Finalmente, aunque con mas de año y medio de retraso, el PP ha tenido a bien desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC), en lo que hay que esperar sea un paso previo para la renovación del CGPJ que lleva ya mas de tres años bloqueado.
El TC se ha renovado, como es preceptivo, por el procedimiento legal vigente, eludiendo la trampa saducea del PP que quería previamente cambiar la norma para que la elección la realizaran los representantes corporativos de la justicia en vez de los legítimos representantes de la ciudadanía elegidos en las urnas.
Aunque el procedimiento actual respeta la necesaria dependencia del parlamento del poder judicial, emplea un sistema de elección que tiene dos graves deficiencias:
- La posibilidad de bloqueo por una minoría.
- La dependencia absoluta del bipartidismo, privando a los restantes grupos parlamentarios de su derecho a tomar parte en los nombramientos.
El origen de estas deficiencias está en la forma elegida para garantizar el máximo consenso: mayoría reforzada de 3/5.
Dado que en la legislatura actual, y con toda probabilidad en muchas otras, la mayoría de 3/5 solo puede alcanzarse con los votos conjuntos de PP y PSOE, el bloqueo está siendo posible por tiempo indefinido, además, 2/5 de los parlamentarios no tienen ninguna capacidad de influir en el resultado y los candidatos elegidos pueden no ser lo mas idóneos, pues la elección consiste finalmente en un reparto a medias; dos propuestos por el PSOE y otros dos por el PP y los dos candidatos del PP aunque formalmente cumplan los requisitos necesarios, tienen un curriculum que no es el mas adecuado para ocupar estos puestos.
La situación es tan esperpéntica que en el trámite previo para validar candidatos, el diputado del PSOE, Odón Elorza, hizo una durísima crítica al candidato popular Enrique Arnaldo, para después declararlo idóneo pues, de no hacerlo, no hubiera sido posible la renovación.
Con los dos candidatos populares que se han nombrados la probabilidad de sentencias y autos tan disparatados como declarar inconstitucionales los Estados de Alarma aprobados por el parlamento como herramienta para minimizar los efectos del COVID 19, podrían repetirse en el futuro.
La salida de esta situación podría estar en cambiar el procedimiento de elección de forma que se eviten los bloqueos y se permita la participación de todos los grupos al mismo tiempo que se exigen mayorías suficientes para garantizar la pluralidad. El parlamento ya tiene métodos de votación para conseguir estos resultados y sería posible utilizarlos para la elección de estos órganos constitucionales.
La mesa del parlamento tiene nueve miembros: un presidente, cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios. Los cuatro vicepresidentes, y los cuatro secretarios, se eligen en una sola votación de forma que cada diputado vota a un solo candidato siendo elegidos los cuatro mas votados. El resultado de esta votación ha sido totalmente plural en todas las ocasiones y representativa de la composición de la cámara.
Si los miembros del TC o del CGPJ se eligieran por este procedimiento no habría bloqueo, todos los diputados tendrían un voto eficaz y el consenso necesario estaría garantizado. Si, como en el caso actual, se presentará algún candidato con un curriculum dudoso, la comisión de nombramientos podría rechazarlo pues su no admisión no supondría el bloqueo de la elección. La posibilidad de que un candidato pudiera ser efectivamente rechazado obligaría a todos los partidos a presentar candidatos idóneos, con la ideología que correspondiera pero sin curricula inaceptables.
Es una magnífica idea la de Alfonso.
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