La contribución que el Rey J.Carlos hizo a la recuperación de la democracia en España, en momentos claves como la transición o el 23 F, ha tenido mucho que ver con la tolerancia que la sociedad española haya podido tener con estos comportamientos poco ejemplares del anterior monarca.
En este contexto, la publicación, por dos periódicos sensacionalistas, de conversaciones relativas al cobro de comisiones por el Rey y otras actividades dudosas, no pueden sorprender a nadie.
Si tenemos en cuenta el perfil poco fiable de los periodistas que han difundido las grabaciones, P. J. Ramirez y E. Inda, y el también dudoso curriculum de los protagonistas de la grabación: el ex comisario y delincuente Villarejo, la comisionista internacional Corina y el compañero de pupitre de Aznar, J.L. Villalonga; la fiabilidad de la información es más que dscutible y seguramente, oculte segundas intenciones poco claras.
Con independencia de la fiabilidad que puedan tener los periodistas y los protagonistas de la grabación, los contenidos publicados tienen la suficiente gravedad para que puedan sospecharse indicios de posibles delitos, por lo que la investigación que ha iniciado la fiscalía es totalmente procedente. Esta investigación podría acabar llevando al procesamiento del Rey emérito, lo que tampoco sería mucha novedad después de que han pasado por los tribunales, ministros, presidentes de CC.AA., el vicepresidente 1° del gobierno y el yerno y la hija del propio J. Carlos I.
Una dificultad adicional es la inviolabilidad penal del Rey que indica la Constitución. La fiscalía tendrá que determinar si esa inviolabildad afecta también a su condición de emérito, pues esa figura no se contempla en la Constitución. Ese blindaje del rey, afecte o no a su carácter de emérito es, en cualquier caso, un privilegio inadmisible que habría que retirar en el momento en que se revise la Constitución. La persona del Rey a efectos legales no puede tener más derechos que cualquier otro ciudadano.
Cuestión distinta es la procedencia o no de crear una comisión parlamentaria especifica para investigar este asunto. Se trata de analizar el papel del Rey J.Carlos en un contrato internacional de una gran obra firmado por una empresa española y un pais extranjero cuyo Rey es amigo personal de J.Carlos. Es por tanto una operación en la que no tiene nada que ver ni el gobierno, ni el parlamento español, por lo que no hay razones para que puedan existir responsabilidades políticas.
Aunque entre las funciones del Rey figura sin duda, el apoyo a los grandes proyectos españoles en el extranjero, eso no implica que pueda cobrar comisiones por ello por lo que, si se demuestra, puede incluir en responsabilidades penales, del mismo modo que otras informaciones inclidas en esas grabaciones, relacionades con evasión de capitales u ocultaciones fiscales. Por tanto la investigación fiscal está plenamente jusificada pero la parlamentaria es improdedente.
Detrás de la petición de la comisión de investigación se puede adivinar la nada oculta intención de poner en cuestión la monarquía, confundiendo la institución con el monarca España es una democracia parlamentaria que, por razones históricas sobradamente conocidas, está culminada por un monarca con escasas funciones, una especie de guinda del pastel. El cambiar la guinda monarquica por una guinda republicana con parecidas funciones no cambiaría casi nada. Otra cosa sería una democracia presidencialista, tipo EE.UU., que supondria un claro retroceso de las libertades públicas al otorgar un enorme poder a una sola persona. Aunque pueda haber fallado el rey, del mismo modo que en otros paises lo han hecho presidentes electos, la monarquía parlamentaria que tenemos, nos ha dado 40 años de libertades, que es imprudente poner en riesgo.
Si tenemos en cuenta el perfil poco fiable de los periodistas que han difundido las grabaciones, P. J. Ramirez y E. Inda, y el también dudoso curriculum de los protagonistas de la grabación: el ex comisario y delincuente Villarejo, la comisionista internacional Corina y el compañero de pupitre de Aznar, J.L. Villalonga; la fiabilidad de la información es más que dscutible y seguramente, oculte segundas intenciones poco claras.
Con independencia de la fiabilidad que puedan tener los periodistas y los protagonistas de la grabación, los contenidos publicados tienen la suficiente gravedad para que puedan sospecharse indicios de posibles delitos, por lo que la investigación que ha iniciado la fiscalía es totalmente procedente. Esta investigación podría acabar llevando al procesamiento del Rey emérito, lo que tampoco sería mucha novedad después de que han pasado por los tribunales, ministros, presidentes de CC.AA., el vicepresidente 1° del gobierno y el yerno y la hija del propio J. Carlos I.
Una dificultad adicional es la inviolabilidad penal del Rey que indica la Constitución. La fiscalía tendrá que determinar si esa inviolabildad afecta también a su condición de emérito, pues esa figura no se contempla en la Constitución. Ese blindaje del rey, afecte o no a su carácter de emérito es, en cualquier caso, un privilegio inadmisible que habría que retirar en el momento en que se revise la Constitución. La persona del Rey a efectos legales no puede tener más derechos que cualquier otro ciudadano.
Cuestión distinta es la procedencia o no de crear una comisión parlamentaria especifica para investigar este asunto. Se trata de analizar el papel del Rey J.Carlos en un contrato internacional de una gran obra firmado por una empresa española y un pais extranjero cuyo Rey es amigo personal de J.Carlos. Es por tanto una operación en la que no tiene nada que ver ni el gobierno, ni el parlamento español, por lo que no hay razones para que puedan existir responsabilidades políticas.
Aunque entre las funciones del Rey figura sin duda, el apoyo a los grandes proyectos españoles en el extranjero, eso no implica que pueda cobrar comisiones por ello por lo que, si se demuestra, puede incluir en responsabilidades penales, del mismo modo que otras informaciones inclidas en esas grabaciones, relacionades con evasión de capitales u ocultaciones fiscales. Por tanto la investigación fiscal está plenamente jusificada pero la parlamentaria es improdedente.
Detrás de la petición de la comisión de investigación se puede adivinar la nada oculta intención de poner en cuestión la monarquía, confundiendo la institución con el monarca España es una democracia parlamentaria que, por razones históricas sobradamente conocidas, está culminada por un monarca con escasas funciones, una especie de guinda del pastel. El cambiar la guinda monarquica por una guinda republicana con parecidas funciones no cambiaría casi nada. Otra cosa sería una democracia presidencialista, tipo EE.UU., que supondria un claro retroceso de las libertades públicas al otorgar un enorme poder a una sola persona. Aunque pueda haber fallado el rey, del mismo modo que en otros paises lo han hecho presidentes electos, la monarquía parlamentaria que tenemos, nos ha dado 40 años de libertades, que es imprudente poner en riesgo.
Juan Carlos I siempre se ha creído que estaba por encima de la ley. Es una de las causas por las que ha tenido conductas poco ejemplares. Poniendo en riesgo la institución monárquica que, como dice Alfonso, da estabilidad a la Nación. Algún día, quizá lejano, los españoles/as tendrán que decidir si prefieren monarquía o república.
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