Cambio de marcha en las CC.AA.

Los gobiernos autonómicos que se están formando en estos días, empiezan a indicar que las CC.AA. van a gobernarse de una forma muy distinta.

El primer indicador ha sido el cambio del color político del gobierno de muchas de ellas, que han pasado, de estar gobernadas por el PP, a tener un presidente socialista, con un gobierno también socialista o de coalición, apoyado en casi todos los casos por otros partidos progresistas principalmente Podemos.

El acuerdo PSOE-Podemos no es ninguna novedad, pues básicamente, repite el esquema del histórico acuerdo municipal IU-PSOE que ha estado vigente desde 1979. Las diferencias están en que Podemos tiene una presencia mucho mayor de la que tuvo IU en otras legislaturas, lo que ha permitido extender el pacto de gobierno a las CC.AA.

Los acuerdos PSOE-Podemos no han estado exentos de dificultades, en cualquier caso no muy diferentes de las que hubo con IU en muchas otras ocasiones. Podemos surgió con un espíritu muy crítico, considerando casta a todos los partidos anteriores, PSOE incluido, y obsequiándonos con descalificaciones de diverso tipo. Desde el PSOE se reaccionó tildándolos  de populistas y afirmando que nunca se pactaría con ellos. Unos y otros nos hemos tenido que tragar nuestras posiciones, PSOE y Podemos son dos expresiones diferentes de la izquierda y necesariamente tenían que entenderse, al menos en los ámbitos municipales y autonómicos. En el ámbito nacional las posibilidades de acuerdo están por ver pues dependen de muchos otros factores, las relaciones con IU, por ejemplo, siempre han sido más distantes en el Parlamento de la nación.

Seguramente por falta de experiencia, Podemos ha intentado hacer algunas operaciones de apalancamiento con otras fuerzas progresistas, más propias de la "vieja política" que de las nuevas formas que tanto predican, para que  el PSOE, fuerza mayoritaria de la izquierda, renunciase a su legitimo derecho de optar por la presidencia y se la cediese a ellos o a otro partido regional como Compromis, finalmente en Valencia, y presumiblemente también en Aragón y Asturias, las aguas volverán a su cauce y se constituirán gobiernos regionales progresistas sin operaciones extrañas.

Las CC.AA. que mantienen presidente popular, han tenido que buscar el apoyo de C´s, la segunda fuerza emergente en España, esta vez en el campo del Centro-Derecha. Para este apoyo C´s ha obligado a firmar largos catálogos de condiciones formales, orientados a acabar con la corrupción, aumentar la transparencia y mejorar la calidad de nuestra democracia. 

Más allá de los compromisos que tanto C´s como Podemos han propuesto, la principal palanca del cambio, ha sido la decisión de C´s de no apoyar ninguna candidatura que mantuviese imputados en sus listas. Esta circunstancia ha obligado a salir de la primera línea política a diputados, consejeros e incluso algunos presidentes de las CC.AA. del PP, lo que ha producido unos efectos muy saludables.

El PSOE solo ha recibido el apoyo de C´s en Andalucía y ha tenido que firmar los mismos compromisos, incluidos el cese de los imputados que tuvieran puesto en el parlamento nacional. Cuando, finalmente, el TS ha imputado formalmente a cuatro de los cinco afectados por los ERES, su dimisión como parlamentarios es una obligación inexcusabe. J.A. Griñan ya lo ha hecho, M. Chaves  y G. Zarrias se han comprometido a hacerlo, aunque se han retrasado por razones un tanto confusas, y  el quinto, J. A. Viera ha preferido, defendiendo su interés personal, entregar su carnet del partido antes que su acta de diputado por considerar más favorable el TS que la Audiencia de Sevilla. La estética de las dimisiones no ha sido nada brillante, aunque hay que esperar que finalmente sea efectiva. En cualquier caso Susana Diaz ha cumplido su compromiso de que no haya imputados en las listas socialistas.

Estos cambios de marcha en la gobernanza de las CC.AA tienen que abrir realmente un tiempo nuevo en nuestras instituciones.

El siguiente paso debería ser que los partidos apliquen también algunos de estos criterios a su funcionamiento interno y empiecen a desaparecer los "sindicatos de intereses" que existen en casi todos ellos,  para dar un mayor protagonismo a sus militantes y al conjunto de la ciudadanía.

La inflexible Linea Roja

Empezar una negociación de cualquier tipo marcando lineas rojas, es una mala práctica que suele conducir al  fracaso. También puede tratarse de una estrategia para no llegar a ningún acuerdo echando luego la culpa a la otra parte.

Cualquier sindicalista, con un mínimo de experiencia de negociación con la patronal, sabe que marcar lineas rojas de entrada no es la mejor manera de iniciar una negociación. Solo la patronal marca objetivos imposibles e inamovibles cuando no tiene ninguna intención de llegar a un acuerdo.

Las negociaciones sindicales tienen como objetivo mejorar las condiciones laborales de los trabajadores representados y eso no se consigue manteniendo de entrada, posturas intransigentes.

En el campo político deberían primar también los intereses de los ciudadanos, sobre todo después de que se han manifestado de forma nítida en las urnas.

El mensaje de las urnas en Andalucía es que gobierne el PSOE, pues ninguna otra combinación de partidos puede hacerlo. Los ciudadanos quieren que haya un mayor control que hasta ahora, por eso no le han dado al PSOE la mayoría absoluta.

En estas condiciones, la principal prioridad es que se constituya un nuevo gobierno cuanto antes y todos los partidos tendrían que favorecerlo. Para ello es necesario un pacto de investidura que permita la elección de la presidenta.

¿Tendría que ser gratis este pacto? Por supuesto que no, todo pacto tiene un precio, pero, al tratarse de un pacto de mínimos, que solo compromete la investidura, no puede tener condiciones inasumibles ni humillantes para el partido que tiene que formar gobierno.

Este criterio descartaría la metodología de "lineas rojas" como base de negociación, para sustituirlo por una serie de criterios políticos que habría que negociar con el futuro gobierno.

De las lineas rojas planteadas a bombo y platillo, casi todas son reconducibles a criterios de negociación, pero la exigencia, como condición sine qua non, de la dimisión de los ex-presidentes Chaves y Griñan de sus cargos en el parlamento nacional, está fuera de toda lógica.

Manuel Chaves dimitió como presidente de la Junta de Andalucía en abril de 2009, al ser nombrado Ministro de Política Territorial. En 2011 fue elegido diputado nacional por Cádiz.

J.A. Griñan dimitió de la presidencia de la Junta en Agosto de 2013, justificando su dimisión por varias razones, entre ellas: "Preservar a la Junta de la erosión que se ha producido al monopolizar el debate con su relación con el caso de los ERE". Estas declaraciones suponen, aunque sea de manera un tanto "light", una asunción de responsabilidades políticas. Después de su dimisión Griñan fue nombrado senador autonómico.

Es bastante evidente que tanto Chaves como Griñan tienen responsabilidades políticas en el asunto de los ERES, pues desaparecieron cientos de millones de euros de la Junta durante su mandato, pero esas responsabilidades ya están asumidas al cesar como presidentes. El asunto que se debate ahora es si Chaves y Griñan que están siendo investigados por el caso de los ERES, serán finalmente encausados porque el juez aprecie posibles responsabilidades penales en él, en cuyo caso, siguiendo el criterio del PSOE-A, deberían dimitir de cualquier cargo representativo.

He utilizado los términos investigados y encausados, que son los que sustituirán al término imputado en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, por ser mucho más precisos y reflejar mejor la situación procesal.

Si Chaves y Griñan salen encausados de las comparecencias actuales, tendrían que dimitir pero, si no lo fueran, los partidos que ponen esa condición como línea roja, tendrían que retractarse o quedar fuera de juego ante la ciudadanía.