La triple cara de la monarquía

Desde que  el rey J. Carlos I asumió la jefatura del Estado, en España hemos tenido tres modos distintos de entender la monarquía.

El primer modo es el de la transición y la proclamación de la constitución en 1978. En los primeros años de su reinado, Juan Carlos I tuvo una participación muy activa en la política española que contribuyó de forma decisiva a la implantación de la democracia en nuestro país después de 40 años de dictadura  franquista, 

En el intento de golpe de estado del 23F, el rey también participó activamente, aunque con una actuación contradictoria y confusa. Después del 23F J. Carlos I adquirió un perfil mas bajo y se fue convirtiendo progresivamente en un elemento decorativo de la democracia hasta llegar a serlo casi totalmente desde que Felipe VI ocupa el trono.

El papel de ser simple figura decorativa, es la segunda cara de la monarquía española y supone que el rey solo es protagonista en algunos actos marcados en el calendario, como el mensaje de Navidad, el desfile de las FF.AA, la pascua militar o los premios princesa de Asturias y en la entrega de galardones y títulos a algunos colectivos civiles y militares. En la vida política cotidiana se limita, aparentemente, a tener un papel de espectador de primera fila.

La tercera cara de la monarquía española actual es la continuación de una tradición de los Borbones desde, al menos, la época de Isabel II: su afición a utilizar sus privilegios como monarcas para su beneficio económico personal.

Desde el comienzo de su reinado se conocía esta faceta del rey Juan Carlos que finalmente, junto con su otra afición a meterse en camas ajenas, le llevó a la abdicación. Investigaciones periodistas, declaraciones de espías y policías corruptos y las investigaciones de las fiscalías suiza, británica y española, han revelado la enorme dimensión de han llegado a alcanzar los negocios privados del rey emérito.

Afortunadamente para él, la constitución del 78 le ha proporcionado un blindaje inexpugnable que ha  podido parar las actuaciones de las tres fiscalías, además, todos los gobiernos democráticos han protegido al ex monarca para evitar poner en peligro el sistema democrático apoyado en la monarquía.

Para distanciarse socialmente del escándalo,  J. Carlos I se exilio voluntariamente en  agosto de 2020  en Abu Dhabi, capital de una monarquía autoritaria en la que ha estado protegido de cualquier interferencia pública.

Una vez que los diligencias de las fiscalías se han archivado, o están a punto de hacerlo, el emérito  ha manifestado su deseo de volver a España, aparentemente como si nada hubiera pasado. Este deseo del ex rey plantea importantes problemas a la institución monárquica en un momento que debido a sus negocios y a los de su yerno Urdangarin, su grado de aceptación ha perdido muchos puntos.

La Casa Real tiene que dar muchas explicaciones a la ciudadanía sobre las actividades del anterior Jefe de Estado y sobre el papel  que va a tener en el futuro, más allá de la suspensión de "empleo y sueldo" que le aplicó el pasado año.

Además de explicaciones, la Casa Real  tendría que buscar un procedimiento para devolver al patrimonio del Estado los bienes obtenidos de forma irregular por el rey emérito.

El futuro de la monarquía en España depende en primer lugar de estas explicaciones y, en segundo término, de que se realicen cambios constitucionales que rebajen sustancialmente el fuero del Rey de forma que no sea inviolable legalmente por actividades ajenas a su función de gobierno. Una ley de la corona, que delimite con claridad las funciones y derechos del rey, también es necesaria para el mantenimiento futuro de la monarquía.

 

De cara al futuro sería conveniente avanzar hacia un modelo de monarquía próximo al de "Republica Coronada" en la que, además de tener limitado su fuero, el rey tuviera las funciones de arbitrajes propias de un presidente de republica parlamentaria.

El Rey emérito se blanquea

El último movimiento del Rey  Emérito de declarar a hacienda mas de ocho millones de euros en concepto de retribuciones en especie, gastados en viajes privados después de su abdicación, indica una intención de blanquear su figura desde el punto de vista fiscal, para poder regresar a España con cierta tranquilidad.

Esta regularización fiscal, añadida a la  reciente declaración de más de 600.000€ en concepto de donaciones por las tarjetas black utilizadas por el emérito y sus familiares, familia real excluida, hace un total de mas de 5M € que el Rey Juan Carlos ha ingresado en hacienda.

Aunque esté exento de responsabilidad legal por el blindaje constitucional, es lógico inferir que durante los años de su reinado, el Rey Juan Carlos haya acumulado un enorme patrimonio en dinero negro, una parte del cual, habrá sido seguramente utilizado para alimentar la fundación de su primo Álvaro de Orleans y para compensar las transferencias que su amigo mejicano hizo a las tarjetas de crédito familiares.

Es posible, aunque poco probable, que haya otras regularizaciones y con todas ellas se regularizarían  formal y fiscalmente  sus cuentas hasta el año 2019, el ejercicio fisca del 2020 está todavía sin liquidar para J. Carlos I y para todos los contribuyentes españoles.

Para alcanzar esta situación han sido necesarias, algunas  "miradas hacia otra parte" del gobierno, que  también ha tenido que tragarse varias sapos como  bloquear la comisión parlamentaria de investigación o consentir muchas maniobras dilatorias de la fiscalía y de la agencia tributaria que han conseguido, o están cerca de conseguir si queda alguna regularización más, que el Rey emérito quede limpio con el coste moral personal de reconocer su delito y el coste económico de, por el momento, 5 M€., con todo ello el Rey se libra de la investigación judicial.

Si estas hipótesis se confirmasen, J.Carlos I podría volver a España, buscarse una residencia privada y discreta, esperar a que amainase la tormenta y vivir de las "rentas blancas" que pudiera justificar, provenientes de donaciones de la Fundación Zagatka o de cualquier otra herramienta de blanqueo que sus abogados pudieran haber diseñado.

Un final blando de estas características sería la mejor salida para la Casa Real, el gobierno y también para la sociedad española, dado que no parece factible procesar al ex-rey pues la constitución no lo permite, y la opción de crear una comisión de investigación parlamentaria  que están pidiendo algunos partidos de izquierdas y nacionalistas, corre el riesgo de convertirse un linchamiento de J.Carlos y de la monarquía que introduciría mucho mas ruido y  división en la sociedad sin ningún resultado práctico.  El gobierno no tiene otra opción que frenar esta iniciativa.   

Como el blindaje del titulo I de la Constitución hace imposible su reforma para limitar los privilegios que actualmente tiene el monarca, solo queda promulgar una Ley de la Corona que regule, en la medida de lo posible, el funcionamiento de la institución monárquica.  

En cualquier caso, los costes políticos son ya cuantiosos: el Rey emérito paga una importante cantidad de dinero y pierde buena parte del prestigio ganado en la transición y el 23 F y la institución monárquica queda tocada pues una vez más, como en épocas anteriores,  un Borbón acaba su reinado como culpable de corrupción.

El Rey Felipe VI tiene mucho trabajo por delante para restaurar la imagen de la monarquía y convencer a la ciudadanía de que la tradición borbónica de abusar de los privilegios se ha terminado con J. Carlos I.

  

Gambito de Rey a Felipe VI

El gambito de rey es una jugada de  estrategia del  ajedrez, que consiste en ofrecer el sacrificio de una pieza a cambio de obtener ventaja posicional. La pieza que se ofrece para el sacrificio es el peón de rey.

El presidente, en funciones desde hace mas de  dos años, del CGPJ y del Tribunal Supremo ha inventado una nueva suerte de gambito de rey, ofreciendo el sacrificio no de un peón sino del propio Rey, con el objetivo aparente de mejorar su imagen, un tanto deteriorada por su prolongada situación de interinidad.

Afortunadamente el gobierno rehusó el gambito protegiendo con ello la figura del Rey.

La operación consistía en invitar al Rey a presidir un acto judicial de entrega de nombramientos haciendo coincidir su fecha con la de la promulgación de la sentencia contra el ex presidente Torra, aprovechando que el mismo controlaba las dos acciones.

El gobierno consideró la presencia del Rey en Barcelona en una fecha tan conflictiva innecesaria, pues podría dar lugar a manifestaciones importantes contra la monarquía que contribuirían al deterioro de la institución ya un tanto desprestigiada sobre todo en Cataluña. No se trata por tanto de la seguridad  física del Rey, que tiene que estar garantizada en cualquier circunstancia.

El acto sustitutivo programado por el gobierno, en mi opinión innecesario, para compensar la anterior ausencia del Rey, consistente en otra entrega de premios a no importa quien, dio lugar a manifestaciones independentistas contra la monarquía, seguramente menos numerosas que las que hubieran tenido lugar en el momento de la sentencia contra Torra.

La posterior disculpa del Rey por no asistir al acto, hecha publica por el presidente del CGPJ de forma imprudente, y quizá interesada, provocó la protesta de algunos ministros de Unidas Podemos, que consideraron que Felipe VI se había salido de su papel constitucional.

La tormenta siguió creciendo con el rasgado de vestidura de las derechas nacionales que consideran al Rey como una figura sagrada e intocable.

El resultado de esta controversia  es  un incremento del desprestigio de la monarquía en sentido contrario de las pretensiones de la derechas que, al considerar al Rey como de su propiedad, contribuyen a separarlo del conjunto de la población haciendo un flaco servicio a la monarquía.

En pleno siglo XXI, la institución monárquica, que atribuye la jefatura del Estado al heredero de una determinada familia por derecho divino, no tiene ninguna defensa teórica. Su única justificación es la inercia histórica que, a base de reducir su capacidad operativa y limitarse a funciones simbólicas, ha conseguido mantenerse en algunos países europeos.

En España la monarquía fue restaurada por el general Franco con objeto de perpetuar la dictadura, sin embargo, la actitud positiva del Rey Juan Carlos en los tiempos de la transición, consiguió que lo que en principio  fue una imposición del dictador, tuviera un importante apoyo popular.

Desde 1978 muchos ciudadanos nos convertimos en republicanos Juancarlistas, pues, aunque seguimos considerando que la república es el único modelo de Estado admisible, una monarquía parlamentaria puede ser un modelo aceptable por razones pragmáticas. 

Evidentemente hay muchos otros ciudadanos que no  comparten esta idea y siguen, con todo su derecho, reivindicando la necesidad de proclamar cuanto antes la tercera República.

La huida del Rey emérito a un país feudal después de que haya salido a la luz su implicación en negocios de muchos millones de  euros impropios de su posición, está consiguiendo que los antiguos republicanos Juancarlistas nos estemos quedando sin argumentos y nos sintamos más cerca de los republicanos radicales.

Surge entonces la siguiente pregunta ¿Sigue siendo la monarquía una institución que hay que defender a toda costa?

Hace unos años la respuesta hubiera sido claramente positiva, pues los costes sociales y políticos que  supondría ese intento serían superiores a los beneficios de  una república parlamentaria sobre la actual monarquía, y el referéndum asociado a ese cambio constitucional se resolvería con toda probabilidad de forma favorable a la monarquía.

A fecha de hoy después de conocerse los negocios del rey emérito, y del procesamiento anterior por corrupción de su hija y de su yerno, la respuesta no está tan clara.

El gobierno está obligado a seguir protegiendo la institución monárquica pero tiene que ser consciente, y también la casa real, de que el apoyo no puede ser eterno y que es necesario extremar la prudencia para  evitar que la institución siga deteriorándose.

Los negocios del Rey emérito

Hace ya muchos años que los beneficios, más o menos dudosos, de los negocios del Rey J.Carlos y sus aventuras amorosas, estaban en boca de muchos ciudadanos. En aquellos años había un respeto reverencial hacia la familia real y los rumores ni se confirmaban ni se desmentían, simplemente se propagaban y cada uno los interpretaba a su antojo.

La contribución que el Rey J.Carlos hizo  a la recuperación de la democracia en España, en momentos claves como la transición o el 23 F, ha tenido mucho que ver con la tolerancia que  la sociedad española haya podido tener con estos comportamientos poco ejemplares del anterior monarca.

En este contexto, la publicación, por dos periódicos sensacionalistas, de conversaciones relativas al cobro de comisiones por el Rey y otras actividades dudosas, no pueden sorprender a nadie.

Si tenemos en cuenta el perfil poco fiable de los periodistas que han difundido las grabaciones, P. J. Ramirez y E. Inda, y el también dudoso curriculum de los protagonistas de la grabación: el ex comisario y delincuente Villarejo, la comisionista internacional Corina y el compañero de pupitre de Aznar, J.L. Villalonga; la fiabilidad de la información es más que dscutible y seguramente, oculte segundas intenciones poco claras.

Con independencia de la fiabilidad que puedan tener los periodistas y los protagonistas de la grabación, los contenidos publicados tienen la suficiente gravedad para que puedan sospecharse indicios de posibles delitos, por lo que la investigación que ha iniciado la fiscalía es totalmente procedente. Esta investigación podría acabar llevando al procesamiento del Rey emérito, lo que tampoco sería mucha novedad después de que han pasado por los tribunales, ministros, presidentes de CC.AA., el vicepresidente 1° del  gobierno y el yerno  y la hija del propio J. Carlos I.

Una dificultad adicional es la inviolabilidad penal del Rey que indica la Constitución. La fiscalía tendrá que determinar si esa inviolabildad afecta  también a su condición de emérito, pues esa figura no se contempla en la Constitución. Ese blindaje del rey, afecte o no a su carácter de emérito es, en cualquier caso, un privilegio inadmisible que habría que retirar en el momento en que se revise la Constitución. La persona del Rey a efectos legales no puede tener más derechos que cualquier otro ciudadano.

Cuestión distinta es la procedencia o no de crear una comisión parlamentaria especifica para investigar este asunto. Se trata de analizar el papel del Rey J.Carlos en un contrato internacional  de una gran obra firmado por una empresa española y un pais extranjero cuyo Rey es amigo personal de J.Carlos. Es por tanto una operación en la que no tiene nada que ver ni el gobierno, ni el parlamento español, por lo que no hay razones para que puedan existir responsabilidades políticas.

Aunque entre las funciones del Rey figura sin duda, el apoyo a los grandes proyectos españoles en el extranjero,  eso no implica que pueda cobrar comisiones por ello por lo que, si se demuestra, puede incluir en responsabilidades penales, del mismo modo que otras informaciones inclidas en esas grabaciones, relacionades con evasión de capitales u ocultaciones fiscales. Por tanto la investigación fiscal está plenamente jusificada pero la parlamentaria es improdedente.

Detrás de la petición de la comisión de investigación se puede adivinar la nada oculta intención de poner en cuestión la monarquía, confundiendo la institución con el monarca  España es una democracia parlamentaria que, por razones históricas sobradamente conocidas, está culminada por un monarca con escasas funciones, una especie de guinda del pastel. El cambiar la guinda monarquica por una guinda republicana con parecidas funciones no cambiaría casi nada. Otra cosa sería una democracia presidencialista, tipo EE.UU., que supondria un claro retroceso de las libertades públicas al otorgar un enorme poder a una sola persona. Aunque pueda haber fallado el rey, del mismo modo que en otros paises lo han hecho presidentes electos, la monarquía parlamentaria que tenemos, nos ha dado 40 años de libertades, que es imprudente poner en riesgo.

Abdicacion

La  reciente abdicación del Rey, cediendo la corona al Príncipe de Asturias, es una buena ocasión para reflexionar sobre el papel que ha tenido en España la monarquía, instaurada hace casi cuarenta años.

Aunque la institución monárquica pueda considerarse anacrónica, y yo así la considero, ha sido capaz de adaptarse a los tiempos actuales y sobrevivir en un mundo en el que predominan las repúblicas como forma de gobierno.

Monarquías europeas como la Británica, la Holandesa, la Belga, la Sueca, la Noruega, la Danesa o la Española, son perfectamente comparables en nivel democrático a cualquier república occidental. En España, ademas, la monarquía ha sido el vehículo que nos ha sacado de cuarenta años de dictadura franquista, ciertamente acompañada del empuje de los partidos y sindicatos democráticos y de la gran mayoría de la población.

La Ley Orgánica que convalidara la abdicación del Rey, es un tramite obligado para sustituir al Jefe de Estado, que simboliza de forma clara la supeditación de la monarquía al poder democrático:

El Rey no puede abdicar por si solo, necesita el acuerdo de las Cortes Generales.

Aprovechando esta circunstancia, algunos grupos ciudadanos, apoyados por partidos políticos  emergentes, piden, casi exigen, la celebración de un referéndum para convalidar la monarquía y constituir la tercera República.

Sorprende que entre estos partidos este IU, teniendo en cuenta que el PCE participo activamente en la elaboración de la Constitución de 1978 y que voto a favor de la misma y que, antes de ella, su líder histórico Santiago Carrillo fue el primero que reconoció, bastante antes que el PSOE, a la corona, en un acto publico todavía clandestino, celebrado en la calle Alameda al que tuve la oportunidad de asistir y que, para sorpresa de todos, estuvo presidido por la bandera bicolor.

¿Que sentido tienen las declaraciones de Cayo Lara diciendo, de forma  totalmente demagogica, que el pueblo tiene el derecho de elegir entre monarquía y democracia? ¿Que argumentos tiene este dirigente para  dudar de que en la España de 2014 haya democracia?

Hacer un referéndum ahora supone coger un atajo innecesario, tan poco viable como el que proponen los partidos nacionalistas en Cataluña.

Un referéndum consultivo seria una trampa mas bien burda, pues si saliese a favor de  la República, situación bastante improbable,  sus promotores exigirían inmediatamente que se cumpliera la voluntad del pueblo y que el referéndum fuera decisorio.

Aunque algunos pretendan ignorarlo, España es un Estado de derecho que  tiene tenemos mecanismos legales suficientes para reformar la constitución de 1978 y convertir España, si así lo decide el pueblo, en una República. Por otra lado ya hay suficientes motivos para reformar la constitución y una propuesta republicana seria un elemento mas a considerar, creo que ni siquiera el mas importante, aunque seguramente si  el mas mediático.

La pregunta es si plantear en la próxima propuesta de reforma constitucional, la instauración de la III República, que seguramente tendría  unos costes políticos y sociales muy altos, seria necesario, aunque desde luego, tiene lógica plantear esta pregunta coincidiendo  con al jubilación del Rey Juan Carlos.

Un análisis del papel que ha tenido la monarquía parlamentaria en los últimos 36 años, necesario antes de hacer un planteamiento republicano, revelaría que ha traído a España muchos mas beneficios que desventajas, a pesar de los malos ejemplos personales, no políticos, del rey y de la presunta corrupción de algunos miembros de su familia. 

El tramite parlamentario que hay que realizar antes de la proclamación del nuevo Rey, no impide ninguna acción posterior y votar en contra, como parece que va a hacer IU, supondría negar la abdicación y que, por tanto, Juan Carlos siga siendo el Rey. Otra contradicción mas de IU.