Se han detectado también algunos casos de malas prácticas que han estado en la base de muchos casos de corrupción y en otras ocasiones, han dado lugar a abusos por la interpretación, de forma muy favorable para el interesado, de algunas normas poco desarrolladas.
La casuística de la corrupción es compleja y lo único claro es que siempre es debida a la falta de honestidad de políticos, empresarios o empleados públicos. La ausencia o debilidad de los controles o a la falta de transparencia, juegan en muchas ocasiones un papel significativo.
Honestidad, control y transparencia son las tres variables clave para aproximarse un poco el grave problema de la corrupción.
Es obvio que si todos los políticos fuesen honrados no habría ningún tipo e corrupción, pero eso no es posible, la posibilidad de corromperse existe y solo hay dos antídotos, uno que las organizaciones políticas seleccionen cuidadosamente a sus candidatos introduciendo entre los requisitos para presentarlos, ademas de los de mérito y capacidad, el de honestidad que podría comprobarse con un examen previo del candidato.
Como, por riguroso que sea el examen (en cualquier caso se trataría de exámenes serios no de pantomimas ensayadas como las que ha hecho recientemente E. Aguirre), la corrupción sigue siendo posible, es necesario mejorar los controles existentes o implementarlos donde no los hubiera. Pero, antes de ello, es imprescindible utilizar adecuadamente los elementos de control existentes, pues de nada sirve tener controles muy rigurosos si luego no se aplican.
El caso Púnica, recientemente descubierto, se basa en la adjudicación de contratos de servicios, en su mayor parte de eficiencia energética, por encima de su precio, repartiéndose la empresa adjudicataria y los corruptos el diferencial del precio.
¿Hay que poner mas controles en la adjudicación de este tipo de contratos? Seguramente no, bastaría con aplicar correctamente los existentes.
Un contrato de servicios se inicia con un pliego de condiciones que elaboran los servicios técnicos, habitualmente ingenieros municipales, y que es aprobado por el gobierno y supervisado por la oposición. La adjudicación del contrato la hace una mesa de contratación formada por técnicos y políticos del gobierno, a cuyos resultados tiene que tener acceso la oposición. Dado que un pliego de eficiencia energética consiste básicamente en contar bombillas para sustituirlas por otras mas modernas y de menor consumo, cuyos precios son conocidos, la redacción de un pliego de estas características no debe ofrecer mayores dificultades.
Por tanto el proceso tiene teoricamente suficientes controles técnicos y políticos para evitar el fraude. Solo la deshonestidad directa de algunos políticos y funcionarios y la inhibición o incapacidad de otros no siendo capaces de detectarlo, lo permiten.
Recientemente han aparecido otros casos de malas practicas, son los numerosos viajes a canarias del presidente de la Junta de Extremadura, J. A. Monago cuando era senador, presuntamente para ver a su novia y la adjudicación de una plaza de investigador universitario, adjudicada sin competencia por el director del departamento (casualmente miembro tambnién de Podemos) del dirigente de este partido Iñigo Errejon, para la realización de un estudio que difícilmente ha podido realizar dada la amplia actividad política que ha tenido en el mismo período.
El descubrimiento de los viajes de Monago, que se ha debido seguramente a un chivatazo de sus propios compañeros de partido, ha hecho aflorar una antigua mala práctica que permitía a los parlamentarios viajar con cargo al presupuesto del parlamento sin tener que dar ninguna explicación. Esta ausencia de procedimiento y control ha facilitado sin duda este tipo de abusos y por ello se ha pedido insistentemente su regulación. Las Cortes, aunque a trompicones, han establecido un primer procedimiento de control por el que la autorización de los viajes recae en la dirección de cada grupo parlamentario. El acuerdo es mejorable y algunos grupos han adelantado que proporcionaran datos complementarios, aunque no van a llegar, por respeto a la confidencialidad que tienen alguno de estos desplazamientos, a publicar en detalle cada viajes que hace cada parlamentario, como reclamaba un sector de la prensa.
El caso del presunto enchufe de Errejon, ha saltado por una denuncia de la Junta de Andalucía, a pesar de que las convocatorias y adjudicación de este tipo de contratos son públicas.
Aunque el nivel de transparencia sea sin duda un indicador claro de la calidad de nuestras instituciones democráticas, partidos políticos incluido, en materia de corrupción no siempre es una herramienta definitiva.
Hace tiempo que los contratos de los Ayuntamientos se publican (pliegos y adjudicaciones) en el área de perfil del contratante de cada uno de ellos y en la plataforma de contratación del Estado, por tanto, salvo que estos expedientes no se hubieran publicado, hay que considerar que la transparencia formal de las contrataciones de Púnica ha sido la que procede y, sin embargo, no ha sido suficiente para detectar la operación Púnica, que ha saltado como erivada de la investigación de las cuentas Suizas de Granados.
Algo similar puede pasar en el caso del contrato de investigación de I. Errejon pues estas convocatorias y contratos también son públicos, y tampoco nadie lo ha detectado.
La clave de la transparencia, sobre la que los medios de difusión ponen el mayor énfasis, tiene una importancia secundaria en los asuntos de corrupción pero en cambio en muchas ocasiones atenta de forma grave a la intimidad de las personas afectadas, sean o no presuntos delincuentes.
La obsesión excesiva por la transparencia puede conducirnos a una sociedad vigilada permanente por un Gran Hermano que nos mira por el ojo de la cerradura y luego lo pública en los medios de comunicación glosándolo con todo tipo de comentarios, casi siempre poco respetuosas.
Por eso ,para mejorar la honestidad es necesario, en primer lugar cumplir los controles existentes y cuando no sean suficientes mejorarlos o implantarlos de nuevo, en cuanto a la transparencia, la necesaria, sin violar los limites de la confidencialidad y del respeto a la intimidad personal.
La casuística de la corrupción es compleja y lo único claro es que siempre es debida a la falta de honestidad de políticos, empresarios o empleados públicos. La ausencia o debilidad de los controles o a la falta de transparencia, juegan en muchas ocasiones un papel significativo.
Honestidad, control y transparencia son las tres variables clave para aproximarse un poco el grave problema de la corrupción.
Es obvio que si todos los políticos fuesen honrados no habría ningún tipo e corrupción, pero eso no es posible, la posibilidad de corromperse existe y solo hay dos antídotos, uno que las organizaciones políticas seleccionen cuidadosamente a sus candidatos introduciendo entre los requisitos para presentarlos, ademas de los de mérito y capacidad, el de honestidad que podría comprobarse con un examen previo del candidato.
Como, por riguroso que sea el examen (en cualquier caso se trataría de exámenes serios no de pantomimas ensayadas como las que ha hecho recientemente E. Aguirre), la corrupción sigue siendo posible, es necesario mejorar los controles existentes o implementarlos donde no los hubiera. Pero, antes de ello, es imprescindible utilizar adecuadamente los elementos de control existentes, pues de nada sirve tener controles muy rigurosos si luego no se aplican.
El caso Púnica, recientemente descubierto, se basa en la adjudicación de contratos de servicios, en su mayor parte de eficiencia energética, por encima de su precio, repartiéndose la empresa adjudicataria y los corruptos el diferencial del precio.
¿Hay que poner mas controles en la adjudicación de este tipo de contratos? Seguramente no, bastaría con aplicar correctamente los existentes.
Un contrato de servicios se inicia con un pliego de condiciones que elaboran los servicios técnicos, habitualmente ingenieros municipales, y que es aprobado por el gobierno y supervisado por la oposición. La adjudicación del contrato la hace una mesa de contratación formada por técnicos y políticos del gobierno, a cuyos resultados tiene que tener acceso la oposición. Dado que un pliego de eficiencia energética consiste básicamente en contar bombillas para sustituirlas por otras mas modernas y de menor consumo, cuyos precios son conocidos, la redacción de un pliego de estas características no debe ofrecer mayores dificultades.
Por tanto el proceso tiene teoricamente suficientes controles técnicos y políticos para evitar el fraude. Solo la deshonestidad directa de algunos políticos y funcionarios y la inhibición o incapacidad de otros no siendo capaces de detectarlo, lo permiten.
Recientemente han aparecido otros casos de malas practicas, son los numerosos viajes a canarias del presidente de la Junta de Extremadura, J. A. Monago cuando era senador, presuntamente para ver a su novia y la adjudicación de una plaza de investigador universitario, adjudicada sin competencia por el director del departamento (casualmente miembro tambnién de Podemos) del dirigente de este partido Iñigo Errejon, para la realización de un estudio que difícilmente ha podido realizar dada la amplia actividad política que ha tenido en el mismo período.
El descubrimiento de los viajes de Monago, que se ha debido seguramente a un chivatazo de sus propios compañeros de partido, ha hecho aflorar una antigua mala práctica que permitía a los parlamentarios viajar con cargo al presupuesto del parlamento sin tener que dar ninguna explicación. Esta ausencia de procedimiento y control ha facilitado sin duda este tipo de abusos y por ello se ha pedido insistentemente su regulación. Las Cortes, aunque a trompicones, han establecido un primer procedimiento de control por el que la autorización de los viajes recae en la dirección de cada grupo parlamentario. El acuerdo es mejorable y algunos grupos han adelantado que proporcionaran datos complementarios, aunque no van a llegar, por respeto a la confidencialidad que tienen alguno de estos desplazamientos, a publicar en detalle cada viajes que hace cada parlamentario, como reclamaba un sector de la prensa.
El caso del presunto enchufe de Errejon, ha saltado por una denuncia de la Junta de Andalucía, a pesar de que las convocatorias y adjudicación de este tipo de contratos son públicas.
Aunque el nivel de transparencia sea sin duda un indicador claro de la calidad de nuestras instituciones democráticas, partidos políticos incluido, en materia de corrupción no siempre es una herramienta definitiva.
Hace tiempo que los contratos de los Ayuntamientos se publican (pliegos y adjudicaciones) en el área de perfil del contratante de cada uno de ellos y en la plataforma de contratación del Estado, por tanto, salvo que estos expedientes no se hubieran publicado, hay que considerar que la transparencia formal de las contrataciones de Púnica ha sido la que procede y, sin embargo, no ha sido suficiente para detectar la operación Púnica, que ha saltado como erivada de la investigación de las cuentas Suizas de Granados.
Algo similar puede pasar en el caso del contrato de investigación de I. Errejon pues estas convocatorias y contratos también son públicos, y tampoco nadie lo ha detectado.
La clave de la transparencia, sobre la que los medios de difusión ponen el mayor énfasis, tiene una importancia secundaria en los asuntos de corrupción pero en cambio en muchas ocasiones atenta de forma grave a la intimidad de las personas afectadas, sean o no presuntos delincuentes.
La obsesión excesiva por la transparencia puede conducirnos a una sociedad vigilada permanente por un Gran Hermano que nos mira por el ojo de la cerradura y luego lo pública en los medios de comunicación glosándolo con todo tipo de comentarios, casi siempre poco respetuosas.
Por eso ,para mejorar la honestidad es necesario, en primer lugar cumplir los controles existentes y cuando no sean suficientes mejorarlos o implantarlos de nuevo, en cuanto a la transparencia, la necesaria, sin violar los limites de la confidencialidad y del respeto a la intimidad personal.
