El Rey se queda corto

El discurso navideño del Rey es, seguramente, la comunicación mas importante que hace el monarca cada año. En ella en se espera  que haga balance de los asuntos mas importantes y tome posición sobre ellos.

Este año 2020 la pandemia del COVID 19 tenía que tener especial protagonismo y así ha sido. El Rey ha mostrado su solidaridad y su apoyo a la ciudadanía por las consecuencias de la epidemia y ha transmitido su esperanza de que en el próximo año España recupere su normalidad, tanto desde el punto de vista sanitario como del social.

Hasta ahí el discurso ha sido totalmente correcto en lo fundamental, aunque hay algunos detalles a los que podría haber incidido con mayor énfasis.

Sin embargo hay al menos otros dos temas importantes en los que se esperaba que el monarca entrara: la situación de su padre, el Rey emérito y la carta de los militares retirados pidiendo, casi directamente, que Felipe VI, como comandante supremo de las FF.AA. encabezase un golpe de estado contra el gobierno progresista.

En relación con la situación de J. Carlos I el silencio del Rey, o la sutil mención entre líneas, solo para oídos finos, que parece que casi todo el mundo ha detectado, pone de manifiesto la estrategia diseñada por la Casa Real en este asunto:

• Las comisiones o regalos recibidos antes de la abdicación no  pueden ser delictivas pues están amparada por la inviolabilidad, entendida en sentido absoluto, del ex monarca.
• Los fondos recibidos después de 2014 se limitan a una donación  de un magnate mexicano que Juan Carlos I ya ha declarado con el recargo y multa correspondientes ya pagados.
• En consecuencia  no hay nada más que considerar y solo resta esperar que las investigaciones en curso no encuentren nada mas. Hay que suponer que los abogados del  Rey han sido lo suficiente  hábiles para que no haya ninguna sorpresa.

En todo caso las explicaciones que haya que dar corresponden mas al emérito que  a Felipe VI, y las darán, si así lo deciden, en el momento que consideren mas oportuno, que probablemente será tras una prudente espera hasta que la fiscalía archive el caso, momento en el que se decidirá también la vuelta del ex-Rey a España y su lugar de residencia. Deben considerar que el paso del tiempo minimizará el impacto de esta decisión.

Mas grave es la falta de respuesta pública de Felipe VI a la petición de un numeroso grupo de militares retirados que, de forma explicita "comprometen su contribución para revertir la peligrosa deriva en que se ha situado a nuestra Patria".

En su momento no dio respuesta inmediata a la carta y tampoco ha aprovechado la oportunidad del mensaje de navidad para hacerlo con mas calma. Ha perdido una oportunidad de oro para mejorar la maltrecha imagen de la monarquía.

El papel de los expresidentes

Aunque no hay ninguna limitación legal, en España los presidentes del gobierno no se presentan a la reelección una vez terminado su mandato, la única excepción fue Adolfo Suarez que fundó un nuevo partido  después de la crisis de UCD.

La actividad pública de los cuatro ex-presidentes actuales es muy distinta, el último M.Rajoy vive prácticamente retirado de la actividad política, los dos mas veteranos, F. González y J.M. Aznar,  se dedican a comportarse como auténticos "jarrones chinos" incordiando todo lo que pueden a sus propios partidos, solo el expresidente J.L.R. Zapatero (JLRZ) ocupa su tiempo y utiliza sus conocimientos, su experiencia y sus contactos en hacer una labor de mediación internacional, que es una de las funciones mas adecuadas para un expresidente del gobierno.

El presidente JLRZ ha puesto el foco de su actuación en Venezuela, y como integrante del grupo de Puebla, participa activamente como mediador en las conversaciones entre el gobierno de N. Maduro y la MUD (oposición) para avanzar en una salida democrática y justa en el largo conflicto interno de este país que lo tiene sumido en la miseria mas absoluta, ahora agravada por la epidemia del COVID 19.

Venezuela es un país dividido en dos partes entre los partidarios del gobierno y los de la llamada oposición democrática. El resultado de las elecciones legislativas celebradas el 6 de diciembre en las que la mayoría de  la oposición se negó a participar, es una demostración más de la división social y política del país. La victoria aplastante del oficialismo con solo un 30% de participación, indica que el gobierno ha podido resistir el llamamiento a la abstención al tiempo que la oposición ha conseguido un resultado significativo. Empate técnico en definitiva.

Para compensar el resultado electoral, la oposición convocó un referéndum revocatorio semiclandestino en parte presencial y en parte telemático, sin control ni garantías, ni observadores en el que dicen haber obtenido un resultado similar al de Maduro en las elecciones.

Estas actuaciones son el último capitulo de una serie de desencuentros ocurridos en los últimos años, especialmente desde el fallecimiento en Marzo de 2013 del primer presidente bolivariano Hugo Chavez .

Desde ese momento, con N. Maduro como presidente, Venezuela ha ido cuesta abajo como ilustran algunos datos:

• Exportación de petróleo 920.000 barriles/diarios en 2019 frente 2.900.000 en 2013.
• PIB 334.000M de $ en 2011 frente a 62.917  en 2018
• desempleo, 33% en 2018
• Hiperinflación de 3 cifras.
• ......

Los movimientos políticos de estos años se han caracterizado por el desencuentro y la torpeza tanto del gobierno como de la oposición. 

La oposición consiguió ganar por amplio margen las elecciones legislativas de 2015, obteniendo con ello el control de la Asamblea Nacional que intentó usar como contrapoder para inhabilitar formalmente al presidente Maduro y nombrar a J. Guaidó como "presidente Encargado", curiosa figura que fue reconocida por muchos países europeos y por  los EE.UU.  Maduro, que tiene el control de los tribunales, anuló las decisiones de la Asamblea pero no la pudo disolver con lo que, aunque inoperativa, la Asamblea sigue formalmente activa.

 

En consecuencia, las presiones internas y externas,  políticas y económicas, al régimen bolivariano no han obtenido resultados en sus intentos de derribarlo, aunque han contribuido a agravar más la crisis social y económica.

 

Hay que resaltar el papel de relativa neutralidad política de las fuerzas armadas que, ni han anulado a la oposición ni se han levantado contra el gobierno, aunque si manifestaron su decisión de defender Venezuela cuando EE.UU. y Colombia amagaron con una intervención militar.

En este contexto el régimen ha protagonizado diversas intervenciones policiales y judiciales, algunas de ellas denunciadas en el tribunal penal internacional, que han contribuido también de forma importante a la división social.

La situación venezolana requiere claramente una mediación internacional que ni la Unión Europea, ni EE.UU ni la OEA, todos ellos posicionados con la llamada oposición, están impulsando.

Por este motivo tiene un gran valor la actitud del ex presidente R. Zapatero y otros expresidentes como Evo Morales y Rafael Correa, que, junto con otros dirigentes internacionales, están favoreciendo mesas de diálogo entre  las dos partes. Aunque el sector mayoritario de la oposición no ha aceptado la última propuesta de dialogo, y ha contraprogramado el referéndum revocatorio antes citado, si lo ha hecho una parte de la oposición que se ha presentado a las elecciones y ha obtenido una representación pequeña pero significativa que  podría ser aprovechada como germen para iniciar nuevos contactos.

El último movimiento de JLRZ ha sido pedir al nuevo presidente de EE.UU. que levante el embargo a Venezuela y libere 30.000 M de $ que tiene retenidos. J.Biden ya ha hecho algún movimiento en favor de la mediación y debería ser una esperanza  para Venezuela.

En España, la situación de Venezuela hace tiempo que forma parte de la política interna, la derecha española suele calificar al gobierno progresista como separatista, filo terrorista o populista bolivariano, y, en consecuencia, cualquiera que no hable en terminos despectivos  de ERC, Bildu o del gobierno venezolano, es descalificado de forma fulminante. Por tanto, las gestiones de JLRZ son consideradas por nuestras derechas como una traición a los sagrados valores. Todo lo que no sea vituperar a N. Maduro y alabar y apoyar a J. Guaidó, que lleva muchos meses demostrando su incapacidad política para cambiar nada, es condenable sin matices. Sería bueno que el gobierno de España apoyase con más ímpetu las gestiones de JLRZ e intercediese en favor del dialogo en la Unión Europea.

Ruido de sables oxidados

En los últimos días de noviembre mas de 400 militares retirados, pertenecientes a la XIX promoción de la  Academia General del Aire, a la XXIII de la Academia General Militar y a otros grupos, han enviado un total de cuatro cartas al Jefe del Estado manifestando su preocupación por la gestión, según ellos inconstitucional y favorable al separatismo nacionalista, del gobierno de España

La última carta, después de hacer el correspondiente análisis sesgado y catastrofista, acaba con el siguiente texto:

Por último, al firmar esta declaración y comprometer nuestra contribución para revertir la peligrosa deriva en que se ha situado a nuestra Patria, no podemos dejar de renovar una vez más nuestra absoluta lealtad a nuestro Rey y Mando Supremo de las Fuerzas Armadas con el mismo entusiasmo con que lo hicimos al despedirnos de la Bandera finalizado nuestro Servicio activo.

¡VIVA ESPAÑA!

En su chat de WhatsApp, los militares retirados de la XIX promoción incluían propuestas tan demenciales como la de bombardear la sede de la ANC o fusilar a 26 millones de ciudadanos para acabar con esa situación.

El complot de los "sables oxidados" tiene algunas similitudes con la operación Galaxia orquestada por Tejero en 1978, pocos días antes del referéndum constitucional. Aunque el espíritu es el mismo, acabar con la democracia en España, las diferencias son considerables, los conspiradores de 1978 eran militares en activo y no se limitaban a enviar cartas al Rey, sino que pretendían secuestrar al gobierno y boicotear la aprobación de la Constitución.

El contexto  social también era muy diferente, frente a la crispación actual, un tanto artificial, de las derechas, originada por los pactos presupuestarios del gobierno, la operación Galaxia se gestó durante los llamados años del plomo, en los que la actividad de ETA estaba en pleno apogeo. En 1978 ETA ocasionó 65 victimas mortales, muchas de ellas militares, unos años después se producía el intento golpista del 23F.

Aunque las circunstancias sociales no sean las mismas y resulte difícil concebir un golpe de estado en un país europeo en pleno siglo XXI, no parece sensato considerar como una simple pataleta de los manifiestos y los comentarios de estos militares, pues podría interpretarse también que, aunque los militares retirados no tienen mando operativo, si pueden tener una fuerte influencia con otros mandos en activo que en algún momento estuvieron bajo su mando. En este sentido se podría interpretar como un aviso hecho por la "vieja guardia", que tiene libertad de expresión,  como vanguardia de los que están en activo, que no la tienen. En consecuencia, es necesario que el gobierno tome las amenazas en consideración y adopte las medidas legales y políticas oportunas.

El gobierno ha puesto en manos de la fiscalía los contenidos del chat, lo que probablemente tenga poco recorrido si se considera, como en otras ocasiones, conversaciones privadas, pero no ha hecho lo propio con las cartas que pudieran interpretarse, los juristas tendrían que analizarlo, como una invitación al Rey a intervenir al margen de la constitución y aunque menos espectacular si podría tener una calificación penal de intento de sedición.

Un indicador importante de esta situación son las reacciones que han tenido los distintos actores políticos y sociales. El gobierno ha reaccionado positivamente por medio de la ministra de Defensa y el JEMAD, los partidos de izquierdas también han manifestado con contundencia su rechazo a estas actitudes.  Sin embargo las derechas han reaccionado de forma tibia, en el caso de Casado y lamentable en el caso de su actual ariete político, Isabel Diaz Ayuso, que ha justificado los hechos. La ultraderecha poco menos que ha apoyado el manifiesto y los de Ciudadanos, no saben no contestan. Lamentablemente tampoco han opinado los "jarrones chinos"  del PSOE y del PP, ni los barones autonómicos socialistas, que siempre tienen el verbo muy fácil para criticar al gobierno.

La reacción de los medios de comunicación también ha sido contradictoria y muchos de ellos, en su constante afán de equidistar, no han dudado en comparar las barbaridades dichas en el chat con algunas presuntas actitudes ilegales, reales o inventadas pero en todo caso no comparables, de algunos dirigentes de la izquierda.

Hay que mencionar también el silencio del Rey  y de la Casa Real. Aunque el Rey no sea responsable de las cartas que recibe, ante una clara invitación a intervenir fuera de la constitución, sería conveniente que se desmarcará de los firmantes y manifestara su apoyo al gobierno democráticamente elegido. Una declaración del Rey sería, además, una buena oportunidad para recuperar la imagen de la monarquía, muy tocada por los negocios y la posterior huida del Rey emérito.

  

LOMLOE, Con la Iglesia hemos topado

El preámbulo de la LOMLOE se inicia con una justificación histórica de su necesidad. Algunos argumentos, sacados del propio preámbulo de la Ley, se exponen a continuación:

"La universalización de la enseñanza primaria ya se había alcanzado en algunos países a finales del siglo XIX. En el siglo XX se planteó y extendió el acceso generalizado de la población a la educación secundaria y, a finales de este, se convirtió en objetivo prioritario que la educación para todos fuera de calidad." 

Mas adelante se detallan los principales hitos legislativos de los últimos años:

• Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y de Financiamiento de la Reforma Educativa (LGE).
• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE).

Ambas leyes declararon la educación como servicio público, posibilitando su generalización. Posteriormente:

• Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), que estableció́ en diez años el periodo de obligatoriedad escolar e impulsó la formación profesional.
• Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE) proclamaba desde su título el propósito de lograr una educación de calidad, planteando una serie de medidas que fueron objeto de polémica y discusión.

Desde esos años, la sociedad española ha asumido de modo decidido que es necesario mejorar la calidad de la educación, pero también que la calidad y la equidad son dos principios indisociables, como han señalado las más importantes evaluaciones internacionales.

• Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006, que hizo suyo el objetivo irrenunciable de proporcionar una educación de calidad a toda la ciudadanía en todos los niveles del sistema educativo; es decir, una educación basada en la combinación de los principios de calidad y equidad.
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE, tambien llamada Ley Wert) que representó una ruptura del equilibrio que se había alcanzado en la LOE entre diferentes visiones y planteamientos acerca de la educación que deben necesariamente convivir en un sistema democrático y plural.

La LOMCE propuso una ordenación académica que configuraba trayectorias o itinerarios de desigual valor educativo para los estudiantes de educación secundaria obligatoria y que además conducían a títulos diferentes, tras la realización de unas evaluaciones externas de fin de etapa asociadas a esa diversidad de itinerarios. 

En relación con la autonomía y gobierno de los centros, la LOMCE limitó la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, reduciendo las competencias de los órganos colegiados y transfiriendo parte de ellas a una dirección escolar sobre cuya selección adquiría un mayor grado de control la Administración educativa.

Así pues, la finalidad de esta Ley no es otra que establecer un renovado ordenamiento legal que aumente las oportunidades educativas y formativas de toda la población, que contribuya a la mejora de los resultados educativos del alumnado, y satisfaga la demanda generalizada en la sociedad española de una educación de calidad para todos.

Las diferentes propuestas legislativas de los últimos años no pueden despacharse simplemente con el argumento, ampliamente utilizado por los medios de comunicación, de que los partidos políticos son incapaces de consensuar una ley de educación válida para todos y para siempre. La historia de nuestra democracia ilustra los intentos de avance propuestos por los gobiernos socialistas : LGE, LODE, LOGSE Y LOE y los retrocesos educativos de las leyes aprobadas por los gobiernos del PP: LOCE y LOMCE.

La LOMLOE no es más que la vuelta actualizada a los criterios educativos de la LOE, mejorados con algunos cambios relativos a otros puntos del máximo interés: la convivencia de los centros concertados con los públicos y el papel secundario de la asignatura de Religión. Otros argumentos utilizados contra esta ley, como el supuesto ataque a la libertad de enseñanza, la supresión de los centros especiales o la marginación del español en las CC.AA. con lengua propia, no son más que cortinas de humo para ocultar las verdaderas intenciones de los principales promotores de la protesta: las ordenes religiosas que gestionan el 88% de los conciertos educativos.

Los conciertos educativos  se pusieron en marcha en 1985, con el gobierno socialista de Felipe González (LODE). En un primer momento, las subvenciones a centros privados mediante estos conciertos se justificaron por la imposibilidad de la red pública de cubrir una creciente demanda de plazas escolares debida al fuerte crecimiento demográfico (baby boom) y la ampliación de los años de escolarización obligatoria.

Los centros concertados eran también gratuitos en 1985, pero la transferencias a las autonomías permitió que poco a poco se fueran imponiendo "cuotas voluntarias" que actualmente están en torno a los 200€/mes.

La LOMLOE suprime estas cuotas, prohíbe que las materias complementarias se impartan dentro del horario escolar, y da prioridad a las familias con menos recursos y proximidad a los centros en la solicitud de plazas. También prohíbe la cesión se suelo público para la construcción de nuevos centros concertados.

Con estas limitaciones el negocio de los centros concertados queda muy tocado y con el fomento simultaneo de la construcción de centros públicos se pretende restablecer el equilibrio diseñado en 1985.

En cuanto a la enseñanza de la Religión, impuesta por el concordato firmado justo antes de aprobarse la Constitución de 1978, el hecho de que no compute para la nota media y que no tenga asignatura alternativa debería tener un efecto disuasorio para los estudiantes pues supondrá tener mas horas de clase sin ningun beneficio académico. Solo los chicos/as que tengan una fuerte motivación religiosa asistirán a estas clases.