La publicación de la ley tuvo unas consecuencias indeseadas pues empezaron a revisarse condenas anteriores, que hasta el momento son mas de 400, aproximadamente un 30 % de las revisadas por lo que, según cálculos del diario El País, se puede estimar que, de los aproximadamente 4.000 reclusos internados actualmente por agresión sexual, 1.200 podrán ver reducidas sus condenas.
Esta circunstancia imprevista e indeseada ha provocado una comprensible alarma social, pues una ley orientada a poner en marcha medidas para fomentar una mejora en la protección de las mujeres, está obteniendo , a corto plazo, un efecto contrario.
No es fácil entender que un proyecto de Ley aprobado en el Consejo de Ministros, que ha recibido los informes preceptivos de todos los organismos estatales y que ha superado la tramitación parlamentaria, haya sido aprobado con errores de ese calibre, pero hay que reconocer que así ha sido.
Además, aunque se corrija la Ley, el código penal obliga a que los condenados se acojan a la norma mas favorable, por lo que las penas rebajadas no podrán volver a rectificarse. Una posible modificación de la ley solo tendría efectos en los procesos futuros.
Si la aprobación de una ley con esas deficiencias constituye un error grave, mas lo es aun la tardía reacción del gobierno ante la situación producida.
Después de las primeras modificaciones de penas, el gobierno esperó al pronunciamiento del tribunal supremo y cuando este lo hizo en el mismo sentido que otros tribunales, se hizo evidente que era necesario modificar la norma y así lo propuso la ministra de justicia.
Sin embargo el Ministerio de Igualdad, autor inicial de la ley, se ha enrocado en una posición defensiva achacando las reducciones de condenas a la actitud machista de los jueces, lo que, dado el alto número de casos producidos, no pude sostenerse. El argumento de que la propuesta del PSOE no respeta el principio de consentimiento no se sostiene tampoco pues la consideración de agresión se mantiene y lo que hay que demostrar, como en cualquier otro dellito contra las personas, el grado de violencia para fijar la duración de la pena.
Todo indica que el "mantenella y no enmendalla" de Podemos responde a una actitud exageradamente electoralista de Podemos que intenta lanzar el mensaje de "Nosotras somos las mas feministas", similar al de "nosotras somos las únicas pacifistas" en el que piden una buenista posición de paz en Ucrania, que en las circunstancias actuales sería negociar su rendición.
La carrerilla electoral de Podemos ha empezado con un exceso de sobreactuación en estos y otros temas como las simplistas soluciones de intervención de la banca y de las cadenas de distribución, para resolver el encarecimiento de las hipotecas y de la cesta de la compra adobadas con insultos demagógicas de "especulador despiadado y usureo" a Juan Roig (Mercadona) o acusaciones de avariciosa a Patricia Botín (Banco Santander)
Hay que esperar que los buenos oficios de los aliados del gobierno hagan volver el agua a su cauce natural y se llegue a un acuerdo lo mas rápidamente posible.
El estilo demagógico y tabernario de Podemos da munición gratuita a la derecha y no favorece para nada al gobierno de progreso.
