La prueba del algodón

La corrupción política que se ha instalado en España en el último decenio, ha adquirido unos limites considerables hasta el punto de que se ha convertido en uno de los temas de mayor preocupación de la ciudadanía.

Lamentablemente, el grado de corrupción existente es bastante más que un asunto puntual, se trata de tramas organizadas que forzosamente tienen que tener muchas complicidades en altos niveles de las administraciones públicas afectadas y, por consiguiente, en los partidos políticos que las sustentan. Muchos ciudadanos consideran que la corrupción es generalizada y afecta a todas las instituciones del país, aunque no comparto esa opinión si creo que la situación es extremadamente grave.

Los partidos políticos más significativos tienen sus propias tramas de corrupción: En el PP, Gurtel, Barcenas, Palma Arena, Galicia..., en CiU, el Palau, las comisiones históricas del 3%, los negocios de la familia Pujol y ahora aparecen las cuentas en Suiza que propio Jordi Pujol ha tenido ocultas durante más de 30 años. Pero no solo es la derecha la que está inmersa en tramas de corrupción, el PSOE, para vergüenza de los que somos socialistas, aparece también con la estafa de los ERES de Andalucía y, más recientemente, con el fraude de los fondos de formación en los que está implicado un antiguo Consejero de Empleo de la propia Junta y su familia.

En estas condiciones, debería aplicarse la norma bíblica de “el que este libre de pecado que tire la primera piedra”, sin embargo no es así, todos los partidos practican el irresponsable deporte de tirarse piedras entre si, cuando sale la corrupción del adversario y dar excusas de mal pagador como la proclamación de su inocencia, la declaración de que la imputación no representa culpabilidad, u otras parecidas, cuando aparecen temas de corrupción propios.

La corrupción implica en muchas ocasiones responsabilidades penales, que deben tratarse en los juzgados, pero en prácticamente todas ellas, existen responsabilidades políticas que tienen que resolverse en el seno de los propios partidos.

Simplificando el análisis, distinguiría tres niveles de corrupción:

• El alto cargo o dirigente político que se beneficia en provecho propio de concursos o subvenciones públicas.
• El alto cargo que facilita la concesión de concursos o subvenciones en beneficio de terceros.
• El dirigente que aunque ni se beneficie ni participe directamente en la aprobación del gasto público correspondiente, tiene conocimiento del mismo y no lo denuncia ni hace nada para evitarlo.

Estas tres situaciones, con sus múltiples variantes, pueden tener o no consecuencias penales pero siempre tienen responsabilidades políticas.

Existiría un cuarto supuesto, que no considero por inverosímil, sería lo que podría llamarse supuesto “Infanta Cristina o Ministra Ana Mato” consistente en que el dirigente declara que no se ha enterado realmente de lo que está pasando. Si esto fuera cierto, como declara la Infanta en relación con los negocios del duque o la Ministra con los coches de lujo de su marido, no merecería ocupar un cargo público y las responsabilidades políticas habría que exigírselas a aquellos que los nombraron.

Las propuestas de regeneración que los partidos han presentado se limitan, en el mejor de los casos, a intentar regular problemas importantes pero secundarios, como las puertas giratorias o la transparencia, cuando para atacar los principales casos de corrupción, bastaría con aplicar las leyes existentes ya que no hay nada que permita robar a las Administraciones públicas o ser cómplice de los robos de otros. En el peor caso, el PP utiliza la necesidad de regeneración de la vida pública para promover cambios en la ley electoral, que no responden a ningún problema existente y solo favorecen sus propios intereses.

En definitiva, los partidos deben demostrar una auténtica voluntad de regeneración, pidiendo responsabilidades políticas en su propias filas y limpiando los casos existentes que consiste en retirar la confianza a los cargos públicos afectados, sean quienes sean, exigiéndoles su dimisión e imponiendoles las sanciones correspondientes, expulsión incluida. Las sanciones penales, si existieran, correrían por cuenta de los jueces, a los que los partidos deberían prestar su máxima colaboración.

La asunción de responsabilidades tendría que completarse con los cambios regulatorios que fueran necesarios, entre los que debería figurar el dar mayor poder de control a la oposición que muchas veces tiene dificultades en fiscalizar las acciones de gobierno. En los Ayuntamientos, por ejemplo, existen habitualmente un número excesivo de competencias delegadas en la Comisión de Gobierno y en la Alcaldía que dificultan el trabajo de control de la oposición.

La propuesta “regeneradora” del PP de posibilitar alcaldías sin mayoría absoluta, reforzarían las posibilidades de concentración de poder en los alcaldes y por tanto, daría más facilidades a la corrupción.

La “autodepuración” de los partidos tendría indudables costes políticos que en la situación actual podrían ser compensados por los beneficios que supondría para la democracia, y por consiguiente para los propios partidos, una regeneración creíble que superará la “prueba del algodón” de la ciudadanía, devolviéndole la confianza en la política y en los políticos.

El momento para hacer este movimiento puede ser adecuado por varias razones.

En primer lugar el desprestigio de los políticos, agravado por la crisis económica, es tan alto, que poco más se podría perder reconociendo, y corrigiendo, lo que casi todo el mundo denuncia.

En segundo lugar la imputación de un personaje, que hasta ahora ha sido considerado honorable más allá de los títulos oficiales y la alta probabilidad de que dos ex-presidentes socialistas lo sean también, junto con la ya antigua imputación de los tres últimos tesoreros del PP y del yerno, ahora cuñado, del Rey, hacen que los principales partidos, PP, PSOE y CiU y la propia Casa Real, estén obligados a tomar medidas efectivas que incluyan a las personas implicadas.

Para la Casa Real y para el PSOE, el momento también es oportuno por el reciente cambio de responsabilidades. La entronización del nuevo Rey y el reciente relevo en la secretaría general del PSOE federal y el cambio en la S.G. del PSA, sucedido hace menos de un año, constituyen una buena oportunidad de iniciar una cuenta nueva, preferiblemente sin ningún borrón.