El Rey emérito se blanquea

El último movimiento del Rey  Emérito de declarar a hacienda mas de ocho millones de euros en concepto de retribuciones en especie, gastados en viajes privados después de su abdicación, indica una intención de blanquear su figura desde el punto de vista fiscal, para poder regresar a España con cierta tranquilidad.

Esta regularización fiscal, añadida a la  reciente declaración de más de 600.000€ en concepto de donaciones por las tarjetas black utilizadas por el emérito y sus familiares, familia real excluida, hace un total de mas de 5M € que el Rey Juan Carlos ha ingresado en hacienda.

Aunque esté exento de responsabilidad legal por el blindaje constitucional, es lógico inferir que durante los años de su reinado, el Rey Juan Carlos haya acumulado un enorme patrimonio en dinero negro, una parte del cual, habrá sido seguramente utilizado para alimentar la fundación de su primo Álvaro de Orleans y para compensar las transferencias que su amigo mejicano hizo a las tarjetas de crédito familiares.

Es posible, aunque poco probable, que haya otras regularizaciones y con todas ellas se regularizarían  formal y fiscalmente  sus cuentas hasta el año 2019, el ejercicio fisca del 2020 está todavía sin liquidar para J. Carlos I y para todos los contribuyentes españoles.

Para alcanzar esta situación han sido necesarias, algunas  "miradas hacia otra parte" del gobierno, que  también ha tenido que tragarse varias sapos como  bloquear la comisión parlamentaria de investigación o consentir muchas maniobras dilatorias de la fiscalía y de la agencia tributaria que han conseguido, o están cerca de conseguir si queda alguna regularización más, que el Rey emérito quede limpio con el coste moral personal de reconocer su delito y el coste económico de, por el momento, 5 M€., con todo ello el Rey se libra de la investigación judicial.

Si estas hipótesis se confirmasen, J.Carlos I podría volver a España, buscarse una residencia privada y discreta, esperar a que amainase la tormenta y vivir de las "rentas blancas" que pudiera justificar, provenientes de donaciones de la Fundación Zagatka o de cualquier otra herramienta de blanqueo que sus abogados pudieran haber diseñado.

Un final blando de estas características sería la mejor salida para la Casa Real, el gobierno y también para la sociedad española, dado que no parece factible procesar al ex-rey pues la constitución no lo permite, y la opción de crear una comisión de investigación parlamentaria  que están pidiendo algunos partidos de izquierdas y nacionalistas, corre el riesgo de convertirse un linchamiento de J.Carlos y de la monarquía que introduciría mucho mas ruido y  división en la sociedad sin ningún resultado práctico.  El gobierno no tiene otra opción que frenar esta iniciativa.   

Como el blindaje del titulo I de la Constitución hace imposible su reforma para limitar los privilegios que actualmente tiene el monarca, solo queda promulgar una Ley de la Corona que regule, en la medida de lo posible, el funcionamiento de la institución monárquica.  

En cualquier caso, los costes políticos son ya cuantiosos: el Rey emérito paga una importante cantidad de dinero y pierde buena parte del prestigio ganado en la transición y el 23 F y la institución monárquica queda tocada pues una vez más, como en épocas anteriores,  un Borbón acaba su reinado como culpable de corrupción.

El Rey Felipe VI tiene mucho trabajo por delante para restaurar la imagen de la monarquía y convencer a la ciudadanía de que la tradición borbónica de abusar de los privilegios se ha terminado con J. Carlos I.

  

El avispero de la monarquía española

La constitución de 1978 se hizo con un difícil consenso y con la espada de Damocles de la dictadura amenazando una vuelta atrás,  el resultado fue un modelo de estado que ratificaba la monarquía impuesta por Franco  y la dotaba de un fuerte blindaje que la hacía intocable apoyado por un complicado y difícil proceso de modificación: mayoría reforzada seguida de referéndum y nueva convocatoria electoral.

En aquellos años, muchos ciudadanos de ideas democráticas y republicanas, nos convertirnos en "Juancarlistas" reconociendo el positivo papel del Rey en  la transición.

El papel jugado por el Rey Juan Carlos en el golpe de Estado de 1982 reforzó su imagen positiva.

Más de cuarenta años después  sale  a plena luz, impulsado por la justicia suiza y con todo lujo de detalles, lo que era un secreto a voces en la sociedad: El Rey Juan Carlos cobraba cuantiosas comisiones y recibía esplendidos regalos de monarcas árabes enriquecidos por el petroleo. El Rey que había contribuido tan positivamente en la transición, se había convertido en un  personaje corrupto .

Lo fiscalía del TS debate ahora si el superblindaje del ex-Rey le sigue cubriendo de la misma forma después de su abdicación en 2014. Si la respuesta fuera positiva, se le podría acusar de algún delito desde 2014, probablemente un delito fiscal o de movimiento ilegal de capitales a paraísos fiscales, si fuera negativa  el emérito quedaría impune antes y después de la abdicación. 

Si finalmente el ex Rey fuera procesable, el modelo a aplicar podría ser similar al uilizado con Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, incluyendo la condena a titulo de beneficiario al Rey Felipe y al resto de la famila real, si se llegase a demostrar que  una parte de los ingresos fraudulentos obtenidos se utilizaron, como se ha declarado en Suiza, en beneficio de su familia.

El segundo  paso, independiente del primero, depende de la Casa Real, con acuerdo del gobierno, y consiste en la retirada del titulo de Rey Emérito del mismo modo que se retiró el de Duques de Palma.

Con esta medida, el ex Rey dejaría de ser, al menos de facto, miembro de la familia real. Si Juan Carlos acepta sin protestas esta situación la salida de la situación será notablemente más fácil.

La solución al  problema de fondo: limitar el superaforamiento real, quedará seguramente para otro momento, pues requiere la modificación del título primero de la constitución. Cualquier  propuesta de modificar el titulo primero llevaría inevitablemente incorporado que algunos partidos pidieran la supresión de la monarquía pues por mucho que se quiera argumentar, la corrupción del  Rey J. Carlos no puede desligarse de la institución monárquica, que quedaría inevitablemente tocada.

Parece probable una salida blanda, que suponga la salida del Emérito del escenario público español con, posible autoexlio incluído

Al actual  monarca le queda un  largo camino  para  recuperar su  imagen  perdida que ya ha iniciado con  el tour nacional que esta realizando  actualmente.                 

     

Buitres sin fondo

El Tribunal de cuentas ha condenado a la anterior alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y a su equipo de gobierno a 26 millones de euros de indemnización por la venta fraudulenta al fondo buitre Blackstone de 1860 viviendas públicas, la mayoría de ellas protegidas, que realizó en 2013 la Empresa Municipal de Viviendas (EMV), entidad dependiente del ayuntamiento de la capital.

Esta práctica no es nueva en el PP madrileño, pues el IVIMA, Instituto público de vivienda de la Comunidad de Madrid también tiene presentadas denuncias por ventas de este estilo relativas a 5.000 viviendas públicas, también mal vendidas a fondos buitre.

El concepto de cortijo propio, que muchos dirigentes populares tienen de las administraciones públicas se ha extendido por todos los sectores  públicos que puedan ser objeto de negocio, desde la contratación de bienes y servicios, hasta la enajenación de viviendas públicas con vecinos dentro, pasando por la sanidad o la escuela concertada.

Esta sentencia del tribunal de cuentas solo condena, porque esa es la función de este tribunal, a devolver al Ayuntamiento de Madrid el valor del patrimonio perdido por la gestión fraudulenta realizada que tenía casi todos los elementos de ilegalidad posible,: falta de informes, favoritismo, bajo precio, sin publicidad, etc. Hay que esperar a otras demandas presentadas, de carácter civil y penal para que los vecinos damnificados puedan recuperar sus viviendas lo que, a pesar de este primer paso importante, no es tarea fácil ni breve.

Para los partidos de izquierda, que siempre hemos tenido como uno de nuestros puntos programáticos la utilización del suelo público de carácter residencial para la construcción de viviendas sociales, preferentemente en régimen de alquiler, estas practicas mafiosas son una autentica estafa pues echan por tierra los efectos de muchos años. Es imprescindible blindar las viviendas públicas, impidiendo su venta a estos fondos especulativos.

Rajoy en el banquillo

El pasado 26 de Julio, el presidente del gobierno fue citado a declarar en la Audiencia Nacional en el proceso Gurtel, 1ª fase. Aunque acudió como testigo, obligado por tanto a decir verdad, su comportamiento fue más bien como imputado pues no es creible que alguien que lleva cinco años como presidente del PP y anteriormente ha estado 30 años en la dirección de su partido, desconozca totalmente la financiación del mismo.

Según parece,  en algunas ocasiones la logica procesal no tiene nada que ver con la del comun de los mortales, y en un juicio hay que demostrar de forma concluyente lo que es evidente para el resto del mundo, excepto para aquellos que consideran que la corrupción no es un impedimento para ser presidente del gobierno.

Todo indica que la estrategia de hacerse el tonto, y no enterarse de nada, tipo Infanta Cristina o ministra Ana Mato, también le está dando resultado a Mariano Rajoy.

El siguiente paso que han dado PSOE y Podemos ha sido pedir la comparecencia de Rajoy en un Pleno extraordinario del Congreso. Cs, en su posición de marcar diferencias sin perder del todo la cara, prefiere que la comparecencia se realice en Comisión.

El objeto de esta comparecencia, en la que no es previsible que Rajoy diga nada nuevo, es mantener la presión en la opinión pública y pedir su dimisión, en el caso del PSOE. Podemos insiste en la necesidad de presentar una nueva moción de censura.

Tanto la dimisión como la mocion de censura estan plenamente justificadas, pues no es de recibo que una persona con las responsabilidades de financiación ilegal que tiene Rajoy y que son cada día más evidentes, siga siendo presidente del gobierno.

El problema está en que la dimisión depende de la voluntad de Rajoy y la moción de censura necesita el concurso de  C's, que, a pesar de proclamar a los cuatro vientos su prioridad en la lucha contra la corrupción, sigue negandose a apoyar la moción de  censura.

Una posible salida, que no debería violentar excesivamente a C's, podría ser presentar la moción de censura con el compromiso de convocar elecciones generales en el plazo más breve posible.

Los ex duques de Palma procesados

Hace no muchos años hubiera sido impensable que se procesase por corrupción a dos miembros de la familia real, pero hoy finalmente ha sido posible: La infanta Cristina y su marido I Urdangarin, han sido procesados por corrupción en relación con algunos negocios oscuros realizados con el gobierno de Mallorca, utilizando de forma abusiva su relación de parentesco con el Rey

Siendo muy positivo que este procesamiento haya sido realidad, no puede decirse que se haya cumplido la afirmación del Rey Felipe de que la justicia sea igual para todos, en todo caso, parece que algunos son más iguales que otros.

Como era de esperar, la infanta ha estado protegida en todo momento por la Agencia Tributaria, el abogado del Estado y el propio fiscal, de forma que solo ha sido acusada de "beneficiarse a titulo lucrativo" pues, según esta teoría,  ni participó ni se enteró de nada, siguiendo la tradición de mujer florero que inauguró la ex ministra Ana Mato, que también ha sido utilizada por los abogados  de la Infanta y admitida como buena por las magistradas. El feminismo conviene poco en estos casos, aunque se trate de mujeres bien preparadas y que ocupan puestos de responsabilidad.

Urdangarin ha sido quien ha pagado los platos rotos pero, aún así, ha habido una estrategia de limitar los daños todo lo posible, de esta forma, la condena ha sido finalmente lo más reducida posible. Los 19 años de la petición fiscal inicial, han quedado reducidos a solo 6 por un procedimiento sorprendente: Las imputaciones que tenía el ex-duque por negocios similares con la Comunidad de Valencia y el Ayuntamiento de Madrid, no se han considerado porque la parte contratante no era una institución pública sino un ente distinto, organismo o empresa publica, que, al parecer según la ley vigente en aquel momento no podía prevaricar, y por tanto esa figura no era aplicable.

Ese curioso argumento no fue tenido en cuenta ni por el fiscal, ni por el juez instructor en los tres años de tramitación y aparece a última hora para liberar al ex duque de las dos terceras partes de su condena. Habría que esperar que el fiscal recurriera este hecho, pero dado que la fiscalía es jerárquica y el fiscal general fue en su momento el autor en una sentencia de ese precedente hay que ponerlo en duda.

No cabe duda de que el ex-duque va a recurrir la sentencia y ahí se verá si la condena se le rebaja aun mas. Habría que confiar que cuando se resuelva el recurso el Sr. Urdangarin acabe una temporada en prisión que, aunque se atenúe por todos los beneficios penitenciaron habidos y por haber, servirá de indicador de que algo está cambiando en nuestro país para que un familiar del rey,  acabe pasando una temporada en prisión. De todos modos un buen aviso para navegantes.

Habla la Justicia

Que la justicia en España es de una lentitud exasperante, es una obviedad de todos conocida pero, también es cierto, que, cada vez más, cumple con su función de forma inexorable.

Ese es el caso del juicio anticorrupción de la trama Gürtel Valenciana, el caso FITUR, consistente en la contratación fradudulenta, durante la presidencia de F. Camps, de los servicios del stand de la Comunidad Valenciana en la feria internacional de turismo.

Después de diez años de tramitación, los tres capos principales de Gurtel: F. Correa, P. Crespo y A. Pérez, han sido condenados a largas penas de cárcel y, lo que es más importante, se ha ordenado su ingreso inmediato en prisión, sin esperar la tramitación de los recursos nacionales, europeos y hasta mundiales que estos personajes agotaran pues les sobran dinero para ello. También han sido condenados los responsables políticos de la contratación: la Consejera de Turismo,  su Jefe de Gabinete y otros tres funcionarios más aunque, en estos casos, sin ingreso inmediato en prisión.

El precedente es muy positivo debido a que están en tramitación otros grandes casos relacionados con la corrupción de esta época negra, como son, entre otros, la Gürtel de Madrid, la visita del Papa a Valencia, la Púnica, el Palma Arena, el caso Noos, las tarjetas Black y otras piezas de Bankia y los ERES de Andalucía.

Pero la justicia penal no solo actúa en el campo de la corrupción, tiene también una vertiente más política relacionada con la independencia de Cataluña. El seudo-referendum celebrado en Cataluña el 9 de noviembre de 2014, fue denunciado al TC por el gobierno y este decidió que debería abrirse una investigación penal, que ha dado lugar al juicio que se ha celebrado la pasada semana contra el presidente Artur Mas y dos de sus consejeras a los que se ha pedido 10 años de inhabilitación.

La "operación 9 de noviembre" tuvo ciertas características propias del juego del gato y el ratón, pues el gobierno catalán intentó simular obediencia a la orden del gobierno de Madrid, adjudicando la ejecución del proceso a voluntarios, que difícilmente podían actuar solos y Madrid se tomó su tiempo en prohibir la consulta, haciéndolo cuando los preparativos de la misma estaban ya muy avanzados. De alguna manera, estas "vacilaciones" se pueden interpretar como un intento de ambas partes de evitar que el choque institucional fuera más violento. En cualquier caso es muy probable que haya sentencia condenatoria, quizá menos grave que lo que pide el fiscal, y con ello la situación catalana seguirá en el mismo callejón sin salida, eso si, con un punto más de gravedad.

EL hecho de que se hayan infringido los preceptos constitucionales justifica la intervención de la justicia, pero no le quita nada de carácter político a este juicio al que se ha llegado a él por haber cometido errores políticos, algunos de ellos de bulto.

Hay que señalar también que, una vez más, se ha puesto de manifiesto el fuerte apoyo que tiene en la sociedad catalana el referéndum de autodeterminación. Conseguir que un día laborable, a primera hora de la mañana, 50.000 ciudadanos acompañen a los procesados hasta el tribunal, no es un hecho que haya que echar en saco roto y revela la fractura existente entre estos ciudadanos y la mayoría de la sociedad española.

Los papeles de Panamá

La publicación de los "Papeles de Panamá", documentación relativa a la constitución de empresas  "off shore" por la "sociedad del dinero" de todo el globo terráqueo, obtenida mediante el pirateo informático de los ordenadores de uno de los despachos de abogados panameños dedicados a estos menesteres, ha provocado un autentico escándalo financiero, incluida la dimisión del primer ministro de Islandia. 

Sin embargo, estos datos no son más que el volteo de un enorme iceberg de cuya existencia ya se tenía noticia, aunque no es lo mismo ser consciente de ello que ver los documentos firmados. Los protagonistas de estas actuaciones son "los personajes del dinero": deportistas de élite, artistas, empresarios, familias de la nobleza, banqueros, políticos corruptos, multinacionales, bancos, así como mafiosos y delincuentes de todo tipo.

Lo más sorprendente de este descubrimiento es la gran magnitud que tiene, que indica que para estos personajes, tener una empresa off shore es tan habitual como tomarse un café por las mañanas.

Una empresa  de estas características no es más que una sociedad comercial que, amparándose en la permisiva legislación de los paraísos fiscales, permite abrir empresas ocultando quienes son sus propietarios reales, lo que facilita el movimiento anónimo de capitales. En definitiva son un instrumento legal para hacer operaciones ilegales.

Las posibilidades que da tener una sociedad de este tipo son enormes, puede que incluso haya alguna que hasta sea legal, pero, en términos conceptuales, se categorizarían en tres grupos.

• En la parte baja de la pirámide estarían las operaciones menos negras, que serían las que se limitan a ocultar fondos de origen limpio a los ojos fiscales, para evitar pagar impuestos. Típicamente son los contratos de imagen de los deportistas de élite y otros profesionales, que parece que emplean estas técnicas de forma habitual.
• En el siguiente escalón de negrura, estarían los capitales obtenidos por el cobro de comisiones de carácter ilegal obtenidas por la realización de favores políticos o empresariales. Caso típico serían todas las tramas de corrupción tipo Gürtel o Bárcenas que están saliendo a la luz todos los días en España.
• En el escalón más negro, estarían los fondos de actividades delictivas, tipo drogas, trata de blancas, pornografía, tráfico de armas, etc. y las de las organizaciones  terroristas.

Además de las legislaciones permisivas de algunos países pequeños, como Panamá o Islas Vírgenes y algunas regiones de países supuestamente avanzados como las islas del canal o Gibraltar, que forman parte del Reino Unido, el entramado no sería posible sin la colaboración de bancos de todo el mundo, algunos de los cuales aparecen en los papeles y los que no aparecen seguramente aparecerán más adelante o trabajaran con otros bufetes panameños, o de cualquier otro paraíso, que por lo publicado, son muchos.

Otros actores que tienen un papel clave son los asesores fiscales y financieros y muchos bufetes de abogados locales. Que personajes tan "garrulos" como el albondiguilla, ex-alcalde de Boadilla, tengan una sociedad off shore en Panamá no sería posible sin estos colaboradores y, sin ellos, tendrían que limitarse a esconder el dinero estafado en un altillo, metido en bolsas de basura.

Si a nivel mundial los datos revelados están levantando ampollas, en España no han contado nada que, en términos globales, no se supiera. Casi todos los personajes que han aparecido eran ya protagonistas de alguna trama de corrupción o sospechosos de tener este tipo de compañías.

Lo relevante sería que los datos publicados sirvieran para dar herramientas a las autoridades para:

• Impulsar la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo.
• Hacer aflorar muchos capitales ocultos y conseguir recaudar una buena parte de los impuestos defraudados.
• Legislar a nivel nacional y europeo y, con la colaboración imprescindible de EE.UU., poner coto a lo que se ha convertido una costumbre entre los más ricos.

Para llevar a cabo estas actuaciones, en España es necesario contar con un nuevo gobierno, que potencie la legislación contra el fraude, que refuerce los recursos de inspección fiscal y que no facilite mediante amnistías fiscales que los defraudadores tengan una salida tan barata como la que han tenido con Montoro.

Las medidas necesarias forman parte del pacto PSOE-C´s. La publicación de estos documentos, y su repercusión en España, es una razón más para llegar a un acuerdo de gobierno que acabe de una vez con la era Rajoy.

Tirar al niño con el agua sucia

Las campañas electorales son una buena fuente de inspiración para hacer comentarios críticos. 

Los candidatos de los distintos partidos pasan varias semanas dando mitines y haciendo debates y declaraciones y eso da lugar a equivocaciones, anécdotas y situaciones ridículas. No es mi intención hacer bromas fáciles con ello, pues no quiero contribuir a la burla generalizada de los representantes políticos, que está tan de moda.

Mi comentario va en el sentido de poner de manifiesto el puritanismo exagerado que se está apoderando del debate político que llega, en algunos casos, a extremos ridículos. Ciertamente ese puritanismo nace de la indignación que ha producido la corrupción y el enchufismo que se ha puesto de manifiesto en los últimos tiempos, pero en algunas ocasiones ese intento por tirar el agua  sucia, puede implicar también arrojar por la borda herramientas importantes para el ejercicio democrático.

Aunque no sean los únicos, los principales protagonistas de esta ola puritana son los partidos emergentes, Ciudadanos y Podemos. Algunos ejemplos oídos estos días, son más que anécdotas pues representan posiciones puritanas de fondo.

El reparto de los sillones

En la elección de la presidenta de Andalucía en la que todos los partidos de la oposición a Susana Diaz están haciendo todo un papelón, surgió el asunto del reparto de los sillones, también podían haber dicho poltronas que suena peor, de la mesa de la Asamblea.

La portavoz de Podemos declaró con gesto despectivo, que ellos no están en política para repartirse los sillones, que eso era cosa de la vieja política.

Sorprende que un partido político, por novato que sea, no sea consciente de la importancia que tiene la mesa de un parlamento y minimice el derecho que tiene a estar presente en ella con la representación que le corresponda. El PP y el PSOE ejercieron legítimamente su derecho y su obligación, a defender la representación que creían que les correspondía y eso NO es trafico de sillones, es ejercer la representación que les ha otorgado las elecciones.

Los bancos y la financiación

El concepto moderno de la banca como entidad de financiación, se inicia en la edad media y hoy, en pleno siglo XXI, es inconcebible pensar que la sociedad pueda funcionar sin bancos. Ciertamente los abusos de la banca han sido muy importantes en los últimos años y el coste de su rescate para la sociedad enorme, aunque todavía cabe la la esperanza de que los próximos gobiernos busquen los mecanismos para recuperar lo que se ha invertido en el rescate de los bancos.

Pero que un partido político de nuevo cuño satanice a la banca en su conjunto y como concepto y busque su financiación por mecanismos atipicos y no controlables, como el crowfunding de dudosa legalidad para la financiación política y criminalice  a la ciudadanía que utiliza la banca en su vida diaria, no deja de ser una vuelta atrás, a los tiempos del trueque.

La banca necesita sin duda un control mucho mayor y la necesidad de crear una banca pública con los fondos del rescate es una idea que se va abriendo paso, pero de ahí, a prescindir de la banca como fuente de financiación hay un largo camino que Podemos parece dispuesto a transitar.

Los cargos de confianza y el enchufismo

Entre las obligaciones del gobernante no está solamente la de cumplir el programa con el que se ha presentado, está también la de elegir a las personas más adecuadas para realizarlo y eso incluye a ministros, consejeros y equipos de gobierno municipal y también, a altos cargos que pueden ser o no funcionarios. La ley tiene tasado en que casos los altos cargos tienen que ser forzosamente funcionarios, en la AGE hasta Subdirector General, mientras que los Directores Generales pueden serlo o no. Otra cosa son los asesores,  los  componentes de los gabinetes y los responsables de empresas públicas u organismos autónomos que suelen ser cargos de libre designación. Que en muchos casos ha habido abusos de nombramientos a dedo y enchufes, es bastante evidente y por ello son necesarios controles más rigurosos, pero obligar a que todos los altos cargos sean siempre funcionarios como se ha llegado a proponer, es una auténtica barbaridad que priva a los gestores de algunas herramientas necesarias para hacer un buen trabajo.

Los pactos

Los pactos son consustanciales a la actividad política, y mucho más cuando se perfilas un escenario político multipartidista. Que en estas condiciones A. Rivera, presidente del partido emergente C´S, proclame a los cuatro vientos que solo pactará donde gane ¿Que quiere decir?

• Que no va hacer pactos menores, de investidura, con otros partidos, repitiendo la lamentable posición que están teniendo en Andalucía.
• Que no va a participar en ningún gobierno que encabece otro partido.
• Que no va a permitir acuerdos con otros partidos cuando tenga mayoría relativa.
• Que solo va a gobernar cuando obtenga mayoría absoluta, situación casi imposible en el panorama actual.
• Que no va a gobernar nunca.

Si esto es así más le valdría a Albert Rivera haber organizado una orden monástica en vez de un partido político.

La sobreactuación en estos temas puede llevar a tirar el agua sucia con el niño dentro y así no es posible hacer política.

Teoría de los vasos comunicantes

Mucho se ha criticado a los políticos que han pasado del sector público al privado, practicando lo que se ha dado en llamar "puerta giratoria", el paso inverso es normalmente menos criticado e incluso, algunas veces, ensalzado como virtud.

Esta visión tan negativa es propia del análisis sin matices que suele hacerse actualmente, en el que todo lo que este relacionado con la política es sospechoso. Un análisis más sosegado llevaría a la conclusión de que no todas las "puertas giratorias" son iguales.

No es lo mismo un ex-presidente del gobierno de España que después de muchos años de cesar de su cargo, acepta un puesto en el consejo de administración de una gran empresa, que en un ex-consejero de sanidad que se coloca, nada más dejar su puesto, en el consejo de administración de la empresa de servicios médicos a la que acaba de adjudicar un gran contrato de gestión hospitalaria. Lo primero puede ser poco estético, pero lo segundo, tiene otro nombre muy diferente.

Los casos de dos conocidos diputados populares, F. Trillo y M. Pujalte,  que han aparecido recientemente, no parecen ser puertas giratorias, se asemejan mucho más a la versión política de la teoría de los vasos comunicantes (VC):

"En física los VC son un sistema compuesto por dos o más recipientes en donde uno con mayor nivel de líquido que el otro, se unen a través de un tubo hueco generando un desplazamiento del liquido desde el que contiene más líquido hacia el que contiene menos"

En su versión política, lo que fluye en un sentido es información privilegiada e influencias mientras que, en sentido contrario, fluyen retribuciones en forma de honorarios por "supuestos informes orales de consultoría estratégica".

Después de treinta años de trabajar en el sector de consultoría, puedo asegurar que el producto de un contrato de asesoría es siempre una colección de documentos técnicos y de gestión, relativos al tema que corresponda. El informe oral tomando café, nunca lo he visto.  

Ignoro por que razones se ha enfocado la denuncia de esta práctica como un abuso de las compatibilidades laborales de los diputados, creo que es mucho más grave: se trata con toda probabilidad de tráfico de influencias. Las compatibilidades laborales de los diputados seguramente necesitan una revisión profunda y concederse con mayor rigor que el que parece se sigue actualmente, pero nunca, ni siquiera con la laxitud actual, pueden servir para ocultar ningún chanchullo.

Novecento en el sigloXXI

La 2ª marcha por la dignidad, celebrada en Madrid el pasado 21 de marzo con ciudadanos procedentes de todos los rincones de España, parecía más una imagen del pasado, de principios del siglo XX, que del siglo XXI.

Esta apreciación tiene un carácter meramente descriptivo, sin ninguna connotación negativa y reconociendo sin ambages que la marcha ha tenido un éxito notable, aunque su repercusión posterior haya sido mínima. Es una de esas noticias que un día ocupan todos los medios de comunicación y al día siguiente  desaparecen sin dejar rastro.

El carácter "retro" de la marcha viene dado  por la iconografía y los carteles utilizados, por los lemas básicos: Pan, Trabajo, Techo y Dignidad, más propios de los primeros años del siglo XX y por el tipo de movilización, una marcha a pie como eje de la protesta, aunque como es lógico, muchos otros se incorporaron en autobús y otros medios de transporte y Madrid aportó muchos manifestantes.

Otro elemento que le da un carácter "vintage" es la estrategia de cambio proclamada: una huelga general para el otoño de 2015, coincidiendo, seguramente no por casualidad, con la convocatoria de elecciones generales. El hecho de que la convocatoria de esta supuesta huelga no este avalada por los sindicatos mayoritarios es un indice más del voluntarismo que está implícito en esta movilización.

Las 300 organizaciones convocantes de la marcha incluyen sindicatos minoritarios, asambleas 15M, mareas, colectivos de parados, plataformas ciudadanas específicas como la PAH o la PAHC y otros colectivos, todos ellos con un cierto carácter antisistema. También tienen el apoyo de algunos partidos como Podemos, IU o EQUO, siempre proclives a combinar actuaciones institucionales con convocatorias de estas características, y del Foro Cívico de J. Anguita.

Lamentablemente, aunque los métodos y procedimientos sean más propios de otra época, las reivindicaciones básicas de la convocatoria tienen una insultante vigencia, como revelan los datos de parados sin cobertura, desahucios de primeras viviendas, algunas de ellas públicas y de carácter social, pobreza energética, y hambre de muchas familias que sobreviven gracias a sus familiares y a la solidaridad ciudadana de los bancos de alimentos, así como, a nivel macro, la evolución de la distribución de la renta nacional entre capital y trabajo que cada vez favorece más al capital. En España, se produce menos por la crisis y, además, se reparte peor.

En 2015, España forma parte la Unión Europea, somos supuestamente un país desarrollado y tenemos potentes sindicatos de clase y partidos políticos de izquierdas con representación institucional, que debieran de ser suficientes para que las reivindicaciones básicas que plantea la marcha del 21M no afectasen a una parte tan significativa de la población española como lo está haciendo. 

Es el momento de reivindicar la política para salir del enorme agujero de pobreza en que nos ha metido el gobierno del PP, escudándose en los principios de la troika europea que no ha estado a la altura de las circunstancias y ha olvidado una vez más los principios de solidaridad que inspiraron la Unión Europea.

Aunque la actuación del PSOE en los primeros años de la crisis también tuvo muchos errores, en este momento se ha empezado a rectificar y vuelve  a ser una herramienta fundamental para la recuperación de los derechos y la dignidad de los ciudadanos.

Sería deseable, respetando el derecho de los convocantes a reivindicar lo que quieran y de la manera que estimen oportuna, que en 2016 una convocatoria como la del 21M tuviera un eco menor porque los problemas planteados en ellas se estaban abordando y resolviendo sin necesidad de ese tipo de manifestaciones.

Corrupción y malas practicas sociales

La corrupción, uno de los problemas sociales que los ciudadanos consideran actualmente más preocupantes,  es un delito grave que, afortunadamente, está ya en manos de, que actúan con más lentitud de lo que a muchos nos gustaría.

En un nivel inferior, pero no menos grave por estar mucho más generalizado, existen una serie de malas practicas, irregularidades o como se las quiera llamar, que todavía son moneda común en España por el largo tiempo que se llevan practicando.

Algunas de estas malas prácticas sociales han acabado convirtiéndose en delito, debido en buena parte a la presión popular. El uso de las tarjetas opacas de Cajamadrid es una de estas practicas que han sido consideradas delito con la imputación en la Audiencia Nacional de los 78 consejeros implicados y no solo, como se hizo inicialmente, de los tres inventores del fraude.

Aunque algunas de estas malas practicas como el enchufismo, el amiguismo, el aprovechamiento de la falta de normas para hacer viajes privados por cuenta del presupuesto, u otros temas similares, tienen que ser erradicadas, están tan extendidas desde hace tanto tiempo, que su eliminación no resulta tarea fácil.

En este contexto, sorprende mucho, o quizá no tanto, que algunos de los principales profetas de la honestidad total, hasta llegar en algún caso a un puritanismo casi agobiante, caigan con facilidad en los vicios que tan furibundamente critican.

Empezando por el presidente de Extremadura, J. A. Monago que nada más auto-proclamarse como el gran paladín de la honestidad del PP, alguien, seguramente de sus mismas filas, filtra los viajes que hizo a Canarias por cuenta del senado para una función de gran interés público: visitar a su novia.

El siguiente caso lo protagoniza la gran regeneradora de IU en Madrid, que en el Ayuntamiento de Rivas, junto con su padre también concejal de IU, votó a favor de la adjudicación de un concurso del que era responsable su hermano, sin ausentarse de la votación ni manifestar, como obliga la Ley, el parentesco con el responsable de la oferta. La comisión de investigación formada en Rivas ha detectado algún otro asunto similar.

Otros profetas de la pureza del comportamiento, los dirigentes de  Podemos I. Errejón y J.C. Monedero, tampoco predicaron con el ejemplo, el primero enchufándose con un compañero de partido, jefe de un departamento universitario, para hacer un trabajo presencial sin que se le viera aparecer por la Universidad de Málaga, mientras que estaba continuamente en los medios de comunicación protagonizando la fundación de su partido Podemos.

Monedero, con dedicación exclusiva en la U. Complutense de Madrid, haciendo proyectos para Venezuela y otros países caribeños sin solicitar el preceptivo permiso ni abonar el porcentaje señalado por los estatutos universitarios y facturando por medio de una empresa instrumental, creada posteriormente, con objeto de reducir la carga fiscal.

Las justificaciones de ignorancia o errores administrativos que se dieron en todos estos casos son dignas de la infanta Cristina o de la ex ministra Ana Mato: totalmente increíbles e inaceptables.

Que en España, que sigue siendo el país de con IVA o sin IVA, pasen estas cosas, es público y notorio, pero que las protagonicen los supuestos adalides de la honestidad, es una muestra de cinismo que resulta incomprensible e intolerable.

Estos responsables políticos deberían disculparse públicamente por sus actitudes y asumir las consecuencias que de ellas se deriven.

Como dice el refranero español:Una cosa es predicar y otra dar trigo.

ENCUESTA SOBRE POSIBLES PACTOS DE GOBIERNO EN EL LATERAL DERECHO DE ESTE BLOG.

Honestidad: toda. Control: el máximo. Transparencia: la necesaria

En los últimos años, la vida pública española ha sufrido numerosos casos de corrupción, que demuestran que la administración del dinero público no se ha hecho en muchos casos con la honradez necesaria.

Se han detectado también algunos casos de malas prácticas que han estado en la base de muchos casos de corrupción y en otras ocasiones, han dado lugar a abusos por la interpretación, de forma muy favorable para el interesado, de algunas normas poco desarrolladas.

La casuística de la corrupción es compleja y lo único claro es que siempre es debida a la falta de honestidad de políticos, empresarios o empleados públicos. La ausencia o debilidad de los controles o a la falta de transparencia, juegan en muchas ocasiones un papel significativo.

Honestidad, control y transparencia son las tres variables clave para aproximarse un poco el grave problema de la corrupción.

Es obvio que si todos los políticos fuesen honrados no habría ningún tipo e corrupción, pero eso no es posible, la posibilidad de corromperse existe y solo hay dos antídotos, uno que las organizaciones políticas seleccionen cuidadosamente a sus candidatos introduciendo entre los requisitos para presentarlos, ademas de los de mérito y capacidad, el de honestidad que podría comprobarse con un examen previo del candidato.

Como, por riguroso que sea el examen (en cualquier caso se trataría de exámenes serios no de pantomimas ensayadas como las que ha hecho recientemente E. Aguirre), la corrupción sigue siendo posible, es necesario mejorar los controles existentes o implementarlos donde no los hubiera. Pero, antes de ello, es imprescindible utilizar adecuadamente los elementos de control existentes, pues de nada sirve tener controles muy rigurosos si luego no se aplican.

El caso Púnica, recientemente descubierto, se basa en la adjudicación de contratos de servicios, en su mayor parte de eficiencia energética, por encima de su precio, repartiéndose la empresa adjudicataria y los corruptos el diferencial del precio.

¿Hay que poner mas controles en la adjudicación de este tipo de contratos? Seguramente no, bastaría con aplicar correctamente los existentes.

Un contrato de servicios se inicia con un pliego de condiciones que elaboran los servicios técnicos, habitualmente ingenieros municipales, y que es aprobado por el gobierno y supervisado por la oposición. La adjudicación del contrato la hace  una mesa de contratación formada por técnicos y políticos del gobierno, a cuyos resultados tiene que tener acceso la oposición. Dado que un pliego de eficiencia energética consiste básicamente en contar bombillas para sustituirlas por otras mas modernas y de menor consumo, cuyos precios  son conocidos, la redacción de un pliego de estas características no debe ofrecer mayores dificultades.

Por tanto el proceso tiene teoricamente suficientes controles técnicos y políticos para evitar el fraude. Solo la deshonestidad directa de algunos políticos y funcionarios y la inhibición o incapacidad de otros no siendo capaces de detectarlo, lo permiten.

Recientemente han aparecido otros casos de malas practicas, son los numerosos viajes a canarias del presidente de la Junta de Extremadura, J. A. Monago cuando era senador, presuntamente para ver a su novia y la adjudicación de una plaza de investigador universitario, adjudicada sin competencia por el director del departamento (casualmente miembro tambnién de Podemos) del dirigente de este partido Iñigo Errejon, para la realización de un estudio que difícilmente ha podido realizar dada la amplia actividad política que ha tenido en el mismo período.

El descubrimiento de los viajes de Monago, que se ha debido seguramente a un chivatazo de sus propios compañeros de partido, ha hecho aflorar una antigua mala práctica que permitía a los parlamentarios viajar con cargo al presupuesto del parlamento sin tener que dar ninguna explicación. Esta ausencia de procedimiento y control ha facilitado sin duda este tipo de abusos y por ello se ha pedido insistentemente su regulación. Las Cortes, aunque a trompicones, han establecido un primer procedimiento de control por el que la autorización de los viajes recae en la dirección de cada grupo parlamentario. El acuerdo es mejorable y algunos grupos han adelantado que proporcionaran datos complementarios, aunque no van a llegar, por respeto a la confidencialidad que tienen alguno de estos desplazamientos, a publicar en detalle cada viajes que hace cada parlamentario, como reclamaba un sector de la prensa.

El caso del presunto enchufe de Errejon, ha saltado por una denuncia de la Junta de Andalucía, a pesar de que las convocatorias y adjudicación de este tipo de contratos son públicas.

Aunque el nivel de transparencia sea sin duda un indicador claro de la calidad de nuestras instituciones democráticas, partidos políticos incluido, en materia de corrupción no siempre es una herramienta definitiva.

Hace tiempo que los contratos de los Ayuntamientos se publican (pliegos y adjudicaciones) en el área de perfil del contratante de cada uno de ellos y en la plataforma de contratación del Estado, por tanto, salvo que estos expedientes no se hubieran publicado, hay que considerar que la transparencia formal de las contrataciones de Púnica ha sido la que procede y, sin embargo, no ha sido suficiente para detectar la operación Púnica, que ha saltado como erivada de la investigación de las cuentas Suizas de Granados.

Algo similar puede pasar en el caso del contrato de investigación de I. Errejon pues estas convocatorias y contratos también son públicos, y tampoco nadie lo ha detectado.

La clave de la transparencia, sobre la que los medios de difusión ponen el mayor énfasis, tiene una importancia secundaria en los asuntos de corrupción pero en cambio en muchas ocasiones atenta de forma grave a la intimidad de las personas afectadas, sean o no presuntos delincuentes.

La obsesión excesiva por la transparencia puede conducirnos a una sociedad vigilada permanente por un Gran Hermano que nos mira por el ojo de la cerradura y luego lo pública en los medios de comunicación glosándolo con todo tipo de comentarios, casi siempre poco respetuosas.

Por eso ,para mejorar la honestidad es necesario, en primer lugar cumplir los controles existentes y cuando no sean suficientes mejorarlos o implantarlos de nuevo, en cuanto a la transparencia, la necesaria, sin violar los limites de la confidencialidad y del respeto a la intimidad personal.

¿Ha tocado fondo la corrupcion politica?

La "operación púnica", que se ha desarrollado en varias localidades de Madrid, León, Valencia y Murcia, es el último episodio de corrupción política descubierto en España. Ha supuesto la imputación de 51 persona y el ingreso en prisión de 35 implicados, entre ellos 6 alcaldes de Madrid, el antiguo S.G. del PP de Madrid y el presidente de la diputación de León.

Esta operación se ha llevado a cabo poco tiempo después del descubrimiento de la trama de las tarjetas opacas de Cajamadrid, y a semejanza de ella, está encabezada por antiguos dirigentes del PP, y los implicados son en su mayoría también miembros de este partido, aunque tambien haya algún militante del PSOE y de IU (ambos en Parla), y algunos empresarios corruptores.

Esta vez no se trata de una trama antigua relacionada con el ladrillo, sino de una muy reciente aunque utilizando técnicas parecidas, la adjudicación fraudulenta de concursos. Los datos disponibles parecen indicar que  esta vez no se trata de financiación ilegal de partidos sino, solamente, de golfería personal.

Por buscar algún elemento positivo, esta trama se ha descubierto cuando llevaba "solamente" dos años de actividad cuando otras como, Gurtel, o Barcenas, tuvieron un recorrido mucho más largo antes de ser descubiertas. Esta relativa rapidez de actuación podría indicar que las autoridades judiciales y policiales están ahora más en guardia.

Las reacciones de los partidos políticos también han sido mas rápidas, pues nada más conocerse la operación todos los afiliados han sido suspendidos de militancia.

Hay que empezar a tener la esperanza de que la corrupción política haya tocado fondo y que estos últimos escándalos sean el principio de su final.

Para conseguirlo realmente, es necesario dejar de marear la perdiz y empezar a tomar medidas consensuadas y eficaces a corto, medio y largo plazo, pues casi todos los partidos estamos implicados.

En primer lugar hay que definir un instrumento de trabajo sin buscar ventajas políticas.

La propuesta del PP de un pacto PP-PSOE favorece a los populares pues puede interpretarse como un intento del PP de tapar sus vergüenzas, que son mayores que las de todos los demás, con el mínimo coste, además de dar argumentos  a los que no se cansan de proclamar la necesidad de un pacto PP-PSOE para un futuro próximo; pero la propuesta de un pleno  del Congreso visualizaría un todos contra el PP, o una generalización del "y tu más" que el PP no puede aceptar y que supondría seguramente un paso más hacia el desprestigio de nuestro sistema democrático.

Es necesario hacer una propuesta neutral que no dé ventajas a nadie. La iniciativa de Rubalcaba de  2013 de invitar a participar a un grupo de hombres y mujeres de reconocido prestigio e independientes que sean aceptado por todos, podría ser una opción; pero sea esta formula o cualquier otra, tiene que ponerse en marcha inmediatamente. No se puede a seguir mirando al tendido

Entre las medidas que hay que tomar de forma imprescindible, está la de dotar de mas medios a la Administración de Justicia y simplificar sus procedimientos administrativos. Los procesos de corrupción se eternizan y se mezclan los mas antiguos que ya tenían que estar cerrados, con los  nuevos que van surgiendo. Dentro de poco volverán a aparecer, como si se tratara del Guadiana, los casos de Urdangarin, Barcenas o Gurtel.


Según muchos juristas es necesario cambiar también algunos aspectos del código penal, que parece que se ha quedado anticuado. Estos cambios, que en cualquier caso hay que abordar cuanto antes, solo tendrán eficacia de cara a prevenir el futuro pues a los que están en tramite, o a los que aparezcan próximamente, no se les podrá aplicar. 

Por ultimo es imprescindible tomar medidas políticas en el interior de todos los partidos, por un lado de cara al futuro, cuidando la selección de los candidatos, para eso las primarias son un buen instrumento aunque no sea el único, y por otro investigando a fondo las responsabilidades que pueda haber en el seno de los partidos.


En el caso de las tarjetas negras, que han estado utilizándose durante más de diez años, no es creíble que ningún dirigente de los que nombraron a estos consejeros y tenían la obligación de controlar su actuación, sea responsable de nada. En Cajamadrid el abuso y la falta de diligencia de los controladores ha costado no solo los 16M€ defraudados sino tambien los 22.000 que ha habido que aportar para el rescate de la Caja, debido a la lamentable gestión que se hizo en ella.

Un buen ejecutivo que consigue brillantes resultados, debe estar bien pagado, pero en la Caja se pagó espléndidamente a unos gestores mediocres que la llevaron  a la ruina cuando hasta hace unos años era una entidad muy sólida. La gestión de Mario Conde en Banesto parece ahora una broma comparado con la que se hizo en  Cajamadrid.

Hay que confiar en que realmente se tomen las medidas para que empiece acabarse con la corrupción política, los ciudadanos están indignados con toda razón y los socialistas lo estamos con más razón todavía, pues  una buena parte de la corrupción la teníamos en nuestra propia casa.

¿Nos gusta la corrupción?

La pregunta del titulo es retorica pues basta con ver la televisión, escuchar la radio o leer la prensa,  sea cual sea su tendencia, supuestamente amarilla o supuestamente seria, para que la respuesta sea positiva.

Si se sintoniza a media mañana  o a media tarde cualquiera de las dos cadenas privadas y supuestamente progresistas de TV, La Cuatro y La Sexta, el resultado es desolador. Se pasan todos los días, hora tras hora, manoseando insistentemente escándalos de cualquier tipo y entre ellos, como protagonista principal, la corrupción política.

Repiten tantas veces los mismos argumentos, que el numero de mujeres maltratadas, muertos en accidentes  de trafico, aunque sean en la otra parte del mundo o de actos de corrupción política, parece mucho mas elevado que el que existe realmente, lamentablemente muy alto.

Su insistencia es de tal calibre que parecen disfrutar de los escándalos tanto como un hipopótamo en un charco de barro y parece lógico pensar que necesitan los escándalos para poder sobrevivir todos los días. 

No se trata de minimizar la corrupción ni de matar al mensajero, hay que reconocer sin matices que el nivel de corrupción ha alcanzado un grado insoportable y hay que reconocer el papel positivo de los medios de comunicación en su denuncia permanente de estos escándalos, pero el exceso de comentarios, muchas veces sin aportar datos nuevos, está contribuyendo de forma muy negativa a incrementar la desmoralización social, que ya es muy grande, y a que crezcan fenómenos populistas como POdemos que, ademas, parecen de plantilla, pues están continuamente en Antena.

El tema de las supertarjetas en negro de los consejeros y directivos de Cajamadrid y Bankia, es un buen ejemplo, sobre el que se pueden aportar algunas reflexiones.

En primer lugar se están cargando las tintas sobre los consejeros y directivos que han utilizado las tarjetas sin discriminación ninguna, crucificandolos públicamente y sin excepción antes de escucharlos. Al mismo tiempo se esta minimizando el papel de Blesa y sus directivos y de su "modelo de gestión" que pusieron en marcha el sistema y que tienen una responsabilidad mucho mayor.

En segundo lugar no se hace distingo alguno entre los 86 implicados, cuando se ha sabido que cuatro de ellos no han hecho gasto alguno aunque sus nombres aparecen igual. Entre los que han cargado gastos en la tarjeta las diferencias son tambien muy notables.

Existen versiones contradictorias sobre el uso de la tarjeta, según algunas informaciones, eran parte de la retribución mientras que en otras se afirma que eran para gastos de representación, no hay que descartar que hubiera tarjetas de distintas clases o que a lo largo del tiempo evolucionaran. 

Cuesta mucho creer que todos los consejeros de Cajamadrid de los diez últimos años, algunos de ellos con trayectorias impecables hasta ahora,  sean unos presuntos golfos.

Ademas de los medios de comunicación, algunos dirigentes políticos se han precipitado en condenar a todos los consejeros y, han hecho declaraciones muy radicales al estilo POdemos. Las protestas indignadas del ex ministro Virgilio Zapatero es una muestra representativa de que se pueden estar realizando acusaciones precipitadas

Los responsables políticos deberían haber sido mucho mas prudentes antes de enviar a la hoguera a sus representantes en la Caja, ademas no tienen derecho a hacerse de nuevas ya que las tropelías cometidas en Cajamadrid, incluyendo la caracteristicas fundamentales de las supertarjetas, eran de sobra conocidas hace mucho tiempo y el hecho de que aparezcan nuevos detalles, no lo convierten en un nuevo escándalo como puede deducirse del ruido mediático que se ha levantado, sino en un capitulo mas del lamentable serial de Cajamadrid.

Por supuesto los responsables políticos y  sindicales madrileños y nacionales tienen que investigar a fondo, antes de lanzar condenas implacables, estas actuaciones de sus militantes, pero no pueden limitarse a ello, ya que no se tomaron medidas para cortar su utilización y deben, ademas, asumir sus responsabilidades si una parte de ese dinero se hubiera gastado en temas propios de cada organización.

La falta de respeto a la protección de datos es notoria, se han publicado nombres de personas por el simple hecho de ser consejeros de la Caja, lo que implica que por representar a un partido, sindicato u otras entidades se es también un presunto delincuente.
 
Seria muy saludable que los implicados devolviesen el dinero no imputable a gestiones relacionadas con la Caja y regularizasen los impuestos correspondientes 
y por supuesto, dimitiesen de todos sus cargos públicos y orgánicos hasta tanto se aclare totalmente el tema, que para cada uno, sera distinto pues no se pueden meter a todos en el mismo saco.

Este ultimo episodio de corrupción puede ser una buena oportunidad para empezar a corregir los lamentables comportamientos de los años anteriores pero no basta con sacrificar en la hoguera a los afectados directos, ni hacer sobreactuaciones propagandísticas, es necesario también investigar las implicaciones de los órganos de dirección de las organizaciones regionales, que no pueden limitarse a rasgarse las vestiduras como si no supieran nada y ponerse los primeros en exigir responsabilidades.

Las propuestas de regeneración democrática tienen una buena ocasión para empezar a plasmarse, mas allá de medidas simbólicas de cara  a la galería como prohibir a los diputados dar clases en la Universidad o colaborar en prensa, radio o TV.

Lo fácil en estas situaciones, es unirse al coro de los que se rasgan las vestiduras y contribuir a crucificar indiscriminadamente a todos los afectados.  Me niego a ello.


Cuando se conocen directamente a algunos de los miembros de CC.OO. y del PSOE afectados y nunca se ha tenido ninguna razón para dudar de su honestidad personal, es necesario conocer mas detalles, incluidas sus explicaciones, antes de condenar globalmente a todos.

Escribiendo estas reflexiones se corre el riesgo de que se considere que se pretende restarle importancia a estas actuaciones en Cajamadrid, no es esa la intención sino la de intentar contribuir a un análisis mas sosegado de este asunto y evitar cabezas de turco mientras algunos otros con mayores responsabilidades se quedan al margen. 

La prueba del algodón

La corrupción política que se ha instalado en España en el último decenio, ha adquirido unos limites considerables hasta el punto de que se ha convertido en uno de los temas de mayor preocupación de la ciudadanía.

Lamentablemente, el grado de corrupción existente es bastante más que un asunto puntual, se trata de tramas organizadas que forzosamente tienen que tener muchas complicidades en altos niveles de las administraciones públicas afectadas y, por consiguiente, en los partidos políticos que las sustentan. Muchos ciudadanos consideran que la corrupción es generalizada y afecta a todas las instituciones del país, aunque no comparto esa opinión si creo que la situación es extremadamente grave.

Los partidos políticos más significativos tienen sus propias tramas de corrupción: En el PP, Gurtel, Barcenas, Palma Arena, Galicia..., en CiU, el Palau, las comisiones históricas del 3%, los negocios de la familia Pujol y ahora aparecen las cuentas en Suiza que propio Jordi Pujol ha tenido ocultas durante más de 30 años. Pero no solo es la derecha la que está inmersa en tramas de corrupción, el PSOE, para vergüenza de los que somos socialistas, aparece también con la estafa de los ERES de Andalucía y, más recientemente, con el fraude de los fondos de formación en los que está implicado un antiguo Consejero de Empleo de la propia Junta y su familia.

En estas condiciones, debería aplicarse la norma bíblica de “el que este libre de pecado que tire la primera piedra”, sin embargo no es así, todos los partidos practican el irresponsable deporte de tirarse piedras entre si, cuando sale la corrupción del adversario y dar excusas de mal pagador como la proclamación de su inocencia, la declaración de que la imputación no representa culpabilidad, u otras parecidas, cuando aparecen temas de corrupción propios.

La corrupción implica en muchas ocasiones responsabilidades penales, que deben tratarse en los juzgados, pero en prácticamente todas ellas, existen responsabilidades políticas que tienen que resolverse en el seno de los propios partidos.

Simplificando el análisis, distinguiría tres niveles de corrupción:

• El alto cargo o dirigente político que se beneficia en provecho propio de concursos o subvenciones públicas.
• El alto cargo que facilita la concesión de concursos o subvenciones en beneficio de terceros.
• El dirigente que aunque ni se beneficie ni participe directamente en la aprobación del gasto público correspondiente, tiene conocimiento del mismo y no lo denuncia ni hace nada para evitarlo.

Estas tres situaciones, con sus múltiples variantes, pueden tener o no consecuencias penales pero siempre tienen responsabilidades políticas.

Existiría un cuarto supuesto, que no considero por inverosímil, sería lo que podría llamarse supuesto “Infanta Cristina o Ministra Ana Mato” consistente en que el dirigente declara que no se ha enterado realmente de lo que está pasando. Si esto fuera cierto, como declara la Infanta en relación con los negocios del duque o la Ministra con los coches de lujo de su marido, no merecería ocupar un cargo público y las responsabilidades políticas habría que exigírselas a aquellos que los nombraron.

Las propuestas de regeneración que los partidos han presentado se limitan, en el mejor de los casos, a intentar regular problemas importantes pero secundarios, como las puertas giratorias o la transparencia, cuando para atacar los principales casos de corrupción, bastaría con aplicar las leyes existentes ya que no hay nada que permita robar a las Administraciones públicas o ser cómplice de los robos de otros. En el peor caso, el PP utiliza la necesidad de regeneración de la vida pública para promover cambios en la ley electoral, que no responden a ningún problema existente y solo favorecen sus propios intereses.

En definitiva, los partidos deben demostrar una auténtica voluntad de regeneración, pidiendo responsabilidades políticas en su propias filas y limpiando los casos existentes que consiste en retirar la confianza a los cargos públicos afectados, sean quienes sean, exigiéndoles su dimisión e imponiendoles las sanciones correspondientes, expulsión incluida. Las sanciones penales, si existieran, correrían por cuenta de los jueces, a los que los partidos deberían prestar su máxima colaboración.

La asunción de responsabilidades tendría que completarse con los cambios regulatorios que fueran necesarios, entre los que debería figurar el dar mayor poder de control a la oposición que muchas veces tiene dificultades en fiscalizar las acciones de gobierno. En los Ayuntamientos, por ejemplo, existen habitualmente un número excesivo de competencias delegadas en la Comisión de Gobierno y en la Alcaldía que dificultan el trabajo de control de la oposición.

La propuesta “regeneradora” del PP de posibilitar alcaldías sin mayoría absoluta, reforzarían las posibilidades de concentración de poder en los alcaldes y por tanto, daría más facilidades a la corrupción.

La “autodepuración” de los partidos tendría indudables costes políticos que en la situación actual podrían ser compensados por los beneficios que supondría para la democracia, y por consiguiente para los propios partidos, una regeneración creíble que superará la “prueba del algodón” de la ciudadanía, devolviéndole la confianza en la política y en los políticos.

El momento para hacer este movimiento puede ser adecuado por varias razones.

En primer lugar el desprestigio de los políticos, agravado por la crisis económica, es tan alto, que poco más se podría perder reconociendo, y corrigiendo, lo que casi todo el mundo denuncia.

En segundo lugar la imputación de un personaje, que hasta ahora ha sido considerado honorable más allá de los títulos oficiales y la alta probabilidad de que dos ex-presidentes socialistas lo sean también, junto con la ya antigua imputación de los tres últimos tesoreros del PP y del yerno, ahora cuñado, del Rey, hacen que los principales partidos, PP, PSOE y CiU y la propia Casa Real, estén obligados a tomar medidas efectivas que incluyan a las personas implicadas.

Para la Casa Real y para el PSOE, el momento también es oportuno por el reciente cambio de responsabilidades. La entronización del nuevo Rey y el reciente relevo en la secretaría general del PSOE federal y el cambio en la S.G. del PSA, sucedido hace menos de un año, constituyen una buena oportunidad de iniciar una cuenta nueva, preferiblemente sin ningún borrón.