El Rey se queda corto

El discurso navideño del Rey es, seguramente, la comunicación mas importante que hace el monarca cada año. En ella en se espera  que haga balance de los asuntos mas importantes y tome posición sobre ellos.

Este año 2020 la pandemia del COVID 19 tenía que tener especial protagonismo y así ha sido. El Rey ha mostrado su solidaridad y su apoyo a la ciudadanía por las consecuencias de la epidemia y ha transmitido su esperanza de que en el próximo año España recupere su normalidad, tanto desde el punto de vista sanitario como del social.

Hasta ahí el discurso ha sido totalmente correcto en lo fundamental, aunque hay algunos detalles a los que podría haber incidido con mayor énfasis.

Sin embargo hay al menos otros dos temas importantes en los que se esperaba que el monarca entrara: la situación de su padre, el Rey emérito y la carta de los militares retirados pidiendo, casi directamente, que Felipe VI, como comandante supremo de las FF.AA. encabezase un golpe de estado contra el gobierno progresista.

En relación con la situación de J. Carlos I el silencio del Rey, o la sutil mención entre líneas, solo para oídos finos, que parece que casi todo el mundo ha detectado, pone de manifiesto la estrategia diseñada por la Casa Real en este asunto:

• Las comisiones o regalos recibidos antes de la abdicación no  pueden ser delictivas pues están amparada por la inviolabilidad, entendida en sentido absoluto, del ex monarca.
• Los fondos recibidos después de 2014 se limitan a una donación  de un magnate mexicano que Juan Carlos I ya ha declarado con el recargo y multa correspondientes ya pagados.
• En consecuencia  no hay nada más que considerar y solo resta esperar que las investigaciones en curso no encuentren nada mas. Hay que suponer que los abogados del  Rey han sido lo suficiente  hábiles para que no haya ninguna sorpresa.

En todo caso las explicaciones que haya que dar corresponden mas al emérito que  a Felipe VI, y las darán, si así lo deciden, en el momento que consideren mas oportuno, que probablemente será tras una prudente espera hasta que la fiscalía archive el caso, momento en el que se decidirá también la vuelta del ex-Rey a España y su lugar de residencia. Deben considerar que el paso del tiempo minimizará el impacto de esta decisión.

Mas grave es la falta de respuesta pública de Felipe VI a la petición de un numeroso grupo de militares retirados que, de forma explicita "comprometen su contribución para revertir la peligrosa deriva en que se ha situado a nuestra Patria".

En su momento no dio respuesta inmediata a la carta y tampoco ha aprovechado la oportunidad del mensaje de navidad para hacerlo con mas calma. Ha perdido una oportunidad de oro para mejorar la maltrecha imagen de la monarquía.

El papel de los expresidentes

Aunque no hay ninguna limitación legal, en España los presidentes del gobierno no se presentan a la reelección una vez terminado su mandato, la única excepción fue Adolfo Suarez que fundó un nuevo partido  después de la crisis de UCD.

La actividad pública de los cuatro ex-presidentes actuales es muy distinta, el último M.Rajoy vive prácticamente retirado de la actividad política, los dos mas veteranos, F. González y J.M. Aznar,  se dedican a comportarse como auténticos "jarrones chinos" incordiando todo lo que pueden a sus propios partidos, solo el expresidente J.L.R. Zapatero (JLRZ) ocupa su tiempo y utiliza sus conocimientos, su experiencia y sus contactos en hacer una labor de mediación internacional, que es una de las funciones mas adecuadas para un expresidente del gobierno.

El presidente JLRZ ha puesto el foco de su actuación en Venezuela, y como integrante del grupo de Puebla, participa activamente como mediador en las conversaciones entre el gobierno de N. Maduro y la MUD (oposición) para avanzar en una salida democrática y justa en el largo conflicto interno de este país que lo tiene sumido en la miseria mas absoluta, ahora agravada por la epidemia del COVID 19.

Venezuela es un país dividido en dos partes entre los partidarios del gobierno y los de la llamada oposición democrática. El resultado de las elecciones legislativas celebradas el 6 de diciembre en las que la mayoría de  la oposición se negó a participar, es una demostración más de la división social y política del país. La victoria aplastante del oficialismo con solo un 30% de participación, indica que el gobierno ha podido resistir el llamamiento a la abstención al tiempo que la oposición ha conseguido un resultado significativo. Empate técnico en definitiva.

Para compensar el resultado electoral, la oposición convocó un referéndum revocatorio semiclandestino en parte presencial y en parte telemático, sin control ni garantías, ni observadores en el que dicen haber obtenido un resultado similar al de Maduro en las elecciones.

Estas actuaciones son el último capitulo de una serie de desencuentros ocurridos en los últimos años, especialmente desde el fallecimiento en Marzo de 2013 del primer presidente bolivariano Hugo Chavez .

Desde ese momento, con N. Maduro como presidente, Venezuela ha ido cuesta abajo como ilustran algunos datos:

• Exportación de petróleo 920.000 barriles/diarios en 2019 frente 2.900.000 en 2013.
• PIB 334.000M de $ en 2011 frente a 62.917  en 2018
• desempleo, 33% en 2018
• Hiperinflación de 3 cifras.
• ......

Los movimientos políticos de estos años se han caracterizado por el desencuentro y la torpeza tanto del gobierno como de la oposición. 

La oposición consiguió ganar por amplio margen las elecciones legislativas de 2015, obteniendo con ello el control de la Asamblea Nacional que intentó usar como contrapoder para inhabilitar formalmente al presidente Maduro y nombrar a J. Guaidó como "presidente Encargado", curiosa figura que fue reconocida por muchos países europeos y por  los EE.UU.  Maduro, que tiene el control de los tribunales, anuló las decisiones de la Asamblea pero no la pudo disolver con lo que, aunque inoperativa, la Asamblea sigue formalmente activa.

 

En consecuencia, las presiones internas y externas,  políticas y económicas, al régimen bolivariano no han obtenido resultados en sus intentos de derribarlo, aunque han contribuido a agravar más la crisis social y económica.

 

Hay que resaltar el papel de relativa neutralidad política de las fuerzas armadas que, ni han anulado a la oposición ni se han levantado contra el gobierno, aunque si manifestaron su decisión de defender Venezuela cuando EE.UU. y Colombia amagaron con una intervención militar.

En este contexto el régimen ha protagonizado diversas intervenciones policiales y judiciales, algunas de ellas denunciadas en el tribunal penal internacional, que han contribuido también de forma importante a la división social.

La situación venezolana requiere claramente una mediación internacional que ni la Unión Europea, ni EE.UU ni la OEA, todos ellos posicionados con la llamada oposición, están impulsando.

Por este motivo tiene un gran valor la actitud del ex presidente R. Zapatero y otros expresidentes como Evo Morales y Rafael Correa, que, junto con otros dirigentes internacionales, están favoreciendo mesas de diálogo entre  las dos partes. Aunque el sector mayoritario de la oposición no ha aceptado la última propuesta de dialogo, y ha contraprogramado el referéndum revocatorio antes citado, si lo ha hecho una parte de la oposición que se ha presentado a las elecciones y ha obtenido una representación pequeña pero significativa que  podría ser aprovechada como germen para iniciar nuevos contactos.

El último movimiento de JLRZ ha sido pedir al nuevo presidente de EE.UU. que levante el embargo a Venezuela y libere 30.000 M de $ que tiene retenidos. J.Biden ya ha hecho algún movimiento en favor de la mediación y debería ser una esperanza  para Venezuela.

En España, la situación de Venezuela hace tiempo que forma parte de la política interna, la derecha española suele calificar al gobierno progresista como separatista, filo terrorista o populista bolivariano, y, en consecuencia, cualquiera que no hable en terminos despectivos  de ERC, Bildu o del gobierno venezolano, es descalificado de forma fulminante. Por tanto, las gestiones de JLRZ son consideradas por nuestras derechas como una traición a los sagrados valores. Todo lo que no sea vituperar a N. Maduro y alabar y apoyar a J. Guaidó, que lleva muchos meses demostrando su incapacidad política para cambiar nada, es condenable sin matices. Sería bueno que el gobierno de España apoyase con más ímpetu las gestiones de JLRZ e intercediese en favor del dialogo en la Unión Europea.

Ruido de sables oxidados

En los últimos días de noviembre mas de 400 militares retirados, pertenecientes a la XIX promoción de la  Academia General del Aire, a la XXIII de la Academia General Militar y a otros grupos, han enviado un total de cuatro cartas al Jefe del Estado manifestando su preocupación por la gestión, según ellos inconstitucional y favorable al separatismo nacionalista, del gobierno de España

La última carta, después de hacer el correspondiente análisis sesgado y catastrofista, acaba con el siguiente texto:

Por último, al firmar esta declaración y comprometer nuestra contribución para revertir la peligrosa deriva en que se ha situado a nuestra Patria, no podemos dejar de renovar una vez más nuestra absoluta lealtad a nuestro Rey y Mando Supremo de las Fuerzas Armadas con el mismo entusiasmo con que lo hicimos al despedirnos de la Bandera finalizado nuestro Servicio activo.

¡VIVA ESPAÑA!

En su chat de WhatsApp, los militares retirados de la XIX promoción incluían propuestas tan demenciales como la de bombardear la sede de la ANC o fusilar a 26 millones de ciudadanos para acabar con esa situación.

El complot de los "sables oxidados" tiene algunas similitudes con la operación Galaxia orquestada por Tejero en 1978, pocos días antes del referéndum constitucional. Aunque el espíritu es el mismo, acabar con la democracia en España, las diferencias son considerables, los conspiradores de 1978 eran militares en activo y no se limitaban a enviar cartas al Rey, sino que pretendían secuestrar al gobierno y boicotear la aprobación de la Constitución.

El contexto  social también era muy diferente, frente a la crispación actual, un tanto artificial, de las derechas, originada por los pactos presupuestarios del gobierno, la operación Galaxia se gestó durante los llamados años del plomo, en los que la actividad de ETA estaba en pleno apogeo. En 1978 ETA ocasionó 65 victimas mortales, muchas de ellas militares, unos años después se producía el intento golpista del 23F.

Aunque las circunstancias sociales no sean las mismas y resulte difícil concebir un golpe de estado en un país europeo en pleno siglo XXI, no parece sensato considerar como una simple pataleta de los manifiestos y los comentarios de estos militares, pues podría interpretarse también que, aunque los militares retirados no tienen mando operativo, si pueden tener una fuerte influencia con otros mandos en activo que en algún momento estuvieron bajo su mando. En este sentido se podría interpretar como un aviso hecho por la "vieja guardia", que tiene libertad de expresión,  como vanguardia de los que están en activo, que no la tienen. En consecuencia, es necesario que el gobierno tome las amenazas en consideración y adopte las medidas legales y políticas oportunas.

El gobierno ha puesto en manos de la fiscalía los contenidos del chat, lo que probablemente tenga poco recorrido si se considera, como en otras ocasiones, conversaciones privadas, pero no ha hecho lo propio con las cartas que pudieran interpretarse, los juristas tendrían que analizarlo, como una invitación al Rey a intervenir al margen de la constitución y aunque menos espectacular si podría tener una calificación penal de intento de sedición.

Un indicador importante de esta situación son las reacciones que han tenido los distintos actores políticos y sociales. El gobierno ha reaccionado positivamente por medio de la ministra de Defensa y el JEMAD, los partidos de izquierdas también han manifestado con contundencia su rechazo a estas actitudes.  Sin embargo las derechas han reaccionado de forma tibia, en el caso de Casado y lamentable en el caso de su actual ariete político, Isabel Diaz Ayuso, que ha justificado los hechos. La ultraderecha poco menos que ha apoyado el manifiesto y los de Ciudadanos, no saben no contestan. Lamentablemente tampoco han opinado los "jarrones chinos"  del PSOE y del PP, ni los barones autonómicos socialistas, que siempre tienen el verbo muy fácil para criticar al gobierno.

La reacción de los medios de comunicación también ha sido contradictoria y muchos de ellos, en su constante afán de equidistar, no han dudado en comparar las barbaridades dichas en el chat con algunas presuntas actitudes ilegales, reales o inventadas pero en todo caso no comparables, de algunos dirigentes de la izquierda.

Hay que mencionar también el silencio del Rey  y de la Casa Real. Aunque el Rey no sea responsable de las cartas que recibe, ante una clara invitación a intervenir fuera de la constitución, sería conveniente que se desmarcará de los firmantes y manifestara su apoyo al gobierno democráticamente elegido. Una declaración del Rey sería, además, una buena oportunidad para recuperar la imagen de la monarquía, muy tocada por los negocios y la posterior huida del Rey emérito.

  

LOMLOE, Con la Iglesia hemos topado

El preámbulo de la LOMLOE se inicia con una justificación histórica de su necesidad. Algunos argumentos, sacados del propio preámbulo de la Ley, se exponen a continuación:

"La universalización de la enseñanza primaria ya se había alcanzado en algunos países a finales del siglo XIX. En el siglo XX se planteó y extendió el acceso generalizado de la población a la educación secundaria y, a finales de este, se convirtió en objetivo prioritario que la educación para todos fuera de calidad." 

Mas adelante se detallan los principales hitos legislativos de los últimos años:

• Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y de Financiamiento de la Reforma Educativa (LGE).
• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE).

Ambas leyes declararon la educación como servicio público, posibilitando su generalización. Posteriormente:

• Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), que estableció́ en diez años el periodo de obligatoriedad escolar e impulsó la formación profesional.
• Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE) proclamaba desde su título el propósito de lograr una educación de calidad, planteando una serie de medidas que fueron objeto de polémica y discusión.

Desde esos años, la sociedad española ha asumido de modo decidido que es necesario mejorar la calidad de la educación, pero también que la calidad y la equidad son dos principios indisociables, como han señalado las más importantes evaluaciones internacionales.

• Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006, que hizo suyo el objetivo irrenunciable de proporcionar una educación de calidad a toda la ciudadanía en todos los niveles del sistema educativo; es decir, una educación basada en la combinación de los principios de calidad y equidad.
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE, tambien llamada Ley Wert) que representó una ruptura del equilibrio que se había alcanzado en la LOE entre diferentes visiones y planteamientos acerca de la educación que deben necesariamente convivir en un sistema democrático y plural.

La LOMCE propuso una ordenación académica que configuraba trayectorias o itinerarios de desigual valor educativo para los estudiantes de educación secundaria obligatoria y que además conducían a títulos diferentes, tras la realización de unas evaluaciones externas de fin de etapa asociadas a esa diversidad de itinerarios. 

En relación con la autonomía y gobierno de los centros, la LOMCE limitó la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, reduciendo las competencias de los órganos colegiados y transfiriendo parte de ellas a una dirección escolar sobre cuya selección adquiría un mayor grado de control la Administración educativa.

Así pues, la finalidad de esta Ley no es otra que establecer un renovado ordenamiento legal que aumente las oportunidades educativas y formativas de toda la población, que contribuya a la mejora de los resultados educativos del alumnado, y satisfaga la demanda generalizada en la sociedad española de una educación de calidad para todos.

Las diferentes propuestas legislativas de los últimos años no pueden despacharse simplemente con el argumento, ampliamente utilizado por los medios de comunicación, de que los partidos políticos son incapaces de consensuar una ley de educación válida para todos y para siempre. La historia de nuestra democracia ilustra los intentos de avance propuestos por los gobiernos socialistas : LGE, LODE, LOGSE Y LOE y los retrocesos educativos de las leyes aprobadas por los gobiernos del PP: LOCE y LOMCE.

La LOMLOE no es más que la vuelta actualizada a los criterios educativos de la LOE, mejorados con algunos cambios relativos a otros puntos del máximo interés: la convivencia de los centros concertados con los públicos y el papel secundario de la asignatura de Religión. Otros argumentos utilizados contra esta ley, como el supuesto ataque a la libertad de enseñanza, la supresión de los centros especiales o la marginación del español en las CC.AA. con lengua propia, no son más que cortinas de humo para ocultar las verdaderas intenciones de los principales promotores de la protesta: las ordenes religiosas que gestionan el 88% de los conciertos educativos.

Los conciertos educativos  se pusieron en marcha en 1985, con el gobierno socialista de Felipe González (LODE). En un primer momento, las subvenciones a centros privados mediante estos conciertos se justificaron por la imposibilidad de la red pública de cubrir una creciente demanda de plazas escolares debida al fuerte crecimiento demográfico (baby boom) y la ampliación de los años de escolarización obligatoria.

Los centros concertados eran también gratuitos en 1985, pero la transferencias a las autonomías permitió que poco a poco se fueran imponiendo "cuotas voluntarias" que actualmente están en torno a los 200€/mes.

La LOMLOE suprime estas cuotas, prohíbe que las materias complementarias se impartan dentro del horario escolar, y da prioridad a las familias con menos recursos y proximidad a los centros en la solicitud de plazas. También prohíbe la cesión se suelo público para la construcción de nuevos centros concertados.

Con estas limitaciones el negocio de los centros concertados queda muy tocado y con el fomento simultaneo de la construcción de centros públicos se pretende restablecer el equilibrio diseñado en 1985.

En cuanto a la enseñanza de la Religión, impuesta por el concordato firmado justo antes de aprobarse la Constitución de 1978, el hecho de que no compute para la nota media y que no tenga asignatura alternativa debería tener un efecto disuasorio para los estudiantes pues supondrá tener mas horas de clase sin ningun beneficio académico. Solo los chicos/as que tengan una fuerte motivación religiosa asistirán a estas clases.

Apoyos presupuestos 2021

Los presupuestos del Estado todavía vigentes fueron aprobados por el gobierno de M.Rajoy el 23 de  Mayo de 2018, pocos días antes de la moción de censura (1 de Junio) que dio la presidencia del gobierno a Pedro Sanchez.

El rechazo por una amplia mayoría (198 votos) de las enmiendas a la totalidad del proyecto de PGE 2021, anticipan casi con total seguridad que no habrá una tercera prorroga y se aprobaran unos nuevos presupuestos para 2021.

Los 198 votos que aprobaron la tramitación de los PGE corresponden, además de a los miembros del gobierno PSOE y Unidas Podemos, a otros partidos tan contradictorios entre sí como Ciudadanos por un lado y ERC y Bildu por otro, que han declarado reiteradamente la imposibilidad de votar conjuntamente los mismos presupuestos.

La postura a adoptar sobre los PGE, especialmente en una situación tan crítica como la actual, debería depender principalmente de sus contenidos y no de quien los apoya, pues las causas de unos y otros pueden ser muy diferentes. Sin embargo, tanto los dos partidos nacionalistas de izquierdas como Cs se han mostrado incompatibles entre sí mediante un argumento aparentemente infantil del tipo "yo con ese niño no juego".

Aunque el argumento en si mismo es muy débil, esconde una estrategia a largo plazo sobre los apoyos que puede esperar el gobierno durante el resto de legislatura.

Los tres partidos implicados en esta polémica tienen una circunstancia en común:  vienen de una posición política marginal y parecen decididos a integrarse  en "la normalidad democrática", cada uno a su ritmo y con sus contradicciones.

BILDU lleva diez años  de peregrinación desde que ETA decidió dejar la violencia y disolverse y poco a poco va buscando un equilibrio para compatibilizar su independentismo  con una actuación política positiva.

ERC, después del fracaso del procés, busca otro camino para desarrollar su política sin renunciar por ello a la independencia de Cataluña.

En definitiva, aunque Bildu y ERC mantienen la reivindicación independentista de ambos territorios, que es legítima, se están orientando hacia vías democráticas compatibles con la participación activa en las instituciones del Estado.

Cs por su parte tiene una situación formalmente similar. Después del estrepitoso fracaso de A. Rivera en su intento de ser el lider de la derecha española, Cs pretende salirse del trio de Colón y vuelve a reivindicar el centro liberal.

Aunque U. Podemos no ha ocultado su preferencia por evitar  la participación de Cs, el gobierno ha estado intentando la cuadratura del circulo de pretender conseguir simultáneamente el apoyo de la izquierda independentista y el del "centro liberal", 

Finalmente, Bildu culmina la operación dando un apoyo total a los presupuestos con una declaración de Otegui, refrendada por el 90% de sus militantes, que fue seguida inmediatamente después por una declaración similar de ERC y obligó al PNV a hacer lo mismo.

Cs que había arrancado alguna pequeña concesión del gobierno, que en su exageración habitual intentó vender como "grandes líneas naranjas presupuestarias", no pudo aguantar el envite y anuncio su rechazo a los presupuestos por incompatibilidad ideológica.

La aritmética parlamentaria ha jugado un papel importante en este proceso. Si el gobierno se hubiera decidido por un pacto con Cs habría perdido 18 votos de la izquierda y puesto en riesgo algunos otros de Más País, Compromis o Nueva Canarias, y hubiera dejado la mayoría en solo 180 votos, de los que los 10 de Cs tendrían un valor determinante, un riesgo inasumible para el gobierno.

No ha sido suficiente para alcanzar un acuerdo con la derecha el apoyo mediático, de la patronal, de algunos barones socialistas y de algunos lideres del socialismo (pre)histórico.

Afortunadamente estamos en otra época en la que hay que esperar que Bildu y ERC sigan con su evolución  positiva y Cs siga con su camino hacia el centro liberal y evite volver al bunquer del trifachito. La apuesta que ha hecho Cs en esta ocasión ha sido demasiado ambiciosa y aunque la hubiesen defendido con más inteligencia, era muy difícil que prosperara.

Good bye, presidente Trump

 

Como cualquier ciudadano decente del mundo, quiero mostrar mi satisfacción por el resultado de las elecciones presidenciales norteamericanas.

Con más dificultades de las previstas, tema que tendría que ser objeto de reflexión, la sociedad norteamericana ha expulsado de la Casa Blanca al que sin duda ha sido el presidente más nefasto de las últimas décadas, tanto para sus compatriotas, como para el resto de de los paiçíses del mundo.

Vistos des de España, los procesos electorales norteamericanos son muy sorprendentes. Tienen un sistema electoral mayoritario y de carácter confederal indirecto. Los ciudadanos de cada Estado eligen un número de "grandes electores" de acuerdo con su población y el candidato vencedor se los lleva todos con independencia de la diferencia que obtenga. Es un sistema profundamente desproporcionado que da lugar con facilidad, como ocurrió con Trump en 2016, que el nuevo presidente salga con un número de votos  sensiblemente inferior al candidato perdedor.

Este sistema electoral fue diseñado en el siglo XVIII, cuando EE.UU. era un enorme territorio rural con medios de comunicación muy limitados y, dada la gran inercia que tienen los sistemas electorales es muy difícil de modificar. Un ejemplo de esta inercia negativa la tenemos en España con el injusto, absurdo y poco operativo sistema electoral que utilizamos para elegir al Senado y que parece también imposible de cambiar.

Lo que es más incomprensible visto desde España, que tenemos los resultados electorales la misma noche electoral, es el largo proceso de muchos días que tardan en hacer el recuento de votos y lo complicado de los procesos de reclamación que, además, son diferentes en cada Estado.

Por último hay que resaltar el comportamiento de mal perdedor, más propio de un presidente de república bananera, del ya casi expresidente D. Trump que utiliza todo tipo de argumentos "legales" para intentar dar la vuelta a un resultado ya indiscutible.

Muchos miembros del Partido Republicano se están ya distanciando de su presidente, seguramente porque la sociedad norteamericana es más fuerte de lo que él  se cree y no se deja manipular facilmente de una forma tan grosera.

Parece ya imposible que los intentos desesperados por mantener la presidencia den resultado y no le va a quedar más remedio que aceptar la realidad aunque parece que haciendo el mayor daño posible a  su país a sus ciudadanos y a los habitantes de muchos países del mundo.

En cuanto al futuro político de D. Trump no parece muy brillante. Aunque pudiera presentarse a un segundo mandato, en 2024 tendría ya 78 años, una edad excesivamente alta para un presidente. Por otro lado en EE.UU. los expresidentes no tienen ninguna función política por lo que su proyección pública será escasa.

Se inicia un nuevo ciclo político y otros lideres republicanos con aspiraciones presidenciales adquirirán protagonismo en el Senado o en los gobiernos de los Estados, dejando al "Trumpismo" en un segundo plano, aunque no hay que infravalorar la fuerza que el populismo asociado al presidente ha adquirido una fuerza enorme que habrá que tener en cuenta en los próximos años.

Estado de Alarma 2

La negativa evolución de la pandemia del COVID 19 ha obligado al gobierno a decretar un segundo Estado de  Alarma para toda España, si no se cuenta el específico que se hizo para confinar algunos municipios de la Comunidad de Madrid.

Este 2º Estado de  Alarma se gestiona dentro de un modelo de cogobernanza en el que las CC.AA., que, si se excluye Madrid, parecen haber aparcado sus celos competenciales, están pidiendo la colaboración del Estado para aplicar medidas más eficaces.

Las medidas aprobadas: confinamiento perimetral de territorios, toque de queda nocturno y restricción de horarios, tienen carácter defensivo, orientadas a frenar la propagación del virus, tanto dentro como fuera de los territorios, pero incapaces, como se está demostrando por su aplicación en otros países europeos con mejor infraestructura sanitaria y que han movilizado más recursos que nosotros, de eliminarlo.

Algunas CC.AA. están pidiendo medidas aun más duras, pero el gobierno ha preferido aplazarlas hasta ver los resultados de las medidas ya promulgadas.

Solo algunos países asiáticos como China han sido capaces de parar la epidemia. Para ello han movilizado enormes recursos y han aplicado confinamientos muy duros, que se han apoyado en el comportamiento de una población mucho más disciplinada que la europea. Para evitar posibles rebrotes, estos países siguen manteniendo fuertes medidas de vigilancia sanitaria .

Cada día es más evidente que  para conseguir  parar la pandemia, a Europa solo le queda esperar la llegada de la vacuna y a que se desarrollen cuanto antes antivirales específicos y eficaces. Las medidas de contención que se están adoptando solo  van a servir para esperar ese momento con los menores daños posibles.

El confinamiento completo que se hizo en la primavera durante la primera ola de la pandemia, demostró su eficacia a pesar de los muchos fallos detectados. Sin embargo, factores como:

• La precipitación en terminar con el Estado de Alarma, impulsado por diversos partidos nacionalistas y de derechas, cada uno con sus argumentos específicos pero todos con el factor común de priorizar aspectos económicos, políticos o de identidad, sobre la salud pública.

• Los errores cometidos por las CC.AA. en el proceso de desescalada que no dieron la importancia necesaria a la contratación de rastreadores y al refuerzo de la atención primaria.

• La relajación de un sector significativo de la ciudadanía que ignoró con mucha frecuencia la necesidad de limitar los contactos sociales.

propiciaron que durante los meses de verano hubiera en nuestro país un incremento desmesurado de los contagios, que han continuado y se han incrementado en otoño con la segunda ola.

Desde un punto de vista político se ha producido alguna evolución desde  el primer Estado de  Alarma. Los gobiernos autonómicos apoyan en general las medidas adoptadas pero en el parlamento nacional, la derecha y la extrema derecha siguen instaladas  en la demagogia permanente mientras Cs mantiene un apoyo crítico dando una de cal y otra de arena.

Aunque el gobierno ha conseguido aprobar una duración de seis meses para el Estado de  Alarma, que permite asegurar una perspectiva temporal suficiente frente a la fragilidad de la etapa anterior que necesitaba  revisiones quincenales, no ha logrado un consenso mayor que podría haber alcanzado con una mayor flexibilidad en sus planteamientos.

La lucha contra la COVID19 necesita tener el máximo apoyo político y no lo está consiguiendo porque muchas veces se ponen por delante temas menores que deberían resolverse con cierta facilidad si los partidos políticos, y en este caso no hay más remedio que generalizar, se resistieran más a su tendencia genética de "marcar territorio".

VOX se estrella

La moción de censura presentada por VOX contra el gobierno progresista ha tenido un efecto  contrario al deseado por sus promotores. 

La intención de VOX era liderar la oposición de derechas, obligando al PP y a Cs a definirse votando a favor, o al menos, absteniéndose en la votación parlamentaria.

La  lógica política era evidente, si durante estos meses de gobierno progresista el PP, y en menor medida Cs, habían mantenido posiciones muy parecidas a las de VOX, no tenía sentido que se opusiesen a su moción de censura.

El resultado final de la votación dejando solo a VOX en la defensa de su moción y con un discurso claro y rotundo de Pablo Casado poniendo a la ultraderecha en su sitio, ha convertido por primera vez al Congreso de los Diputados en un parlamento  europeo en el que los neofascistas no son bienvenidos.

La posición del PP es un claro salto adelante en la vuelta hacia cierta  normalidad institucional, pero no es en absoluto suficiente y para que su cambio sea creíble, son necesarias otras actuaciones que lo confirmen, tanto en el parlamento nacional como en la Unión Europea y en las autonomías y ayuntamientos en las que gobierna apoyado por VOX.

En el parlamento nacional el PP debería hacer algunas cosas tan elementales como:

• Dejar de bloquear la renovación de las instituciones (CGPJ; TC; Defensor del Pueblo.....) 
• No utilizar sistemáticamente la pandemia para descalificar al gobierno y apoyar el Estado de Alarma.
• Dejar de hacer demagogia fácil en las sesiones de control  al gobierno.
• Hacer enmiendas constructivas en los PGE y en la gestión de los fondos europeos.

En el parlamento europeo deberían abstenerse de conspirar contra España con los grupos mas reaccionarios del Parlamento Europeo.

En las CC.A donde gobiernan el PP(y también Cs) tienen un papel más difícil, pues son prisioneros del apoyo externo de VOX, que, además, tomará la iniciativa en ellas como respuesta a la bofetada que ha supuesto el NO, y el discurso del PP, en su moción de censura.

En los acuerdos de gobierno de las CC.AA de Andalucía, Murcia y Madrid y en el Ayuntamiento de la capital. VOX asumió el papel de "pagafantas" apoyando gobiernos en los que no participaba y aguantando, además, los gestos de asco de Ciudadanos.

En este contexto VOX podría limitarse a algunas "acciones menores" contra los gobiernos de derechas como:

• Hacer declaraciones críticas.
• Votar en contra de sus iniciativas.
• Presentar enmiendas a sus propuestas de ley.
• Hacer propuestas incomodas para ellos obligándoles a  tomar posición.
• Apoyar alguna iniciativa de los partidos de izquierdas.

Una vuelta más de tuerca podría ser:

• Rechazar sus presupuestos en un momento en que  son mas necesarios.
• Exigir la entrada de VOX en los gobiernos autonómicos.

Estas acciones pueden obligar al PP a convocar elecciones anticipadas o incluso a que pueda producirse un relevo en los gobiernos, aunque hay que suponer que VOX nunca favorecerá un gobierno de izquierdas.

La situación más crítica está sin duda en Madrid donde el PP tiene una presidenta totalmente inoperante que, además, tiene un enfrentamiento constante con su vicepresidente de Cs. Una posición activa de VOX en Madrid contra el gobierno PP-Cs, podría reventarlo  y abrir camino a una moción de censura contra el gobierno de la comunidad madrileña.

Las togas en pie de guerra

El poder judicial, igual que los otros poderes de un Estado democrático, depende del pueblo y debe ser elegido por él de una u otra forma.

También es necesario, y la Unión Europea está poniendo mucho énfasis en ello, que el poder judicial tenga la máxima independencia posible del poder político.

Esta doble condición no es fácil de conciliar en la práctica pues la especificidad del poder judicial hace inviable su elección directa y, al tener que elegir los jueces de forma indirecta, se produce una inevitable relación con el poder político.

En España, en forma similar a algunos otros países europeos, se ha creado un organismo especifico, el Consejo General del  Poder Judicial (CGPJ) para gobernar y administrar los tribunales con independencia del gobierno. El CGPJ, compuesto por  20 miembros más el presidente, se elige actualmente por las cámaras parlamentarias a razón de 8 miembros entre  juristas de reconocido prestigio y 12 entre jueces y magistrados, la mayoría necesaria es de 3/5 en ambos casos, aunque la Constitución solo obliga a esta mayoría en el caso de los 8 juristas.

El bloqueo sistemático del PP en la elección de estos vocales ha llevado a que lleven en funciones  más de  dos años. Este bloqueo es sistemático y responde a una estrategia política destructiva, pues afecta también a otros órganos importantes como Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Consejo de RTVE, y responde a una forma filibustera de hacer política de oposición que el PP esta poniendo en práctica desde que perdió el gobierno en la moción de censura.

Para salir de esta situación anómala, los grupos parlamentarios PSOE y UP han presentado una proposición de ley para cambiar la forma de  elección de los miembros del CGPJ consistente en hacer una segunda vuelta por mayoría absoluta si no se han obtenido 3/5 en la primera.

Aunque esta propuesta garantiza que se complete la elección de los miembros del CGPJ, aumenta la dependencia política pues con este sistema, los partidos que apoyan al gobierno pueden obtener con más facilidad los representantes de su preferencia.

La propuesta presentada incluye también la limitación de funciones del Consejo una vez terminado su mandato, lo mismo que sucede en cualquier otro órgano electivo. Es posible que la simple aprobación  de esta opción facilite el consenso sin necesidad de modificar las mayorías necesarias.

Algunos miembros del Consejo, algunos tribunales superiores las asociaciones de jueces y los partidos de derechas han expresado su oposición a esta reforma legal y, para limitar la dependencia política proponen una elección directa por los jueces, sin considerar que, de hacerse así, tendríamos una dependencia corporativa y tecnocrática con el consiguiente déficit democrático pues los jueces ya no dependerían del pueblo y sino de un grupo de funcionarios cualificados, no elegidos por nadie.

Las espadas siguen en alto y para salir del atolladero, el gobierno ha congelado su propuesta para intentar llegar a un acuerdo sobre la legislación actual de mayoría de 3/5, comprobando de paso si el reciente distanciamiento entre PP y VOX producido en la moción de censura de VOX, empieza a tener consecuencias positivas.

Gambito de Rey a Felipe VI

El gambito de rey es una jugada de  estrategia del  ajedrez, que consiste en ofrecer el sacrificio de una pieza a cambio de obtener ventaja posicional. La pieza que se ofrece para el sacrificio es el peón de rey.

El presidente, en funciones desde hace mas de  dos años, del CGPJ y del Tribunal Supremo ha inventado una nueva suerte de gambito de rey, ofreciendo el sacrificio no de un peón sino del propio Rey, con el objetivo aparente de mejorar su imagen, un tanto deteriorada por su prolongada situación de interinidad.

Afortunadamente el gobierno rehusó el gambito protegiendo con ello la figura del Rey.

La operación consistía en invitar al Rey a presidir un acto judicial de entrega de nombramientos haciendo coincidir su fecha con la de la promulgación de la sentencia contra el ex presidente Torra, aprovechando que el mismo controlaba las dos acciones.

El gobierno consideró la presencia del Rey en Barcelona en una fecha tan conflictiva innecesaria, pues podría dar lugar a manifestaciones importantes contra la monarquía que contribuirían al deterioro de la institución ya un tanto desprestigiada sobre todo en Cataluña. No se trata por tanto de la seguridad  física del Rey, que tiene que estar garantizada en cualquier circunstancia.

El acto sustitutivo programado por el gobierno, en mi opinión innecesario, para compensar la anterior ausencia del Rey, consistente en otra entrega de premios a no importa quien, dio lugar a manifestaciones independentistas contra la monarquía, seguramente menos numerosas que las que hubieran tenido lugar en el momento de la sentencia contra Torra.

La posterior disculpa del Rey por no asistir al acto, hecha publica por el presidente del CGPJ de forma imprudente, y quizá interesada, provocó la protesta de algunos ministros de Unidas Podemos, que consideraron que Felipe VI se había salido de su papel constitucional.

La tormenta siguió creciendo con el rasgado de vestidura de las derechas nacionales que consideran al Rey como una figura sagrada e intocable.

El resultado de esta controversia  es  un incremento del desprestigio de la monarquía en sentido contrario de las pretensiones de la derechas que, al considerar al Rey como de su propiedad, contribuyen a separarlo del conjunto de la población haciendo un flaco servicio a la monarquía.

En pleno siglo XXI, la institución monárquica, que atribuye la jefatura del Estado al heredero de una determinada familia por derecho divino, no tiene ninguna defensa teórica. Su única justificación es la inercia histórica que, a base de reducir su capacidad operativa y limitarse a funciones simbólicas, ha conseguido mantenerse en algunos países europeos.

En España la monarquía fue restaurada por el general Franco con objeto de perpetuar la dictadura, sin embargo, la actitud positiva del Rey Juan Carlos en los tiempos de la transición, consiguió que lo que en principio  fue una imposición del dictador, tuviera un importante apoyo popular.

Desde 1978 muchos ciudadanos nos convertimos en republicanos Juancarlistas, pues, aunque seguimos considerando que la república es el único modelo de Estado admisible, una monarquía parlamentaria puede ser un modelo aceptable por razones pragmáticas. 

Evidentemente hay muchos otros ciudadanos que no  comparten esta idea y siguen, con todo su derecho, reivindicando la necesidad de proclamar cuanto antes la tercera República.

La huida del Rey emérito a un país feudal después de que haya salido a la luz su implicación en negocios de muchos millones de  euros impropios de su posición, está consiguiendo que los antiguos republicanos Juancarlistas nos estemos quedando sin argumentos y nos sintamos más cerca de los republicanos radicales.

Surge entonces la siguiente pregunta ¿Sigue siendo la monarquía una institución que hay que defender a toda costa?

Hace unos años la respuesta hubiera sido claramente positiva, pues los costes sociales y políticos que  supondría ese intento serían superiores a los beneficios de  una república parlamentaria sobre la actual monarquía, y el referéndum asociado a ese cambio constitucional se resolvería con toda probabilidad de forma favorable a la monarquía.

A fecha de hoy después de conocerse los negocios del rey emérito, y del procesamiento anterior por corrupción de su hija y de su yerno, la respuesta no está tan clara.

El gobierno está obligado a seguir protegiendo la institución monárquica pero tiene que ser consciente, y también la casa real, de que el apoyo no puede ser eterno y que es necesario extremar la prudencia para  evitar que la institución siga deteriorándose.

Madrid en la encrucijada

El voto en contra de la Comunidad de Madrid, con reclamación judicial incluida, al acuerdo adoptado por  la Comisión intersectorial de sanidad de restringir la movilidad en las ciudades de mas de 100.000 habitantes que tengan una incidencia de infectados por coronavirus superior a 500 por cada  100.000 habitantes, ha llevado a esta comunidad a una encrucijada de complicada salida.

La posición adoptada por la presidenta IDA (Isabel Diaz Ayuso) no ha tenido el apoyo de Cs cuyo máximo dirigente y vicepresidente de la comunidad, celebró primero el acuerdo con el gobierno central y  se manifestó a continuación contrario a la reclamación judicial. Posteriormente dimitió el consejero de políticas sociales, también de Cs, que ya había tenido diferencias profundas con IDA por la gestión de las residencias de mayores.

La desautorización pública de IDA y sus edecanes a la postura del vicepresidente anuncia una crisis en el gobierno de Madrid que en lógica política elemental, debiera suponer la dimisión de Ignacio Aguado (IAG) e incluso extenderse a todos los consejeros de Cs.

Si IAG no dimite quedaría en una posición política humillante y Ciudadanos como un partido sin valor en la comunidad madrileña.

Si IAG dimite se abriría una profunda crisis política cuya salida es compleja. Una autentica encrucijada.

Las opciones podrían ser las siguientes:

• PP y Cs recomponen sus diferencias, incluso con intervención de sus dirigentes nacionales y IAG reconsidera su posición de dimitir.
• IAG mantiene su dimisión y es sustituido por otro diputado/a de Cs.
• Cs sale del gobierno de Madrid pero mantiene su apoyo parlamentario negociando los puntos conflictivos con el PP.
• Ruptura total entre PP y Cs que abre  la opción de la moción de censura.
• Con independencia de la posición que finalmente adopte IAG, podría producirse la rebelión de un sector de Cs  que  se uniría  a la izquierda para impulsar la moción de censura.
• IDA convoca elecciones anticipadas para evitar la moción de censura.

La encrucijada política que se ha producido en Madrid afecta a todos los grupos políticos de la Asamblea.

• El PP tiene que decidir si mantiene su postura de oposición total al gobierno nacional arriesgando su pacto con Cs y poniendo en riesgo los acuerdos suscritos en otras CC.AA. y Ayuntamientos.
• Cs tiene que decidir entre aceptar las humillaciones continuas de IDA, que le están convirtiendo en un partido irrelevante o completar el giro al centro que, con muchas dudas y contradicciones, ha iniciado en el parlamento nacional.
• El PSOE tiene que decidir si mantenerse como hasta ahora como un simple espectador de primera o dar un paso hacia la moción de censura incluyendo la posibilidad de que sea fallida o que tenga que apoyarse en el sector crítico de Cs.
• Más Madrid y Unidas Podemos tienen que evitar posturas maximalistas y no dificultar el posible acuerdo con Cs.

Todos los grupos tienen que tomar decisiones arriesgadas pero, por encima de las estrategias políticas están las necesidades de los ciudadanos madrileños que son  el territorio europeo más afectado por la pandemia y si no se cambia la política que se está haciendo en la Comunidad, es muy probable que la situación sanitaria de Madrid empeore más todavía. 

Si queda alguien sensato en la derecha que crea que con el gobierno de IDA Madrid puede salir de forma positiva de esta encrucijada, debería reflexionar seriamente. Está reflexión tendrían que hacerla principalmente en la dirección nacional del PP,  pues mantener su apoyo incondicional a IDA puede suponer el hundimiento del PP en Madrid, en beneficio de la ultraderecha de VOX y en perjuicio del conjunto de la ciudadanía.

España NO FUNCIONA

 

La gestión de la pandemia del COVID 19 ha puesto de manifiesto un conjunto de debilidades  en  el funcionamiento del Estado que, en la mayor parte de los casos, tienen un origen estructural aunque la pandemia las haya agravado de forma importante. En primer lugar hay que mencionar el lamentable funcionamiento de los servicios de atención a los mayores, las residenciaras geriátricas, que escasas de personal y de recursos y en muchos casos mal gestionadas, fueron responsables del alto número de fallecimientos de personas mayores durante la primera ola de la pandemia.

Hay que  considerar también la situación de la sanidad pública que, sometida a recortes durante muchos años, con escasez de personal, que además tiene unas condiciones de trabajo muy precarias, no es capaz de dar una respuesta a las necesidades de la población en la segunda ola de la pandemia. Si en la primera ola el comportamiento del sector sanitario fue heroico, en esta segunda ni aplicando el mismo heroísmo y dedicación han podido atender las demandas de la sociedad.

La estructura administrativa de nuestro país no resiste ninguna iniciativa nueva por importante que sea. El gobierno ha aprobado una serie de medidas sociales y económicas con objeto de paliar los efectos económicos  de la pandemia, pero estas iniciativas se  estrellan con la falta de recursos humanos y el exceso de burocracia.En tercer lugar hay que considerar al sector educativo que,  debido a su escasez de medios y recursos, tampoco puede ofrecer  las condiciones de seguridad sanitaria que  se necesitan en este curso 2020 2021.

Los ERTES han servido para preservar los puestos de trabajo de muchos asalariados pero el exceso de burocracia y la escasez de funcionarios para tramitarlos, han provocado retrasos  y complicaciones innecesarias.

Con las mismas trabas, pero con mayor gravedad está tropezando la implantación del Ingreso Mínimo Vital que avanza muy lentamente a pesar de la urgencia de su puesta en marcha.

El adelgazamiento sistemático del sector público impulsado especialmente por los gobiernos de la derecha, el exceso de burocracia, el teletrabajo  implantado en las administraciones públicas como consecuencia de la pandemia y la escasa cultura digital que dificulta el acceso a los servicios de muchos ciudadanos, está convirtiendo a España en un país que no funciona.

En pleno siglo XXI los servicios públicos tienen  que ser mucho más eficaces y para ello es imprescindible reducir la burocracia y generalizar las  tecnologías digitales sin que ello implique reducción de empleados públicos ya que la digitalización de los servicios no pueden sustituir en muchos casos la presencia directa de  profesionales  de especialidades como sanitarios, docentes, cuidadores, u otros muchos profesionales.

El fondo de recuperación de 740.000 M€ aprobado por la Unión Europea para los próximos  siete años del que España se beneficiará con 140.000 M€, incluye entre sus prioridades la digitalización y el refuerzo del número de empleados públicos. Hay que esperar que el gobierno responda positivamente y con decisión a este requisito y deje en el baúl de los recuerdos las sistemáticas y demagógicas reivindicaciones de conservadores y liberales de adelgazar al máximo las administraciones públicas, para impulsar la privatización  que en esta pandemia está demostrando su ineficacia en sectores como la sanidad o las residencias de la tercera edad.

Madrid NO se confina

 

En el debate del estado de la región de Madrid, celebrado los días 14 y 15 de septiembre, la presidenta regional Isabel Diaz Ayuso (IDA) sacó pecho por su brillante gestión, considerando que el suyo era el mejor gobierno posible del mundo mundial. Las críticas y propuestas de los tres partidos de izquierdas fueron rechazadas sin contemplaciones por IDA y por su vicepresidente de Ciudadanos, que no se decide a dar el paso de romper la coalición y se limita a justificar, aunque sea con la boca pequeña, la actuación de su presidenta.

Al día siguiente, miércoles, con un día de retraso, se publicaron los datos de contagio en Madrid que batieron todos los récords, hasta el punto que el viceconsejero de sanidad, Dr. Zapatero, anunció que se estaban estudiando medidas de confinamiento en Madrid.

Las declaraciones del doctor Zapatero fueron inmediatamente matizadas por la  presidencia que intentó hacerle rectificar, lo que, en un rasgo de dignidad, el viceconsejero no hizo. Tuvo que ser el siempre servil consejero de sanidad el que salió a rectificar  y a comunicar  que de confinamiento nada, solo "restricciones de movilidad", que se comunicarían en unos días.

En este contexto llegó la carta del presidente del gobierno ofreciendo su ayuda a la Comunidad de Madrid y proponiendo mantener una reunión con IDA en la sede de la propia Comunidad.

La carta de Pedro Sanchez (PS) es un documento excesivamente constructivo, que respeta las competencias de la Comunidad y evita las criticas a la gestión de IDA, con el animo de evitar polémicas y tomar decisiones positivas.

El viernes, después de varios retrasos, IDA, acompañada de un avergonzado vicepresidente y del siempre servil consejero de sanidad, nos dio una teórica sobre las medidas a tomar, volvió a responsabilizar al gobierno de la nación, aunque, dada su próxima entrevista con PS, evitó su tradicional agresividad. El vicepresidente  Aguado intervino para  manifestar su acuerdo  y dar imagen de unidad, aunque su tono fue bastante más moderado y finalmente, el consejero de sanidad  detalló las restricciones propuestas que se refieren a 37 zonas sanitarias, que corresponden a los barrios y municipios con mayor indice de infección y también de menor renta y peores condiciones de vida, y se limitan a recomendar, no tienen competencias para prohibir, restricciones de movilidad, reducción de horarios y aforos y bajar a seis el número de  personas por grupo familiar o social. Ni una palabra sobre refuerzo de centros de salud, incremento en el número de  rastreadores o aumento de los servicios de transporte de metro y autobús para reducir su masificación.

Las medidas son mucho más suaves que las promulgadas en otras comunidades con una incidencia vírica mucho menor y no convencen a ningun experto. Las protestas de la ciudadanía, sanitarios, docentes y asociaciones vecinales van en aumento y manifiestan su disconformidad diariamente. Los partidos de izquierdas del parlamento madrileño están llegando al limite de su paciencia y están a punto de presentar una moción de censura que cada día se ve más urgente.

El próximo acto tendrá lugar el próximo lunes con la visita de PS a la Puerta del Sol. Esta reunión tiene que ser determinante, el gobierno de España no puede limitarse a poner paños calientes y ofrecer su colaboración a la  Comunidad de Madrid. Es necesario que actúe con firmeza y determinación y haga uso de sus capacidades para obligar a que en Madrid se adopten las medidas necesarias con o sin la conformidad de la presidencia de la Comunidad, aplicando el Estado de  Alarma o el articulo 155 de la constitución si fuera necesario. Madrid no puede seguir en las manos exclusivas de IDA y sus colaboradores.

Hay que esperar que durante el fin de semana  se realicen las gestiones necesarias con el partido Ciudadanos para facilitar que la reunión del lunes tenga un resultado positivo.

Curso político 2020-2021

El final del mes de Agosto da la señal de salida para el comienzo del siguiente curso político, que esta vez se presenta muy complicado.

La pandemia del COVID 19, que se ha recrudecido en el mes de agosto, va a condicionar los primeros meses de este curso político o incluso el curso político entero. Aunque esta situación crítica debería en buena lógica propiciar el entendimiento de todas las fuerzas políticas para conseguir sacar a España tanto de la crisis sanitaria como de la subsiguiente crisis económica y social que el virus ha provocado, todo indica que es muy difícil que sea así y que los grupos políticos mantendrán sus comportamientos habituales.

El PP ha destituido a la marquesa de Casa Fuerte como portavoz parlamentario en lo que, en un primer momento, parecía ser un cambio de rumbo en la estrategia política del partido, pero las primeras actuaciones de la nueva portavoz, que no  pertenece a la nobleza, indican que el cambio se ha debido a pérdida de confianza por la falta de disciplina de la marquesa y no a un cambio de estrategia.

Antes del verano el gobierno propuso un pacto de Estado, con un formato parecido al de los Pactos de la Moncloa de 1976. El PP lo descafeinó convirtiéndolo en una comisión parlamentaria que, finalmente, no sirvió para nada.

El gobierno vuelve otra vez a la carga, consciente de la importancia que tendría para la recuperación de la crisis económica y social un acuerdo de todas las fuerzas políticas, o, al menos, de una buena parte de ellas, focalizado en los presupuestos que están obligados a gestionar de la forma más eficiente posible, los acuerdos económicos adoptados en la Unión Europea.

El primer contacto con el presidente del PP ha resultado ser un fracaso absoluto y en él se ha constatado que el PP sigue instalado en la dureza extrema y la demagogia continua. Su mensaje simplón de que no puede pactar con los que quieren acabar con la monarquía y romper España es muy infantil, del tipo"yo con esos no me junto", lo coloca junto a VOX, en la marginalidad del sistema parlamentario.

Sorprende la errática propuesta que ha hecho el presidente popular al gobierno: Crear una gran Agencia económica para gestionar los fondos  que va a aportar la Unión Europea, es decir pretende que una supuesta agencia independiente gestiones ese instrumento fundamental para cualquier gobierno, además se apoya en una ley de 2006 que se hizo para otras cosas y que Rajoy derogó en 2015. O Pablo Casado nos quiere tomar el pelo a todos, o está asesorado por algún lunático que hace propuestas sin sentido.

La derecha debiera plantearse sustituir a su presidente por alguien que al menos, tenga una mínima talla intelectual.

El comportamiento de Ciudadanos fue mucho más constructivo. En su reunión con el presidente del gobierno, Inés Arrimadas se limitó a hacer unas cuantas propuestas genéricas con las que no se puede estar en desacuerdo y a manifestar su postura de  posible apoyo a pesar de sus diferencias con Bildu y ERC, que no parecen tan insalvables como en otras ocasiones.

El PNV se manifestó en su reunión proclive a negociar con el gobierno y ERC puso en primer plano la celebración de la reunión pendiente entre el gobierno  de España y el govern y luego filosofó sobre la imposibilidad de coincidir en votaciones con Ciudadanos aunque tampoco afirmó de forma rotunda que fuera imposible. Si la reunión con el govern se celebra finalmente, la posición de ERC será seguramente  más flexible.

Finalmente los "pequeños partidos regionales", que tuvieron un contacto telemático con el presidente parece  que tuvieron actitudes muy positivas.

En estas condiciones es muy probable que haya mayoría suficiente para aprobar los PGE a pesar de la fragmentación del parlamento.

Votarían a favor con seguridad los 155 diputados de PSOE y U.Podemos, a los que habría que añadir los 8 de los paridos regionales y los 6 del PNV. En total un bloque de 169, tal vez alguno menos si alguno de los partidos regionales decide abstenerse por algún motivo  de carácter local.

En contra estaría la derecha (VOX, PP, Foro y Navarra suma) y los nacionalistas radicales catalanes (JxCat y CUP) aunque, dada la situación de confusión que se ha creado entre JxCAT y el PDCAT, no sería extraño que alguno de estos últimos tuviera una posición diferente. En total el voto negativo  sumaría 153 escaños.

Quedan por tanto por determinar la posición de los nacionalistas de izquierdas, 18 de ERC y Bildu, que por ideología no  parece lógico que voten en el mismo sentido que la derecha y de los centristas de Ciudadanos que están  entre Pinto y Valdemoro.

Es muy probable que uno de estos dos bloques, o los dos, opten por la abstención.

El mejor caso sería que los 28 diputados  nacionalistas y de ciudadanos votaran a favor de los presupuestos, lo que daría una amplia mayoría de 187 votos y dejará aislada a la derecha.