Actualmente la situación es muy diferente, las personas mayores suelen estar subvaloradas, y muchas veces arrinconadas, como trastos inútiles.
El termino edadismo, recientemente acuñado, hace referencia a todos los comportamientos inadecuados y prejuiciosos hacia las personas vinculados a su edad avanzada.
Una de las manifestaciones más extendidas del edadismo es la discriminación laboral que prescinde de los trabajadores mayores, y muchas veces se consideran mayores a los que han cumplido 50 años, sustituyéndolos por personas más jóvenes, y de menor coste, o directamente por máquinas. En algunas ocasiones esa precipitada sustitución ha hecho fracasar importantes proyectos al jubilar anticipadamente técnicos con mucha experiencia y sustituirlos por otros más jóvenes que no tenían capacidad suficientes.
La renovación generacional es imprescindible pero hay que hacerla de manera ordenada, respetando los derechos de los trabajadores de distintas edades. En una época en la que se ha prolongado la esperanza de vida en unas condiciones físicas y mentales muy buenas, es un desperdicio inadmisible prescindir de los más veteranos de forma sistemática.
En la situación de pandemia por el COVID19 que estamos padeciendo, la discriminación por edad ha adquirido cotas totalmente inadmisibles para nuestra sociedad que ha supuesto decenas de miles de fallecimientos de personas mayores en las residencias de la tercera edad, especialmente en Madrid y Barcelona.
No voy a entrar en la falta de recursos, la imprudencia y la mala gestión de de las Comunidades autónomas o su falta de sensibilidad, temas que se están debatiendo en muchos medios y que en un futuro acabaran con toda seguridad en los tribunales. Me preocupa lo que considero una de las claves del tema, la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de las personas mayores que se encuentra detrás de todas estas malas prácticas.
Todo ciudadano, con independencia de su edad, tiene derecho a sus libertades individuales, entre ellas la de decidir sobre la asistencia sanitaria que necesita. Si un ciudadano, o en su caso sus familiares más próximos, considera que necesita acudir a un hospital para ser examinado, ningún director de residencia ni ninguna autoridad sanitaria tiene derecho a impedírselo. No es de recibo que las autoridades sanitarias prohíban llamar a ambulancias para atender a los residentes y no es de recibo que no puedan llamar a su médico cuando lo consideren necesario.
La decisión de a quien se asignan los recursos médicos disponibles en cada momento (UCIs, respiradores o camas hospitalarias) corresponde a los equipos médicos, no a las autoridades autonómicas.
Se han dado también discriminaciones en función del origen laboral de los jubilados. Los beneficiarios del régimen general de la seguridad social no han sido atendidos mientras que los funcionarios, que tienen su sanidad pública concertada con entidades privadas, si han podido serlo.
Tampoco es de recibo, en pleno siglo XXI en el que el uso de teléfonos móviles está generalizado, que los familiares no hayan podido comunicarse con los residentes y hayan tenido que recibir información discrecional por parte de la dirección de las residencias, en muchas ocasiones solo para comunicarles su fallecimiento.
Las personas mayores que viven en su propio domicilio han tenido la oportunidad de requerir los servicios médicos u hospitalarios cuando lo han considerado necesario. No hay razón para que los mayores que residen en un centro geriátrico no tengan los mismos derechos.
Hay que cambiar el modelo de residencias y, además de dotarles de más recursos económicos y de un mejor acceso a los servicios médicos, hay que quitarles esa capacidad que se arrogan de restringir derechos a los mayores que hace que algunas residencias se asemejen más a centros penitenciarios que a lugares donde vivir bien atendido y con todos los derechos.
