Ahora, una vez que los procesos abiertos se han ido cerrando en falso, con diversas técnicas para no imputarle, el mal llamado Rey Emérito, que en todo caso lo sería a tiempo parcial por su actuación positiva durante los años de la transición, ha decidido volver a España para disfrutar de sus aficiones como si no hubiera pasado nada.
Se nota en diversos medios de comunicación las presiones que realizan algunos nuevos cortesanos, muchos de ellos tertulianos todólogos habituales para que el ex rey vuelva, que han conseguido convencer a la Casa Real y a la derecha política da palmas con las orejas, mientras el gobierno se pone de perfil como si no tuviera nada que ver en el asunto.
Como ha dicho en algunas ocasiones el presidente del gobierno, el ex-monarca debe una explicación a la ciudadanía por su comportamiento fraudulento durante su reinado. Esta explicación, que debiera estar acompañada por la restitución de los fondos obtenidos de forma ilegal, no parece que tampoco vaya a darse ahora.
Por otro lado es urgente cambiar la constitución para que el blindaje del Rey se limite a actos del gobierno y no tenga barra libre para hacer lo que le de la gana. El hecho de que el actual monarca no haya tenido ningún comportamiento reprochable hasta ahora, no debe permitir que la legislación siga admitiendo malas prácticas como las del rey J. Carlos I. Los genes borbónicos demuestran a lo largo de la historia que tienen cierta tendencia a confundir los bienes de todos con los suyos propios.
No se trata de plantear una disyuntiva Monarquía- República, pues aunque los negocios y las comisiones hayan sido obtenidas por un monarca, hubieran sido igual de graves si las hubiera cometido un presidente de la república.
Aunque la monarquía sea una antigualla que no tiene ninguna lógica en pleno siglo XXI, no parece oportuno abrir ahora ese debate pues necesitaría un consenso social que no existe actualmente y un planteamiento formal de esa opción plantearía mas problemas que soluciones. Con independencia de quien sea el Jefe del Estado, con un régimen monárquico o republicano hay crear las condiciones legales para impedir abusos de poder tan flagrantes como los sucedidos durante estos años y ese consenso si debería ser posible de alcanzar, aunque para ello sería necesario que la derecha se bajase del monte, cosa difícil de alcanzar cuando después de la destitución del anterior lider de la derecha, todavía no ha sido posible resolver un asunto tan evidente como la renovación del CGPJ.
En cualquier caso, aunque una parte de la clase dirigente acepte y hasta aplauda la vuelta del ex Rey, y otro sector se limite a tragarse el sapo con algunos aspavientos, la ciudadanía debe expresar su desacuerdo con su vuelta a España.
Una posible acción de protesta la podrían ejercer los Ayuntamientos y otras instituciones públicas retirando el nombre del Rey Juan Carlos de calles, plazas, colegios, hospitales etc., pues no merece tener esos honores, incluso podría ser declarado persona No grata en Ayuntamientos y CC.AA.
La ciudadanía debe expresar su reprobación a la actuación del ex rey y hacerle saber que está mejor en el exilio como sus antepasados
