El futuro de las pensiones es uno de los problemas mas graves que tiene planteados la sociedad española, sin que parece que haya mucha prisa de convocar el pacto de Toledo para buscar una solución sostenible a largo plazo.
La historia de la Seguridad Social comenzó a finales del siglo XIX y empezó a consolidarse en la segunda República. En el año 1936 existía un anteproyecto de Ley de Bases de la que no llegó a entrar en vigor por el estallido de la guerra civil.
Hay que remontarse al año 1963 para que el régimen franquista crease el Instituto Nacional de la Seguridad Social, antecedente del sistema actual.
Nuestro sistema de S.S. se financia mediante un esquema de solidaridad intergeneracional por el cual las pensiones de los mayores, y otras prestaciones sociales, se pagan con las cotizaciones los trabajadores activos. Este sistema no es sostenible a largo plazo pues el número de perceptores crece mucho mientras que el de cotizantes lo hace mucho más despacio, si a esto añadimos otros factores como el alargamiento de la esperanza de vida y que atravesamos una situación de crisis, con incremento del paro y bajadas salariales muy significativas, llegamos a la situación actual de déficit creciente.
En el año 2000 se estableció el Fondo de reserva de la Seguridad Social, que llegó a alcanzar 66.815 M€ en 2011. A partir de ese momento, coincidiendo con los gobiernos de Mariano Rajoy, el déficit creciente fue liquidando el fondo de reserva.
Para el año 2018 el gobierno ha previsto un crédito extraordinario de 18.000 M€ para cubrir el deficit esperado.
En conclusión, se ha agotado prácticamente el fondo de reserva y estamos abocados a un déficit continuo y creciente, pues los ingresos son inferiores a los gastos.
A la espera de que se convoque el pacto de Toledo, se están sugiriendo algunas posibles soluciones.
Unas van en la línea mas o menos camuflada de reducir la cuantía de las pensiones futuras mediante el incremento del tiempo de computo, el retraso de la edad de jubilación, o la modificación del esquema de revalorización anual que ya ha sido desvinculado del IPC y que ya está produciendo perdidas en el valor adquisitivo de las pensiones.
Pero el nudo gordiano del asunto es como cubrir el déficit creciente de la financiación.
El gobierno del PP dice que para superar el deficit es necesario la creación de empleo para aumentar el número de cotizantes. Es evidente que la creación de empleo es una necesidad que nadie puede negar pero no parece suficiente para corregir la financiación.
La cotización a la S.S. tiene dos componentes, la parte empresarial 23,6% del salario y la correspondiente al trabajador 4,7% del salario, en total el 28,3%. Si consideramos un salario de 1.000€ con 14 pagas, la cotización anual serían 3.962€, el 28.3% de 14.000 €, redondeando 4.000 €.
En consecuencia para cubrir los 18.000M € del déficit, se necesitarían 18.000M/4.000 = 4,5 M de nuevos cotizantes, es decir que el paro se redujera practicamente a cero.
No parece que esta solución sea suficiente, es necesario buscar otras alternativas, la mas evidente, la que ya se está haciendo de forma provisional y por razones de estricta necesidad, es recurrir al presupuesto pero eso implica reducir gastos en otras partidas, o prever nuevas fuentes de ingresos. En ese sentido el impuesto a la banca, compensatorio de las ayudas que la sociedad española pago por el rescate propuesto por el PSOE, es una medida positiva aunque provisional e insuficiente.
Hay que buscar nuevas fuentes de ingresos y en ese sentido tiene interés la propuesta de la eurodiputada socialista luxemburguesa Mody Dalvaux, aprobada en Enero de 2017 por el comité de asuntos jurídicos del Parlamento Europeo. En esta propuesta se analizaban los diversos aspectos que tiene la implantación de la robótica y la Inteligencia Artificial en todos los sectores sociales, incluye también el impacto en el empleo y, en consecuencia, en las cotizaciones sociales. Se propone que se estudie la posibilidad de que las "maquinas productivas" paguen impuestos o contribuyan a las cotizaciones sociales para compensar las perdidas de ingresos de los sistemas de protección social.
Aunque la propuesta está todavía en fase inicial, y contará sin duda con la oposición de la clase empresarial y la derecha, tiene unas potencialidades importantes de cara a un futuro no tan lejano como pueda parecer.
El principio de recuperar las cotizaciones sociales de los empleos suprimidos por la automatización abre nuevas perspectivas para que los beneficios de la ciencia yla tecnología se repartan entre todos los ciudadanos y no sean exclusivamente una herramienta para conseguir mayores beneficios.
La historia de la Seguridad Social comenzó a finales del siglo XIX y empezó a consolidarse en la segunda República. En el año 1936 existía un anteproyecto de Ley de Bases de la que no llegó a entrar en vigor por el estallido de la guerra civil.
Hay que remontarse al año 1963 para que el régimen franquista crease el Instituto Nacional de la Seguridad Social, antecedente del sistema actual.
Nuestro sistema de S.S. se financia mediante un esquema de solidaridad intergeneracional por el cual las pensiones de los mayores, y otras prestaciones sociales, se pagan con las cotizaciones los trabajadores activos. Este sistema no es sostenible a largo plazo pues el número de perceptores crece mucho mientras que el de cotizantes lo hace mucho más despacio, si a esto añadimos otros factores como el alargamiento de la esperanza de vida y que atravesamos una situación de crisis, con incremento del paro y bajadas salariales muy significativas, llegamos a la situación actual de déficit creciente.
En el año 2000 se estableció el Fondo de reserva de la Seguridad Social, que llegó a alcanzar 66.815 M€ en 2011. A partir de ese momento, coincidiendo con los gobiernos de Mariano Rajoy, el déficit creciente fue liquidando el fondo de reserva.
Para el año 2018 el gobierno ha previsto un crédito extraordinario de 18.000 M€ para cubrir el deficit esperado.
En conclusión, se ha agotado prácticamente el fondo de reserva y estamos abocados a un déficit continuo y creciente, pues los ingresos son inferiores a los gastos.
A la espera de que se convoque el pacto de Toledo, se están sugiriendo algunas posibles soluciones.
Unas van en la línea mas o menos camuflada de reducir la cuantía de las pensiones futuras mediante el incremento del tiempo de computo, el retraso de la edad de jubilación, o la modificación del esquema de revalorización anual que ya ha sido desvinculado del IPC y que ya está produciendo perdidas en el valor adquisitivo de las pensiones.
Pero el nudo gordiano del asunto es como cubrir el déficit creciente de la financiación.
El gobierno del PP dice que para superar el deficit es necesario la creación de empleo para aumentar el número de cotizantes. Es evidente que la creación de empleo es una necesidad que nadie puede negar pero no parece suficiente para corregir la financiación.
La cotización a la S.S. tiene dos componentes, la parte empresarial 23,6% del salario y la correspondiente al trabajador 4,7% del salario, en total el 28,3%. Si consideramos un salario de 1.000€ con 14 pagas, la cotización anual serían 3.962€, el 28.3% de 14.000 €, redondeando 4.000 €.
En consecuencia para cubrir los 18.000M € del déficit, se necesitarían 18.000M/4.000 = 4,5 M de nuevos cotizantes, es decir que el paro se redujera practicamente a cero.
No parece que esta solución sea suficiente, es necesario buscar otras alternativas, la mas evidente, la que ya se está haciendo de forma provisional y por razones de estricta necesidad, es recurrir al presupuesto pero eso implica reducir gastos en otras partidas, o prever nuevas fuentes de ingresos. En ese sentido el impuesto a la banca, compensatorio de las ayudas que la sociedad española pago por el rescate propuesto por el PSOE, es una medida positiva aunque provisional e insuficiente.
Hay que buscar nuevas fuentes de ingresos y en ese sentido tiene interés la propuesta de la eurodiputada socialista luxemburguesa Mody Dalvaux, aprobada en Enero de 2017 por el comité de asuntos jurídicos del Parlamento Europeo. En esta propuesta se analizaban los diversos aspectos que tiene la implantación de la robótica y la Inteligencia Artificial en todos los sectores sociales, incluye también el impacto en el empleo y, en consecuencia, en las cotizaciones sociales. Se propone que se estudie la posibilidad de que las "maquinas productivas" paguen impuestos o contribuyan a las cotizaciones sociales para compensar las perdidas de ingresos de los sistemas de protección social.
Aunque la propuesta está todavía en fase inicial, y contará sin duda con la oposición de la clase empresarial y la derecha, tiene unas potencialidades importantes de cara a un futuro no tan lejano como pueda parecer.
El principio de recuperar las cotizaciones sociales de los empleos suprimidos por la automatización abre nuevas perspectivas para que los beneficios de la ciencia yla tecnología se repartan entre todos los ciudadanos y no sean exclusivamente una herramienta para conseguir mayores beneficios.
