Catalunya antes del 27S

La situación política de Catalunya antes de la celebración de las elecciones autonómicas, y pretendidamente plebiscitarias, del 27 S, es muy compleja pues, además de las posiciones que pueda haber en el resto de España y de las consecuencias que tendría quedarse fuera del euro y de la U.Europea, los ciudadanos catalanes y sus partidos políticos tienen opiniones muy diferentes.

En la sociedad catalana existe un sentimiento muy generalizado sobre el trato negativo que, tanto en el terreno económico como en otros aspectos, recibe Catalunya del Estado Español. Este sentimiento, que visto desde Madrid, responde en parte a discriminaciones reales pero también a visiones subjetivas de Catalunya, es un caldo de cultivo para el florecimiento del sentimiento independentista. El fracaso del estatut, no admitido por el TC tras la denuncia del PP, y la falta de propuestas para un encaje cómodo de Catalunya en España, son elementos claves que favorecen esta tendencia.

A las próximas  elecciones del 27 S se presentarán siete listas, con cuatro posiciones básicas en relación con la independencia de Catalunya:

En primer lugar están las dos listas independentistas, responsables de la convocatoria electoral.

• Junts pel si (JPS), coalición un tanto incoherente, de izquierdas y derechas, que incluye a CDC, ERC, Asamblea Nacional de Catalunya y Omniún Cultural.
• Candidatura de Unidad Popular, CUP, Nacionalistas de izquierdas.
• En segundo lugar están las fuerzas estatalistas que no quieren cambios en la organización territorial.
• Partido Popular (PP)
• Ciudadanos (C´s) 
• A continuación los partidos que proponen cambiar la constitución para que España evolucione hacia un estado federal, que facilitaría el encaje de Catalunya en España.
• Partido Socialista de Catalunya (PSC)
• Unión Democrática de Catalunya (UDC), antiguo socio de CDC con la que formaba CiU.
• Por último, como un verso suelto, hay una candidatura que sigue manteniendo como objetivo la convocatoria de un referéndum.
• Se trata de otra coalición, Catalunya si que es Pot (CSP), formada por Podemos, IC, EUIA y Equo.

El resultado electoral no es fácil de pronosticar. Las encuestas publicadas son poco fiables, dan unas predicciones muy divergentes y están muy sesgadas dependiendo de quien las publique.

Si finalmente, JPS y CUP obtuviesen mayoría absoluta y proclamasen la República Catalana, se produciría un "choque de trenes" entre el gobierno central y el catalán que tendría graves consecuencias para Catalunya y para el resto de España.

Pero si el resultado fuera otro y no consiguiesen la mayoría absoluta, la situación política sería también compleja por las dificultades de construir mayorías de gobierno.

Mientras mantengan la declaración de independencia, los soberanistas de JPS y CUP tendrían muy difícil completar la mayoría para formar un gobierno. Sería imposible con PP, C´s, PSC y UD y muy difícil con CSP que defiende solo el derecho a decidir, pero no está a favor del independentismo, IC se ha proclamado muchas veces federalista y el lider de Podemos ha proclamado su deseo de que Catalunya siga unida a  España.

La opción federalista que defienden PSC y UD, más la coalición CSP que podría apoyarla, tampoco es fácil que reúna los escaños necesarios y contar con C´s o el PP parece una quimera.

Una posibilidad, no fácil pero si posible y creo que también deseable, si la declaración de independencia no tuviera la mayoría mínima, podría ser que los soberanistas, o una parte de ellos, pues no parecen ser una coalición muy sólida, aceptasen al federalismo como segunda opción.

En esta hipótesis, Catalunya podría proclamarse partidaria de que España se convirtiera en un Estado Federal, abriendo el camino para que después de las elecciones generales pudiera abordarse el correspondiente cambio constitucional, que tendría que incluir también otras modificaciones necesarias.

En estas condiciones, la opción más positiva sería que el nuevo gobierno catalán, renunciase a la independencia unilateral y se proclamase partidario de cambiar la constitución en un sentido federal, para lo que necesitarían contar con apoyos externos a Catalunya, apoyos que podrían conseguirse después de las elecciones generales.

Despues del 9N

La propuesta de Artur Mas de sustituir por un sucedáneo  el referéndum inicialmente previsto que ha sido prohibido por el TC, ha sido recibida con división de opiniones en el ámbito soberanista:

El sucedáneo consistiría, según parece, en una gran encuesta con urnas pero sin censo oficial, en la que podrían  participar todos los residentes en Catalunya, 

• ERC solo aceptaría el "referéndum si fuera el primer paso hacia unas elecciones  plebiscitarias, en la que se presentaran juntos todos los partidos soberanistas, con la independencia como programa y, en caso de ganar, se comprometieran a proclamar unilateralmente el Estado Catalán.
• IC, que aunque se considera federalista, se ha asociado con los soberanistas, parece que se inclina en principio por la abstención.
• Duran Lleida de Unio Democrática de Catalunya, partido integrante de CiU, solo consideraría la independencia si fuera fruto de un pacto con el gobierno de España, lo que parece totalmente imposible.
• La Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y Omniun Cultural (OC) aceptan a regañadientes la consulta pero quieren el compromiso de elecciones plebiscitarias en tres meses.

En estas condiciones, con el frente soberanista fracturado, la muy improbable participación en la consulta de los sectores federalistas y centralistas, y su falta de garantías democráticas, es muy difícil que este "referéndum" alcance la participación mínima necesaria para que pueda considerarse un éxito.

Las peticiones para su apoyo, que pretender ERC , la ANC y OC tampoco son fáciles de cumplir. Una candidatura unitaria entre distintos partidos a los que solo une el soberanismo, seria muy difícil de construir pues no es fácil acordar su encabezamiento ni la composición de sus listas.

Si la propuesta de falso referéndum puede recordar a los ordagos obligados que se echan en el Mus cuando se esta a a pocas piedras de perder la partida, la apuesta por unas elecciones plebiscitarias es mucho mas peligrosa pues, de ganarlas, les obligaría políticamente  a proclamar la independencia unilateral de Cataluña con la mas que previsible impugnación inmediata por parte del Estado. En esas condiciones las consecuencias pueden ser muy graves e imprevisibles.

Es cada dia mas evidente que la única opción que puede dar una salida valida a Cataluña es un cambio constitucional que convierta a España en un Estado Federal. Esta posición la comparten en Cataluña el PSC, IC, aunque esta se encuentra embarrancada en el proceso soberanista, y con algunas variantes pues su postura es mas bien confederal, Unio Democrtaica.

En el resto del Estado la postura federal esta menos extendida, prácticamente solo la defiende el PSOE, mientras que IU, formalmente tambien federalista, se mantiene en silencio dejando todo el protagonismo en a IC.

El federalismo tiene mucho mas alcance que encauzar el asunto catalán pues seria una buena herramienta para terminar de construir el Estado de las Autonomías, cambiando lo que ahora son meras cesiones de competencias por derechos constitucionales garantizados.

En ese sentido, la sociedad civil ha empezado a tomar cartas en el asunto. El pasado mes de Julio un grupo muy significativo de intelectuales progresistas de toda España publicaron la declaración: UNA ESPAÑA FEDERAL EN UNA EUROPA FEDERAL que plantea una reforma constitucional para convertir a España en un Estado Federal que pueda insertarse de manera natural en el futuro en una federación de estados europeos.

Esta declaración se presento en el Circulo de Bellas Artes de Madrid el pasado nueve de Octubre y ya la hemos firmado un millar de ciudadanos. Esta disponible para su consulta y firma  en el blog: 

http://declaracionfederal.blogspot.com.es/

Para impulsar el apoyo a la integración de Cataluña en España, es necesario que un numero importante de ciudadanos españoles no catalanes nos declaremos partidarios de un Estado Federal. Suscribir este documento es una muy buena forma de manifestarlo. 

El futuro de Catalunya

El desembarco en Barcelona de la plana mayor del PP, encabezada por M. Rajoy, para hacer una convención política, es el último movimiento  del PP en Catalunya. Como era de esperar, la convención ha ratificado en todos sus puntos las previsiones más pesimistas en cuanto a la negativa del gobierno central a abrir un período de negociaciones con Catalunya.

El choque de trenes parece estar servido pues el Govern de la Generalitat, con el apoyo de ERC, sigue empeñado en convocar un referéndum por la independencia.

Si, como parece evidente, el gobierno de Rajoy impide la consulta, es muy posible que se convoquen elecciones anticipadas con un carácter plebiscitario y, dependiendo del resultado, se definan los siguientes pasos que pueden profundizar aun más las diferencias.

Desde una visión externa a Catalunya, con el deseo de que siga formando parte de España, pero comprendiendo al mismo tiempo que es necesario que encuentre un encaje cómodo  en el conjunto del Estado, es imprescindible que se inicie un dialogo y que se busquen alternativas que puedan satisfacer a las dos partes.

En este contexto, la solución federal propuesta por el PSC y el PSOE es la que ofrece más posibilidades de conseguir una estabilidad a largo plazo para Catalunya, y también para otras  nacionalidades del Estado.

No es una solución sencilla, ni de implantación a corto plazo, pues requiere modificar la constitución, pero puede conseguir una estabilidad para mucho tiempo. Es un camino que merece la pena empezar a transitar cuanto antes.

En un contexto de radicalización de posturas, no es sorprendente que la posición más razonable y única que ofrece una salida factible y equilibrada, la del PSC, sea aprisionada como en un sandwich y sus defensores pierdan influencia social y electoral. Hay que esperar sin embargo que la razón se abra paso y la posición federalista empiece a ganar influencia.

Es lamentable que las contradicciones entre las dos almas del PSC, que coinciden con las dos almas de Catalunya, hayan dado lugar a divisiones en la votación y hayan propiciado que el PSC aparezca como el gran culpable y que tanto los independentistas como los centralistas hayan aprovechado para vapulear el PSC a dos bandas.

Es la segunda vez que estas discordancias en las votaciones provocan graves riesgos, hace pocas semanas en el Parlamento nacional la falta de  unidad de los compañeros del PSC con el resto del grupo socialista estuvieron a a punto  de provocar una ruptura entre el PSC y el PSOE, que , afortunadamente los buenos oficios de Rubalcaba y Navarro consiguieron parar. Ahora la crisis amenaza con romper el PSC por causas parecidas. Sería muy recomendable que no se tomasen medidas sin posible marcha atrás que serían muy negativas para todos los sectores del PSC y para el conjunto del socialismo en España.

Aunque las diferencias sean notorias en muchos aspectos, merece la pena recordar la crisis del Tamayazo de Madrid en el año 2003. Las causas de  la crisis de Madrid no tenían el mismo carácter político que la actual del PSC y había justificaciones mucho más graves para actuar con dureza con los disidentes, pero, a pesar de todo, la falta de cintura política  en la resolución de la crisis, facilitó la pérdida de la Comunidad de Madrid y diez años de gobierno de la derecha más rancia de Esperanza Aguirre y Francisco Gonzalez.

España y Catalunya necesitan con urgencia que vuelvan a gobernar los socialistas y eso implica un PSC fuerte, coordinado con el PSOE. No cometamos los mismos errores y por exceso de disciplina, no convirtamos a ,los socialistas en los paganos del conflicto que han creado los gobiernos catalán y central

Derecho a Elegir y Derecho a Decidir

La Constitución Española incorpora a la sociedad civil un completo conjunto de derechos políticos: asociación, reunión, manifestación, opinión, sindicación, huelga, etc. definidos en su Titulo II.

Siendo muy importantes todos estos derechos, los más característicos en democracia son el derecho a elegir representantes y el derecho a adoptar decisiones políticas.

El derecho a elegir representantes se cumple periódicamente en todos los procesos electorales de ámbito municipal, autonómico o nacional.

El derecho a decidir es, en la mayoría de los casos, un derecho que los ciudadanos delegamos en los representantes elegidos en las elecciones, sean estas del tipo que sean, para que adopten decisiones políticas en nuestro nombre.

Pero la constitución española regula también la opción del Referéndum para que los ciudadanos podamos tomar directamente, sin la intermediación directa de nuestros representantes, decisiones políticas relevantes que afectan a cuestiones de primer orden, por medio de un Referéndum.

Estas decisiones relevantes se refieren a la modificación de determinados aspectos constitucionales, relacionados con los derechos fundamentales y con la corona, incluidos en los títulos preliminar, primero y segundo pero no incluyen el derecho a decidir sobre temas territoriales que se está demandando ahora desde Catalunya.

El titulo octavo, relativo a la organización territorial del Estado, no prevé mecanismos legales para cambiar la organización estatal una vez que han sido establecido las Comunidades Autónomas. En el titulo octavo, los artículos 148 y 151, establecen los procedimientos para la redacción y aprobación de los estatutos de autonomía, sin embargo no existe ninguna previsión para los posibles cambios territoriales una vez establecidos, es más algunos artículos incluyen restricciones a acuerdos entre comunidades. Todo indica que el legislador quería impedir cualquier facilidad para cambiar el esquema territorial del país.

• El artículo 145 prohíbe la federación de CC.AA. y limita mucho las posibilidades de colaboración entre ellas.
• El artículo 150 deja en manos del Estado todo lo referente a transferencia de competencias y permite la intervención del mismo en cualquier materia cuando lo requiera algo tan difuso como el interés general.

En definitiva, la constitución de 1978 define los requisitos necesarios para crear las Comunidades Autónomas pero no hace ninguna previsión sobre los posibles cambios que pudieran plantearse en el futuro. Las CC.AA. quedarían con su estructura "disecada", sin posibilidades de cambios territoriales.

Un ejemplo claro de estas dificultades es la situación del condado de Treviño, enclave territorial de 280 km2 y 2.000 habitantes situado dentro de la provincia de Alava pero perteneciente a Burgos. Este enclave ha solicitado en siete ocasiones su dependencia de Alava, la primera en 1.646, hace 387 años y la última en 1.998, ya con la constitución vigente. A pesar de la posición mayoritaria de los vecinos, del carácter meramente funcional del cambio y del acuerdo de los gobernantes vascos, no ha sido posible cambiar su situación administrativa.

Si La Constitución no es capaz de resolver temas menores, en términos generales no para los ciudadanos afectados, es impensable que pueda permitir el derecho a decidir en el sentido que se está pidiendo en Catalunya: la posibilidad de la separación de España del territorio catalán.

Si propugnamos un cambio constitucional en un sentido federalista, no queda más remedio que incluir en él la opción de cambios territoriales que permita, de un forma o de otra, el derecho de autodeterminación de los pueblos de España.

Utilizando una definición convencional (ref. wikipedia), el derecho de autodeterminación es el derecho de un  pueblo  a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de igualdad.

La primera definición consolidada del término pueblo, está en la resolución 1541 de la XV Asamblea de Naciones Unidas en 1960, un grupo humano puede considerarse pueblo en situación colonial en función de dos criterios básicos: la separación geográfica entre la colonia y la metrópoli y la existencia de diferencias étnicas y/o culturales. En este contexto el derecho de autodeterminación se aplicaría solo a situaciones coloniales, en las que no están incluidas ni Catalunya, ni Euskadi, ni Galicia.

Pero hay definiciones más amplias del concepto pueblo, la resolución 2625 de la XXV Asamblea de Naciones Unidas (1970) define también como pueblos a aquellos grupos que poseen características que los identifican y los diferencian del resto de habitantes del Estado al que pertenecen.

Los Pactos Internacionales de los Derechos Humanos, aprobados por Naciones Unidas en 1966 reconocen en su artículo primero que estos colectivos son sujetos del derecho de libre determinación, lo que es sin duda un argumento de mucho peso en favor de este derecho.

Este reconocimiento es sin embargo muy polémico, pues más del noventa por ciento de los Estados actuales son plurinacionales desde un punto de vista sociológico, por lo que la aplicación del derecho sin límites ni condiciones produciría un contexto de inestabilidad y fragmentación excesivo.

La solución generalmente aceptada recomienda aplicar a estos pueblos, lo que se denomina derecho de autodeterminación interno en toda su extensión, limitando a casos muy estrictos el ejercicio de la autodeterminación externa, la soberanía plena. En la práctica este derecho de autodeterminación interna coincidiría en España con un amplio desarrollo de la autonomía política ya existente.

Si apostamos en España por una reforma constitucional de carácter federal, como estructura final del estado autonómico y como solución política que de cabida de forma cómoda a todos los pueblos de España, habría que plantearse la inclusión del derecho o no de autodeterminación, que aunque no está generalizado en todos los estados federales, si está legislado en bastantes de ellos.

En cualquier caso y considerando que la unidad del Estado Español es un valor importante a preservar, no tiene porque ser necesariamente contradictorio con el reconocimiento del derecho a la secesión, que no tendría que ser fácil de ejercer, y que , de producirse, debiera garantizar que se hace con la garantía explicita de que la mayoría de los ciudadanos, no de los votantes, son partidarios de la separación 

Estado Federal

La deriva del gobierno catalán hacia la independencia, con Euskadi seguramente a la expectativa para incorporarse al proceso en el momento que considere oportuno, hace que se ponga en cuestión el modelo de Estado que actualmente tenemos en España.

Frente a las veleidades independentistas anunciadas por los partidos catalanistas y la recentralización que apoya el PP, surge una tercera alternativa: el federalismo, defendida por el PSOE.

La opción federalista del PSOE no es una posición oportunista, definida como reacción al reciente independentismo catalán, es una idea antigua que necesita concretarse para poder empezar realmente a construir un Estado Federal, partiendo del modelo actual de las autonomías.

El modelo autonómico actual es una aproximación imperfecta al sistema federal hecha por agregación en distintas fases y basada en cesiones de competencias del gobierno central.

En este modelo, el Estado cede a las autonomías la gestión de dos temas sociales básicos: la educación y la sanidad, y posteriormente en el último gobierno socialista, el tercer pilar del Estado de Bienestar, el apoyo a los dependientes que solo ha podido iniciar su gestión pues los gobiernos regionales populares han puesto todos los impedimentos posibles para impedir su despliegue y en buena parte parece que lo han conseguido.

La financiación de las CC.AA. se realiza por medio de impuestos cedidos por el Estado, que, salvo en los casos de los regímenes forales de Euskadi y Navarra, se ocupa también de la recaudación.

Hasta hace pocos años, las CC.AA. disponían del control de las Cajas de Ahorro que utilizaban como fuentes de financiación de inversiones. El abuso y la mala gestión que muchas CC.AA. han hecho de las Cajas, utilizándolas por una parte como elementos para premiar a sus fieles con cargos muy bien remunerados, a pesar de que en muchos casos eran personas con escasa o ninguna preparación financiera, y por otra como fuentes de financiación de proyectos lamentables como los aeropuertos sin aviones o las autopistas radiales de Madrid que no utiliza nadie y están en la ruina, hechos a la mayor gloria del presidente autonómico de turno, han contribuido de forma decisiva al hundimiento de las Cajas y llevado a la ruina a muchos ahorradores.

La crisis económica está poniendo en evidencia al Estado Autonómico, pues las CC.AA. que no tienen las opciones mínimas necesarias para tomar decisiones ni políticas ni económicas ,con independencia de los criterios que le marque el gobierno central.

En los últimos meses, desde que gobierna el PP, se han tomado algunas decisiones que limitan seriamente la capacidad de actuación de las Autonomías, como ejemplos significativos cito los siguientes.

• El gobierno central decide aumentar la ratio de alumnos en los colegios públicos y, en consecuencia, las CC.AA. ven reducidos sus presupuestos en este área y se ven obligados a reducir el número de profesores y tienen que subir la ratio.
• Bruselas permite al Estado Español relajar un poco los objetivos de déficit. El gobierno central no permite que las CC.AA. se beneficien de ello.
• Madrid decide suprimir la paga extra de Navidad para funcionarios y empleados públicos. Algunas CC.AA. intentan mantenerla, en supuesto uso de su autonomía y el gobierno recurre y gana en el TC, impidiendo el abono de dicha paga, lo que les obliga a emplear astucias de ingeniería administrativa y adelantar la paga de verano.
• Extremadura primero y Catalunya después deciden poner un impuesto a los depósitos bancarios. La Administración Central les sale al paso en un recurso al TC y acaba impone ella la tasa, al tipo cero, ni come ni deja, para impedir el impuesto autonómico.

Estas situaciones, no exhaustivas, muestras que las CC.AA. tienen unas capacidades de actuación muy limitadas en la práctica, pues sus competencias son cedidas, la capacidad normativa, y no solo la básica, la retiene el gobierno central, y la capacidad recaudatoria prácticamente no existe.

En términos generales puede considerarse que se ha hecho un reparto de competencias muy importante en favor de las CC.AA., pero este proceso es muy poco más que una simple descentralización administrativa que se desmorona en situaciones de crisis como la actual.

Por todas estas razones tiene sentido la propuesta de avanzar hacia un Estado Federal que podría facilitar la resolución de algunos problemas planteados, excluyendo desde luego los derivados de la mala gestión, que no se resuelven con cambios estructurales.

El proceso de convertir a España en un Estado Federal deberá aportar, en primer lugar, racionalidad para que quede claro cuales son las competencias de cada una de las partes.

En segundo lugar deberá aportar claridad en la financiación y en la asignación de los recursos económicos. Es muy difícil y seguramente inviable desde el punto de vista económico, que pueda generalizarse una situación de fuero como la que tienen ahora Euskadi y Navarra por lo que habrá que buscar otras soluciones, nada fáciles, más operativas y que satisfagan al mismo tiempo los requisitos de las Autonomías y del Estado Central.

El nuevo Estado Federal debería tener una cámara territorial, el Senado, que tendrá redefinir sus competencias actuales y la forma de elegir los senadores, actualmente muy desproporcionada y favorable a las zonas de menor población.

La federalización debería incluir también un cambio de la ley electoral, especialmente en lo que se refiere a la elección de senadores, yendo a un modelo proporcional basado en los nuevos estados federados y no mayoritario basado en las provincias, que probablemente tendrían que ser sacadas  de la constitución, pues la distribución territorial en provincias no deja de ser un resto de organización administrativa del siglo XIX, que aunque pueda seguir siendo válido en algunas zonas, no tiene porque ser general para todo el Estado

Mayor complicación tendría incluir en la Constitución  la posibilidad de cambiar la estructura territorial del Estado, desde el cambio de comarcas o municipios de unas CC.AA. a otras, como podría ser el caso del condado de Treviño, hasta la fusión de CC.AA., Navarra con Euskadi, o la inclusión del derecho de autodeterminación que ahora pide Catalunya y en otros momentos Euskadi.

Cualquier cambio en este sentido, que es muy difícil de implementar, debería ser en todo caso extensible a todo el Estado y no limitarse a solo una parte del mismo.

La propuesta federal que está preparando el PSOE deberá dar respuesta adecuada a estos temas y a algunos otros más que no se han incluido en esta nota, que se ha hecho desde el punto de vista de un ciudadano medianamente ilustrado, no de un especialista.

El objetivo es conseguir un Estado en el que nos podamos sentir cómodos todos los ciudadanos, en el que se alivien las tensiones territoriales y exista un cauce ordenado para la resolución de problemas entre territorios sin necesidad del recurso continuo al Tribunal Constitucional.