Los límites de las reglas democráticas

Decía nuestro antiguo presidente José Luis Rodríguez Zapatero, en una reciente entrevista, que la democracia es Libertad con Reglas. Este criterio se está poniendo en peligro últimamente al cuestionarse social y políticamente algunas de estas reglas.

La crispación social producida por la crisis hace que se imponga la consigna del todo vale contra el gobierno y las instituciones y se sobrepasen límites que habría que respetar si queremos preservar el sistema democrático. La ley no permite presionar directamente a los representantes públicos sean concejales o diputados, cuando están ejerciendo sus funciones de representación política, por esta razón se prohíben las manifestaciones en las proximidades y en el interior de las sedes parlamentarias y municipales cuando están en sesión.

La utilización de las instituciones como objetivo de las protestas cívicas empezó, con las elecciones municipales de mayo de 2011 con un intento de los indignados del 15M de boicotear las sesiones constitutivas de los Ayuntamientos recién elegidos y siguió, con mayor gravedad pues hubo 45 heridos, en el debate presupuestario del parlament catalán en junio de 2011.

Más recientemente, el 25 de septiembre y en días posteriores, se produjo la convocatoria "rodea el congreso" por parte de otro grupo de indignados. Finalmente a primeros del presente mes de diciembre se produjeron incidentes en la Asamblea de Madrid cuando algunos manifestantes protestaban en su interior y en sus proximidades con ocasión del debate presupuestario relativo a los recortes en sanidad.

Todas estas actuaciones vulneran las reglas de la democracia formal y no debieran impulsarse ni favorecerse desde los partidos políticos ni las organizaciones sociales. Entra dentro de la lógica que los colectivos tipo 25M, con un cierto componente antisistema, convoquen estas manifestaciones pero no se comprende que partidos políticos como el Grupo Parlamentario de IU en el Congreso o el Grupo Socialista en la  Asamblea de Madrid, las apoyen y las jaleen.

La crisis económica y la situación política en que vivimos hacen que se puedan entender las actitudes antisistema que se está produciendo, lo que no quiere decir que haya que justificarlas y menos apoyarlas. La democracia que tenemos, con todas sus limitaciones, ha costado mucho conseguirla y no hay razones para ponerla en cuestión por muy indignado que se este. Sin duda hay mucho que reformar y mucho que corregir pero no se puede tirar el agua sucia con el niño dentro.

En cuanto a las reivindicaciones sociales, como las sanitarias en Madrid que están teniendo una importante repercusión social, no necesitan manifestarse en el parlamento regional para nada. Con las huelgas, encierros manifestaciones, recogidas de firmas etc. han conseguido una presencia muy importante. Los Grupos parlamentarios de la oposición tienen que traducir en propuestas políticas las reivindicaciones de los colectivos afectados, no limitarse a hacer coro de sus reivindicaciones.

Los objetivos son los mismos pero cada ámbito tiene sus herramientas de actuación y el parlamento debe ser más la casa de las ideas y las propuestas que el escenario de las manifestaciones y de "peleas de gallos", que no aportan nada.

Se vulneran también otras reglas de la democracia, que aunque no estén reglamentadas expresamente, forman parte de su esencia. Se trata de la coherencia entre las promesas y propuestas políticas electorales y la práctica política que se realiza una vez alcanzado el gobierno.

No soy partidario de considerar los programas electorales como un contrato entre el partido y sus votantes, pues el concepto de contrato es excesivamente rígido y los programas electorales no pueden tener la precisión suficiente para considerarse un contrato y se formulan en unas circunstancias que pueden cambiar durante los cuatro años que suele durar el mandato, por eso prefiero utilizar un término mas flexible como coherencia entre programa y actuación política.

Pero una cosa es admitir que es imposible un cumplimiento del cien por cien y otra, muy diferente, es que cualquier parecido con la realidad entre el programa y la actuación política sea mera coincidencia, coincidencia puntual que, en situaciones como la del actual gobierno del PP, ni siquiera se da.

El PP accedió al poder después de una campaña de desprestigio sistemático de toda la actuación del gobierno socialista transmitiendo a la ciudadanía que el PSOE además de traicionar su programa demostraba una incapacidad absoluta para gobernar. Entre el incremento de la abstención, mucha, la dispersión del voto de izquierdas, que incide a su favor en la ley electoral y el incremento de sus votantes, no muchos pero suficientes, el PP consiguió la mayoría absoluta en el gobierno nacional, que, unida a los resultados obtenidos anteriormente en elecciones autonómicas y municipales, le daba un dominio político absoluto de todo el país. Los resultados a la vista están: la crisis sigue avanzando, estamos mucho peor que hace un año y nos quedan tres años de gobierno fundamentalista popular.

Hay un último elemento que apunta a la rotura de las reglas democráticas que se nos viene encima después de las elecciones catalanas: la declaración unilateral de independencia de Catalunya, El planteamiento de Convergencia i Unió es muy probable que acabe como el Plan Ibarretxe de hace unos años, pero siempre cabe la posibilidad de que el gobierno nacionalista pretenda dar un paso más, saltándose la constitución a la torera. Las consecuencias de esta decisión son en este momento imprevisibles.