentrar todos los recursos  y proponer que la decisión sobre si hay o no suspensión cautelar la decida el pleno de la sala de lo contencioso del TSJM.

Esta decisión, que según  expertos jurídicos es poco habitual, puede levantar la suspensión cautelar y facilitar de hecho la privatización. El PSM ha recurrido esta decisión recusando al presidente de la sala por supuesto conflicto de intereses.

En definitiva, la suspensión cautelar de la privatización se haya inmersa en una complicación procesal que puede salir por cualquier sitio.

Estas son las  "churras y las merinas", dos problemas distintos sin más conexión entre si que la persona  del presidente de la sala del TSJM, y que no tiene ningún sentido mezclar.

La  Mezcla 

Sin embargo un senador autonómico de Madrid decide rasgarse las vestiduras y dimitir de su puesto en el Senado para mantener la coherencia con sus valores y principios, que según él, perdería si votara esa lista consensuada.

Quien adopta esta puritana posición, no es un independiente excesivamente moralista incluido en las listas del PSOE de Madrid, es el Secretario General del PSM que no es nuevo en estas cosas.

Esta dimisión no favorece en nada ni a la demanda contra la privatización ni al consenso sobre el CGPJ, no tiene siquiera la belleza del acto inútil pues hace daño al conjunto del partido.

Es inconcebible que un dirigente político experimentado, que aspira ser presidente de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones, adopte estas posturas espectáculo.

La dimisión deja también a los pies de los caballos a su sustituto que, aplicando el mismo razonamiento, será una persona incoherente cuando acepte el cargo.

Si alguna ventaja tiene está dimisión, es que contribuye a reducir la acumulación de cargos en una misma persona y le dejará más tiempo para dedicarlo a hacer oposición en la Comunidad de Madrid, donde es imprescindible hacer todos los esfuerzos para desalojar al PP en las próximas elecciones.