El Rey se queda corto

El discurso navideño del Rey es, seguramente, la comunicación mas importante que hace el monarca cada año. En ella en se espera  que haga balance de los asuntos mas importantes y tome posición sobre ellos.

Este año 2020 la pandemia del COVID 19 tenía que tener especial protagonismo y así ha sido. El Rey ha mostrado su solidaridad y su apoyo a la ciudadanía por las consecuencias de la epidemia y ha transmitido su esperanza de que en el próximo año España recupere su normalidad, tanto desde el punto de vista sanitario como del social.

Hasta ahí el discurso ha sido totalmente correcto en lo fundamental, aunque hay algunos detalles a los que podría haber incidido con mayor énfasis.

Sin embargo hay al menos otros dos temas importantes en los que se esperaba que el monarca entrara: la situación de su padre, el Rey emérito y la carta de los militares retirados pidiendo, casi directamente, que Felipe VI, como comandante supremo de las FF.AA. encabezase un golpe de estado contra el gobierno progresista.

En relación con la situación de J. Carlos I el silencio del Rey, o la sutil mención entre líneas, solo para oídos finos, que parece que casi todo el mundo ha detectado, pone de manifiesto la estrategia diseñada por la Casa Real en este asunto:

• Las comisiones o regalos recibidos antes de la abdicación no  pueden ser delictivas pues están amparada por la inviolabilidad, entendida en sentido absoluto, del ex monarca.
• Los fondos recibidos después de 2014 se limitan a una donación  de un magnate mexicano que Juan Carlos I ya ha declarado con el recargo y multa correspondientes ya pagados.
• En consecuencia  no hay nada más que considerar y solo resta esperar que las investigaciones en curso no encuentren nada mas. Hay que suponer que los abogados del  Rey han sido lo suficiente  hábiles para que no haya ninguna sorpresa.

En todo caso las explicaciones que haya que dar corresponden mas al emérito que  a Felipe VI, y las darán, si así lo deciden, en el momento que consideren mas oportuno, que probablemente será tras una prudente espera hasta que la fiscalía archive el caso, momento en el que se decidirá también la vuelta del ex-Rey a España y su lugar de residencia. Deben considerar que el paso del tiempo minimizará el impacto de esta decisión.

Mas grave es la falta de respuesta pública de Felipe VI a la petición de un numeroso grupo de militares retirados que, de forma explicita "comprometen su contribución para revertir la peligrosa deriva en que se ha situado a nuestra Patria".

En su momento no dio respuesta inmediata a la carta y tampoco ha aprovechado la oportunidad del mensaje de navidad para hacerlo con mas calma. Ha perdido una oportunidad de oro para mejorar la maltrecha imagen de la monarquía.

Los negocios del Rey emérito

Hace ya muchos años que los beneficios, más o menos dudosos, de los negocios del Rey J.Carlos y sus aventuras amorosas, estaban en boca de muchos ciudadanos. En aquellos años había un respeto reverencial hacia la familia real y los rumores ni se confirmaban ni se desmentían, simplemente se propagaban y cada uno los interpretaba a su antojo.

La contribución que el Rey J.Carlos hizo  a la recuperación de la democracia en España, en momentos claves como la transición o el 23 F, ha tenido mucho que ver con la tolerancia que  la sociedad española haya podido tener con estos comportamientos poco ejemplares del anterior monarca.

En este contexto, la publicación, por dos periódicos sensacionalistas, de conversaciones relativas al cobro de comisiones por el Rey y otras actividades dudosas, no pueden sorprender a nadie.

Si tenemos en cuenta el perfil poco fiable de los periodistas que han difundido las grabaciones, P. J. Ramirez y E. Inda, y el también dudoso curriculum de los protagonistas de la grabación: el ex comisario y delincuente Villarejo, la comisionista internacional Corina y el compañero de pupitre de Aznar, J.L. Villalonga; la fiabilidad de la información es más que dscutible y seguramente, oculte segundas intenciones poco claras.

Con independencia de la fiabilidad que puedan tener los periodistas y los protagonistas de la grabación, los contenidos publicados tienen la suficiente gravedad para que puedan sospecharse indicios de posibles delitos, por lo que la investigación que ha iniciado la fiscalía es totalmente procedente. Esta investigación podría acabar llevando al procesamiento del Rey emérito, lo que tampoco sería mucha novedad después de que han pasado por los tribunales, ministros, presidentes de CC.AA., el vicepresidente 1° del  gobierno y el yerno  y la hija del propio J. Carlos I.

Una dificultad adicional es la inviolabilidad penal del Rey que indica la Constitución. La fiscalía tendrá que determinar si esa inviolabildad afecta  también a su condición de emérito, pues esa figura no se contempla en la Constitución. Ese blindaje del rey, afecte o no a su carácter de emérito es, en cualquier caso, un privilegio inadmisible que habría que retirar en el momento en que se revise la Constitución. La persona del Rey a efectos legales no puede tener más derechos que cualquier otro ciudadano.

Cuestión distinta es la procedencia o no de crear una comisión parlamentaria especifica para investigar este asunto. Se trata de analizar el papel del Rey J.Carlos en un contrato internacional  de una gran obra firmado por una empresa española y un pais extranjero cuyo Rey es amigo personal de J.Carlos. Es por tanto una operación en la que no tiene nada que ver ni el gobierno, ni el parlamento español, por lo que no hay razones para que puedan existir responsabilidades políticas.

Aunque entre las funciones del Rey figura sin duda, el apoyo a los grandes proyectos españoles en el extranjero,  eso no implica que pueda cobrar comisiones por ello por lo que, si se demuestra, puede incluir en responsabilidades penales, del mismo modo que otras informaciones inclidas en esas grabaciones, relacionades con evasión de capitales u ocultaciones fiscales. Por tanto la investigación fiscal está plenamente jusificada pero la parlamentaria es improdedente.

Detrás de la petición de la comisión de investigación se puede adivinar la nada oculta intención de poner en cuestión la monarquía, confundiendo la institución con el monarca  España es una democracia parlamentaria que, por razones históricas sobradamente conocidas, está culminada por un monarca con escasas funciones, una especie de guinda del pastel. El cambiar la guinda monarquica por una guinda republicana con parecidas funciones no cambiaría casi nada. Otra cosa sería una democracia presidencialista, tipo EE.UU., que supondria un claro retroceso de las libertades públicas al otorgar un enorme poder a una sola persona. Aunque pueda haber fallado el rey, del mismo modo que en otros paises lo han hecho presidentes electos, la monarquía parlamentaria que tenemos, nos ha dado 40 años de libertades, que es imprudente poner en riesgo.