El sudoku catalán

Después de un largo y complicado proceso, Salvador Illa ha sido elegido presidente de la Generalitat catalana, con los 68 votos de la izquierda (PSC, ERC y Comunes) y la oposición de las derechas española y catalana y de los nacinalistas de JUNTS y la CUP.

La elección de S.Illa es mucho mas que la renovación de un presidente autonómico pues supone el principio del fin de un largo y conflictivo período protagonizado en 2017, por el intento fallido de una DUI que puso en riesgo la integridad del Estado.

La mayoria que apoya al gobierno es frágil, pues tanto ERC como los comunes tienen algunas dudas con el PSC y van a quedarse fuera del gobierno

La oposición de derecha y ultraderecha, tanto españolista como catalanista, no va dar ninguna tregua y tampoco hay que esperarla de la CUP.

JUNTS es la formación política con una situación mas compleja, pues,  después de quedarse fuera del  gobierno,  tiene una difícil posición política que pretende resolver en un próximo congreso.

JUNTS tiene abiertos dos importantes frentes políticos en el Parlament y en el  Congreso de los diputados y tiene que definir el papel de su lider, buscar una salida a la amnistía que los jueces siguen torpedeando y definir su estrategia política en la nueva situación..

En el parlament encabeza la oposición después de haber perdido las elecciones, a pesar de los intentos, algunos de ellos bastante pintorescos, para conseguir la presidencia.

En el Congreso forma parte, aunque con una posición crítica, de la mayoría de la investidura, donde ya ha portagonizado algunas actuaciones que pueden interpretarse como avisos por la evolución negativa para ellos del proceso de investidura. 

La aparición de Puigdemont en Barcelona el mismo día de la investidura dejó algunos mensajes significativos, mas allá de la fuga por una calle lateral con o sin ayuda de los mossos, que ha acaparado todos los comentarios.

En primer lugar demuestra una vez mas su desconfianza con los jueces y su temor a que su detención acabara en prisión provisional lo que, además de las consecuencias personales, añadiría un plus de conflictividad que retrasaría el proceso de normalización catalana.

En segundo lugar supone  la aceptación de la nueva situación derivada del nuevo gobierno pues el encarcelamiento de Puigdemont habría dificultado la investidura del gobierno socialista.  

Estas dos circunstancias son indicadores positivos sobre la actitud que puede adoptar JUNTS en un futuro próximo.

Como complemento a la investidura es necesario hacer un al comentario al pacto ERC.PSC que ha provocado tantos rios de tinta incluso antes de conocerse su contenido.

El pacto tiene como antecedentes lejanos la suspensión en 2010 por el TC de la reforma del estatut  y, mas recientemete, el intento de independenciade 2017.

El  pacto Incluye los acuerdos de investidura por los que el gobierno  se compromete a aprobar la Ley de amnistía, el reconocimiento nacional de Cataluña, la necesidad de mejorar los recursos económicos y el refrendo popular de los acuerdos que se adopten.

El pacto tiene un caracter estratégico de largo plazo, con un amplio y ambiciosos contenido y muy pocas concreciones inmediatas; condonar el 20% de la deuda catalana y facilitar el acceso a los mercados financieros.

En cuanto a la gestión singular que, tanta preocupación ha generado a la derecha,  y también a algunos sectores de la izquierda, el texto publicado solo se refiere a la mejora de financición de competencias ya transferidas a la comunidad catalana, como policía autonómica, organos judiciales, servicios penitenciarios, I+D, y becas o en fase de transferencia como rodalías.

Todos estos contenidos son generalizables a otras CC.AA. teniendo en cuenta las singlularidades de cada una de ellas sin que, en principio, pueda concluirse que son discriminatorias.

Como en ocasiones anteriores estos acuerdos con Cataluña pueden ser un avance de lo que será el nuevo modelo de financaición autonómica pendiente de revisar en un futuro inmediato, si el PP por una vez adopta una postura positiva.

El Puzle catalán

Las elecciones  autonómicas  catalanas recientemente celebradas, han puesto de manifiesto una vez más que Cataluña es un auténtico puzle político.

En el parlament  están representados  ocho partidos mas un noveno que se ha quedado en puertas, tres nacionalistas, otros tres españolistas y dos más, PSC y ECP que tienen carácter transversal.

El gran vencedor de la jornada ha sido el PSC que con un gran candidato a la cabeza, con un mensaje de dialogo abierto a todos y sentido de país que pretende dejar a un lado la locura del independentismo unilateral y volver a convertir a Cataluña en una gran nación, integrada en España y en Europa con el máximo respeto a su personalidad y valores propios, ha conseguido doblar sus resultados de 2017 y convertirse en la primera fuerza del país, tanto en votos como en escaños.

Lamentablemente, los otros vencedores han sido los ultras, tanto los españolistas, con una entrada espectacular en el parlament de los neo fascistas de VOX con once escaños, como los ultra-nacionalistas de la CUP que han doblado su representación hasta llegar a  nueve representantes.

Los partidos nacionalistas tradicionales JXCat y ERC han mantenido sus resultados aunque intercambiando sus posiciones, la izquierda de ECP también se ha mantenido mientras que la derecha españolista Cs Y PP, se ha dado un gran batacazo, y ha quedado reducida a  una representación casi simbólica.

Las opciones reales de pactos son dos: una repetición de los nacionalistas, que, a pesar de los fracasos de las dos legislaturas anteriores sigue teniendo mucha fuerza y una opción transversal de izquierdas: PSC, ERC y ECP, que facilitaría el dialogo y la vuelta a la normalidad.

La opción nacionalista tiene grave riesgo de repetir los problemas anteriores, aunque la ausencia de personajes tan pintorescos como Torra o Puigdemont supone un alivio. De todos modos Torra y Puigdemont siguen como asesores áulicos, con una influencia  a determinar. La coalición nacionalista tendría que buscarse  algún apoyo más para alcanzar la mayoría, la opción mas probable es la CUP que, animada por sus resultados, pretende formar parte del gobierno. Si cristaliza este formato, podrían repetirse los escenarios de los últimos años, DUI y referéndum de autodeterminación incluidos. Esta coalición también exigiría la amnistía de los políticos presos que aunque no es factible, podría ser  sustituida por un indulto que mas tarde o mas pronto seguramente se concederá.

ERC quiere dar una cierta transversalidad incorporando a este supuesto gobierno a ECP, pero la incompatibilidad de los Comunes con  JxC  parece complicar esta operación.

El PSC propugna un gobierno PSC-ECP que sería  minoritario y necesitaría el apoyo externo de los 9 diputados  de la derecha españolista y la abstención de ERC y VOX pues el voto negativo del nacionalismo radical (JxC y CUP) hay que darlo por  seguro. Esta opción es muy difícil y de gestión complicada y sin la mayoría necesaria, tendría muy pocas posibiliades de sacar nada adelante.

la opción de izquierdas (PSC, ECP y ERC) tendría un carácter transversal, una mayoría amplia, y un componente de racionalidad que le ha faltado a Cataluña en los últimos años, pero tanto ERC como el PSC han rechazado un tripartito y eso parece un obstáculo casi imposible de remover.... en el primer tiempo de la legislatura, que, con toda probabilidad, será  una coalición nacionalista.

Pero en modo similar a los partidos de futbol, la legislatura podría tener un segundo tiempo en el que se podrían cambiar las estrategias si la coalición nacionalista es fiel a su propia historia y acaba reventando. 

En la legislatura anterior las opciones del grupo fuerte del constitucionalismo, Cs, eran mínimas, pues su  acercamiento a ERC era  prácticamente imposible pero el PSC con S. Illa a la cabeza tiene otras opciones y hay que confiar en que sabrá a provechar las contradicciones de los nacionalistas que sin duda se producirán.

Esperemos que dentro de unos meses se pueda tener un gobierno progresista en Cataluña.

Operación Cataluña

El nombramiento del actual ministro de sanidad, Salvador Illa como candidato socialista a la presidencia de la Generalitat es un primer paso para normalizar Cataluña y devolverla a la racionalidad. Como dijo el primer secretario del PSC Miquel Iceta, no estamos nombrando un candidato socialista, estamos proponiendo un presidente para Cataluña.

Aunque las consecuencias sanitarias de la pandemia provocada por el COVID 19, hayan sido terribles en España y en todo el planeta, la gestión realizada por el ministro Illa ha permitido, en una situación muy complicada, reducir su impacto que podría haber sido mucho mas grave. Esa actuación le ha dado un gran prestigio que le convierte en el candidato idóneo para optar a la presidencia catalana.

El procés catalán empezó en 2012 con el pacto de gobernabilidad firmado por Artur Mas y Oriol Junqueras en el que se comprometían a la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. 

Las iniciativas políticas y judiciales a que han dado lugar el procés, combinado con la llegada a la presidencia catalana del president Puigdemont, uno de los peores dirigentes que ha tenido Cataluña, solo superado por su sucesor Quim Torra, cuando  huyó a Bélgica para evitar ser procesado. Q. Torra ha alcanzado tales cotas de incapacidad que ha conseguido hacer retroceder a Cataluña tanto desde el punto de vista económico como del social, hasta un nivel impensable hace poco tiempo .

Cataluña necesita un cambio político profundo que requiere, en primer lugar, sustituir a los presidentes incompetentes que ha tenido en estos últimos años; en segundo lugar superar el sectarismo separatista, incomprensible en el siglo XXI en el marco de una sociedad avanzada como la española, que ha orientado su acción política de los últimos años; y en tercer lugar, en el contexto post COVID 19, Cataluña tiene que tener un gobierno que le permita ofrecer sus grandes capacidades con sus mejores esfuerzos para su recuperación económica y política, en colaboración con el gobierno de España y La Unión Europea.

Salvador Illa es la solución adecuada en este momento. Su moderación y su talante negociador complementa la estrategia política del partido socialista que respetando profundamente los sentimientos catalanistas de la población, los compatibiliza con la defensa del Estado español dentro de la Unión Europea. El conjunto de estos elementos constituyen un inmenso capital político que puede y debe contribuir de forma decisiva a la recuperación política, social y económica de Cataluña. Frente al independentismo unilateral, los socialistas defendemos una organización del Estado de corte federal que respeta las características de todos los territorios que lo componen. No es tarea fácil pero hay que empezar a transitar esa vía.

El escenario político preelectoral en Cataluña está muy abierto y posibilita distintas alternativas. Las  encuestas anteriores a la proclamación de  S. Illa como candidato, dan como favorito a ERC, un descenso pronunciado de JxCat, el hundimiento relativo de Ciudadanos y un notable ascenso del PSC. La posible aritmética post electoral, combinada con la coincidencia programática, puede tener como resultado un gobierno encabezado por ERC en alianza con el resto de partidos independentistas o, y esta es la diferencia, un gobierno transversal también encabezado por ERC, pero apoyado por el PSC y Cataluña en Común.

La irrupción del candidato socialista debe potenciar la segunda alternativa que cuenta además con la opción de que sea el PSC quien presida el futuro gobierno, si el electorado apoya suficientemente la candidatura de S. Illa.

Como antecedente al procés de Cataluña hay que recordar al Plan Ibarretxe, propuesta de reforma del estatuto vasco, aprobada por el parlamento vasco en diciembre de 2004. 

El plan Ibarretxe, aunque tramitado formalmente como reforma del estatuto de autonomía, incluía entre otras prescripciones, la configuración de Euskadi como Estado Libre  Asociado, en un esquema confederal con el Estado Español y la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. El plan Ibarretxe fue rechazado por amplia mayoría en el congreso de los diputados en febrero de 2005.

Posteriormente, en las elecciones autonómicas vascas de 2009, que el PNV perdió, se constituyó el gobierno socialista de Patxi López con apoyo externo del PP, que enterró definitivamente el plan y, junto con la disolución de ETA, contribuyó a abrir un nuevo camino para Euskadi.

No es previsible una solución PSC-PP para Cataluña en 2021 pues las circunstancias son muy diferentes: El PP no es el único representante de la derecha y la predisposición de los populares en 2021 en Cataluña no es la misma que la que tuvieron en 2009 en Euskadi, pero la aritmética parlamentaria podría poner en valor la posibilidad de que tanto PP como Cs apoyasen directamente o indirectamente un posible gobierno del PSC- Cataluña en Común en el que no estuviera ningun partido independentista. Es una posible alternativa a un tripartito, difícil, pues necesita que los partidos independentistas no sumen mayoría absoluta, pero no imposible.

Sea cual sea el resultado final de las elecciones, el PSC con S. Illa a la cabeza, debe tener un papel fundamental.

Gambito de Rey a Felipe VI

El gambito de rey es una jugada de  estrategia del  ajedrez, que consiste en ofrecer el sacrificio de una pieza a cambio de obtener ventaja posicional. La pieza que se ofrece para el sacrificio es el peón de rey.

El presidente, en funciones desde hace mas de  dos años, del CGPJ y del Tribunal Supremo ha inventado una nueva suerte de gambito de rey, ofreciendo el sacrificio no de un peón sino del propio Rey, con el objetivo aparente de mejorar su imagen, un tanto deteriorada por su prolongada situación de interinidad.

Afortunadamente el gobierno rehusó el gambito protegiendo con ello la figura del Rey.

La operación consistía en invitar al Rey a presidir un acto judicial de entrega de nombramientos haciendo coincidir su fecha con la de la promulgación de la sentencia contra el ex presidente Torra, aprovechando que el mismo controlaba las dos acciones.

El gobierno consideró la presencia del Rey en Barcelona en una fecha tan conflictiva innecesaria, pues podría dar lugar a manifestaciones importantes contra la monarquía que contribuirían al deterioro de la institución ya un tanto desprestigiada sobre todo en Cataluña. No se trata por tanto de la seguridad  física del Rey, que tiene que estar garantizada en cualquier circunstancia.

El acto sustitutivo programado por el gobierno, en mi opinión innecesario, para compensar la anterior ausencia del Rey, consistente en otra entrega de premios a no importa quien, dio lugar a manifestaciones independentistas contra la monarquía, seguramente menos numerosas que las que hubieran tenido lugar en el momento de la sentencia contra Torra.

La posterior disculpa del Rey por no asistir al acto, hecha publica por el presidente del CGPJ de forma imprudente, y quizá interesada, provocó la protesta de algunos ministros de Unidas Podemos, que consideraron que Felipe VI se había salido de su papel constitucional.

La tormenta siguió creciendo con el rasgado de vestidura de las derechas nacionales que consideran al Rey como una figura sagrada e intocable.

El resultado de esta controversia  es  un incremento del desprestigio de la monarquía en sentido contrario de las pretensiones de la derechas que, al considerar al Rey como de su propiedad, contribuyen a separarlo del conjunto de la población haciendo un flaco servicio a la monarquía.

En pleno siglo XXI, la institución monárquica, que atribuye la jefatura del Estado al heredero de una determinada familia por derecho divino, no tiene ninguna defensa teórica. Su única justificación es la inercia histórica que, a base de reducir su capacidad operativa y limitarse a funciones simbólicas, ha conseguido mantenerse en algunos países europeos.

En España la monarquía fue restaurada por el general Franco con objeto de perpetuar la dictadura, sin embargo, la actitud positiva del Rey Juan Carlos en los tiempos de la transición, consiguió que lo que en principio  fue una imposición del dictador, tuviera un importante apoyo popular.

Desde 1978 muchos ciudadanos nos convertimos en republicanos Juancarlistas, pues, aunque seguimos considerando que la república es el único modelo de Estado admisible, una monarquía parlamentaria puede ser un modelo aceptable por razones pragmáticas. 

Evidentemente hay muchos otros ciudadanos que no  comparten esta idea y siguen, con todo su derecho, reivindicando la necesidad de proclamar cuanto antes la tercera República.

La huida del Rey emérito a un país feudal después de que haya salido a la luz su implicación en negocios de muchos millones de  euros impropios de su posición, está consiguiendo que los antiguos republicanos Juancarlistas nos estemos quedando sin argumentos y nos sintamos más cerca de los republicanos radicales.

Surge entonces la siguiente pregunta ¿Sigue siendo la monarquía una institución que hay que defender a toda costa?

Hace unos años la respuesta hubiera sido claramente positiva, pues los costes sociales y políticos que  supondría ese intento serían superiores a los beneficios de  una república parlamentaria sobre la actual monarquía, y el referéndum asociado a ese cambio constitucional se resolvería con toda probabilidad de forma favorable a la monarquía.

A fecha de hoy después de conocerse los negocios del rey emérito, y del procesamiento anterior por corrupción de su hija y de su yerno, la respuesta no está tan clara.

El gobierno está obligado a seguir protegiendo la institución monárquica pero tiene que ser consciente, y también la casa real, de que el apoyo no puede ser eterno y que es necesario extremar la prudencia para  evitar que la institución siga deteriorándose.

La derecha carga por los flancos

Las primeras medidas acordadas por el nuevo gobierno progresista:

• Subida de pensiones.
• Incremento del SMI
• Actualización de salarios a los empleados públicos
• ...

han sido tan evidentemente positivas que ni siquiera la triple derecha montaraz que tenemos en el parlamento español, se ha atrevido a oponerse y ha acabado convalidando  en el primer pleno celebrado los correspondientes decretos.

De momento, y ante las dificultades de atacar de frente, están cargando con toda su caballería por dos de los flancos más sensibles  que tiene el gobierno en estos momentos: Venezuela y Cataluña.

La compleja situación de Venezuela, un país cuya población está dividida en dos partes entre  los partidarios del gobierno populista y autoritario de Maduro y los de una curiosa figura, llamada presidente encargado, apoyada por EE.UU. y la Unión Europea incluido nuestro gobierno.

La inhibición de las Fuerzas Armadas Venezolanas, que no se deciden a acabar con el movimiento de Guaidó pero tampoco se pronuncia contra Maduro- el intento de movilización militar que hizo Guaidó hace unos meses fue un espantoso ridículo- hace que el país esté en un equilibrio inestable permanente en el que nada funciona y la población se empobrece cada día más. La única posición racional con Venezuela son los intentos de mediación, como lo que han hecho el presidente Zapatero y otros dirigentes internacionales, con escaso éxito, para devolver a este país a la normalidad institucional.

Sin embargo, la derecha española ha cogido a Venezuela como bandera, explotando, de forma distorsionada, la antigua relación que los fundadores de Podemos tuvieron hace unos años con el presidente Hugo Chavez y convirtiendo a  Podemos y por extensión al PSOE, en los responsables del actual desgobierno de Venezuela. El viaje de Guaidó a España, donde ha sido acogido como un héroe por la derecha española se ha intentado contraponer con un supuesto contacto clandestino en el aeropuerto de Barajas del gobierno con la vicepresidenta boliviana que hacía escala en Madrid. Ciertamente la escala de la vicepresidenta es extraña pues no tiene sentido que compartiese avión con su ministro de turismo cuando sus destinos eran muy diferentes. Parece posible que la vicepresidenta intentase entrar ilegalmente en España para contrarrestar el viaje de Guaidó y el gobierno lo evitó con un procedimiento un tanto artesanal que ha sido utilizado por la oposición como una grave traición. Afortunadamente todo ha quedado como una tormenta en un vaso de agua.

El segundo flanco que la derecha está atacando con mucha agresividad es Cataluña. Esta comunidad tiene también una situación muy delicada, como en el caso de Venezuela su población está dividida al 50%, en este caso entre nacionalistas-independentistas y partidarios de seguir formando parte de España. También en este caso la única alternativa es el dialogo, con la ventaja de que una parte de los independentistas, ERC, y de los no independentistas, PSC y Cataluña en Común, están en disposición de dialogar y constituyen más del 50% de la población.

La triple derecha está atacando con mucha violencia a Cataluña, considerándolos casi como enemigos y haciendo una pinza política con el independentismo más radical de JxSi y la CUP.

La próxima convocatoria de elecciones en Cataluña y  la nefasta influencia del "poder judicial ampliado", muy mediatizado por el PP, que ha conseguido quitarle a Torra e su acta de diputado, complican mucho más la situación.

La mayor diferencia entre estos dos flancos es que mientras Venezuela,aunque tenga muchos vínculos con España, no forma parte de su responsabilidad directa, resolver las relaciones entre Cataluña y el Estado forma parte fundamental de nuestras obligaciones y es totalmente inadmisible que partidos que se definen a si mismos como constitucionalistas se dediquen al cuanto peor mejor, atacando a Cataluña de una forma tan demagógica, consiguiendo así enfrentar más a Cataluña con otros pueblos del Estado y a los catalanes entre sí.

Pulso catalán

Una parte  muy importante de la ciudadanía catalana esta dando una respuesta muy contundente a la sentencia del procés que condena a más de 100 años a los miembros del anterior gobierno catalán.

Una semana de concentraciones y manifestaciones con la participación de centenares de miles de ciudadanos, incluyendo cinco marchas de tres días desde distintos puntos de Cataluña, son protestas muy potentes que hay que tener en cuenta, a pesar de que hayan sido oscurecidas por actuaciones de violencia extrema que han realizado minorías muy amplias de separatistas radicales, al parecer apoyados por elementos antisistema de distintas procedencias.

la expresión minoría hay que entenderla en términos relativos, pues unos cuantos miles de violentos son sin duda una minoría en relación con los cientos de miles de manifestantes, pero son más que suficientes para causar una situación de violencia intolerable, con múltiples heridos entre manifestantes y miembros de los cuerpos policiales, que ha conseguido poner en primer plano el orden público por encima del problema político catalán.

La falta de criterio político del actual gobierno catalán, cuyo presidente ha preferido apoyarse en todos los independentistas, violentos incluidos y, en consecuencia, no ha condenado de forma específica la violencia, ha conseguido trasladar el debate al conflicto callejero en vez de a las reivindicaciones sociales. En este contexto ha sido el gobierno de Madrid el que ha tenido que salir a defender el orden público y a los cuerpos de seguridad del Estado, mossos de escuadra incluidos,  que han cumplido con eficiencia su función en una situación muy complicada, mientras que Torra y buena parte de su gobierno que no incluye al consejero de seguridad, ponía el foco en algún caso aislado de exceso de celo que haya podido haber en un operativo tan amplio.

La triple derecha nacional ha seguido considerando a Cataluña y los catalanes como enemigos del Estado y todas sus "soluciones" pasan por incrementar la tensión proponiendo la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, el articulo 155, o, en el caso de Vox para ser más que nadie, el Estado de Excepción.

Los partidos nacionalistas  profundamente divididos entre ellos capean el temporal como pueden debatiéndose entre la búsqueda de una mínima racionalidad y la necesidad que tienen de amparar minimamente los desvaríos de su president.

Los Podemitas y los Comunes se limitan a mantener un angélico llamamiento en abstracto a la necesidad del dialogo sin aportar ningún elemento concreto de interés.

El gobierno y el PSOE están ejerciendo su responsabilidad de equilibrar el mantenimiento del orden público con el respeto al autogobierno catalán, respetando la institución autonómica  a pesar de los desafueros del binomio Torra-Puigdemont, incapaz de dar una dirección política al fuerte movimiento ciudadano que pide la libertad de los presos del procés y que, sin ella, no tiene ninguna posibilidad de conseguir sus propósitos.

Las movilizaciones desarrolladas en estos días tienen dos objetivos, uno de fondo:

• El derecho a la autodeterminación y a la independencia de Catalunya

y otro más inmediato:

• La libertad de los nueve condenados en el procés.

El objetivo de fondo requiere un proceso político imposible a corto y medio plazo, y está dificultado,  además, por la campaña electoral y, sobre todo, por la actitud lamentable del binomio Torra-Puigdemont. 

La libertad de los condenados tiene varios caminos a seguir:

• Recursos judiciales al TC y al TEDH
• Medidas de gracia
• Beneficios penitenciarios.

Los recursos judiciales son un paso obligado para los condenados que tienen que tramitar ellos mismos y en orden consecutivo. La tramitación de estos recursos, especialmente el del tribunal de Estrasburgo, es un proceso largo que puede durar muchos meses.

La medida  de gracia preferida por  los nacionalistas, es la amnistía que borra totalmente todos los antecedentes. Después de la amnistía de 1977, promulgada para liberar a los presos políticos de la dictadura, la Constitución del 78 no hace ninguna referencia a la posibilidad o no de promulgar amnistías por lo que, al menos teóricamente, si sería posible aunque no parece fácil que se haga.

En cuanto a los indultos, la constitución prohíbe  expresamente los indultos generales mientras que los individuales deben solicitarse por cada uno de los condenados, lo que, según han declarado en  distintas ocasiones, no van a solicitar.

Queda, por último, la aplicación de la ley penitenciaria que permite en determinadas condiciones la concesión de permisos o  terceros grados, siempre supervisados por el tribunal  sancionador, en este caso el Tribunal Supremo.

Las medidas penitenciarias serán, casi con total seguridad, la vía elegida por los nueve presos para mitigar sus condenas. Estas vía tienen  dificultades políticas debido a la férrea oposición de las tres derechas y a la actitud provocadora del govern catalán.

Aunque sea imprescindible abrir cuanto antes un proceso de negociación entre Cataluña y el Estado, no parece posible iniciarlo hasta después del 10N, con un gobierno en plenitud de funciones y, preferiblemente, con un nuevo gobierno catalán pues con el gobierno actual parece imposible. Hay que esperar que la coalición ERC-PDCAT se rompa y unas nuevas elecciones autonómicas elijan un nuevo gobierno en Cataluña que permita reconducir las relaciones con el Estado.

Catalunya 2020

La crisis de Cataluña, derivada de la declaración  unilateral de independencia y, también, de la actitud que tiene sobre Cataluña la triple derecha española, es uno de los problemas clave con que se enfrenta la sociedad española en el horizonte de 2020, inmediatamente después del paro y otros temas sociales y económicos.

El juicio que se está celebrando contra el anterior gobierno determina las posiciones de los distintos actores en el panorama político actual:

• Los dos partidos independentistas catalanes más significativos, PDCat y ERC, se sienten obligados a mantener una unidad que no sienten, para defender lo que ellos consideran sus presos políticos.
• Una buena parte de la sociedad catalana, que apoyó en forma activa la declaración virtual de independencia, se siente también obligada a defender  al anterior gobierno.
• El actual gobierno catalán sectario e incompetente, presidido por un iluminado (Torra) y apoyado por otro, huido en Bruselas (Puigdemont), se aprovecha de estos sentimientos para seguir persiguiendo la quimera imposible de la independencia de Cataluña.
• Los tres partidos  de derechas amenazan sistemáticamente con la implantación del articulo 155 como si Cataluña fuera un país enemigo.

Una primera consecuencia de esta situación ha sido el rechazo a los presupuestos de 2019, condicionados  a la aceptación del referéndum de autodeterminación. La segunda, la convocatoria anticipada de elecciones.

Las elecciones generales de abril, las municipales, autonómicas y europeas de mayo y, fundamentalmente, la sentencia del juicio contra el proceso de independencia, que se espera para después del verano, serán elementos importantes en la evolución de la crisis catalana que podría tener unas perspectivas distintas a partir del año 2020.

Las datos que los distintos sondeos de opinión están arrojando en Cataluña revelen las posiciones que están adoptando los ciudadanos:

Suben los partidos mas transversales, ERC y PSC,  y, en menor medida, Cataluña en Común. Mientras bajan sensiblemente los partidos más beligerantes a favor y en contra del procés, PDCat y Ciudadanos. El PP prácticamente desaparece y los pocos votantes que le quedan se inclinan por Vox. 

En definitiva la ciudadanía catalana se muestra harta del procés y de sus beligerantes adversarios y parece inclinarse a preferir un cambio hacia una política más constructiva.

Si Volviendo al escenario nacional, parece muy posible, también según encuestas, que se repita un gobierno socialista apoyado por los mismos partidos que votaron la moción de censura, con la duda del PDCat que, con los malos resultados que le dan las encuestas, puede no ser necesario para formar mayorías.

Un gobierno socialista, con apoyos de los nacionalistas catalanes o sin ellos, debería tener muy en cuenta la situación de Cataluña y mantener, con más empeño si cabe, la actitud dialogante y negociadora que ha tenido hasta ahora y como, ha dejado ver el presidente Sánchez, plantearse el indulto cuando acaba el proceso.

Un triunfo de la derecha trifálica, que considera  a los catalanes como enemigos más que como compatriotas, sería un golpe mortal para Cataluña y también para la unidad de España, con su gobierno en prisión y la aplicación perenne del art. 155 de la Constitución, el número de independentistas crecería como las setas en otoño.

Cataluña es una razón más, y muy importante, para que la izquierda se movilice y la derecha se hunda. El mejor resultado sería aquel que pulverizase al PP y obligase a Casado a dejar su puesto de presidente del PP a alguien menos cavernícola.

Proceso al procés

En estos días se está celebrando en el Tribunal Supremo, la vista del proceso por el procés de independencia de Cataluña, que encausa al anterior govern de la Generalitat y a algunos dirigentes sociales de las organizaciones más representativas de Cataluña.

Dependiendo de las responsabilidades de cada uno, se les acusa de los delitos de: Rebelión, Sedición, Malversación de fondos públicos y Desobediencia.

La instrucción del proceso suscitó en su momento muchas dudas, que posteriormente se agrandaron con la desestimación de las peticiones de extradicción del president Puigdemont, de los  gobiernos Belga y Alemán. Las deficiencias de las actuaciones de la fiscalía y la abogacía del estado en las primeras sesiones del juicio tienen que ver con las insuficiencias de la instrucción realizada por el juez Llarena.

Por el contrario, las dudas que pudieran existir sobre el presidente de la sala, debido a su fallido nombramiento como presidente del CGPJ, han quedado sin fundamento pues el comportamiento del juez Marchena está resultando ejemplar.

En las primeras sesiones de la vista, han prestado testimonio todos los procesados, que han desarrollado estrategias diversas.

El Vicepresidente Oriol Junqueras, que solo ha ha permitido ser interrogado por su abogado, ha utilizado su turno para defender políticamente el derecho de autodeterminación de Cataluña sin entrar en los detalles de la acusación. O. Junqueras se ha presentado como el lider más solido del independentismo catalán frente a la mediocridad a que nos tienen acostumbrados Torra y Puigdemont. En un futuro no muy lejano Junqueras será sin duda el interlocutor imprescindible para negociar con el sector independentista de Cataluña.

Los restantes procesados, que si han aceptado preguntas de la fiscalía y la abogacía del Estado pero no del abogado de Vox, han combinado en su defensa las reivindicaciones políticas con la refutación de los argumentos acusatorios, poniendo especial énfasis en la negativa a que se promoviera la violencia, la única violencia  que  reconocen es la de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y manifestando total desconocimiento sobre el uso  ilícito de fondos públicos para financiar los gastos del referéndum.

En el turno de testigos empezaron declarando el Presidente y la Vicepresidenta del gobierno y sus ministros de Hacienda  e Interior.

Rajoy estuvo en su estilo habitual: difuso y confuso,  sin acordarse  de casi nada mientras que Soraya hizo una declaración bastante más solvente. Cristobal Montoro  admitió que, a pesar de tener  intervenido al Govern catalán, no podía certificar que se hubieran desviado fondos públicos para el pago de gastos del referéndum, aunque dejo la puerta abierta a la posibilidad de que hubieran podido hacerlo de forma  que no habían detectado. El ministro de interior declaró que no tenía responsabilidad de nada, aunque no llego a dudar de que el fuera el ministro del interior, lamentable lo de este ministro.

De los siguientes testigos, la declaración más interesante, más desde el punto de vista político que jurídico, fue la del lehendakari I. Urkullu que describió con todo tipo de detalles, su papel de mediación entre los gobiernos español y catalán que Rajoy solo recordaba de forma  difusa, mezclado con otro tipo de gestiones.

A estas alturas del proceso el punto más cuestionado sigue siendo la presencia o no de violencia, que determina si hubo delito de rebelión que es el que tiene mayores penas.

El Relator

Según el diccionario de la RAE, un relator/a es la persona que en un congreso o asamblea hace relación de los asuntos tratados, así como de las deliberaciones y acuerdos correspondientes.

La propuesta del gobierno de incorporar un relator a las reuniones de los partidos políticos catalanes, hace referencia a una persona de estas características que convoque, modere y resuma las reuniones que se mantengan así como realice otras funciones equivalentes que se le requieran sin entrar directamente en el fondo de los temas que se traten.

La presencia de un relator, notario, intermediario o como prefiera llamarse, no es nueva y tampoco imprescindible y pueden tenerse diferentes opiniones sobre si es útil o no. Con independencia del criterio que se pueda tener, hay una razón evidente para la presencia de este personaje: uno de los principales interlocutores, los partidos nacionalistas catalanes lo llevan pidiendo hace meses. Las razones en contra nacen de un razonamiento artificioso, basado en sucesivas hipótesis encadenadas: El relator tiene un carácter internacional y se utiliza en negociaciones entre Estados luego se está reconociendo a Cataluña como un Estado. Este complejo razonamiento da por ciertos una serie de supuestos que solo tienen una probabilidad baja de que sucedan.

Cualquier negociación, o si se prefiere dialogo, implica cesiones, que son perfectamente tolerables si no afectan a los puntos centrales de cada una de las partes. En este caso, el reconocimiento de la autodeterminación de Cataluña, punto clave de los nacionalistas, está fuera de cualquier acuerdo y el gobierno de Madrid ha dejado claro que esa línea roja no se va a traspasar.

Si el govern catalán utilizara la presencia del relator para su propaganda interna, estaría en su derecho, aunque supusiera un coste, seguramente pequeño y perfectamente asumible.

El simple anuncio, que forma parte de la propuesta del gobierno, de incluir un relator en las conversaciones que se están celebrando entre los partidos políticos catalanes, a las que la derecha no asiste para no contagiarse, ha sido recibido con una catarata de insultos y descalificaciones por algunos "cualificados", es una forma de hablar, representantes de PP y Cs.

Si las descalificaciones de las tres derechas eran esperables, aunque su virulencia ha sobrepasado todos los limites, la reacción de algunos dirigentes del socialismo prehistórico, incluidos algunos "jarrones chinos", ha sido  mucho más dolorosa y es que hay compañeros que no saben envejecer. Si no son capaces de apoyar a la dirección actual del partido y del gobierno, como es su obligación moral, mejor estarían en silencio.

En una sobreactuación desmesurada, las tres derechas han convocado una super manifestación  de afirmación nacional, contra el gobierno y, una vez más, contra Cataluña, a la que no ha tardado en adherirse la cuarta derecha, Falange Española, por lo que el domingo veremos también banderas españolas con aguiluchos y cangrejos.

La huida hacia adelante de todas las derechas puede interpretarse como un síntoma de debilidad pues carecen de otras alternativas y, de hecho, algunos sectores más moderados del PP (N. Feijó,  Alfonso Alonso y Moreno Bonilla) y Ciudadanos (Manuel Valls), que se habían disculpado con excusas varias, van a asistir obligados por las presiones internas pues parece que van a pasar lista.

La concentración, apoyada por autobuses y bocadillos como si fuera una demostración sindical de la época franquista, pretende ser una demostración de fuerza que ya veremos en que queda.

El nacionalismo catalán, con su afán de estirar al máximo de la cuerda para intentar conseguir metas imposibles, es, de alguna manera corresponsable de esta manifestación  y de las posibles elecciones anticipadas que puedan derivarse de ella.

Cataluña sin rumbo

Uno de los factores que hizo posible la transición española de 1978, fue la confluencia, en aquel momento, de lideres políticos que supieron hacer compatible su ideología con la capacidad de negociación y fueron capaces de dirigir a la ciudadanía para alumbrar una constitución que, con todas las limitaciones que pueda tener hoy, nos ha dado cuarenta años de democracia y libertad.

Nombres como Torcuato Fernandez Miranda, Adolfo Suarez, Felipe Gonzalez y Santiago Carrillo y el Rey Juan Carlos I quedaran para la historia como los grandes dirigentes que supieron liderar a nuestro pueblo en unos momentos complicados y decisivos.

En la situación actual de división, Cataluña necesitaría disponer de dirigentes de ese nivel que lamentablemente no tiene. La pareja de dirigentes, modelo Hernandez y Fernandez, que dirigen desde Bruselas y  Barcelona los destinos del gobierno catalán han demostrado, con independencia de su ideología, una enorme torpeza en la gestión que hace que la Cataluña independentista avance sin rumbo hacia ninguna parte.

Sus socios de gobierno, ERC, con su máximo dirigente Oriol Junqueras en prisión provisional, están atados de pies y manos pues la ruptura de la coalición sería nefasta para el independentismo. Aun así están haciendo algunos movimientos significativos para desmarcarse de las excentricidades del tandem Puigdemont-Torra.

El último episodio, un tanto sorprendente, ha sido la negativa de JxC a delegar el voto de sus cuatro diputados ausentes, en la forma que indicó el juez Llarena en una generosa opción, no contemplada en los reglamentos del Parlament, que les permite mantener la mayoría parlamentaria. Esa absurda negativa, propia de un sectario poco inteligente, les ha impedido la aprobación de algunas resoluciones y puede ser el inicio de una ruptura del nacionalismo.

Por su parte, el partido más votado de la oposición Ciudadanos no toma ninguna acción positiva, limitándose a lloriquear por las esquinas para que el gobierno de Madrid les resuelva el problema aplicando el articulo 155 o.... mandando a la legión.

También es lamentable la actitud de las dos derechas nacionales que utilizan a Cataluña como ring para atacar la gobierno socialista, sin importarles añadir mas leña al fuego de una situación que los propios nacionalistas ya se encargan de incendiar.

La actitud prudente y moderada, incluso con propuestas valientes y arriesgadas como la de proponer un posible indulto futuro, avanza muy lentamente en un campo minado por las actitudes de separatistas por un lado y derechistas españoles por otro.

En cualquier caso hay una condición imprescindible para  poder avanzar en Cataluña: La desaparición del dúo  Torra- Puigdemont del mapa político, bien sea por dimisión o por  convocatoria electoral anticipada. Con estos personajes a la cabeza de la Generalitat, cualquier solución parece imposible.

Fiebre amarilla en Cataluña

Una epidemia de fiebre amarilla invade las calles y plazas de las ciudades catalanas, que aparecen plagadas de tiras de plástico amarillo, que acabaran en los basureros  contribuyendo, finalmente de forma innecesaria, a la contaminación de nuestros mares.

Esta primera consideración ecológica representa un daño colateral nada despreciable que están haciendo los independentistas con su campaña febril de poner lazos amarillos de plástico por toda Cataluña.

La libertad de expresión ampara su derecho a reivindicar la puesta en libertad de los que consideran sus presos políticos, pero si quieren llenar Cataluña de lazos, podrían utilizar cintas de tela que no contaminan. Si cada dos metros de cinta de plastico equivalen, aproximadamente, a una bolsa de supermercado de las que se están empezando a restringir ¿Cuantas bolsas de plástico equivalentes está produciendo esta campaña?

Como ha aclarado la Fiscal General del Estado, la libertad de expresión ampara tanto a los que ponen lazos como a los que los quitan, por ello, la "guerra de los lazos amarillos", no supone ninguna ilegalidad en si misma, otra cosa son los casos de violencia, afortunadamente pocos, que se han producido, la intervención desafortunada de los mossos de esquadra  identificando  a los que quitan los lazos o los lazos institucionales puestos por algunos Ayuntamientos.

Desde un punto de vista político, la actitud del President, animando a poner lazos y la de los lideres del PP y Cs animando a quitarlos, en el caso de A.Rivera incluso colaborabando directamente a ello, solo contribuyen a incrementar la tensión en Cataluña lo que podría llegar a alcanzar  situaciones de mayor violencia.

Previsiblemente, la fiebre amarilla se mantendrá hasta que se celebre el proceso de los ex consellers imputados, previsto para este otoño. La evolución de esta epidemia dependerá del resultado de este proceso.

En relación con este proceso, Puigdemont y los restantes consejeros huidos han interpuesto una demanda civil contra el juez Llarena en un juzgado belga. Esta demanda excede en mucho a las declaraciones del juez y critica frontalmente a la justicia española por lo que el gobierno, que en un primer momento había preferido mantenerse al  margen, tuvo que rectificar y asumir la defensa del juez. El texto de la demanda es totalmente disparatado y, además, tergiversa las supuestas declaraciones del juez por lo que hay que esperar que sea archivada y quede en nada, aunque ya ha conseguido provocar bastante ruido debido en buena parte a la torpeza del gobierno en asumir la defensa del juez.

La crisis catalana, ya peligrosa en si misma, se complica más por dos circunstancias añadidas que le dan mayor gravedad.

La primera, es la estrategia utilizada por las dos derechas españolas de utilizar Cataluña como campo de batalla preferente para dirimir su lucha por su hegemonía en España.

La segunda, es la aritmética parlamentaria existente en el Congreso de los Diputados. El gobierno necesita el apoyo de los grupos catalanes para sacar adelante sus iniciativas pero estos grupos, especialmente el PDCat, están amenazando con retirar su apoyo si el gobierno no les permite hacer un referendum de autodeterminación en Cataluña. Dada la imposibilidad de aprobar una consulta de ese tipo, no amparada por la Constitución, si el independentismo mantiene su amenaza, puede provocar la caída del ejecutivo y la convocatoria de elecciones anticipadas. 

Los independentistas tienen que ser conscientes de que sus propuestas son inasumibles, por lo que puede tatarse de un farol más de los muchos que nos tienen acostumbrados, pues a ellos no les interesa que se convoquen elecciones anticipadas en el Estado.

Es muy posible que con estas batallas se estén limitando a calentar el ambiente para la díada, el aniversario del primero de octubre o el juicio de los exconsellers, pero, dado el errático comportamiento del president Torra y su jefe Puigdemont por un lado, y la irresponsabilidad de las dos derechas españolas por otro, cualquier cosa es posible. El gobierno, aunque está actuando con la máxima prudencia, puede no ser capaz de controlarlo.

Desconcierto nacionalista

La decisión del Parlament catalán de declarar unilateralmente la independencia de Cataluña (DUI), ha supuesto, al mismo tiempo, el punto culminante del "procés" de independencia y su final.

A la DUI siguió, inevitablemente, la aplicación del articulo 155 de la Constitución, que, aunque se hizo de forma moderada, tuvo como consecuencia la destitución del Govern y la convocatoria de elecciones autonómicas.

Coincidiendo con la aplicación del art. 155, la justicia empezó a actuar y puso en marcha diversas querellas contra el Govern en la Audiencia Nacional y contra la mesa del Parlament ante el Tribunal Supremo. Las dos querellas tuvieron un tratamiento distinto: prisión provisional para los consejeros que no huyeron a Bruselas y puesta en libertad bajo fianza, para los miembros de la mesa, que reconocieran en su comparecencia la legalidad de aplicar el 155 y minimizaron la DUI, a la que dieron solo valor retórico.

Estas diferentes actitudes reflejan solo algunos aspectos del desconcierto que tiene el sector independentistas: Para eludir la prisión, el president y algunos consejeros han huido a Bruselas, y desde allí se dedican a desprestigiar a España con todo tipo de insultos y descalificaciones, el resto del gobierno ha ingresado en prisión sin fianza y la recurren negando que hayan cometido ningun delito y los miembros de la mesa eluden la prisión provisional aceptando las leyes que habían negado tan solo unos días antes. Es posible que todos o algunos consejeros reconozcan el articulo 155 y consigan también su puesta en libertad.

La justificación que hacen del fracaso de la DUI es también diferente: algunos responsables reconocen que Cataluña no estaba suficientemente preparada para la independencia y no tenía apoyos sociales suficientes, mientras para otros, la culpa es del gobierno de Madrid que actuó con extremada dureza y de forma no democrática, llegando a hablar de golpe de Estado contra Cataluña y alguna iluminada, dice incluso tener pruebas, que nadie ha visto, de que el gobierno de Madrid preparaba una intervención militar de consecuencias imprevisibles.

Las estrategias electorales también han ido cambiando, desde una candidatura unitaria de todos los nacionalistas, hasta presentarse en listas separadas con un programa común, construido con elementos marginales y de carácter defensivo: no aplicación del art. 155, amnistía para los supuestos presos políticos y retirada de la G. Civil; cuestiones todas ellas inaplicables  y sin ningún sentido en estos momentos más allá del victimismo crónico habitual.

En estas condiciones comienza una campaña electoral que, si en principio parecía favorable al independentismo, ahora aparece estar equilibrada entre independentistas y constitucionalistas, con una extraña posición intermedia de Cataluña en Común. 

El "procés" ha provocado un enorme deterioro político, económico y social en Cataluñas, la pérdida de la sede de la EMA es solo el último revés. Con ese balance parece muy difícil que un gobierno nacionalista vuelva a ser elegido, por mucha ilusión que la independencia haya provocado en la mitad del cuerpo electoral.
  
El resultado electoral es muy difícil de predecir, pues el constitucionalismo tampoco lo tiene fácil y la absurda posición de Cataluña en Común, con la quimera del Referéndum pactado como punto clave de su programa, hace que les sea muy difícil ejercer un papel de arbitro y es previsible que haya muchas dificultades para formar un gobierno que permita iniciar una salida positiva a la situación política catalana.

Llega el 155 express

Finalmente, y de forma inevitable, el gobierno tuvo que recurrir al articulo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en la Generalitat.

Los intentos de que el Govern volviera a la normalidad por sus propios medios, convocando elecciones autonómicas, no dieron frutos. El president Puigdemont, que está resultando ser un personaje  muy pintoresco y muy poco serio, amagó con la convocatoria para, a continuación, convocar un pleno extraordinario, en el que se dio por proclamada la República Catalana, en el prologo expresamente no votado de una resolución, que se votó de forma secreta para evitar las responsabilidades penales de los diputados secesionistas.

Las bufonadas del final del procés no han acabado todavía, después de las esperables denuncias penales de la fiscalía, el president desparece y aparece de forma sorpresiva en Bruselas con medio gobierno, no se sabe si para hacer una rueda de prensa porque en España no hay libertades para ello. El president ha sido citado en la Audiencia Nacional para el próximo jueves, no sería de estrañar que se quedase en Bruselas para provocar su detención y encarcelamiento y luego volver al victimismo de los presos políticos.

Dejando aparte estas grotescas historias, que espero pasen a segundo plano, la realidad es que la autonomía catalana se ha intervenido con prudencia y acierto y el procés va dar paso a una campaña electoral en la que los ciudadanos catalanes eligiran un nuevo gobierno.

Los resultados de estas elecciones son bastante inciertos. Probablemente se presentaran los mismos partidos aunque con distinta configuración, los independentistas que han formado la candidatura JxS es muy probable que no repitan coalición y vaya cada uno por su lado, y sería posible y deseable que cambiasen sus planteamientos para  alcanzar la independencia, evitando intentar una nueva edición del procés. En el caso del PDCAT el viraje podría ser profundo si la  candidatura pasa a estar formada por nacionalistas moderados. De no ser así sería posible que se formara una candidatura diferente del sector moderado de los  nacionalistas.

Los partidos constitucionales no es previsible que cambien sus planteamientos, aunque un gobierno sin nacionalistas, dada la correlación de fuerzas, no parece factible.

La CUP, si finalmente se presenta, que parece lo más probable, mantendrá con toda probabilidad sus planteamientos independentista radicales.

Queda finalmente el confuso mundo de Podemos, Cataluña en Común, ICV , etc, que  se ha pasado estos años en una equidistancia absurda, intentando ser el fiel de la balanza y disparando a todo lo que se mueve. Esta actitud deliberadamente ambigua con grandes aspavientos es muy posible que les produzca un fuerte revés electoral en Cataluña y en el resto del Estado.