La reforma laboral ha sido convalidada por el Congreso de los diputados por un solo voto de diferencia y con más suspense del necesario.
La apuesta del gobierno, priorizando el acuerdo social con patronal y sindicatos sobre una reforma mas profunda sin acuerdo social, introdujo una serie de condicionantes que en buena parte explican lo sucedido en el pleno del Congreso del 3 de febrero.
La aceptación de los agentes sociales de negociar la reforma con el gobierno incluía necesariamente la necesidad de que el acuerdo quedase cerrado pues, de otro modo, las modificaciones que se pudieran introducir en el Congreso podrían no ser coherentes con los contenidos acordados en el pacto social.
El Congreso por su parte tiene derecho a introducir los cambios que considere en cualquier Proyecto de Ley. Esta contradicción solo se hubiera resuelto si el gobierno hubiese defendido en la mesa social las reivindicaciones pactadas con los socios del gobierno antes de cerrar el acuerdo con los agentes sociales, en definitiva un acuerdo en dos mesas.
Si tenemos en cuenta las consideraciones que hizo el portavoz del PNV en el pleno, esta acuerdo político no se hizo, o no se hizo de forma suficiente, por lo que los socios habituales del gobierno, PNV, ERC y Bildu, estando seguramente de acuerdo con buena parte de la reforma no se sintieron representados por el texto presentado. Otros factores que pudieron influir fueron la ausencia de representantes de los sindicatos vascos en la mesa social y la consideración política de grupos como ERC o Bildu, que hubieran preferido una reforma mas profunda aun a costa del descuelgue de la patronal.
Esta situación limite obligaba al gobierno a activar un plan B con el riesgo de poner la aprobación de la reforma al borde del abismo. El plan B incluía a Ciudadanos y se completaba con UPN. Ciudadanos, seguramente presionado por la patronal, aprovecho esta vez la oportunidad de desmarcarse de las otras dos derechas pero en el caso de UPN fue necesario un pacto poco estético, pero bastante habitual en política, de negociar su apoyo a cambio de no votar a favor de la revocación del alcalde de Pamplona (de UPN).
Este equilibrio inestable lo intentó romper el PP organizando lo que ya empieza a ser una perversa costumbre, un Tamayazo, ahora a la Navarra, siguiendo la estela del de Madrid que permitió gobernar a Esperanza Aguirre o el mas reciente de Murcia que sirvió para parar la moción de censura e imponer un gobierno de retales tránsfugas en esa comunidad.
Las malas artes del PP fueron compensadas por uno de sus propios diputados que votando "con las zarpas" fue incapaz de acertar en varias de las votaciones que tenía que hacer de forma telemática, entre ellas la Reforma Laboral.
El PP no reconoce errores y la culpa siempre es de otro, en este caso de l sistema informático, que según las técnicos del congreso ha funcionado correctamente.
Hay que esperar que tanto el gobierno como sus apoyos habituales, PNV, ERC y Bildu, hayan aprendido la lección y eviten en el futuro llegar a esos limites en las votaciones pues las derechas están al acecho y no pierden ocasión de utilizar cualquier medio para conseguir derribar al gobierno.