Daños colaterales del master de C. Cifuentes

El máster fraudulento obtenido por la todavía presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, con métodos reprobables que incluyen el tráfico de influencias y la falsificación de documentos públicos con la connivencia de algún departamento de la URJC y que con toda probabilidad le va a costar la presidencia y, seguramente, su carrera política, sea por su dimisión forzada o a consecuencia de la moción de censura socialista, está teniendo otras consecuencias, daños colaterales, que también tienen bastante trascendencia.

Uno de estos daños colaterales es la mala imagen de la URJC ha adquirido y que deberá tener consecuencias en su administración y gestión como se ha indicado en un articulo anterior.

El segundo daño colateral es el afloramiento una vez más de una mala práctica que parece está bastante extendida desde la época de Luis Roldán, que consiste en engordar los curricula con títulos de grado o de postgrado que no se poseen.

El Partido Popular, en su intento desesperado de defender a su presidenta, ha puesto en marcha el ventilador y ha denunciado la existencia en todos los partidos de la oposición, PSOE, Cs y Podemos de curricula falsos, obviando el hecho de que en el PP también existen, seguramente en grado mucho mayor que en otros partidos.

Lamentablemente, este comportamiento se ha convertido en costumbre entre algunos representantes públicos de todos los partidos políticos, tanto de los antiguos, PSOE y PP, como de los nuevos Cs y Podemos que se autoproclamaban los máximos regeneradores de la vida pública.

Aunque los casos de curriculos hinchados no son todos iguales, unos son antiguos y corregidos hace mucho tiempo mientras que otros han estado a la vista hasta ahora y, seguramente, habrá alguno que todavía no se haya corregido, todos tienen la misma componente de engaño a los ciudadanos que no es tolerable en una sociedad democrática. 

Está mala práctica, que aunque seguramente no constituya delito y está muy alejada de las trampas y falsificaciones de Cristina Cifuentes, contribuye de forma muy negativa a la credibilidad de nuestros representantes públicos de la que últimamente no andan sobrados.

Erradicar esta costumbre no parece ser una tarea muy difícil, bastaría de que en primer lugar figure expresamente en los códigos éticos de los partidos políticos siendo además necesario un control externo:  Certificación por los servicios jurídicos de los Parlamentos, nacional y regionales, y de los Ayuntamientos, de los títulos acreditados antes de que se publiquen.

Si cuando se solicita un puesto de trabajo en cualquier empresa o se concurre a una oposición pública, se pide que se acrediten los títulos que se poseen, del mismo modo debería pedirse esta acreditación a los representantes públicos pues, lamentablemente, en muchos casos, su palabra no parece ser suficiente.