2020 2021 Balance de dos años de gobierno

Se acaba el año 2021 y con su final, se cumplen los dos primeros años del gobierno de coalición progresista PSOE Unidos- Podemos.

Ha sido un período complicado pues la gestión del gobierno ha coincidido, casi desde el principio, con la mayor pandemia sufrida por la humanidad en el último siglo.

GESTIÓN DE LA  PANDEMIA

En 2020 el principio de la pandemia produjo un desconcierto general en España y en todos los países del mundo, debido a:

• La falta de información  sobre  las características de la infección.
• La excesiva deslocalización industrial que hizo que China, país origen del COVID 19, cortara los suministros de muchos productos sanitarios imprescindibles (mascarillas, EPIS, respiradores..) y España y otros países tuvieron que adoptar soluciones de emergencia para disponer de medios para combatir la epidemia.
• La limitaciones de nuestros servicios de atención primaria, muy debilitados por la falta de personal sanitario fruto de las restricciones presupuestarias de los últimos años.
• Algunas decisiones lamentables en la gestión de las residencias de mayores, como la prohibición que los responsables sanitarios de alguna CC.AA. de derivar a las personas mayores en situaciones graves a los centros  hospitalarios, produjeron un excesivo número de fallecimientos que podrían haberse evitado.

A pesar de estas limitaciones, el gobierno actuó con eficacia decretando un estricto confinamiento de 10 días seguido de sucesivas prorrogas mas suavizadas en los meses siguientes. Esta decisión, incomprensiblemente declarada anticonstitucional a posteriori por el TC, salvó muchos miles de vidas.

El ejemplar comportamiento de los trabajadores sanitarios y de otros servicios esenciales, la excelente gestión de la UME y la colaboración ciudadana improvisando los recursos que faltaban contribuyeron también a limitar los efectos de la pandemia.

Aunque en 2020 se actuó con mucha determinación y  el balance sanitario final estuvo acorde con el de los principales países europeos, los resultados podrían haber sido mejores.

España tuvo la mayor cifra en número de infectados por 100.000 habitantes y se mantuvo algo por encima de la media de estos cinco países en el número de fallecidos.

La rápida llegada  de las vacunas y la eficacia en su distribución durante el año 2021 cambió sustancialmente la situación de España en relación con el resto de Europa. Otro factor determinante ha sido que en nuestro país el número de negacionistas opuestos a las vacunas aunque relativamente significativo ha sido muy inferior al de otros países de nuestro entorno.

Los datos de  2021 son:

En este último período los datos de España son los mejores del conjunto de los cinco países considerados

Los datos globales de los dos años indican con la excepción de Alemania, una  situación muy similar en todos ellos.

En consecuencia considerando el conjunto de los dos años, los cinco principales países europeos han tenido una evolución muy similar.

Desde el punto de vista sanitario el COVID nos ha enseñado varias lecciones:

• Se ha puesto en valor la capacidad científica de la humanidad que ha sido capaz de diseñar vacunas  eficaces en un tiempo récord.
• La solidaridad norte - sur  está teniendo muchas deficiencias pues  el número de vacunados en los países menos desarrollados es muy inferior  a los vacunados en los países del norte
• Los excesos de la globalización, con excesiva dependencia de China, nos ha creado muchas carencias materiales en los primeros meses de la pandemia que es necesario corregir.
• Nuestro sistema sanitario público, cuyos miembros han tenido un comportamiento extraordinario, necesita ser fuertemente reforzado específicamente en atención primaria.
• La gestión de las residencias geriátricas en España, ha sido  el asunto mas vergonzoso de la pandemia y necesita urgentemente un cambio de modelo.

 

Las togas atacan de nuevo

Las limitaciones que algunos tribunales autonómicos están poniendo a la implantación de medidas  de control de la movilidad para luchar contra la COVID 19 y la sentencia del TC declarando inconstitucional algunos aspectos del primer Estado de Alarma, revelan que continua la fuerte beligerancia de algunos jueces superiores contra el gobierno.

La elección de la pandemia de la COVID 19 como campo de batalla contra el gobierno coincide con los planteamientos del PP y VOX que han utilizado el mismo motivo  para atacar al gobierno, lo que, mas que una coincidencia, parece una pinza entre los partidos de derechas y los altos tribunales, cuya renovación está bloqueada hace demasiado tiempo.

La derecha no se resigna a perder la mayoría en el CGPJ, Tribunal Constitucional y Tribunal de Cuentas, que están funcionando como diques de contención contra las políticas progresistas del gobierno.

El llamado "Lawfare", utilización torticera de los tribunales de justicia como arma política, es una practica cada vez mas común en España.

En España, el CGPJ se elige por mayoría de 3/5 lo que requiere el acuerdo de los dos principales partidos y a esta circunstancia se agarra el PP para bloquear su renovación. Este método de votación de 3/5, válido para aprobar leyes de especial importancia, es totalmente inadecuado para hacer una elección democrática pues no garantiza que el proceso de elección se complete de forma satisfactoria. En cualquier otra elección existe siempre una opción alternativa que permite que la elección culmine de forma eficaz, cuando se constituyen los  ayuntamientos, la norma exige mayoría absoluta pero si no es posible, la alcaldía se otorga al cabeza de la lista mas votada, pues no tendría ningún sentido que un  ayuntamiento se quedase sin alcalde por falta de mayoría absoluta, sin embargo los intentos de elegir el CGPJ con mayoría absoluta en una segunda vuelta, no se han llevado a cabo por la oposición de la Unión Europea a este sistema.

La derecha propone un sistema de elección supuestamente mas democrático, aunque realmente es simplemente corporativo: que los jueces eligieran entre ellos el CGPJ, lo que casi garantiza un CGPJ conservador pues la mayoría de los jueces, dado el elevado coste que tiene el acceso a la judicatura, son de familias acomodadas de derechas. 

Este procedimiento totalmente corporativo no respeta  la  procedencia democrática que debe tener el poder judicial. Sería tan corporativo como  que al ministro de defensa lo eligieran los militares o al de sanidad los médicos.

Es de suma urgencia renovar el CGPJ para evitar la intromisión  cada vez mas frecuente de los jueces en la política. 

Fin del Estado de Alarma

La  decisión de suprimir el Estado de  Alarma, adoptada recientemente por el gobierno de España, supone devolver a la ciudadanía sus derechos fundamentales, limitados desde Octubre de 2020 y dejar la responsabilidad del control sanitario de la epidemia en manos de las CC.AA., coordinadas por el Consejo Interterritorial. Para adoptar esa decisión el gobierno ha considerado como prioritarios argumentos sanitarios pero también ha tenido en cuenta argumentos de tipo político, social y económico.

Los argumentos sanitarios expuestos por el gobierno indican que estamos en el momento oportuno para empezar a sacar al país de la UCI sanitaria pues, aunque todavía hay un riesgo alto, los indicadores han bajado y el proceso de vacunación ha cogido un buen ritmo y ya está prácticamente vacunada la población de mayor riesgo. Si consideramos que el efecto rebaño que se alcanza con el 70% de la población objetivo vacunada supondrá el principio del fin de la pandemia y la vuelta  a la normalidad, aunque seguramente con algunas limitaciones, España con un total de 20.2 M de personas vacunadas (6,2 con la pauta completa y 14 con una dosis) ha alcanzado ya el 30%, lo que significa que estamos a medio camino de  alcanzar el objetivo del 70% y, en consecuencia, es un momento oportuno para iniciar una  nueva fase en la lucha contra el COVID 19 que no necesite de la herramienta extrema del Estado de Alarma utilizada hasta ahora.

La decisión no esta exenta de riesgos, pues el momento exacto de salir del Estado de Alarma es difícil de precisar y quizá, desde un punto de vista sanitario, hubiera sido mas prudente esperar una cuantas semanas más, aunque seguramente, aun con un  porcentaje algo mas alto de vacunados las dudas hubieran sido las mismas. Hay que considerar que muchos países de nuestro entorno que están en una  situación de vacunación parecida a la nuestra, están iniciando también procesos de desescalada.

El factor político juega también un importante papel, las dificultades para prorrogar el Estado de Alarma debido a la oposición de varios partidos políticos, cada uno con sus motivaciones, no facilitan pedir una prorroga y no dejan mas opción que utilizar el final programado hace seis meses.

El factor social tiene también mucha importancia, la población necesita liberarse del corsé de muchos meses con limitaciones de movilidad como nos ha demostrado el éxito de la campaña de electoral de IDA que, basada en un concepto simplista e infantil de la libertad, ha calado en buena parte de la población madrileña.

Desde un punto de vista económico también hace falta abrir los territorios, pues es necesario empezar a impulsar el turismo nacional e internacional que sigue siendo un elemento fundamental  de nuestra economía y la competencia de otros países ya se está poniendo en marcha.

El fin del Estado de Alarma no puede ser la vuelta repentina a la normalidad absoluta es necesario  mantener algunas restricciones que habrá que ir suavizando con el tiempo. Las CC.AA. tienen que  gestionar esas restricciones y, según el gobierno central tienen herramientas suficientes. Algunas, como los aforos de lugares públicos, son competencia directa de  Ayuntamientos y CC.AA., otras como los cierres perimetrales y los toques de queda necesitan la aprobación de los tribunales de justicia y sus autos han sido muy diferentes en condiciones parecidas. Aunque el gobierno ha modificado la legislación para permitir el recurso al TS y unificar doctrina, existen algunas dudas sobre si esta opción será suficiente. Por otro lado algunas CC.AA. son reacias a utilizar este recurso por razones de ideología nacionalista y otras, las gobernadas por el PP, porque se resisten a asumir responsabilidades y están mas cómodas echándosela toda al gobierno. Unas y otras tendrían que liberarse de sus complejos y presentar los correspondientes recursos. Si el resultado de los recursos no resuelve de forma satisfactoria las propuestas de las CC.AA., el gobierno central tendrá que proponer otras opciones.

Responsabilidad ciudadana en época del COVID19

La manifestación de Madrid del 8 de Marzo de 2020 fue injusta y sectariamente señalada por la derecha como la primera causa de la difusión de la pandemia en España. Un año después se ha planteado, ahora si con causa justificada, las consecuencias negativas que podría tener una manifestación similar en 2021.

Algunas organizaciones feministas han reivindicado su derecho a convocar manifestaciones, con el compromiso de mantener las medidas de seguridad en cuanto a número de asistentes y distancia social. En casi todas las ciudades españolas, con excepción de Madrid, se han permitido y celebrado actos de este tipo y, en terminos generales, se han respetado las normas de sanidad.

En Madrid, debido a la alta participación que ha habido en años anteriores, el Delegado del Gobierno ha prohibido estos actos y los tribunales le han dado la razón después de las reclamaciones de algunas asociaciones  convocantes. Finalmente en la capital se han hecho algunos actos simbólicos sin mayor conflicto. Hay que felicitar a la mayoría de las organizaciones feministas que han aceptado las limitaciones de mejor o peor grado con solo algunas excepciones que han caído en un victimismo exagerado, comparando las prohibiciones del 8M con otras convocatorias, sin considerar que el factor limitante es el grado esperado de participación y no el motivo de la convocatoria.

En las próximas semanas hay algunas fiestas significativas que podrían contribuir a impulsar la difusión de la pandemia: son el puente de S. José y la Semana Santa. La comisión intersectorial de sanidad ha aprobado perimetrar todas las CC.AA. para evitar desplazamientos vacacionales. Esta posición la han defendido el gobierno central y casi todas las CC.AA. con la habitual excepción de Madrid que ha proclamado su intención de hacer lo que le de la gana amparándose en su peculiar concepto de libertad. La presidenta de Madrid IDA con un comportamiento cada vez mas errático corre el riesgo de que se la confunda con el anterior presidente catalán, Quim Torra. La pregunta es ¿Cuándo proclamará IDA la declaración unilateral de independencia de Madrid?

Afortunadamente algunas fiestas especificas que mueven mucha gente, como las fallas de Valencia o la feria de Abril de Sevilla, han sido suspendidas, lo que indica un comportamiento muy responsable de los Ayuntamientos implicados, que van asumiendo la necesidad de mantener la prudencia unas semanas mas. Hay que esperar que la Iglesia Católica renuncie también a las procesiones de Semana Santa que pueden ser un foco importante de contagio.

En esta situación de pandemia es imprescindible que los ciudadanos, las CC.AA y los  Ayuntamientos tengan un comportamiento responsable pero también sería muy deseable que entidades que por diversos motivos convocan a muchas personas, como entidades deportivas o la Iglesia  Católica, tuvieran en cuenta las normas sanitarias en el momento de programar sus actos. Grandes colas como las de Jesús  de Medinaceli o las concentración de aficionados del Atleti el pasado domingo deberían evitarse y en estos casos, las entidades citadas tienen mucho que decir.

La vacunación va avanzando con paso firme y con las nuevas vacunas aprobadas, hay que esperar que se acelere de forma notable en los próximos meses.

No estropeemos por impaciencia o politiqueos localistas, los avances tan trabajosamente ganados en estos meses.

 

Panorama político 2021

El año recientemente terminado ha sido el de la pandemia del COVID 19 y el de la crisis económica y social asociada, 2021 debe ser el año de la vacuna y de la recuperación económica.

Dentro del panorama político de este nuevo año es obligado mencionar, a nivel internacional, el triunfo de Joe Biden en la presidencia americana que pone fin a una época negra de la historia mundial: la presidencia de D. Trump.

En España el año político ha empezado con la misma crispación que el año anterior. El gobierno está haciendo un gran esfuerzo por salir de la situación en la que nos encontramos, pero la oposición de derechas se dedica a la demagogia y a la descalificación permanente con métodos y argumentos  de escasa entidad política mientras otros sectores políticos minoritarios dan una de cal y otra de arena con lo que los apoyos actuales del gobierno son muy frágiles.

La apertura del curso parlamentario empezó con la aprobación del Decreto Ley sobre la administración de los fondos europeos para luchar contra la crisis económica, que  tuvo lugar con los votos contrarios de PP, Cs y los partidos catalanes, pero que, sorprendentemente, pudo aprobarse gracias a al abstención de VOX.

Las intervenciones catastrofistas de las derechas, sea en relación con el COVID, con los 140.000 Millones de los fondos europeos o con cualquier otro tema son, lamentablemente, habituales en esta legislatura, el PP ha decidido que vale todo contra el "gobierno ilegitimo" y Cs, dando una de cal y otra de arena suele seguir el mismo camino. VOX, que suele competir con el PP y Cs en la agresividad de los argumentos, ha sorprendido con la abstención, después de un discurso tan duro como acostumbra,  y ha permitido aprobar el Decreto Ley, argumentando la prioridad de los intereses de los españoles a pesar del, según ellos, lamentable gobierno que tenemos.

Si VOX ha decidido priorizar el interés de los españoles, bienvenido sea, pero seguramente hay alguna otra razón no explicitada: La indicación de la patronal.

En todo el proceso de la pandemia, los agentes  sociales, incluyendo a la patronal, están teniendo una actitud mucho mas negociadora con el gobierno  que los partidos de la oposición, los 140.000 M€  aprobados van a necesitar muchos proyectos de colaboración público privada y, en consecuencia, los empresarios no están nada interesados en ponerle trabas a estos fondos. En el futuro veremos  si VOX sigue con posturas constructivas y si se convierte, en detrimento del PP, en la voz de la patronal. En todo caso la abstención de la ultraderecha ha dejado colgados del palo de la brocha al PP y a Cs que andan buscando excusas de mal pagador para justificar su voto negativo.

En la parte positiva de este comienzo de año hay que señalar que, aunque haya habido retrasos en el suministro de alguna farmacéutica, el proceso de vacunación marcha bien en España pues se han utilizado el 90% de las vacunas recibidas, siguiendo los protocolos diseñados. Los abusos puntuales de algunos alcaldes o altos cargos han sido atajados rápidamente con los ceses y dimisiones que corresponden mientras que otros, no tan puntuales, perpetrados por gerentes de hospitales que han vacunado a quien les ha parecido oportuno saltándose a los colectivos  prioritarios, están todavía pendientes de reprobación que hay que esperar se produzca pronto. En todo caso son excepciones que confirman la regla general de buena gestión.

Entre los acontecimientos previstos para los próximos meses hay que considerar las elecciones catalanas, que se presentan complicadas, el juicio de los papeles de Barcenas que puede suponer otro clavo en el ataúd del PP.

También hay que esperar, con esperanza, la culminación en el verano del proceso de vacunación COVID 19, la normalización de la actividad laboral y el comienzo de la puesta en marcha de los planes de recuperación económicos.

Madrid NO se confina

 

En el debate del estado de la región de Madrid, celebrado los días 14 y 15 de septiembre, la presidenta regional Isabel Diaz Ayuso (IDA) sacó pecho por su brillante gestión, considerando que el suyo era el mejor gobierno posible del mundo mundial. Las críticas y propuestas de los tres partidos de izquierdas fueron rechazadas sin contemplaciones por IDA y por su vicepresidente de Ciudadanos, que no se decide a dar el paso de romper la coalición y se limita a justificar, aunque sea con la boca pequeña, la actuación de su presidenta.

Al día siguiente, miércoles, con un día de retraso, se publicaron los datos de contagio en Madrid que batieron todos los récords, hasta el punto que el viceconsejero de sanidad, Dr. Zapatero, anunció que se estaban estudiando medidas de confinamiento en Madrid.

Las declaraciones del doctor Zapatero fueron inmediatamente matizadas por la  presidencia que intentó hacerle rectificar, lo que, en un rasgo de dignidad, el viceconsejero no hizo. Tuvo que ser el siempre servil consejero de sanidad el que salió a rectificar  y a comunicar  que de confinamiento nada, solo "restricciones de movilidad", que se comunicarían en unos días.

En este contexto llegó la carta del presidente del gobierno ofreciendo su ayuda a la Comunidad de Madrid y proponiendo mantener una reunión con IDA en la sede de la propia Comunidad.

La carta de Pedro Sanchez (PS) es un documento excesivamente constructivo, que respeta las competencias de la Comunidad y evita las criticas a la gestión de IDA, con el animo de evitar polémicas y tomar decisiones positivas.

El viernes, después de varios retrasos, IDA, acompañada de un avergonzado vicepresidente y del siempre servil consejero de sanidad, nos dio una teórica sobre las medidas a tomar, volvió a responsabilizar al gobierno de la nación, aunque, dada su próxima entrevista con PS, evitó su tradicional agresividad. El vicepresidente  Aguado intervino para  manifestar su acuerdo  y dar imagen de unidad, aunque su tono fue bastante más moderado y finalmente, el consejero de sanidad  detalló las restricciones propuestas que se refieren a 37 zonas sanitarias, que corresponden a los barrios y municipios con mayor indice de infección y también de menor renta y peores condiciones de vida, y se limitan a recomendar, no tienen competencias para prohibir, restricciones de movilidad, reducción de horarios y aforos y bajar a seis el número de  personas por grupo familiar o social. Ni una palabra sobre refuerzo de centros de salud, incremento en el número de  rastreadores o aumento de los servicios de transporte de metro y autobús para reducir su masificación.

Las medidas son mucho más suaves que las promulgadas en otras comunidades con una incidencia vírica mucho menor y no convencen a ningun experto. Las protestas de la ciudadanía, sanitarios, docentes y asociaciones vecinales van en aumento y manifiestan su disconformidad diariamente. Los partidos de izquierdas del parlamento madrileño están llegando al limite de su paciencia y están a punto de presentar una moción de censura que cada día se ve más urgente.

El próximo acto tendrá lugar el próximo lunes con la visita de PS a la Puerta del Sol. Esta reunión tiene que ser determinante, el gobierno de España no puede limitarse a poner paños calientes y ofrecer su colaboración a la  Comunidad de Madrid. Es necesario que actúe con firmeza y determinación y haga uso de sus capacidades para obligar a que en Madrid se adopten las medidas necesarias con o sin la conformidad de la presidencia de la Comunidad, aplicando el Estado de  Alarma o el articulo 155 de la constitución si fuera necesario. Madrid no puede seguir en las manos exclusivas de IDA y sus colaboradores.

Hay que esperar que durante el fin de semana  se realicen las gestiones necesarias con el partido Ciudadanos para facilitar que la reunión del lunes tenga un resultado positivo.

Madrid necesita una Moción de censura

Una vez terminado el Estado de  Alarma que ha tenido paralizado el país durante tres meses, España tiene que iniciar su proceso de reconstrucción a todos los niveles: Estado, CC.AA. y Entidades locales. Este proceso tiene fundamentalmente un aspecto económico y social, pues es necesario recuperar la actividad económica y el empleo pero, tan importante como este, es lo que podríamos considerar como aspecto defensivo. El COVID 19 puede estar controlado, pero no erradicado y las posibilidades de que reaparezca con fuerza dentro de unos meses son, a juicio de los epidemiologos y como se está observando en China o Corea, muy considerables. La pandemia ha puesto de manifiesto muchas debilidades en nuestro sistema sanitario y, en la forma como se han gestionado las residencias geriátricas que han sufrido el golpe más duro de la pandemia.

La Comunidad de Madrid encabeza el ranking de mala gestión en la sanidad y en las residencias de la tercera edad y, ya al final de la desescalada, siguen faltando sanitarios y sigue habiendo centros de salud cerrados y los familiares de las personas fallecidas en las residencias siguen sin tener las explicaciones necesarias y están planteando diversas querellas contra la  Administración  Autonómica.

La posibilidad de un nuevo rebrote de la pandemia en una comunidad presidida por Isabel Diaz Ayuso (IDA), provoca una situación de miedo adicional que los ciudadanos de Madrid no tendríamos que soportar.

El gobierno de la comunidad de Madrid no es solo de derechas, que lo es, es sobre todo totalmente inoperante e incapaz, los errores cometidos son impresionantes, las circulares enviadas a las residencias para no derivar a los enfermos residentes  violan de forma ostensible el derecho a la salud que tiene cualquier ciudadano, las explicaciones dadas y la forma de culpar a otros de sus insuficiencias, impresentable.

Si la moción de censura que permitió a Pedro Sanchez acceder al gobierno tenía una componente ética para impedir tener un presidente del gobierno implicado directamente en temas de corrupción, mantener en la presidencia de Madrid a una persona responsable de estas actuaciones, no es un problema menor y por tanto merece también una moción de censura.

Hay que evitar a toda costa que el PP de IDA siga gobernando y para ello es necesario que el PSOE asuma su responsabilidad política y presente la moción de censura proponiendo a Ángel Gabilondo como nuevo presidente.

La aritmética de la asamblea de Madrid es muy complicada, la izquierda tiene 64 diputados, la derecha extrema y la extrema derecha, PP+ Vox, 42, que con los  26 de Ciudadanos, suman los 68 que forman la mayoría  que apoya al gobierno.

Una moción de censura del PSOE no tendría fácil prosperar pues necesitaría 67 votos que no tiene, aunque en estas circunstancias habría que arriesgarse a perder y presentar la moción por razones de higiene democrática.

Sin embargo el reglamento de la cámara ofrece otra posibilidad: la presentación de un segundo candidato que compita con el primero. En condiciones normales esa opción sería imposible pero, en la situación actual de guerra abierta entre los dos socios de gobierno PP y Cs, con un consejero de asuntos sociales de Cs enfrentado de forma pública con el consejero de sanidad del PP por la gestión de las residencias y con un vicepresidente de Cs que convoca por su cuenta a los portavoces de los partidos de izquierdas al margen de la presidenta, esa posibilidad puede abrirse camino. Si además añadimos la estrategia de desmarque de las dos derechas que está practicando Cs en las últimas semanas, acercándose al gobierno en el Congreso de los Diputados, las posibilidades son todavía mayores

En el hipotético caso que finalmente hubiera dos mociones con dos candidatos, es muy posible que terminara en un acuerdo programático que diese la presidencia a uno de los dos y cumpliese el objetivo principal de desalojar a IDA de la presidencia de Madrid.

La lógica aritmética de los votos tendería a dar la presidencia al candidato socialista, pero la lógica política da más opciones al candidato de Cs. Desde un punto de vista político, Ciudadanos daría un gran salto cualitativo si obtuviera la presidencia de Madrid, la primera presidencia en su historia.

Fuera cual fuera el resultado, la operación tendría un gran beneficiario: la ciudadanía madrileña que se libraría de tener como presidenta a un personaje tan nefasto como I. Diaz Ayuso.

También habría otro componente político positivo: alejar a Cs de las derechas extremas y acercarlos al gobierno, facilitando mayorías en el parlamento nacional y unas consecuencias colaterales en los gobiernos de centro derechas de Andalucía, Murcia y Castilla y León.

El movimiento es complejo y arriesgado y requiere mucho valor por parte de todos:

• Cs ganaría una posición política importante pero tendría que dar un salto estratégico, casi definitivo, alejándose de las derechas.
• El PSOE quedaría en Madrid en una situación secundaria, aunque no mucho más que la que tiene actualmente. A nivel nacional ganaría en estabilidad.
• La maniobra necesitaría el apoyo de uno al menos de los dos grupos de izquierdas, Más Madrid o Unidas Podemos, pues los 63 votos de PSOE y Cs no son suficientes. Este apoyo también es arriesgado para estos partidos, aunque UP, como miembro del gobierno, obtendría los mismos beneficios de estabilidad que el PSOE

En unos momentos tan difíciles como los que vivimos, sería una forma inteligente de hacer política de Estado, mas allá de aspectos tácticos de corto plazo. Madrid saldría del agujero negro en que nos  ha metido el gobierno de Diaz Ayuso y la gobernabilidad del Estado se vería muy reforzada.

COVID19, Operación 8M

La coincidencia de fechas entre el 8 de Marzo, día de la mujer trabajadora y la explosión de la pandemia del coronavirus en España, explica la campaña de la derecha y la extrema derecha, apoyadas por los restos de la policía patriótica, que en su momento organizó el último ministro del interior de M. Rajoy y por algunos jueces de ideología muy conservadora, de establecer una relación causa  efecto entre ambos sucesos.

La información publicada en distintos medios permite hacer una reconstrucción, si no exacta pues, faltan algunos detalles no fundamentales, sí lo suficientemente aproximada para hacerse una idea del contenido de la operación que he bautizado como "operación 8M".

• La operación  comienza el 19 de Marzo con la denuncia de un abogado desconocido y con fama de poco escrupuloso, contra el delegado del gobierno en Madrid por prevaricación, al permitir la manifestación del 8 de Marzo cuando sipuestamente conocía que el COVID19 ya estaba activo en España.
• La denuncia toca por reparto al juzgado 51 de Madrid que abre diligencias no urgentes el 23 de Marzo, encargándoselas a la Unidad de policía judicial de la comandancia de  la Guardia Civil (G.C.) de Madrid.
• El 21 de Mayo la G.C. entrega el informe de las diligencias practicadas por el equipo instructor, un capitán y un teniente, con el nombre de operación sanitario.
• El 25 de mayo la jueza del 51 convoca al Delegado del Gobierno a declarar como imputado el 5 de Junio, primer día disponible por la paralización judicial del Estado de  Alarma.
• El 25 de Mayo el ministro G. Marlasca cesa al coronel P. de los Cobos como jefe de la comandancia de Madrid.
• El 26 de Mayo dimite el DAO de la G.C. en solidaridad con P. de los Cobos. Le faltaban solo unos días para la jubilación.
• El 27 de Mayo aparece en la prensa el informe de la operación sanitario, supuestamente secreto. 
• El 2 de junio se publica una nota interna enviada el 24 de Mayo por la D.G. de la G.C. al Secretario de Estado de  Seguridad proponiendo el cese de P. de los Cobos  por "pérdida de confianza" por "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de policía judicial, con fines de conocimiento"

Desde el momento en que se conoció la destitución del coronel de los Cobos, los coros y danzas mediáticos, periodistas y tertulianos, y parlamentarios, PP, VOX y Cs, empezaron a rasgarse las vestiduras por el escándalo que según ellos suponía el intento del ministro del interior de interferir en una investigación judicial, intentando obligar a un guardia civil a revelar información secreta. El argumento se cae por su propio peso pues el coronel no podía desvelar un informe al que no tenía acceso y la obligación de informar sobre el estado  de las actuaciones le viene obligado por la negativa vigente.

Todas las protestas corales se han focalizado en las formas del cese, obviando el contenido del informe que es una autentica chapuza tan plagado de errores, manipulaciones y falsedades, que no hay por donde cogerlo.

La "operación 8M" tiene algunos detalles poco habituales que la hacen sospechosa:

• Tocó por reparto al juzgado 51, seguramente cualquier otro juzgado hubiera archivado la demanda pero el 51 era sensible a ella. Parece muy probable que el denunciante conociera los turnos de guardia de los juzgados.
• Se activaron diligencias cuando el tema era no urgente  y en condiciones de Estado de Alarma solo se podían tramitar las demandas urgentes.
• La jueza del 51 encargó las diligencias a la comandancia de la G. Civil de Madrid, cuando parecía más lógico recurrir a la policía nacional pues los hechos se produjeron en una zona urbana.
• El contenido del informe presentado no es nada objetivo, está plagado de inexactitudes y parece orientado a demostrar que hubó un delito de prevaricación por no prohibir la manifestación del 8M
• Todos los informes se filtraron a la prensa poco después de ser entregados al juzgado y sin que el ministerio del interior tuviera conocimiento de su existencia.

Todos estos datos son claros indicios de una operación preparada para imputar al Delegado del Gobierno y al propio Gobierno por la propagación del coronavirus dándole, además, un signo ideológico pues supuestamente se hizo para favorecer el acto feminista, olvidando otros acontecimientos masivos; Congreso de Vox, Partidos de fútbol, etc. que tuvieron lugar en esas mismas fechas y que la manifestación del 8M se celebró en todo el planeta, amenazado por la misma pandemia.

No es el primer intento de desestabilización del gobierno apoyándose en supuestas irregularidades: Dimisión del ministro  Maxim Huerta, tesis de Pedro Sanchez, grabaciones clandestinas a Dolores Delgado, patrimonio de Pedro Duque, caso del ministro Ábalos  con Delcy Rodríguez vicepresidenta de Venezuela...., pero está operación 8M  ha tenido una elaboración más complicada aunque su ejecución ha sido  un tanto chapucera.

El "lawfare", definido como un intento de golpe de Estado utilizando una combinación de magistrados, policías, periodistas  y políticos, que triunfó en países como Brasil, propiciando la caída de Lula da Silva y Dilma Russell o Bolivia con la destitución de Evo Morales, para dar paso a gobiernos de derechas, no parece haber tenido éxito en España, seguramente por la poca pericia de los conspiradores y, sobre todo, porque la sociedad española es mucho más madura y avanzada que las sudamericanas y, aunque existan elementos en España en esos sectores claves capaces de embarcarse en  este tipo de aventuras, nuestra sociedad en su inmensa mayoría no respalda estos movimientos.

Sin duda volverán a intentarlo con cualquier otro pretexto, para evitarlo es necesario:

1. La reestructuración de la Secretaria de Estado de Seguridad, renovando los mandos que haya que renovar, labor en la que ya está actuando el Ministro del Interior.
2. La renovación del CGPJ que lleva ya mucho tiempo en funciones con mayoría conservadora, y que es el que decide los destinos de los jueces.
3. El  cambio de estrategia del P.P., cada vez está más cerca de las posiciones y estrategias de VOX.
4. El cambio de actitud de algunos medios de comunicación, que hasta hace pocos años eran considerados como prensa progresista y que han girado hacia posiciones de derechas entrando en competencia ideológica con la "Brunete mediática 2.0", formada por ABC, La Razón, El Mundo, OK diario, la COPE ....

El punto primero es responsabilidad del gobierno que, por lo que se ha declarado, ya está actuando.

Los puntos 2, 3 y 4 dependen, en última instancia de la ciudadanía, pues con el PP actual no parece posible que se produzca un cambio de postura y es necesario que el PP cambie. Para ello, el apoyo de los ciudadanos hacia este partido tiene que reducirse significativamente para obligares a cambiar de dirigentes. Las próximas elecciones autonómicas de Euskadi y Galicia serán una oportunidad, aunque incompleta, de medir el apoyo que mantiene el PP. 

Estado de alarma 5ª Prórroga

El pasado 19 de Mayo el Congreso de los diputados aprobó la quinta prorroga del Estado de Alarma decretado a causa de la pandemia del COVID19.

El resultado de la votación fue muy ajustado, solo 177 votos, uno más de la mayoría absoluta.

Aunque el Estado de Alarma, que limita la movilidad y el derecho de reunión de los ciudadanos, ha resultado ser la única medicina eficaz contra el coronavirus, como se está demostrando no solo en España sino en otros países europeos como Francia, Italia o Alemania, un número creciente de formaciones políticas parecen considerar que pararlo es solo cosa del gobierno y ellos están a otra cosa, siguiendo el principio  de "que hay de lo mío". La derecha extrema y la extrema derecha (DE-ED), PP Y Vox, solo quieren ver el E. de Alarma como una estrategia del gobierno para  gobernar con menos controles. Los nacionalistas catalanes, Bildu, sorprendentemente Compromis, y Ciudadanos negocian su voto positivo o su abstención a cambio de determinadas condiciones que, por legitimas que puedan ser, no deberían condicionar el objetivo prioritario de erradicar el COVID19  que es un problema mundial y por tanto de toda la sociedad española con independencia de ideologías o territorios.

En este contexto, el gobierno no tuvo mas remedio que negociar para sacar adelante su propuesta. Ciudadanos, que parece estar en un proceso de vuelta al centro y de desmarque de la ED-DE condicionó su voto  positivo a que la prorroga durase solo dos semanas en vez del mes que quería el gobierno, Bildu por su parte  condicionó su abstención  a cambio del compromiso escrito del gobierno de derogar la reforma laboral de 2012. Este compromiso,  que finalmente se  firmó, no es ninguna novedad pues ya estaba incluido en el programa de gobierno y en los acuerdos de investidura. Se trataba de recordarlo por si había alguna tentación de olvidarlo

El apoyo de Bildu, que sustituye en actitudes constructivas a ERC, que en esta ocasión ha optado por seguir a JXCAT y votar en contra, tiene la ventaja de  consolidad la mayoría de izquierdas que del gobierno, que tendría que hacer un esfuerzo por recuperar el apoyo de ERC en próximas ocasiones.

Como marca el guión de la estrategia demagógica de la ED-DE, la abstención de Bildu abrió la caja de los truenos y obligó, en mi opinión de forma equivocada, al gobierno a matizar su  posición sobre la reforma laboral volviendo al absurdo concepto de "los aspectos más lesivos" como si el gobierno estuviera dispuesto a aceptar  aspectos lesivos pero menos. La  reforma laboral hay que abordarla en profundidad y sus contenidos finales serán más o menos favorables a los trabajadores dependiendo de la correlación de fuerzas parlamentarias y de los acuerdos que puedan adoptarse en la mesa del dialogo social, la mayor o menor  "lesividad" del resultado final deberá analizarse después de la derogación.

Que las derechas se hayan echado al monte parece una obviedad, si se suprime el estado de alarma  y se reproduce la epidemia, será culpa del gobierno y ya lo arreglaran ellos después a su manera. Hay que esperar mucho más de la responsabilidad de los partidos progresistas y que su negativa a apoyar esta prorroga corresponda más a cuestiones tácticas  que a estrategias de fondo.

Parece casi imprescindible una sexta prorroga para poder salir de la crisis del COVID19 con las máximas garantías posibles. Los incumplimientos de las limitaciones de movilidad y contactos que se están viendo en algunos lugares, hacen temer que un corte anticipado del Estado de  Alarma pueda ser muy peligroso. 

                 #quedatencasa

COVID19;Desescalada

Una vez superado el  pico de la pandemia, comienza lo que seguramente será la parte más complicada, aunque también la más optimista, pues empieza a vislumbrarse la vuelta a la normalidad, aunque sea una normalidad relativa.

El proceso de desescalada en España se va a realizar en varias fases, dependiendo de evolución de los indicadores sanitarios definidos por el gobierno; de forma asimétrica pues la incidencia de la epidemia ha sido muy diferente en cada territorio.

Para la gestión de la desescalada se utilizará un modelo de cogobernanza, Gobierno Central, que tendrá la última palabra, y CC.AA que harán las propuestas iniciales y gestionaran posteriormente las medidas que se decida adoptar.

Es imprescindible que  el proceso de desescalada se realice dentro del Estado de Alarma, pues la restricción de los derechos  de movilidad y reunión imprescindibles en el proceso, solo pueden activarse si el país está en una situación crítica que necesita un gobierno central con plenos poderes. La sustitución  del Estado de Alarma por un conjunto complejo de leyes ordinarias, como proponen algunos partidos de la oposición, son solo reticencias interesadas que quieren limitar las capacidades del gobierno por razones políticas de carácter táctico. Esa compleja sustitución  no podría conseguir los mismos efectos de limitación de derechos fundamentales que produce el Estado de Alarma y arriesgaría los avances conseguidos durante estos meses de confinamiento. En todo caso y dado que la situación del Estado de Alarma limita inevitablemente las capacidades de actuación de los gobiernos autonómicos, el gobierno de España esta obligado a gestionarlo con la máxima prudencia, dando a las CC.AA. las máximas garantías en el proceso de cogobernanza de la epidemia.

Los dos primeros movimientos hacia la Fase 1 del proceso de desescalada, que implica el cumplimento de determinadas condiciones sanitarias en los territorios que aspiraban a cambiar de fase, ha traído algunos conflictos de competencias que deberían haberse evitado.

En el primer movimiento (11 de Mayo) pasaron a Fase 1 casi todas las CC.AA., con un 50% de la población con la excepción de una parte de Cataluña y Castilla y León, que no lo habían solicitado porque consideraban que no reunían las condiciones necesarias, y una parte de Valencia, dos provincias andaluzas, tres provincias de  C. La Mancha y Madrid al completo que aunque si lo habían solicitado, el  gobierno central no lo consideró aceptable.

Este rechazo produjo algunas protestas en las CC.AA. a las que no se aceptó su petición. Andalucía y C. La Mancha  manifestaron su desacuerdo con los criterios del gobierno de forma moderada mientras Valencia estuvo bastante más agresiva, pues estaban convencidos de que iban a pasar. El gobierno de Madrid, como ya es habitual, siguió en su papel de ariete del PP frente al gobierno de España, manifestando de forma demagógica que había sido discriminada por razones políticas sin tener en cuenta que:

• Madrid es el epicentro de la pandemia y el territorio con mayor número de afectados,
• Tiene cerrados muchos centros de salud,
• Escasez de personal estructural, agravado por las bajas habidas en las últimas semanas,
• Todavía está empezando a montar el sistema de rastreadores, que está muy en precario,
• Las residencias de la tercera edad no reúnen las condiciones de seguridad necesarias
• y los sindicatos sanitarios y los colegios profesionales de médicos y enfermería consideran que no se cumplen las condiciones necesarias.

Estas circunstancias si las apreció la Directora General de Salud de la Comunidad de Madrid, que dimitió de su cargo en desacuerdo con la petición de cambio de fase.

En la segunda convocatoria (18 de Mayo) han pasado de fase todas las CC.AA. que lo han pedido (70% de la población) excepto Madrid. Cataluña y C. León siguen con el mismo criterio de prudencia y solo han pedido el paso a Fase1 en las zonas más rurales, dejando fuera a  Barcelona y su área metropolitana y a las ciudades mas pobladas de C. Y León.

El gobierno de Madrid sigue en su papel de Pepito grillo, con proclamas de victimismo y argumentando la ruina económica que va a suponer para Madrid la no apertura de bares y terrazas, pues al comercio se le permite una mayor flexibilidad aunque sea en fase 0. La argumentación de I Díaz Ayuso (IDA) y de su cómplice de Ciudadanos, a favor del cambio de fase  se apoya cada vez más en argumentos económicos olvidándose de la prioridad que tiene la defensa de la salud sobre los problemas económicos.

Como acompañamiento de las posiciones del gobierno de Madrid, se están produciendo caceroladas "de marca" en algunos barrios de Madrid, que intentan crear un caldo de cultivo contra el gobierno progresista al que empiezan a culpabilizar de todos los males sanitarios económicos y sociales de la epidemia.

Madrid no se merece estar gobernada por un personaje de estas características. Si es comprensible la prudencia del gobierno en evitar polémicas con el gobierno de IDA, no lo es tanto la pasividad que están demostrando los partidos de izquierdas de la comunidad, PSOE, U.Podemos y Mas Madrid, que deberían presentar batalla al gobierno madrileño de PP-Cs que de momento campa por sus respetos.

El proceso de desescalada, junto con el cumplimiento efectivo de las redes de apoyo a trabajadores, Pymes y autónomos, aprobadas por el gobierno, que se llegue a un acuerdo en el plan de Recuperación Nacional que esta empezando a debatirse en el parlamento son, junto a las ayudas económicas que se aprueben en Europa, las bases para que España salga de la crisis sanitaria de la mejor manera posible.

#quedatencasa