Pulso Constitucional

Desde el comienzo de la legislatura, el interés patológico del PP en controlar el poder judicial ha alcanzado niveles insólitos  que se manifiestan principalmente en los mas de cuatro años que lleva enrocado bloqueando la renovación del CGPJ en los que ha impedido, con diversas excusas de mal pagador, que se cumpla la Constitución y que el Consejo se renueve en tiempo y forma de acuerdo con los resultados de las últimas elecciones generales.

Hasta hace relativamente poco tiempo los jueces conservadores permanecían ocultos tras el PP que hacía casi todo el gasto, pero la presión del gobierno para renovar el Tribunal Constitucional les ha obligado a salir de la madriguera y ahora buscan todo tipo de excusas para no nombrar a los dos magistrados que les corresponden, teóricamente uno progresista y otro conservador. El sector progresista nombró su candidato con prontitud pero los conservadores primero estuvieron mucho tiempo sin encontrarlo y ahora cuando el gobierno ha decidido cambiar el procedimiento para romper el bloqueo, el sector conservador pretende proponer también al candidato progresista porque el que han propuesto los progresistas no les gusta.

Después de mas de 40 años de Constitución ha llegado el momento de que la composición tanto del Tribunal Constitucional como del CGPJ respondan a los resultados electorales y dejen de ser patrimonio exclusivo de la derecha.

El afán excesivo por buscar consensos ha derivado en un procedimiento pernicioso en el procedimiento de elección de estos órganos, que favorece el bloqueo sistemático de la derecha.

Los intentos de cambiar el procedimiento de elección han tropezado siempre con la oposición de la derecha política o judicial. El último intento, asociado a los cambios en el código penal de los  delitos sedición y malversación, ha provocado un rasgado total de vestiduras en la multi derecha política y judicial que consideran delito de lesa patria el procedimiento empleado para  legislar el cambio.

Reconociendo que el procedimiento utilizado, enmienda de otra ley, no es muy ortodoxo, hay que decir que todos los gobiernos, tanto de izquierdas como de derechas, lo han utilizado en alguna ocasión sin que haya sido necesario utilizar el derecho de amparo, que protege derechos individuales, aplicado de forma inusitada en menos de 24 horas.

El gobierno no ha tenido mas remedio que acatar el  auto y parece que va a rectificar a corto plazo. Tendría también que hacerlo en el procedimiento de elección de los miembros del CGPJ y acabar de forma definitiva de la dominación casi genética de la derecha en el poder judicial.

Nombramientos en el Tribunal Constitucional

Finalmente, aunque con mas de año y medio de retraso, el PP ha tenido a bien desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC), en lo que hay que esperar sea un paso previo para la renovación del  CGPJ que lleva ya  mas de tres años bloqueado.

El TC se ha renovado, como es preceptivo, por el procedimiento legal vigente, eludiendo la trampa saducea del PP que quería previamente  cambiar la  norma para que la elección la realizaran los representantes corporativos de la justicia en vez de los legítimos representantes de la ciudadanía elegidos en las urnas.

Aunque el procedimiento actual respeta la necesaria dependencia del parlamento del poder judicial, emplea un sistema de elección que tiene dos graves deficiencias:

• La posibilidad de bloqueo por una minoría.
• La dependencia absoluta del bipartidismo, privando a los restantes grupos parlamentarios de  su derecho a tomar parte en los nombramientos.

El origen de estas deficiencias está en la forma elegida para garantizar el máximo consenso: mayoría reforzada de 3/5.

Dado que en la legislatura actual, y con toda probabilidad en muchas otras, la mayoría de 3/5 solo puede alcanzarse con los votos conjuntos de PP y PSOE, el bloqueo está siendo posible por tiempo indefinido, además, 2/5 de los parlamentarios no tienen ninguna capacidad de influir en el resultado y los candidatos elegidos pueden no ser lo mas idóneos, pues la elección consiste finalmente en un reparto a medias; dos propuestos por el PSOE y otros dos por el PP y los dos candidatos del PP aunque formalmente cumplan los requisitos necesarios, tienen un curriculum que no es el mas adecuado para ocupar estos puestos.

La situación es tan esperpéntica que en el trámite previo para validar candidatos, el diputado del PSOE, Odón Elorza, hizo una durísima crítica al candidato popular Enrique  Arnaldo, para después declararlo idóneo pues, de no hacerlo, no hubiera sido posible la renovación.

Con los dos candidatos populares que se han nombrados la probabilidad  de sentencias y autos tan disparatados como declarar inconstitucionales los Estados de  Alarma aprobados por el parlamento como herramienta para minimizar los efectos del COVID 19, podrían repetirse en el futuro.

La salida de esta situación podría estar en cambiar el procedimiento de elección de forma que se eviten los bloqueos y se permita la participación de todos los grupos al mismo tiempo que se exigen mayorías suficientes para garantizar  la pluralidad. El parlamento ya tiene métodos de votación para conseguir estos resultados y sería posible utilizarlos para la elección de estos órganos constitucionales.

La mesa del parlamento tiene nueve miembros: un presidente, cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios. Los cuatro vicepresidentes, y los cuatro secretarios,  se eligen en una sola votación de forma que cada diputado vota a un solo candidato siendo elegidos los cuatro mas votados. El resultado de esta votación ha sido totalmente plural en todas las ocasiones y representativa de la composición de la cámara.

Si los miembros del TC o del CGPJ se eligieran por este procedimiento no habría bloqueo, todos los diputados tendrían un voto eficaz y el consenso necesario estaría garantizado.  Si, como en el caso actual, se presentará algún candidato con un curriculum dudoso, la comisión de nombramientos podría rechazarlo pues su  no admisión no supondría el bloqueo de la elección. La posibilidad de que un candidato pudiera ser efectivamente rechazado obligaría a todos los partidos a presentar candidatos idóneos, con la ideología que correspondiera pero sin curricula inaceptables.