El preámbulo de la LOMLOE se inicia con una justificación histórica de su necesidad. Algunos argumentos, sacados del propio preámbulo de la Ley, se exponen a continuación:
"La universalización de la enseñanza primaria ya se había alcanzado en algunos países a finales del siglo XIX. En el siglo XX se planteó y extendió el acceso generalizado de la población a la educación secundaria y, a finales de este, se convirtió en objetivo prioritario que la educación para todos fuera de calidad."
Mas adelante se detallan los principales hitos legislativos de los últimos años:
- Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y de Financiamiento de la Reforma Educativa (LGE).
- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE).
Ambas leyes declararon la educación como servicio público, posibilitando su generalización. Posteriormente:
- Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), que estableció́ en diez años el periodo de obligatoriedad escolar e impulsó la formación profesional.
- Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE) proclamaba desde su título el propósito de lograr una educación de calidad, planteando una serie de medidas que fueron objeto de polémica y discusión.
Desde esos años, la sociedad española ha asumido de modo decidido que es necesario mejorar la calidad de la educación, pero también que la calidad y la equidad son dos principios indisociables, como han señalado las más importantes evaluaciones internacionales.
- Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006, que hizo suyo el objetivo irrenunciable de proporcionar una educación de calidad a toda la ciudadanía en todos los niveles del sistema educativo; es decir, una educación basada en la combinación de los principios de calidad y equidad.
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE, tambien llamada Ley Wert) que representó una ruptura del equilibrio que se había alcanzado en la LOE entre diferentes visiones y planteamientos acerca de la educación que deben necesariamente convivir en un sistema democrático y plural.
La LOMCE propuso una ordenación académica que configuraba trayectorias o itinerarios de desigual valor educativo para los estudiantes de educación secundaria obligatoria y que además conducían a títulos diferentes, tras la realización de unas evaluaciones externas de fin de etapa asociadas a esa diversidad de itinerarios.
En relación con la autonomía y gobierno de los centros, la LOMCE limitó la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, reduciendo las competencias de los órganos colegiados y transfiriendo parte de ellas a una dirección escolar sobre cuya selección adquiría un mayor grado de control la Administración educativa.
Así pues, la finalidad de esta Ley no es otra que establecer un renovado ordenamiento legal que aumente las oportunidades educativas y formativas de toda la población, que contribuya a la mejora de los resultados educativos del alumnado, y satisfaga la demanda generalizada en la sociedad española de una educación de calidad para todos.
Las diferentes propuestas legislativas de los últimos años no pueden despacharse simplemente con el argumento, ampliamente utilizado por los medios de comunicación, de que los partidos políticos son incapaces de consensuar una ley de educación válida para todos y para siempre. La historia de nuestra democracia ilustra los intentos de avance propuestos por los gobiernos socialistas : LGE, LODE, LOGSE Y LOE y los retrocesos educativos de las leyes aprobadas por los gobiernos del PP: LOCE y LOMCE.
La LOMLOE no es más que la vuelta actualizada a los criterios educativos de la LOE, mejorados con algunos cambios relativos a otros puntos del máximo interés: la convivencia de los centros concertados con los públicos y el papel secundario de la asignatura de Religión. Otros argumentos utilizados contra esta ley, como el supuesto ataque a la libertad de enseñanza, la supresión de los centros especiales o la marginación del español en las CC.AA. con lengua propia, no son más que cortinas de humo para ocultar las verdaderas intenciones de los principales promotores de la protesta: las ordenes religiosas que gestionan el 88% de los conciertos educativos.
Los conciertos educativos se pusieron en marcha en 1985, con el gobierno socialista de Felipe González (LODE). En un primer momento, las subvenciones a centros privados mediante estos conciertos se justificaron por la imposibilidad de la red pública de cubrir una creciente demanda de plazas escolares debida al fuerte crecimiento demográfico (baby boom) y la ampliación de los años de escolarización obligatoria.
Los centros concertados eran también gratuitos en 1985, pero la transferencias a las autonomías permitió que poco a poco se fueran imponiendo "cuotas voluntarias" que actualmente están en torno a los 200€/mes.
La LOMLOE suprime estas cuotas, prohíbe que las materias complementarias se impartan dentro del horario escolar, y da prioridad a las familias con menos recursos y proximidad a los centros en la solicitud de plazas. También prohíbe la cesión se suelo público para la construcción de nuevos centros concertados.
Con estas limitaciones el negocio de los centros concertados queda muy tocado y con el fomento simultaneo de la construcción de centros públicos se pretende restablecer el equilibrio diseñado en 1985.
En cuanto a la enseñanza de la Religión, impuesta por el concordato firmado justo antes de aprobarse la Constitución de 1978, el hecho de que no compute para la nota media y que no tenga asignatura alternativa debería tener un efecto disuasorio para los estudiantes pues supondrá tener mas horas de clase sin ningun beneficio académico. Solo los chicos/as que tengan una fuerte motivación religiosa asistirán a estas clases.
