Actualmente están saliendo a la luz algunos de los abusos más significativos de los últimos años:
- Los abusos sexuales a menores.
- La apropiación indebida de bienes inmuebles.
Los abusos a menores por miembros del clero no es exclusivo de España, se ha dado en muchos países católicos y en bastantes de ellos, la iglesia ha hecho su propia investigación incluso en otros, han tenido que pagar cuantiosas indemnizaciones (4.000M$ en EE.UU.) Sin embargo en España la iglesia sigue escondiendo la cabeza bajo el ala, manifestando que son casos aislados o poniendo el ventilador para declarar que ellos no son los únicos en abusar de los menores, y que hay que incluir también otras instituciones.
Un aspecto sorprendente de estos abusos, que reflejan el dominio que la iglesia católica tenía de la sociedad española, son las reacciones de las familias afectadas y de los centros docentes implicados.
Cuando los padres del escritor Alejandro Palomas, que sufrió violaciones continuas por su profesor religioso durante mas de dos años, fueron a protestar al centro religioso, les pidieron discreción, pero permitieron que el profesor siguiera dando clase a niños, incluyendo a la propia victima, que, además, era objeto de burlas y reproches por parte del violador. No se entiende en el siglo XXI que los padres no sacaran al niño del centro ni que los directivos del colegio no le retirasen, al menos, de la función docente.
Dada la resistencia de la Iglesia española a realizar una investigación, las autoridades públicas deben tomar cartas en el asunto por lo que la iniciativa de comisión de investigación en el Congreso de los diputados, junto con la propuesta del gobierno de pedir la participación del Defensor del Pueblo en ella, deben salir adelante combinando la necesaria prudencia en el tratamiento de la información con, la obligación moral de la sociedad, representada por el Congreso de resarcir los daños causados. Cuando fuera legalmente posible debería intervenir también la fiscalía a efectos de determinar los aspectos penales que pudieran seguir vigentes.
Otro abuso eclesiástico que está saliendo a la luz es la inmatriculación fraudulenta de mas de 30.000 inmuebles y parcelas. En un medio de fácil acceso como wikipedia se dice "Durante el periodo comprendido entre 1998 y 2015 la Iglesia Católica en España ha inmatriculado diferentes inmuebles, suponiendo una masiva inscripción en el Registro de la Propiedad, resultando 34 961 inmatriculaciones a favor de la Iglesia Católica entre el 1 de enero de 1998 y la entrada en vigor de la ley de 2015, siendo 20.014 templos de la iglesia o dependencias complementarias y 14.947 son otro tipo de fincas: terrenos, solares, viviendas o locales. Además, ha precisado que 30.335 inmatriculaciones responden a una certificación eclesiástica y 4.626 se han inscrito bajo un título distinto.
El proceso de inmatriculación consiste en inscribir por primera vez en el Registro de la propiedad una finca. Para poder inmatricular es necesario demostrar legalmente los títulos de propiedad que se acreditan como propietario para lo que existe el correspondiente procedimiento reglado.
Hasta 1998 los bienes inmuebles de dominio público, incluidos los de la Iglesia no constaban en los registros la propiedad, pero los cambios en la Ley presupuestaria aprobados en tiempos de Aznar, considera inscribibles (art. 4 y 5) esos bienes y, como ya en la versión original de la Ley (1946) los obispos tenían la condición de funcionarios públicos a efectos de inscribir dichos bienes, esa puerta semiclandestina, que tardó muchos años en descubrirse, permitió a la iglesia inmatricular a su nombre los 35.000 bienes inmuebles mencionados.
El tiempo transcurrido ha consolidado esas inscripciones hace que revocar cada una de ellas necesite largos y costosos pleitos.
El gobierno ha iniciado una negociación con la conferencia episcopal que ha conseguido la reversión de unos 1.000 inmuebles, cantidad mínima en relación con el volumen existente. Este procedimiento puede ser el camino si se acelera de forma sensible y si la Iglesia no lo utiliza como táctica dilatoria para quedarse con la inmensa mayoría de los bienes incautados por la inmatriculación.
Si este procedimiento no resulta efectivo el gobierno no tendrá otro remedio que aprobar una legislación especifica, siguiendo el estilo de la desamortización de Mendizábal,1836-1837, y siguientes ministros de hacienda de los gobiernos liberales del siglo XIX, que consiguieron subastar 2 millones de lotes y obtuvieron, a pesar de la picaresca existente en aquella época, 14.000 millones de reales para las arcas públicas.
Si los abusos cometidos por la iglesia, basados en los excesivos privilegios que disfrutan hasta ahora, no son justificables desde ningun punto de vista, en pleno siglo XXI cuando, según datos del CIS de Julio 2021, el número de católicos practicantes en España es solo del 16,7% mientras los no practicantes ascienden al 39,9% y los no Creyentes (incluidos ateos y agnósticos) al 38,6%, no tienen ningún sentido.
Es urgente revocar el concordato firmado antes de la transición para eliminar las privilegios de la iglesia católica y convertirla en una institución con los mismos derechos y deberes que cualquier otra institución social o religiosa.
