En 2018 se produjeron algunas circunstancias específicas que explican el cambio de gobierno. Después de casi 40 años se habían producido algunos abusos de poder que pueden resumirse en una amplia utilización del clientelismo que alcanzó unos limites alarmantes y que acabó produciendo el procesamiento de muchos altos cargo de la junta, incluidos los presidentes Chaves y Griñán. La nueva presidenta S. Diaz siguió con el mismo modelo lo que provocó la protesta de muchos votantes socialistas, incluidos muchos militante, que hasta hicieron pública su intención de abstenerse. El resultado fue un incremento de la abstención en 400.000 votantes que coincide con los 400.000 votos que perdió el PSOE en relación con la convocatoria anterior.
El PP no ganó las elecciones de 2018; las perdió el PSA por sus errores y por el voto de castigo de muchos de sus afiliados.
Un año después, en las elecciones generales de 2019, se recuperaron esos 400.000 votos lo que confirma que el castigo era contra la gestión de Susana Diaz y no contra el PSOE. Después de cuatro años el PSA ha regenerado sus procedimientos y ha renovado sus equipos por lo que parece oportuno que todos aquellos votantes y militantes que expresaron su voto de castigo en 2018 vuelvan a depositar su confianza en el PSOE, como hicieron en las generales.
Si el PSOE recupera esos votos, el resultado sería muy distinto al que predicen los sondeos pues podrían suponer hasta 10 escaños adicionales lo que equilibraría los resultados del PP.
Esta situación explica también el interés del candidato popular en intentar que esos votos vayan a su formación porque, según ellos, "no pasa nada porque un socialista vote al PP" y de paso contribuya a parar a VOX.
En definitiva las elecciones todavía no están decididas y la terrible perspectiva de que VOX entre en gobierno andaluz viendo los planteamientos de su candidata y la actitud lamentable del vicepresidente de Castilla y León, deben ser motivos suficientes para impulsar un nuevo gobierno de progreso en Andalucía.
