La Justicia de Ruiz Gallardón

Al comienzo de esta legislatura,  el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, podría aparecer como la cara amable y menos derechista del gobierno de Rajoy. El paso del tiempo ha demostrado que, por el contrario, este ministro es uno de los más reaccionarios del gabinete Popular, compitiendo por el titulo de MMN (Ministro Más Nefasto) con Ana Mato, J. Ignacio Wert, Fátima Bañez y Jorge Fernandez Diaz.

Además del enorme retroceso que supone la modificación de la Ley del aborto, que todavía no se ha atrevido a llevar al parlamento, Ruiz Gallardón es autor de otras interesantes perlas jurídicas, como la supresión en la práctica de casi todos los casos relativos a la justicia universal, hecha de forma urgente, casi clandestina y a la carta, a petición de Estados que, como China o EE.UU., tienen causas pendientes. Afortunadamente algunos magistrados están intentando recuperar alguna de estas causas, veremos si finalmente lo consiguen.

Además de los asuntos con implicaciones más políticas, la supresión de la justicia universal está teniendo consecuencias en otro tipo de causas, como las tramitadas contra narcotraficantes, detenidos en aguas internacionales que han quedado fuera de nuestra jurisdicción después de la modificación de la Ley. 

El código penal requiere actualizaciones y modificaciones frecuentes para adaptarlo a las nuevas realidades de la sociedad. La tentación de aprovechar la ocasión para "colar de matute" algunas medidas que no requieren adaptación ninguna sino que reflejan la ideología, en este caso profundamente reaccionaria, del ministro de justicia, es muy fuerte y la propuesta enviada al congreso, incluye también algunas medidas muy regresivas.

El análisis detallado de las modificaciones de código penal corresponde, evidentemente, a los juristas y sería una temeridad abordarlo sin serlo. No obstante hay algunas propuestas que no requieren una formación jurídica especifica pues responden a criterios estrictamente políticos.

La prisión permanente revisable para delitos graves es, seguramente, el retroceso mayor que  se propone en el nuevo código pues supone introducir la cadena perpetua, pena impropia del siglo XXI, de una forma encubierta. Los 40 años de prisión, que suponen más del 50% de la esperanza de vida de una persona, incluyendo su infancia, es una pena más que suficiente.

La cadena perpetua, aunque sea introducida en forma de prisión permanente revisable, tiene muchas connotaciones de venganza social, papel que no debe tener el código penal.

Aunque ha  pasado más inadvertido, es también muy grave el trato que la propuesta de código penal da a los enfermos mentales.

El código penal vigente considera que en algunas circunstancias, entre las que se incluyen los enfermos mentales, no hay responsabilidad penal y por tanto no tiene sentido aplicar las penas que marca el código.

Sin embargo, aunque no pueda hablarse de culpabilidad se considera que puede haber riesgo para la sociedad, y el juez puede dictar medidas de seguridad entre las que se incluye el internamiento en un centro adecuado para la realización del tratamiento correspondiente.

El articulo 6.2 del código de 1995, introdujo una importante  modificación para estos casos indicando que "Las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor."

La nueva propuesta cambia el texto por "Las medidas de seguridad no podrán exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor".La mera supresión del texto marcado implica que los enfermos mentales pueden estar internados de forma permanente, pues en este articulo no hay ninguna limitación, más adelante se limita el tiempo a cinco años, pero prorrogables sin limite, con lo que la "medida de seguridad" puede ser equivalente a una "prisión permanente revisable".

La modificación del articulo 6.2 es seguramente la que más afecta a los enfermos mentales aunque en el proyecto de Ley hay también otras referencias negativas.

Este ataque injustificado a los enfermos mentales está provocando un amplio rechazo por parte de las asociaciones afectadas como FEAFES, que han expresado su protesta y han interpuesto una serie de enmiendas al proyecto de Ley.

También está en marcha una recogida de firmas solidaria por medio de Change.org en contra de esta modificación del código penal.

He puesto énfasis en el tema de los enfermos mentales por un lado, porque tiene menor difusión social y por otro, porque conozco algunas personas que sufren este problema y están muy afectados por el cambio de código penal que puede suponer un retroceso de muchos años en la lucha por la integración de estos enfermos.

Mentirosos compulsivos

Cuando en EE.UU. se produjo el caso Clinton - Mónica Levinsky, uno de los argumentos de más peso  para pedir el "impeachment" de Bill Clintón fue el dilucidar si había mentido o no al Congreso, lo que dio lugar a un curioso debate sobre que era y que no era el sexo oral.

Traigo esto a colación para ilustrar la importancia que tiene en algunos países avanzados, no solo en EE.UU., el que los  dirigentes políticos digan la verdad en cualquier circunstancia.

Lamentablemente, esta buena costumbre democrática no se tiene en España y los miembros del gobierno mienten con suma facilidad, matizando luego, de forma chapucera, lo que querían decir.

Uno de los ministros que mienten con más aplomo es el titular de Justicia, Ruiz Gallardón, que ha tenido una brillante ocasión de quedarse callado cuando ha afirmado, de forma contundente, que su gobierno nunca había indultado a ningún condenado por corrupción. Cuando le sacan un caso especifico dice que esa situación no es lo que el entiende por corrupción y cuando le demuestran, utilizando el BOE como documento de prueba, que si es corrupción, incluso con sus matices, se calla.

Pero si R. Gallardón ha cometido una mentira gratuita, seguramente por exceso de prepotencia, pues no tenía ninguna necesidad de hacer esa afirmación, la actitud del Ministro del Interior es mucho más grave pues ha mentido de forma reiterada en relación con los graves incidentes de Ceuta, que acabaron con la vida de quince inmigrantes subsaharianos.

Según sus primeras declaraciones, España no tenía nada que ver con las victimas, a continuación admite que se hicieron deportaciones "en caliente" y que solo se dispararon pelotas de goma en tierra. En una tercera versión admite que se dispararon en el mar, pero lejos de las personas y solo para disuadir. En penúltimo lugar, el ministro ve la necesidad de llegar a un pacto con la oposición y se compromete a dar toda la información disponible.

Antes de que esa información esté a disposición del Congreso de los diputados, aparece un informe de la ONG Caminando Fronteras , que actúa en el norte de África, que revela que muchos de los inmigrantes muertos o heridos tenían marcas de pelotas de goma en sus cuerpos. El informe de Caminado Fronteras es muy detallado y demoledor e incluye  certificados de los médicos marroquíes que atendieron a los afectados en la medida de sus posibilidades mientras que no hubo ningún apoyo español a las labores de socorro.

¿No conocía el Ministerio del Interior estas circunstancias? 

Si este informe se acaba confirmando la posición del ministro es muy complicada, por mentiroso, por admitir y cometer ilegalidades, por abuso de poder frente a inmigrantes en situación precaria y por no asumir ni exigir responsabilidades.

No se trata de atacar a la Guardia Civil, que ha demostrado su buen comportamiento en o muchas ocasiones. Se trata de pedir responsabilidades, si algún mando se excedió en las ordenes impartidas o, lo que sería mucho más grave, si las ordenes venían  de la Delegación del Gobierno en Ceuta o directamente de la D.G. de la Guardia Civil o del  Ministerio

Si el PSOE tuvo la prudencia de no exigir en su momento la dimisión de J. Fdez Diaz, ahora sería inexcusable que no lo hiciera de forma contundente.

En cualquier caso, Jorge Fernandez Diaz tendría que salir del gobierno.