El último movimiento del Rey Emérito de declarar a hacienda mas de ocho millones de euros en concepto de retribuciones en especie, gastados en viajes privados después de su abdicación, indica una intención de blanquear su figura desde el punto de vista fiscal, para poder regresar a España con cierta tranquilidad.
Esta regularización fiscal, añadida a la reciente declaración de más de 600.000€ en concepto de donaciones por las tarjetas black utilizadas por el emérito y sus familiares, familia real excluida, hace un total de mas de 5M € que el Rey Juan Carlos ha ingresado en hacienda.
Aunque esté exento de responsabilidad legal por el blindaje constitucional, es lógico inferir que durante los años de su reinado, el Rey Juan Carlos haya acumulado un enorme patrimonio en dinero negro, una parte del cual, habrá sido seguramente utilizado para alimentar la fundación de su primo Álvaro de Orleans y para compensar las transferencias que su amigo mejicano hizo a las tarjetas de crédito familiares.
Es posible, aunque poco probable, que haya otras regularizaciones y con todas ellas se regularizarían formal y fiscalmente sus cuentas hasta el año 2019, el ejercicio fisca del 2020 está todavía sin liquidar para J. Carlos I y para todos los contribuyentes españoles.
Para alcanzar esta situación han sido necesarias, algunas "miradas hacia otra parte" del gobierno, que también ha tenido que tragarse varias sapos como bloquear la comisión parlamentaria de investigación o consentir muchas maniobras dilatorias de la fiscalía y de la agencia tributaria que han conseguido, o están cerca de conseguir si queda alguna regularización más, que el Rey emérito quede limpio con el coste moral personal de reconocer su delito y el coste económico de, por el momento, 5 M€., con todo ello el Rey se libra de la investigación judicial.
Si estas hipótesis se confirmasen, J.Carlos I podría volver a España, buscarse una residencia privada y discreta, esperar a que amainase la tormenta y vivir de las "rentas blancas" que pudiera justificar, provenientes de donaciones de la Fundación Zagatka o de cualquier otra herramienta de blanqueo que sus abogados pudieran haber diseñado.
Un final blando de estas características sería la mejor salida para la Casa Real, el gobierno y también para la sociedad española, dado que no parece factible procesar al ex-rey pues la constitución no lo permite, y la opción de crear una comisión de investigación parlamentaria que están pidiendo algunos partidos de izquierdas y nacionalistas, corre el riesgo de convertirse un linchamiento de J.Carlos y de la monarquía que introduciría mucho mas ruido y división en la sociedad sin ningún resultado práctico. El gobierno no tiene otra opción que frenar esta iniciativa.
Como el blindaje del titulo I de la Constitución hace imposible su reforma para limitar los privilegios que actualmente tiene el monarca, solo queda promulgar una Ley de la Corona que regule, en la medida de lo posible, el funcionamiento de la institución monárquica.
En cualquier caso, los costes políticos son ya cuantiosos: el Rey emérito paga una importante cantidad de dinero y pierde buena parte del prestigio ganado en la transición y el 23 F y la institución monárquica queda tocada pues una vez más, como en épocas anteriores, un Borbón acaba su reinado como culpable de corrupción.
El Rey Felipe VI tiene mucho trabajo por delante para restaurar la imagen de la monarquía y convencer a la ciudadanía de que la tradición borbónica de abusar de los privilegios se ha terminado con J. Carlos I.
Juan Carlos I se consideró por encima de la ley. Y realmente lo estaba. Probablemente no es bueno que Felipe VI también esté por encima de la ley. La población quiere estabilidad. Y la Monarquía es garante de esa estabilidad. Pero a cambio debería tener una conducta lo más ejemplar posible. No es ejemplar saltarse el orden de la vacunación.
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