La concesión de los indultos a los dirigentes independentistas catalanes condenados por la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) en Octubre de 2017, debe abrir un tiempo nuevo en Cataluña que permita avanzar en su encaje dentro del Estado Español.
Los indultos y el nuevo gobierno catalán abren el camino a la convocatoria de la mesa de negociación Cataluña Estado, prevista hace unos meses y aplazada por la falta durante mucho tiempo de un gobierno de la Generalitat con todas sus competencias.
Las reuniones efectivas de la mesa comenzaran en Septiembre y se utilizaran los meses de verano para hacer reuniones técnicas y definir la metodología de trabajo. Se prevén dos niveles de negociación: la mesa entre gobiernos y la comisión bilateral prevista en el articulo 183 del estatut que "constituye el marco general y permanente de relación entre los Gobiernos de la Generalitat y el Estado", que tendrá mas protagonismo que hasta ahora.
Aunque la reunión previa entre los dos presidentes se ha celebrado en un clima de cordialidad, ha sido inevitable que el gobierno catalán aplicara su protocolo habitual para cualquier negociación: poner en el preámbulo de la negociación su programa estratégico máximo: Amnistía y Referéndum de autodeterminación, aun siendo conscientes de que esas propuestas no pueden ser aceptadas por el gobierno de España por razones de imposibilidad legal, pues la constitución de 1978 no lo permite, y también de convicción política, pues el gobierno no es partidario de la separación de Cataluña del Estado.
El gobierno central no ha planteado ninguna alternativa global y se ha limitado a fijar sus posiciones generales y a volver a rechazar una vez más las pretensiones de independencia del govern. Aunque no se haya explicitado existe una alternativa global del gobierno: la transformación del Estado Autonómico en un Estado Federal pero esta solución no convence todavía a la ciudadanía catalana y requeriría también una modificación de la Constitución lo que, en las circunstancias actuales, con la derecha "echada al monte", no es ni siquiera planteable.
El último CEO catalán, publicado a primeros de Julio, dio como resultado en un hipotético referéndum sobre la independencia un 44,9% a favor del Si y un 48,7 % a favor del No, lo que indica una clara división de opiniones en la ciudadanía.
A la pregunta sobre el modelo de integración las repuestas están todavía mas divididas: 33,9% a favor de la independencia, 29,6 a mantenerse como CC.AA. y 22,9 partidarios del Estado Federal, lo que indica que un 11% de los votantes favorables a la independencia, se inclinarían a federarse con el resto del Estado.
El planteamiento del gobierno es ir "partido a partido" e ir resolviendo en la mesa de negociación, en los dos años que quedan de legislatura los múltiples contenciosos de todo tipo compatibles con la legislación actual, existentes con la Generalitat.
El objetivo estratégico a medio plazo sería modificar la opinión de la ciudadanía con argumentos relativos a la mejor condición de dentro de España, frente a la teóricas ventajas de ser un país independiente.
En cuanto a las dos reivindicaciones estratégicas del Govern, el referéndum es una imposibilidad política y legal y la amnistía ha tenido ya una aproximación con el indulto y podría complementarse con el cambio del código penal en relación con el delito de sedición y con una posible sentencia, parcial o totalmente favorable, al recurso que los independentistas han presentado al TEDH de Estrasburgo.
