Las togas atacan de nuevo

Las limitaciones que algunos tribunales autonómicos están poniendo a la implantación de medidas  de control de la movilidad para luchar contra la COVID 19 y la sentencia del TC declarando inconstitucional algunos aspectos del primer Estado de Alarma, revelan que continua la fuerte beligerancia de algunos jueces superiores contra el gobierno.

La elección de la pandemia de la COVID 19 como campo de batalla contra el gobierno coincide con los planteamientos del PP y VOX que han utilizado el mismo motivo  para atacar al gobierno, lo que, mas que una coincidencia, parece una pinza entre los partidos de derechas y los altos tribunales, cuya renovación está bloqueada hace demasiado tiempo.

La derecha no se resigna a perder la mayoría en el CGPJ, Tribunal Constitucional y Tribunal de Cuentas, que están funcionando como diques de contención contra las políticas progresistas del gobierno.

El llamado "Lawfare", utilización torticera de los tribunales de justicia como arma política, es una practica cada vez mas común en España.

En España, el CGPJ se elige por mayoría de 3/5 lo que requiere el acuerdo de los dos principales partidos y a esta circunstancia se agarra el PP para bloquear su renovación. Este método de votación de 3/5, válido para aprobar leyes de especial importancia, es totalmente inadecuado para hacer una elección democrática pues no garantiza que el proceso de elección se complete de forma satisfactoria. En cualquier otra elección existe siempre una opción alternativa que permite que la elección culmine de forma eficaz, cuando se constituyen los  ayuntamientos, la norma exige mayoría absoluta pero si no es posible, la alcaldía se otorga al cabeza de la lista mas votada, pues no tendría ningún sentido que un  ayuntamiento se quedase sin alcalde por falta de mayoría absoluta, sin embargo los intentos de elegir el CGPJ con mayoría absoluta en una segunda vuelta, no se han llevado a cabo por la oposición de la Unión Europea a este sistema.

La derecha propone un sistema de elección supuestamente mas democrático, aunque realmente es simplemente corporativo: que los jueces eligieran entre ellos el CGPJ, lo que casi garantiza un CGPJ conservador pues la mayoría de los jueces, dado el elevado coste que tiene el acceso a la judicatura, son de familias acomodadas de derechas. 

Este procedimiento totalmente corporativo no respeta  la  procedencia democrática que debe tener el poder judicial. Sería tan corporativo como  que al ministro de defensa lo eligieran los militares o al de sanidad los médicos.

Es de suma urgencia renovar el CGPJ para evitar la intromisión  cada vez mas frecuente de los jueces en la política. 

¿Quien controla a los jueces?

En un Estado democrático los jueces  deben ser los máximos garantes del cumplimiento de las leyes, como último eslabón de la cadena de garantías de la sociedad.

Sin embargo, sentencias como la de "La Manada" y votos particulares como el del magistrado de Navarra que pedía su absolución, ponen en duda esta afirmación. Por ello la sentencia ha suscitado el rechazo generalizado de una buena parte de la sociedad española

La pregunta, de difícil respuesta  ¿Quien controla a los controladores?, en este caso ¿Quien controla  a los jueces?, es totalmente pertinente.

Como el derecho no es una ciencia exacta, el sistema judicial tiene un esquema de recursos sucesivos por el que tribunales de orden superior pueden reformar las sentencias. Por otro lado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) controla la actuación de los jueces desde un punto de vista meramente administrativo, pero no tienen capacidad de entrar en el contenido de las sentencias.

El rechazo que la sociedad  española está expresando contra esta sentencia, nos indica que la percepción social de estos delitos está a mucha distancia de la que ha tenido el tribunal que los ha juzgado.

La sola mención por el ministro de justicia, aunque lo haya hecho de forma inadecuada, de que el magistrado del voto particular pudiera tener algún "problema singular", ha despertado las iras de todas las asociaciones judiciales, tanto progresistas como conservadoras, por el atrevimiento del ministro de inmiscuirse en sus ámbitos exclusivos. Esta protesta, que tiene claros tintes corporativos, pretende que no se investiguen las circunstancias que han llevado a esta sentencia y a este voto particular.

Los recursos judiciales pueden acabar poniendo las cosas en su sitio y condenar a la manada por violación y agresión, pero los magistrados que han formado este tribunal y, especialmente, el autor de  tan lamentable voto particular, seguirán juzgando como si nada hubiera pasado los casos que se puedan presentar.

Si, por ejemplo, a un ingeniero se le cae un puente,  a un arquitecto un edificio, o se sospecha mala praxis en un médico se abre una investigación para analizar las causas y exigir responsabilidades que pueden acabar con su inhabilitación. A un juez parece que no, sea cual sea el resultado de los recursos, el juez seguirá  formando parte de los tribunales.

Se intenta explicar el fallo por dos razones que, aunque válidas, no llegan a explicar el fondo del tema.

La primera es la antigüedad y falta de concreción del articulo del código penal, el articulo 178 que tipifica  la agresión sexual habla de la utilización de "violencia o intimidación", considerar si el ataque de cinco individuos a una mujer encerrándola en un portal es o no violencia forma parte  de la interpretación del juez. Muchos juristas defienden que con la redacción actual  se podría haber condenado por violación y no por abuso, en cualquier caso la modificación de este articulo parece que sería conveniente.

La segunda razón es la escasa educación de los jueces en estas materias. Siendo positivo mejorar su formación, sorprende que cuando la sociedad española ha evolucionado positivamente en este tema en las últimas décadas, como demuestra la  gran movilización existente en protesta por esta sentencia, los jueces de Navarra parecen estar en otra época y no se han enterado de nada, deben haber vivido en Marte

Es necesario que la sociedad este protegida frente a estos lamentables criterios judiciales, para ello el CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, debe dotarse de las competencias necesarias para poder valorar sentencias como las de la manada y adoptar las medidas disciplinarias necesarias.

La sociedad del siglo XXI no puede tener jueces del siglo XIX  y carecer de mecanismos de  corrección de situaciones como la de esta sentencia.