El TJUE da una oportunidad a la investidura

El tribunal de Luxemburgo (TJUE) ha aceptado el recurso de Oriol Junqueras (OJ) y le ha reconocido su condición de eurodiputado. Esta decisión responde a una pregunta previa del TS español, al que obliga a revisar su sentencia sobre OJ para  que tenga en cuenta esta circunstancia.

El TJUE deja al tribunal español la forma en la que debe reconocer los derechos de OJ lo que significa que debe incluir en la revisión el derecho a que tome posesión de su cargo, pueda ejercer como diputado europeo y  aceptar que para poder procesarle debe pedir un suplicatorio a la cámara europea.

ERC ya ha manifestado la posición de la defensa y pedirá la nulidad de todo el proceso mientras que la fiscalía sigue en plan duro y, en una primera valoración, dice que no se puede corregir nada pues se está fuera de tiempo al no estar ya OJ en prisión provisional.

La Abogacía del Estado (AE) ha sido requerida como parte del proceso a fijar su posición que no tiene porque coincidir con la de la fiscalía. Esta discrepancia ya se produjo en la calificación del proceso en la que, mientras la fiscalía consideraba  que había un delito de rebelión, la AE lo dejaba en sedición. La sentencia condenó finalmente por sedición desestimando los criterios de la fiscalía.

En todo caso la AE no es poder judicial, es un cuerpo jerárquico de la Administración y, por ello ,el gobierno tiene derecho a participar en la posición que finalmente se adopte.

La AE debería alegar que se cumpla literalmente la sentencia del TJUE para lo cual tendría que proponer una formula que permita a OJ la toma de posesión  y el ejercicio de su cargo de euro-parlamentario.

Seguramente en derecho puedan existir varias formulas que cumplan  esos requisitos: nulidad del juicio, suspensión de la condena, prisión atenuada como el tercer grado o cualquier otra. Si se tiene en cuenta que el interés nacional es contribuir lo máximo posible  a normalizar la situación política en Cataluña, cualquiera de esas formulas podría ser adecuada.

Si el TS aceptara la propuesta de dejarlo todo igual, como propone la fiscalía, no se cumplirían los requisitos de la sentencia europea y daría lugar a nuevos recursos de OJ y a perpetuar el conflicto jurídico con el tribunal europeo y, desde un punto de vista político, en vez de contribuir a la normalización de Cataluña, se añadiría un elemento más de confrontación.

La sentencia del TJUE ha permitido de forma indirecta el reconocimiento de Puigdemont como eurodiputado por lo que, con toda probabilidad, en un tiempo breve podrá circular por  toda la Unión Europea incluida España.

En todo caso  el TS decidirá lo que estime oportuno pero la AE, que defiende la posición del gobierno deber´ñia mantener una  posición constructiva.

Con el reconocimiento de la condición de diputados de O. Junqueras y C. Puigdemont, el TJUE ha ofrecido una oportunidad para distender la situación en Cataluña y permitir de paso la investidura de Pedro Sanchez.

Sería un error muy grave desperdiciar esta oportunidad.

La derecha no para de meter ruido con afirmaciones interesadas que están fuera de la realidad. La sentencia se basa en protección de la inmunidad de los eurodiputados, con independencia de que sean catalanes o de cualquier otro origen y no suponen ninguna injerencia en nuestra soberanía. Por otro lado pretenden convencer a la ciudadanía de que la AE es una institución independiente y el gobierno debería abstenerse de intervenir. Como en cualquier procedimiento judicial, el abogado no toma decisiones por su propia iniciativa sino con la colaboración de la parte que le contrata, en este caso el gobierno que actúa en nombre del Estado.

Pulso catalán

Una parte  muy importante de la ciudadanía catalana esta dando una respuesta muy contundente a la sentencia del procés que condena a más de 100 años a los miembros del anterior gobierno catalán.

Una semana de concentraciones y manifestaciones con la participación de centenares de miles de ciudadanos, incluyendo cinco marchas de tres días desde distintos puntos de Cataluña, son protestas muy potentes que hay que tener en cuenta, a pesar de que hayan sido oscurecidas por actuaciones de violencia extrema que han realizado minorías muy amplias de separatistas radicales, al parecer apoyados por elementos antisistema de distintas procedencias.

la expresión minoría hay que entenderla en términos relativos, pues unos cuantos miles de violentos son sin duda una minoría en relación con los cientos de miles de manifestantes, pero son más que suficientes para causar una situación de violencia intolerable, con múltiples heridos entre manifestantes y miembros de los cuerpos policiales, que ha conseguido poner en primer plano el orden público por encima del problema político catalán.

La falta de criterio político del actual gobierno catalán, cuyo presidente ha preferido apoyarse en todos los independentistas, violentos incluidos y, en consecuencia, no ha condenado de forma específica la violencia, ha conseguido trasladar el debate al conflicto callejero en vez de a las reivindicaciones sociales. En este contexto ha sido el gobierno de Madrid el que ha tenido que salir a defender el orden público y a los cuerpos de seguridad del Estado, mossos de escuadra incluidos,  que han cumplido con eficiencia su función en una situación muy complicada, mientras que Torra y buena parte de su gobierno que no incluye al consejero de seguridad, ponía el foco en algún caso aislado de exceso de celo que haya podido haber en un operativo tan amplio.

La triple derecha nacional ha seguido considerando a Cataluña y los catalanes como enemigos del Estado y todas sus "soluciones" pasan por incrementar la tensión proponiendo la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, el articulo 155, o, en el caso de Vox para ser más que nadie, el Estado de Excepción.

Los partidos nacionalistas  profundamente divididos entre ellos capean el temporal como pueden debatiéndose entre la búsqueda de una mínima racionalidad y la necesidad que tienen de amparar minimamente los desvaríos de su president.

Los Podemitas y los Comunes se limitan a mantener un angélico llamamiento en abstracto a la necesidad del dialogo sin aportar ningún elemento concreto de interés.

El gobierno y el PSOE están ejerciendo su responsabilidad de equilibrar el mantenimiento del orden público con el respeto al autogobierno catalán, respetando la institución autonómica  a pesar de los desafueros del binomio Torra-Puigdemont, incapaz de dar una dirección política al fuerte movimiento ciudadano que pide la libertad de los presos del procés y que, sin ella, no tiene ninguna posibilidad de conseguir sus propósitos.

Las movilizaciones desarrolladas en estos días tienen dos objetivos, uno de fondo:

• El derecho a la autodeterminación y a la independencia de Catalunya

y otro más inmediato:

• La libertad de los nueve condenados en el procés.

El objetivo de fondo requiere un proceso político imposible a corto y medio plazo, y está dificultado,  además, por la campaña electoral y, sobre todo, por la actitud lamentable del binomio Torra-Puigdemont. 

La libertad de los condenados tiene varios caminos a seguir:

• Recursos judiciales al TC y al TEDH
• Medidas de gracia
• Beneficios penitenciarios.

Los recursos judiciales son un paso obligado para los condenados que tienen que tramitar ellos mismos y en orden consecutivo. La tramitación de estos recursos, especialmente el del tribunal de Estrasburgo, es un proceso largo que puede durar muchos meses.

La medida  de gracia preferida por  los nacionalistas, es la amnistía que borra totalmente todos los antecedentes. Después de la amnistía de 1977, promulgada para liberar a los presos políticos de la dictadura, la Constitución del 78 no hace ninguna referencia a la posibilidad o no de promulgar amnistías por lo que, al menos teóricamente, si sería posible aunque no parece fácil que se haga.

En cuanto a los indultos, la constitución prohíbe  expresamente los indultos generales mientras que los individuales deben solicitarse por cada uno de los condenados, lo que, según han declarado en  distintas ocasiones, no van a solicitar.

Queda, por último, la aplicación de la ley penitenciaria que permite en determinadas condiciones la concesión de permisos o  terceros grados, siempre supervisados por el tribunal  sancionador, en este caso el Tribunal Supremo.

Las medidas penitenciarias serán, casi con total seguridad, la vía elegida por los nueve presos para mitigar sus condenas. Estas vía tienen  dificultades políticas debido a la férrea oposición de las tres derechas y a la actitud provocadora del govern catalán.

Aunque sea imprescindible abrir cuanto antes un proceso de negociación entre Cataluña y el Estado, no parece posible iniciarlo hasta después del 10N, con un gobierno en plenitud de funciones y, preferiblemente, con un nuevo gobierno catalán pues con el gobierno actual parece imposible. Hay que esperar que la coalición ERC-PDCAT se rompa y unas nuevas elecciones autonómicas elijan un nuevo gobierno en Cataluña que permita reconducir las relaciones con el Estado.

Visto para sentencia

Después de 52 sesiones, la causa 20907/2019, relativa al procés de Cataluña, ha quedado vista para sentencia.

El final de la vista confirma las primeras impresiones obtenidas cuando comenzó el juicio en Febrero: Las sesiones se han desarrollado con el máximo respeto a procesados y testigos, con un presidente que ha sabido estar a la altura de su difícil tarea, equilibrando con maestría la autoridad y la flexibilidad necesarias con procesados, abogados, fiscales y testigos. Si la instrucción dejo muchas dudas, la vista pública nos reconcilia con el funcionamiento de la Justicia en España.

En cuanto a las conclusiones del proceso después de las 52 sesiones, tanto la fiscalía como la abogacía del Estado han mantenido sus consideraciones preliminares, mientras que las defensas solo han admitido el delito de desobediencia, que no implica penas de prisión.

En sus intervenciones finales los acusados han mantenido un discurso político reivindicativo, con la dosis de victimismo habitual, sin entrar más que de forma marginal, en  su defensa sobre el contenido de las acusaciones.

Desde el punto de vista de un ciudadano no jurista, no parece acreditada la acusación de rebelión, existen serias dudas sobre la de malversación, según consta en su declaración, el ministro de hacienda con las cuentas de la Generalitat intervenidas no había detectado nada. En cuanto al delito de sedición, es evidente que hubo una Declaración Unilateral de Independencia, pero la forma en que se hizo, con  un grado de oficialidad un tanto confuso, obligará al tribunal a valorar su importancia, y probablemente, a rebajar el grado de la pena.

Recordando la proclamación por Companys del Estado Catalán en 1934 en el contexto de una huelga general en toda España, que acabó con los miembros del govern en prisión, condenados a muerte o a largas penas de prisión y afortunadamente amnistiados posteriormente por el gobierno del Frente Popular en febrero de 1936, no se puede imaginar un escenario peor que el encarcelamiento de los actuales procesados por un largo periodo de tiempo.


Cabe por tanto la esperanza de que las penas finales sean sensiblemente inferiores a las solicitadas por la fiscalía y por la abogacía del Estado, lo que desde un punto de vista político, sería una buena noticia que permitiría iniciar un proceso de recuperación de la normalidad en Cataluña.  En todo caso, una vez dictada la sentencia, siempre queda la posibilidad de aplicar medidas de gracia a los procesados.

Los acusados tienen razón en que el procés debe salir de los tribunales y volver a la política, pero deben ser conscientes también de que ha sido su imprudencia,  por su decisión de "interpretar de forma creativa" la legislación vigente, lo que les ha llevado a esa situación. La sentencia, aunque fuera relativamente benévola, no puede arreglarlo todo. Hace falta una importante dosis de política constructiva que sea capaz de administrar el proceso catalán después del juicio.

Desbandada nacionalista

El procesamiento por el Tribunal Supremo (TS) de 25 dirigentes independentistas catalanes, 13 de ellos por el delito de rebelión,  ha desconcertado a los partidos independentista.

Al grito de sálvese quien pueda, dirigentes de los partidos nacionalistas catalanes han iniciado una desbandada que se manifiesta de diversas formas.

Esta segunda desbandada, la primera la protagonizaron el president y algunos de sus consejeros cuando se aplicó el articulo 155,  la inició  el breve pre candidato a la presidencia Jordi Sanchez, que renunció a su candidatura justo antes de su supuesta investidura, para intentar obtener una decisión más favorable del juez Llanera. 

Para cubrir esta baja, que como viene siendo habitual en el mundo independentista se hizo sin aviso pevio, los nacionalistas intentaron, por la vía exprés, la investidura de otro candidato también imputado, Jordi Turull, con la intención de que al día siguiente el TS se viera en la tesitura de tener que encarcelar a un president electo, con lo que el victimismo endémico subiría algunos puntos más. La maniobra salió mal porque la CUP no quiso apoyar a un candidato con un curriculum muy ligado al periodo mas negro de Convergencia i Unio.

El procesamiento de los 25 dirigentes fue también el motivo de la desbandada de tres diputados más, que renunciaron a su acta y una de ellas, la S.G. de ERC, tomó además el camino del exilio. Por supuesto siguiendo el método ya habitual de no avisar a nadie y dejar a sus compañeros perplejos.

El proceso de desmantelamiento del nacionalismo se incrementó  con  la detención en Alemania del ex president Puigdemont al que la citación del juez Llanera pilló de gira por los países nórdicos, en los que estaba promocionando internacionalmente el procés en algunas universidades de segundo orden. Su intento de evitar la euro-orden, volviendo por un camino alternativo, no consiguió despistar a la policía que le detuvo en Alemania donde las condiciones para la extradición parecen ser favorables que en Bélgica. Le salió el tiro por la culata.

El balance final en el parlament después de estos acontecimientos  es:

• 8 parlamentarios nacionalistas dimitidos.
• 4 parlamentarios nacionalistas encarcelados.
• 2 parlamentarios nacionalistas fugados.
• 1 parlamentario nacionalista en libertad provisional.

Es muy probable que los siete diputados no dimitidos sean inhabilitados en poco tiempo.

Después de la desbandada la primera reacción del nacionalismo ha sido, una vez más, la huida hacia adelante, volviendo a plantear de nuevo la investidura imposible de C. Puigdemont, J. Sanchez o J. Turrull. Hay que suponer que el presidente del parlament parará esta iniciativa para evitar nuevos procesamientos y todo quedará en los derechos simbólicos aprobados  el día de la no investidura.

Este vodevil parlamentario está acompañado de acciones en la calle más de "guerrilla urbana" de los CDR, tipo corte de carreteras con neumáticos ardiendo, que de grandes manifestaciones, que en un contexto de violencia callejera son más difíciles de convocar con el nivel de asistencia que tuvieron las anteriores.

La pregunta sobre que salida tiene a corto plazo la situación  catalana, solo tiene  una respuesta si  los nacionalistas no quieren la repetición de elecciones:

Dimisión de los siete parlamentarios procesados por personas sin cargos penales, con lo que el nacionalismo recuperaría la mayoría sin tener que contar con la CUP y propuesta de un nuevo president que pueda  constituir un gobierno efectivo.

Los intentos, tímidos por otro lado, del PSC por una parte y los Comunes por otra,  de buscar soluciones transversales, han tenido muy poco eco en las filas nacionalistas pues el ambiente no está para esos experimentos. Tal vez a largo plazo, cuando se tranquilicen las aguas, pueda plantearse alguna opción en ese sentido.

La estrategia política que siga ese, casi seguro, gobierno nacionalista, continuar con el procés o aparcarlo y dedicarse a gobernar y a tender puentes con otras fuerzas catalanas y estatales, determinará la vida política catalana de los próximos años.

Tienen hasta mediados de Mayo para tomar una decisión, aunque es muy probable que agoten el plazo hasta ese limite y, entretanto, sigan mareando la perdiz, con declaraciones, manifestaciones, cortes de carretera, etc.