El Estado de alarma ha terminado, aunque desde un punto de vista estrictamente sanitario, hubiera sido conveniente prolongarlo algún tiempo más, pues los territorios más poblados, Madrid y Barcelona, no reunían todavía los requisitos sanitarios necesarios para acceder a la movilidad total.
En cualquier caso todo el país ha accedido a la "nueva normalidad", una especie de libertad con limitaciones para evitar la propagación del virus que permite desplazamientos por todo el país.
El grado de infección existente en España, después de los primeros 15 días de "nueva normalidad", es estable, aunque se hayan contabilizado 58 brotes en distintos territorios como consecuencia de los rastreos efectuados. La existencia de brotes locales en familias, grupos de trabajadores, residencias u otros lugares, hay que considerarlo como parte de la nueva normalidad y tiene el aspecto positivo de demostrar que los seguimientos de los contactos próximos a los infectados, realizados por los equipos de rastreadores, han funcionado.
Mas preocupante resulta que en territorios muy castigados por el virus, como la Comunidad de Madrid, no se haya detectado ningún foco, pues puede ser un indicio de que no se están haciendo suficientes rastreos o se están haciendo mal.
También es preocupante la situación de Madrid porque todavía permanecen cerrados varios centros de salud y el déficit de sanitarios sigue siendo alto. Las manifestaciones continuas de los sanitarios madrileños, promovidas por plataformas como la marea blanca o sanitarios necesarios, son un buen indicador de la precaria situación de los profesionales de la salud. En un reciente manifiesto por la sanidad pública,todos los colectivos sanitarios denunciaban que Madrid solo gasta en sanidad el 3,6% de su PIB mientras que la media nacional de todas las CC.AA. es del 5,5%, un 35,5% menos en terminos de PIB que el conjunto de todas las CC.AA.
Las últimas noticias indican que, en contra de todas las recomendaciones sanitarias, la Comunidad de Madrid tiene la intención de cerrar camas hospitalarias en el período estival. Una razón mas para la moción de censura a Isabel Diaz Ayuso.
La inminente apertura de fronteras, tanto para los países de la Unión Europea como para algunos otros considerados de baja incidencia del virus, son una fuente adicional de preocupación por las posibilidades de importar contagios. Aunque se van a tomar algunas precauciones para controlar los viajeros que llegan a los aeropuertos, puede que no sean suficientes.
En todo caso parece inevitable correr un cierto riesgo para equilibrar el control de la pandemia con iniciar el proceso de recuperación económica y social. Mientras no aparezca una vacuna no hay más remedio que convivir con el COVID19.
Por otro lado, las redes de defensa social y económica promulgadas por el gobierno están empezando a ofrecer resultados positivos:
Según datos del SEPE
El número inicial de beneficiarios de prestaciones por desempleo por ERTES del COVID 19 concedidos en Abril y Mayo era: 3.758.431 trabajadores.
A estas cifras habría que agregar aproximadamente un millón más de beneficiarios entre autónomos y empleadas de hogar.
El número de beneficiarios en Mayo era de 2.661.678
A final de junio se pagaron 1.466.173 prestaciones, lo que indica que 2.300.000 trabajadores habrían salido de los ERTES antes de su final teórico del 30 de junio.
Por acuerdo con los agentes sociales los ERTES se han prorrogado hasta el 31 de septiembre, y son previsibles prorrogas adicionales hasta fin de año en algunos sectores.
La segunda RED de defensa económica ha sido la linea de avales COVID19 financiada por el ICO, dotada con 100.000 millones de € y complementada por otros 1.200 M€ dedicados a financiar alquileres para autónomos y PYMES.
Estos avales han beneficiado, a 15 de junio, a 400.000 autónomos y PYMES.
El gobierno ha aprobado también otros programas de apoyo de menor impacto económico pero de gran valor social.
A pesar de este importante esfuerzo, los sectores más vulnerables de la ciudadanía han tenido que buscar el apoyo de ONGs, AA.VV, y otras entidades sociales que han jugado un papel muy importante en esta pandemia.
Para cubrir también a estos colectivos se ha aprobado recientemente el Ingreso Minino Vital que se estima afectará a 850.000 personas en riesgo extremo de pobreza.
Empieza ahora el proceso de reconstrucción que tiene varios frentes:
- El frente político que se está materializando en un comisión parlamentaria de reconstrucción que acaba de aprobar sus primeras conclusiones, salvo en Sanidad, la aprobación se ha limitado a los partidos del gobierno y el apoyo, excepto en los aspectos sociales, de Ciudadanos que sigue desmarcándose de las derechas extremas. Hay que esperar que en el debate en plenario puedan ampliarse los acuerdos
- En el frente social, los acuerdos entre gobierno, patronal y sindicatos, transitan con mejores perspectivas. La firma primero del acuerdo de salario mínimo, la prolongación de los ERTEs hasta final de septiembre después y finalmente el pacto genérico de recuperación, son sus hitos más relevantes.
- Las CC.AA. y los ayuntamientos están también en proceso de firmar sus propios acuerdos territoriales. Aquí la situación es muy variable, aunque seguramente se podrá llegar a acuerdos significativos en algunos territorios.
- Por último queda el frente europeo que ha suprimido temporalmente sus políticas anti déficit y va a liberar importantes ayudas para salir de la crisis en unas condiciones mucho más favorables que en 2008. La concreción de estas ayudas se acordará en la próxima cumbre del Consejo a mediados de julio.
La crisis está siendo muy profunda y va a dejar huella en todos los países, tres meses de inactividad no pasan en vano y tienen inevitables repercusiones sobre los indicadores macro económicos de desempleo y PIB.
Esta situación está siendo aprovechada por los agoreros habituales para anunciar poco menos que el apocalipsis y la necesidad de tomar la medidas habituales de ajuste y recorte de derechos. Las medidas que se han tomado y las que están en marcha proporcionan garantías razonables de que se puede salir incluso con más fuerza de esta situación.
Para ello es necesario evitar que una posible segunda oleada del COVID 19 tenga efectos similares a la primera y para ello hay que reforzar al máximo nuestros puntos más débiles: recursos sanitarios y residencias de mayores. No parece que todas las CC.AA. responsables de la gestión de estos recursos, estén en la misma línea.
La situación actual en esta " nueva normalidad " aparece con ciertos relajamientos que entrañan una dificultad añadida para controlar el virus .Los actos de concentración de personas que venimos observando en distintos sitios ,la falta de una actuación de la policía con medidas más duras ,que hagan reflexionar a los / las irresponsables para que no se salten las normas establecidas.Lo conveniente que sería que los turistas que llegan por avión ,barco etc.presentaran un justificante de haberse hecho la prueba previamente y como parte fundamental de todo ,la situación todavía incompleta de la atención sanitaria .Las comunidades autónomas que tienen está competencia , deben atender con eficacia y justicia está necesidad.La aportación que ha concedido el gobierno de 16mil millones de euros para sanidad y educación públicas principalmente tienen que ayudar a resolver este problema.Como hemos visto los partidos políticos sobre todo PP y Vox ,no están por la labor ,ellos están por bajar impuestos y las mejoras que hay que hacer que las paguen otros .La justicia social ahora tan necesaria ,para estos partidos es la injusticia que quieren seguir manteniendo .
ResponderEliminar