La Justicia de Ruiz Gallardón

Al comienzo de esta legislatura,  el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, podría aparecer como la cara amable y menos derechista del gobierno de Rajoy. El paso del tiempo ha demostrado que, por el contrario, este ministro es uno de los más reaccionarios del gabinete Popular, compitiendo por el titulo de MMN (Ministro Más Nefasto) con Ana Mato, J. Ignacio Wert, Fátima Bañez y Jorge Fernandez Diaz.

Además del enorme retroceso que supone la modificación de la Ley del aborto, que todavía no se ha atrevido a llevar al parlamento, Ruiz Gallardón es autor de otras interesantes perlas jurídicas, como la supresión en la práctica de casi todos los casos relativos a la justicia universal, hecha de forma urgente, casi clandestina y a la carta, a petición de Estados que, como China o EE.UU., tienen causas pendientes. Afortunadamente algunos magistrados están intentando recuperar alguna de estas causas, veremos si finalmente lo consiguen.

Además de los asuntos con implicaciones más políticas, la supresión de la justicia universal está teniendo consecuencias en otro tipo de causas, como las tramitadas contra narcotraficantes, detenidos en aguas internacionales que han quedado fuera de nuestra jurisdicción después de la modificación de la Ley. 

El código penal requiere actualizaciones y modificaciones frecuentes para adaptarlo a las nuevas realidades de la sociedad. La tentación de aprovechar la ocasión para "colar de matute" algunas medidas que no requieren adaptación ninguna sino que reflejan la ideología, en este caso profundamente reaccionaria, del ministro de justicia, es muy fuerte y la propuesta enviada al congreso, incluye también algunas medidas muy regresivas.

El análisis detallado de las modificaciones de código penal corresponde, evidentemente, a los juristas y sería una temeridad abordarlo sin serlo. No obstante hay algunas propuestas que no requieren una formación jurídica especifica pues responden a criterios estrictamente políticos.

La prisión permanente revisable para delitos graves es, seguramente, el retroceso mayor que  se propone en el nuevo código pues supone introducir la cadena perpetua, pena impropia del siglo XXI, de una forma encubierta. Los 40 años de prisión, que suponen más del 50% de la esperanza de vida de una persona, incluyendo su infancia, es una pena más que suficiente.

La cadena perpetua, aunque sea introducida en forma de prisión permanente revisable, tiene muchas connotaciones de venganza social, papel que no debe tener el código penal.

Aunque ha  pasado más inadvertido, es también muy grave el trato que la propuesta de código penal da a los enfermos mentales.

El código penal vigente considera que en algunas circunstancias, entre las que se incluyen los enfermos mentales, no hay responsabilidad penal y por tanto no tiene sentido aplicar las penas que marca el código.

Sin embargo, aunque no pueda hablarse de culpabilidad se considera que puede haber riesgo para la sociedad, y el juez puede dictar medidas de seguridad entre las que se incluye el internamiento en un centro adecuado para la realización del tratamiento correspondiente.

El articulo 6.2 del código de 1995, introdujo una importante  modificación para estos casos indicando que "Las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor."

La nueva propuesta cambia el texto por "Las medidas de seguridad no podrán exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor".La mera supresión del texto marcado implica que los enfermos mentales pueden estar internados de forma permanente, pues en este articulo no hay ninguna limitación, más adelante se limita el tiempo a cinco años, pero prorrogables sin limite, con lo que la "medida de seguridad" puede ser equivalente a una "prisión permanente revisable".

La modificación del articulo 6.2 es seguramente la que más afecta a los enfermos mentales aunque en el proyecto de Ley hay también otras referencias negativas.

Este ataque injustificado a los enfermos mentales está provocando un amplio rechazo por parte de las asociaciones afectadas como FEAFES, que han expresado su protesta y han interpuesto una serie de enmiendas al proyecto de Ley.

También está en marcha una recogida de firmas solidaria por medio de Change.org en contra de esta modificación del código penal.

He puesto énfasis en el tema de los enfermos mentales por un lado, porque tiene menor difusión social y por otro, porque conozco algunas personas que sufren este problema y están muy afectados por el cambio de código penal que puede suponer un retroceso de muchos años en la lucha por la integración de estos enfermos.

Viaje a ninguna parte del PP

Pasada la mitad de la legislatura, el PP ha celebrado una convención política con objeto de recomponer su imagen, muy deteriorada por sus últimas decisiones políticas.

La convención fue recibida por una manifestación  de más de mil  personas contra la Ley anti-aborto, que hicieron parada y fonda en Valladolid en su viaje hacia Madrid en el tren de la libertad. Sin embargo, inasequible al desaliento, el ministro Gallardón insistió en defender su  lamentable ley contra viento y marea.

No era de esperar que en la convención se hiciera ninguna referencia a Gürtel  y a Barcenas, pues las convenciones no se hacen para airear trapos sucios pero, al menos, se podría haber hecho alguna propuesta en positivo. No fue así.


La defensa de la  ley contra el aborto no fue la única "mantenella y no enmendalla" de la convención, hubo algunas más, hasta tal punto, que es imposible encontrar en ella algo novedoso.

En materia de empleo, la ministra correspondiente repitió el mantra habitual de las ventajas de la reforma laboral con la  reducción del paro, evitando mencionar que el empleo ha caído mucho más y que los pocos puestos de trabajo creados son a tiempo parcial y muy mal pagados, con lo que no valen ni para que salgan de la miseria  los pocos que los consiguen.

En políticas territoriales nada nuevo, Catalunya se mantendrá en España mientras Rajoy sea presidente, y las diferencias de Catalunya con el resto de España se seguirán agrandando. El problema  con Euskadi se reduce a  jalear a las asociaciones de victimas (que no son lo mismo que las victimas) y a pontificar con razonamientos anteriores a la tregua. Los avances conseguidos en la etapa de Rubalcaba como ministro del interior, no se tienen en cuenta para nada.

La crisis económica se ha resuelto, según ellos, gracias al gran esfuerzo de los españoles, debe referirse a los que, involuntariamente, la están pagando con el paro, la sanidad, la educación o la dependencia, y por supuesto nada tiene que ver el rescate europeo, es solo merito de la política económica del Partido Popular.

Por supuesto Rajoy recupera el antiguo argumento de la herencia recibida  con los "chivos espiatorios" del PSOE y Rubalcaba, eternos culpables de todos los males de España.

En cuanto a propuestas de futuro, vuelve a repetir una promesa añeja: bajar los impuestos, ¡pero en el 2015! y más adelante, por supuesto sin decir nada sobre como se van a cuadrar los presupuestos. Esta misma promesa ya la hizo en las elecciones de 2011 y no ha hecho otra cosa que subirlos.

En definitiva, una convención, la segunda en pocas semanas, de "prietas las filas, recias marciales", pues empieza la campaña electoral europea y hay que defenderse de los enemigos de siempre, el PSOE, y de las VOXES que les están surgiendo por la derecha, y que les pueden quitar la tierra bajo los pies.

Tras esta convención no parece que el PP vaya ninguna parte y solo piensa en preparar una defensa numantina para intentar  salvar los pocos muebles que le quedan. 

El primer bienio negro de Rajoy

En 1933, el Partido Radical de Alejandro Lerroux formó gobierno apoyado por  la CEDA de Gil Robles. Este gobierno fue posible después de que la derecha consiguiera la mayoría absoluta en las elecciones generales y fue el origen de lo que históricamente se ha llamado el bienio negro, que finalmente fue el primer paso para acabar con la segunda República Española.

Aunque han pasado 80 años, todavía pueden encontrarse algunos paralelismos con aquella situación, que, salvando las distancias históricas, merecen la pena ser destacados.

• El triunfo de las derechas tuvo lugar después del fuerte impulso reformista que impusieron los primeros gobiernos de coalición republicano socialista, en materias religiosa, militar, social política, reforma agraria, etc.
• Había en España y en toda Europa, una fuerte crisis económica.
• Se produjeron  fuertes movilizaciones sociales que culminaron en 1934 con la revolución de Asturias.
• Se proclamó  el Estado Catalán que acabó con la suspensión de la Generalitat y el encarcelamiento de su gobierno.

De un modo similar a lo que se hizo en el bienio negro de 1933-1935, el gobierno de Rajoy se ha centrado, escudándose en la crisis económica, en atacar uno por uno  todos los avances conseguidos en los años anteriores, con los que se había logrado alcanzar un incipiente Estado del Bienestar.

En estos dos años, el PP ha tomado medidas encaminadas a:

• Reducción de los presupuestos en educación
• Eliminación del derecho universal a la sanidad, volviendo al esquema del afiliado.
• Reducción de los presupuestos sanitarios.
• Ataque frontal a la Ley de dependencia.
• Reducción salarial y desregulación de los derechos de los trabajadores.
• Privatización y precarización de servicios públicos
• Rebaja estructural de las pensiones.
• ................

Todos estos ataques de corte economicista, "justificados" por la crisis, han constituido el núcleo fundamental del primer bienio popular que claramente puede calificarse de primer bienio negro.

El segundo bienio ha empezado tan negro como el primero.

Un vez agotadas, o casi agotadas pues todavía parece que quedan algunos "pequeños retoques" para acabar de ajustar el deficit, las medidas de contenido económico, el segundo bienio se inaugura con medidas con solo justificación ideológica, con las que el PP rinde tributo a sus sectores más reaccionarios.

El primer ataque ha sido la LOMCE presentada por la primera figura del gobierno: el ministro Wert. En la LOMCE, entre otras "mejoras" se considera a la Religión como asignatura fundamental computable a todos los efectos, se permiten subvenciones a la educación segregada, se suprime la educación para la ciudadanía. 

En orden cronológico aparece en segundo lugar la Ley de Seguridad Ciudadana que nos devuelve 54 años al pasado, por su parecido con la Ley de Orden Público de 1959, además de dar atribuciones públicas a una seguridad privada con poca formación, pero mucho más barata.

El tercer hito ha sido la modificación del código penal, con la implantación, eso si en forma light, de la cadena perpetua.

Y para cerrar el año, el ministro más "progre" del gobierno, el Sr. Ruiz Gallardón, se descuelga con la nueva Ley del Aborto que "solo" nos hace retroceder 30 años.

Parecía que la lógica política llevaría al PP a moderar sus posiciones para intentar recuperar algunos votos en las europeas del 2014 y, sobre todo, en las municipales, autonómicas  y generales del 2015, pero "la cabra siempre tira al monte" y, como el escorpión del cuento, que acabó picando a la rana que le ayudaba a cruzar el río, el PP lleva las medidas reaccionarias en los genes.

Todo indica que estamos iniciando el segundo bienio negro del PP, que con suerte, se quedará solo en gris marengo. Es imprescindible que las fuerzas progresistas tomen las medidas necesarias para evitar un tercer bienio oscuro.

Ecuador de la legislatura

Han pasado solo dos años, aunque puedan parecer dos siglos,  desde que el 20N de 2011 el Partido Popular accedió al gobierno de España  con mayoría absoluta. Estamos solo en el ecuador de la legislatura y todavía nos quedan dos años más de sufrir al gobierno popular.

En estos dos años, el PP ha propiciado una políticas que están haciendo retroceder a España mucho tiempo en materia de  libertades, de derechos sociales y de empleo, con una espectacular subida del desempleo al mismo tiempo que se bajan los salarios y se reducen los derechos de los trabajadores.

Para justificar estas políticas tan restrictivas, se han basado por un lado en la crisis económica, que es "la capa que todo lo tapa"  y por otro en su mayoría absoluta y en la debilidad relativa del Partido Socialista.

Los sondeos de opinión publicados en estos dos años tenían un denominador común: caída progresiva de los apoyos al Partido Popular, estancamiento de la intención de voto al PSOE en los niveles del 20N y subida importante, en términos relativos, del peso político de partidos como IU y UPyD, aunque sin compensar en ningún caso las caídas de los dos grandes partidos. Los votos perdidos por PP y PSOE han ido, en su mayor parte, a engrosar la abstención.

Una encuesta de la revista Temas y, de alguna manera también el CIS, ya recogían en Noviembre la aparición de lo que llamé "brotes verdes políticos". 

Recientemente, una encuesta de Metroscopia , publicada por El País, con una muestra muy importante de 12.000 encuestados, corroboraba este cambio de tendencia.

El PP baja 10,5 puntos en su intención de voto mientras el PSOE inicia su recuperación y sube 2,8. IU y UPyD se mantienen estables con subidas, de 5,1 y 2,4 puntos respectivamente, alcanzadas en meses anteriores.

No comparto algunos de los análisis realizados sobre este sondeo que indican que, por un lado se ve afectado el bipartidismo, como si este fuera una estrategia que empieza a fracasar y por otro consideran que se configura un país ingobernable por la ausencia de mayorías claras.

El llamado bipartidismo es simplemente el fruto de los resultados electorales, parcialmente favorecido sin duda por la Ley electoral, pero difícilmente puede hablarse de una relación causa efecto de bipartidismo con Ley electoral, cuando se trata de un sistema proporcional, aunque con distorsiones por el pequeño tamaño de algunos distritos provinciales. El bipartidismo lo provocan los sistemas electorales mayoritarios.

La ausencia de mayorías claras que sugiere esta encuesta hay que ponerla en su contexto, pues se trata de un sondeo de mitad de legislatura, en una situación muy dinámica que puede cambiar sustancialmente en los dos años que faltan hasta las próximas elecciones. No es el momento de hablar de ingobernabilidad.

Aunque todos estos sondeos indican que cada vez es más posible que se produzca en cambio de gobierno en las próximas elecciones, sería muy conveniente que este cambio no se produjera solo por los errores del PP sino también por la recuperación del prestigio socialista y algunos pasos se están dando en ese sentido como, por ejemplo la reciente conferencia socialista.

La recuperación del voto progresista para conseguir que a partir del 2015 gobierne la izquierda en España, no está nada fácil, basta hacer un repaso por las comunidades autónomas, también desagregadas en este sondeo, para detectar estas dificultades.

Hay que tener en cuenta que el PP ha hecho las políticas más impopulares en este primera período de la legislatura, reservando la parte más amable para los dos últimos años. A partir de 2014 podremos ver un inicio de recuperación económica, la creación de algunos puestos de trabajo, seguramente temporales y mal pagados, y alguna otra medida más de carácter populista, lo que adobado con la correspondiente dosis de propaganda, constituirá el núcleo de su campaña.

Por tanto como "hasta el rabo todo es toro", queda todavía mucho camino por recorrer aunque las perspectivas hayan mejorado notablemente.

En un próximo articulo analizaré con los datos disponibles, cual es la situación en las distintas comunidades autónomas.

Gibraltar: 300 años de parasitismo

Se han cumplido 300 años desde el 11 de Abril de 1713, fecha de la firma del tratado de Utrecht. Por este tratado, Gibraltar, junto con la isla de Menorca, pasaban a formar parte de la Corona Británica como consecuencia del fin de la guerra de sucesión española provocada por la muerte sin descendencia del último rey de la casa de Austria, Carlos II.

La guerra de sucesión empezó enfrentando a los Borbones franceses, partidarios de Felipe V con los Hagsburgo alemanes, que apoyaban al archiduque Carlos, y acabó implicando también a media Europa, incluyendo específicamente a Inglaterra y a los Países Bajos. 

El interés de Gibraltar en aquellos tiempos era estrictamente estratégico desde el punto de vista militar por el dominio que tiene el peñón sobre la entrada del Mediterráneo. Con el paso del tiempo ese valor, sin que haya llegado a desaparecer, se ha ido diluyendo por la evolución de los sistemas de armamento y Gibraltar, ha pasado de ser una base militar, a convertirse en una colonia de 6,8 Km2, y 30.000 habitantes sin viabilidad económica alguna salvo que parasite, como de hecho está haciendo, a los territorios circundantes.

El parasitismo gibraltareño se ha ido incrementando progresivamente, primero expandiendo al máximo su territorio con la ocupación de la “tierra de nadie”, que utilizó para construir su aeropuerto, después con la expansión marítima apropiándose de parte de las aguas circundantes, últimamente con su conversión en paraíso fiscal y centro de contrabando.

Gibraltar tiene una de las rentas per capita mayores del mundo que en 2013 alcanzará los 63.000 $, 2,7 veces superior a los 17.000 € de Andalucía, además, la renta andaluza y la española están bajando en los últimos años, mientras la gibraltareña se sigue incrementando.

Esta renta no se deriva de los beneficios que pueda obtener del turismo o los que pueda generar la base militar, se debe fundamentalmente a dos actividades poco decentes.

La primera es su posición como paraíso fiscal, con más de 84.000 empresas de no residentes registradas, que tienen unas cargas fiscales mínimas. En 2004 había “solo” 28.000 sociedades registradas y en menos de una década se han multiplicado por tres.

Las previsiones de que, por imperativo de la Unión Europea, en enero de 2014 el gobierno del Peñón regularice esta situación y homogenice el tratamiento fiscal de las empresas de los no residentes con las locales, puede producir un cierto alivio, aunque, en cualquier caso, parece que la fiscalidad va a seguir siendo baja.

Gibraltar no es el único paraíso fiscal que tenemos en Europa, aunque sea el que más nos afecta y supuestamente, la Comisión Europea ya está tomando cartas en el asunto, aunque con la lentitud habitual que tiene Europa en abordar y resolver los problemas.

La segunda actividad poco licita es el contrabando, especialmente de tabaco. Debido a la baja fiscalidad, el precio del tabaco es en Gibraltar aproximadamente la mitad que en España lo que provoca un desmedido flujo de contrabando hacia nuestro País.

En el primer trimestre de 2013, entraron en Gibraltar 68,5 millones de cajetillas lo que supone casi 13 cajetillas por habitante y día, no fumadores y niños incluidos.

Los 300 años que acaban de cumplirse no han sido precisamente de buena vecindad. Durante el siglo XVIII se hicieron varios intentos de recuperar la colonia por métodos militares, todos ellos fracasados. En el siglo XX no ha habido una cronología bélica pero también ha sido conflictiva. Durante la dictadura franquista, Gibraltar fue utilizado en numerosas ocasiones como pretexto para la propaganda del Régimen.

En 1967, Gran Bretaña convocó un referéndum sobre el futuro de Gibraltar y como consecuencia, en mayo de 1969 entró en vigor la “Constitución Lansdowne” y el Estatuto de Autonomía.

El gobierno español de la  época reaccionó con el cierre de la verja en el mismo año 1969, cierre que duró hasta que en 1985, coincidiendo con la entrada de España en la CEC, el gobierno socialista de Felipe González procedió a la apertura de la verja.

En el año 2001, con el PP de J.M. Aznar en el gobierno, hubo un preacuerdo de co-soberanía “a la andorrana”, entre los gobiernos español y británico. Este preacuerdo fue rechazado prácticamente por unanimidad en un referendum celebrado en Gibraltar en el año 2002.

El siguiente hito positivo ocurrió en 2006 con la iniciativa del ministro socialista Moratinos de constituir un Foro tripartito, España, Reino Unido y Gran Bretaña, para abordar los problemas del día a día. Este foro no fue considerado adecuado por el PP que prefirió la teoría clásica de no incorporar a Gibraltar para evitar su reconocimiento de facto.

El futuro de las relaciones de España y Gibraltar tiene que basarse en el acuerdo y la cooperación, ya que:

• La recuperación de Gibraltar por la fuerza, sea militar o de cualquier otro tipo, no es posible en el siglo XXI.
• España y el Reino Unido son países aliados, miembros de la Unión Europea y de la OTAN por lo que no se puede pensar en un conflicto entre ellos.
• Es necesario una solución pacifica y negociada que incluya también a Gibraltar, pues no se pueden marginar a los 30.000 ciudadanos más afectados.
• Para que los ciudadanos gibraltareños puedan plantearse las ventajas de un acuerdo con España, es necesario que pierdan los privilegios fiscales que ahora tienen y que les convierte en un territorio auténticamente parasitario. En ese sentido la perdida de la condición de paraíso fiscal puede ser un paso importante que tendría que completarse con una homogenización de los impuestos especiales, alcohol y tabaco, que evite de hecho las prácticas del contrabando.
• España tiene que evitar también la utilización del tema de Gibraltar como espantajo, como se hizo de forma reiterada durante el Franquismo, para ocultar otras situaciones políticas.

El contencioso actual con Gibraltar se debe a la operación que está realizando su gobierno de arrojar bloques de hormigón, erizados de hierros, para construir un arrecife artificial, según ellos con fines ecológicos, aunque también puede tener otros fines como, una vez más, ganar terreno al mar. Estos bloques de hormigón dificultan la pesca pues destrozan las artes de los pescadores, que casualmente, son andaluces.

España ha reaccionado apoyando y protegiendo a los pescadores con patrulleras de la Guardia Civil, lo que aunque puede dar lugar a algún incidente, es prácticamente obligado.

Sin embargo el endureciendo los controles aduaneros para reducir el contrabando y la amenaza de poner una tasa de 50 € de entrada y salida a la colonia, son medidas que elevan el nivel del conflicto de forma innecesaria y nada eficaz.

La última ocurrencia de exteriores de ligar la reivindicación de Gibraltar  a la de las Malvinas Argentinas es una forma de “agitar el espantajo”, pues ni los problemas son los mismos, ni nos favorece ligar nuestra suerte a la de un asunto que ya costó una guerra hace pocos años

Por otro lado se ha recuperado la tesis de co-soberanía, y a pesar de las furibundas críticas de los medios de derechas, que siempre lo han considerado como una forma de entreguismo, se ha planteado la vuelta al Foro Tripartito mediante la creación de una comisión de trabajo de carácter cuatripartito, que incorporaría también al gobierno de Andalucía.

En definitiva en la crisis actual el gobierno popular está dando una de cal y otra de arena, con medidas contradictorias de presión y negociación.

Si acaba imponiéndose la prudencia y la negociación frente a la balandronada de la tasa y a la competencia modelo “desafío entre orangutanes”, como decía gráficamente Gaspar Llamazares, habremos dado un paso adelante o, al menos, se habrá evitado un retroceso de décadas.

23 F, 32 años después

El intento de golpe de Estado del Teniente Coronel Tejero es el hecho mas significativo del 23 de febrero de 1981, pero la situación previa al golpe, directamente relacionado con las causas que lo produjeron, presenta algunas analogías con la situación que vivimos en España 32 años después, a pesar de los grandes cambios sociales acaecidos en estos años.

Las diferencias están, en primer lugar, en el desarrollo económico y social alcanzado por España en los últimos treinta años y en la pertenencia a la Unión Europeas frente a un país que acababa de salir de una larga dictadura.

Otra diferencia fundamental está en la enorme actividad terrorista de aquellos años. En 1980 ETA causó, aproximadamente pues es difícil encontrar referencias exactas, un centenar de muertos, mientras que actualmente el terrorismo puede considerarse casi totalmente desaparecido, aunque queden todavía muchas heridas difíciles de restañar.

La última gran diferencia está en la actitud de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Mientras actualmente nuestras FF.AA. están totalmente integradas en la sociedad, y tienen una función admirable por su continua participación en operaciones de paz auspiciadas por Naciones Unidas y en operaciones nacionales de protección civil en incendios forestales y otras situaciones catastróficas, en los años ochenta el ejercito tenía todavía mucho poder político derivado de la etapa franquista y tenía tentaciones intervencionistas, como finalmente acabó haciendo el 23 F de 1981.

Las analogías tienen también un carácter político y social. La sociedad civil del año 1981 estaba, como ahora, convulsionada aunque por causas muy diferentes. La inflación aunque se había contenido después de los pactos de La Moncloa, alcanzaba todavía cifras superiores al 15%. La primera fase de la reconversión industrial estaba provocando fuertes protestas sindicales en sectores como el naval y el siderúrgico entre otros. El terrorismo etarra provocaba un gran malestar social que culpaba al gobierno, sobre todo los sectores más duros, de no ser suficientemente contundente, y cada entierro y cada funeral por las victimas del terrorismo suponían fuertes protestas, sobre todo de los sectores militares, todavía muy influyentes socialmente.

Políticamente, la situación era teóricamente muy favorable para la gobernabilidad del país. La UCD había ganado las primeras elecciones generales después de la Constitución por una mayoría muy confortable de 168 escaños, muy cerca de la absoluta, y también las primeras elecciones municipales de la democracia aunque sus resultados en las grandes ciudades no fueron excesivamente buenos.

Sin embargo la situación social brevemente apuntada en los párrafos anteriores causó mella en el partido que sustentaba al gobierno, la UCD, un partido con una estructura frágil por la forma como se había constituido y por la poca tradición de partidos democráticos en España. Esta fractura en el partido del gobierno supuso, de hecho, la perdida de la mayoría de Adolfo Suarez que se vio obligado a dimitir y a ceder la presidencia del gobierno a otro miembro de su partido: Leopoldo Calvo Sotelo. Como es sabido fue en la investidura de Calvo Sotelo cuando se produjo el intento de golpe de Estado.

La situación actúa se caracteriza también por una gran crisis social y política definida específicamente por la cifra de parados, que alcanza los seis millones equivalentes al 26% de los trabajadores activos, causada por la crisis económica y la explosión de la burbuja inmobiliaria, caracterizada por los recortes económicos y de derechos sociales y agravada por determinados comportamientos sociales como la actitud de la banca con los créditos y con las hipotecas y sobre todo la corrupción de ejecutivos, empresarios, personajes ligados a la realeza y algunos políticos que son finalmente el blanco de todas las miradas.

La corrupción política ha tenido en los últimos tiempos episodios de diferente naturaleza, desde actitudes meramente puntuales de algunos responsables hasta tramas organizadas que afectan a sectores enteros de algunas Administraciones Publicas.

Sin embargo la trama Gürtel-Barcenas tiene unas características y está alcanzando unas dimensiones insospechadas hasta hace poco tiempo Una trama de corrupción que lleva veinte años de actividad y afecta al núcleo dirigente del partido del gobierno, incluido su presidente, supone un salto cualitativo y supera todo lo conocido hasta el momento.

Si finalmente se demuestra que, como apuntan todos los datos, el actual presidente del gobierno ha cobrado sobresueldos en dinero negro, y ese dinero negro estaba originado, además, en comisiones ilegales de la Gürtel y otras operaciones, ese presidente debe dejar su cargo inmediatamente.

Si Adolfo Suarez pudo dimitir y dejar paso a Leopoldo Calvo Soltelo, Mariano Rajoy puede y debe hacer lo mismo y dejar su puesto a otro dirigente que no este implicado en las comisiones ilegales de Bárcenas.

Aunque el Partido Popular del año 2013 tenga una solidez mucho mayor que la UCD de los años ochenta, no puede ser inmune al desgaste que está teniendo su presidente y se verá obligado a tomar una decisión en el sentido de propiciar un cambio en el gobierno incluyendo su presidente.

Dimisiones de alto nivel

Primero abdicó la Reina Beatriz de Holanda, ahora lo hace el Papa, hace pocos días dimitió una ministra alemana descubierta por plagiar una tesis doctoral hace muchos años. La pregunta que surge es en España ¿Cuándo se dimite?

La dimisión del Papa, a pesar del bombo y platillo y los panegíricos que se le están haciendo, sorprendentes en un país supuestamente laico, no creo que tenga más historia que la retirada de un hombre muy mayor que tiene unas condiciones físicas muy mermadas que le dificulta su actividad diaria, muy intensa por razón de su cargo. Se trata de un simple acto de sentido común que seguramente quiera evitar el penoso espectáculo del anterior papa que se mantuvo en el puesto a pesar de su lamentable estado físico.

La abdicación de la reina de Holanda parece que responde a una tradición de la dinastía holandesa pues su madre, la reina Juliana, también dejó el trono al os 75 años. Si hay otras razones no se han hecho públicas.

La coincidencia de edad con nuestro monarca, ha llevado a que algunas voces sugieran que al rey Juan Carlos le ha llegado también la hora de abdicar.

No veo razones serias para que se produzca esa abdicación. Por un lado ni el Rey está tan deteriorado como el Papa, a pesar de sus operaciones de cadera mantiene intactas sus capacidades básicas, ni, por otro, en España tenemos una tradición como la holandesa de abdicar a los 75 años.

Por otro lado, el descrédito del Rey, una vez superado con una buena actuación el episodio de la cacería de elefantes, solo puede venir de la golfería de su yerno y no veo ninguna diferencia fundamental entre tener un rey con un yerno golfo u otro con un cuñado golfo. Lo que hace falta es que a Urdangarín le procesen y le encarcelen lo antes posible.

La abdicación del rey, y su sustitución por su hijo, no va a suponer el fin de la monarquía, y puede provocar una cierta inestabilidad que no creo que tenga mayor interés.

No hace falta ser monárquico para ser consciente de que el Rey Juan Carlos ha desempeñado un importante papel en España en la etapa democrática mientras que su hijo es, en principio, una incógnita y desde luego la posibilidad de una tercera República solo parece estar en las ilusiones de algunos visionarios. En estas condiciones mejor que nos quedemos como estamos.

Como expresé en otro artículo publicado en este mismo blog sobre ceses y dimisiones, no creo que la dimisión sea la panacea de nada y con excesiva frecuencia, se piden dimisiones con mucha alegría. Eso no obsta para que en determinadas situaciones la dimisión sea poco menos que obligada.

En España tenemos algunos casos de alto nivel que nos importan mucho más que la Reina Beatriz o el Papa, que muy posiblemente requieran la dimisión como única salida medianamente digna y no por razones de edad sino por actuaciones irregulares de mucha mayor gravedad.

Se trata de la dimisión de una buena parte del Gobierno del PP, empezando por la Ministra de Sanidad, implicada en Gurtel, o el Ministro de Hacienda mirando para otro lado para permitir el blanqueos del Sr. Bárcenas y de algunos imputados de la trama Gurtel.

El propio presidente del Gobierno, a pesar del intento de despiste que ha hecho presentando su declaración de la renta a partir del año 2008, tiene que explicar satisfactoriamente los sobresueldos presuntamente en negro de los años anteriores, o tomar también la senda de la dimisión.

Otro que lleva camino de seguir a su antiguo jefe es el vicepresidente de la patronal, que además de su imputación en Bankia, como reflejaba en el articulo anterior referido a la patronal, también utiliza a profusión el dinero negro para pagar a sus empleados.

Para no gustarme hablar de corrupción y no ser excesivamente partidario de las dimisiones, no hablo últimamente de otra cosa ¿Será la contaminación ambiental?

Empiezan a caer las fichas de dominó del PP

Con la dimisión de Antonio de Guindos, concejal delegado de seguridad cuando se produjo la tragedia del Madrid Arena, son cuatro ya los miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid que han  cambiado, desde que  Ana Botella sustituyo al alcalde elegido por los madrileños Alberto  Ruiz Gallardón.

El nombramiento de un nuevo delegado, en una persona que ni siquiera iba en las listas municipales del PP, nos hace pensar que el equipo de gobierno del Ayuntamiento cada vez se parece menos al que los ciudadanos eligieron en las urnas.

Las malas prácticas políticas que está realizando el equipo municipal que tiende a considerar la ciudad de Madrid como su cortijo particular, como intenté poner de manifiesto hace pocos meses comentando la tragedia de Madrid Arena,  han dejado prácticamente sin defensa a la alcaldesa, que no va a tener más remedio que dar la cara directamente, pues se le están terminando los peones.

El siguiente juego de dominó que puede caer es el de la Comunidad de Madrid. En primer lugar está el ático de Marbella del "heredero" Gónzalez comprado recientemente  a una misteriosa empresa Coast Investors, radicada en el paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos). Anteriormente  este ático estaba alquilado por el propio Gónzalez a un precio muy inferior al de mercado de la zona. Todo indica que, presuntamente, la adquisición de este inmueble se la ha hecho el heredero a si mismo, para evitar una investigación que en todo caso ya ha iniciado la fiscalía anticorrupción.

A las operaciones inmobiliarias de dudosa legalidad del Sr. presidente de la Comunidad de Madrid,  hay que unir los ataques desaforados de su gobierno contra los dos sectores más sensibles para la ciudadanía: la educación y la sanidad.

La contundente respuesta que las mareas verde y blanca, formadas por profesionales, sindicatos, organizaciones sociales, están dando a estas políticas es muy probable que obligue a hacer cambios en el gobierno madrileño. 

El último juego de dominó a punto de caer corresponde al gobierno nacional presidido por Mariano Rajoy, cada vez más rodeado por el asunto Bárcenas ligado con la trama Gürtel y que incluye, presuntamente, el reparto de sobres con sobresueldos a varios  dirigentes populares incluido el actual presidente del gobierno.

El descubrimiento de estos sobres está todavía en su fase inicial que consiste en negarlo todo, o casi todo, y poner a funcionar el ventilador para  implicar a otras organizaciones. La segunda fase,  es empezar a derribar las primeras fichas del dominó del gobierno, cortando la cabeza a los actores secundarios como Mato, Montoro...La fase final será, probablemente, la caída de la pieza mayor, el seis doble, una vez que se hayan derribado todas las defensas.

Los síntomas ya empiezan a verse, en la última encuesta del CIS, recientemente publicada,  se predice una caída a plomo de los votos populares, aún antes de conocerse públicamente los supuestos papeles  del tesorero Bárcenas. Del mismo modo que en la Comunidad de Madrid, las políticas  que esta realizando el PP en materia educativa y sanitaria tienen mucha responsabilidad  en esta caída, pero no solo ellas, el gobierno del PP, seguramente ensorbecido por su mayoría absoluta, está realizando un ataque frontal a toda la sociedad en materias, de su exclusiva competencia como la reforma laboral o la de la  justicia, entre otras.

Es urgente que los partidos progresistas, y el PSOE en primer lugar, seamos capaces de ofrecer alternativas serias y fiables que nos permitan  recuperar la credibilidad pérdida el 20N, pues a pesar de los errores que se puedan haber cometido, no somos iguales.

Como decía el lema  de la manifestación del 20S: 

QUIEREN ACABAR CON TODO

Sube el Nivel de Corrupción

Llevo bastante tiempo intentando evitar escribir sobre este tema porque me resisto a admitir que España es un País corrupto, como parece desprenderse de la información persistente de los medios de comunicación, de los comentarios de muchos compañeros y amigos, de la proliferación de culebrones de Email que circulan en la red en los que se mezclan hechos, inventos y medias verdades.

Estoy cansado de que se vea casi siempre la botella medio vacía de que se enfoque cualquier cosa por el lado más negativo o de que el éxito que pueda tener cualquiera en cualquier situación se acompañe de sospechas, aunque no haya ningún motivo para ello. La sociedad se está instalando en una desconfianza y un pesimismo inaguantable.

En un articulo que publiqué en este mismo blog el pasado mes de Septiembre,  Ofensiva para debilitar nuestra democracia, explicaba las razones por las que creía que España no era un pais corrupto basándome en los datos ofrecidos por Tranparencia Internacional (TI) 2011. El informe de TI 2012 acaba de hacerse público y la posición de España es la misma que en el del año anterior, incluso mejora ligeramente pues está en el puesto 30, de 174 países con 65 puntos, en 2011 nos situábamos en el puesto nº 31 con 63 puntos. Los informes de TI se hacen utilizando 13 encuestas internacionales de reconocido prestigio, en el caso de España se han utilizado los datos de 7 de estas encuestas, por lo que la fiabilidad es bastante alta.

Con estos datos tengo que ratificarme en mi posición anterior, aunque sea minoritaria, España NO es un país corrupto. Otra cosa es que el nivel de corrupción haya subido de grado en los últimos tiempos y no haya más remedio que tomar medidas para controlarlo.

Sin duda hay que atacar a la corrupción en todas sus manifestaciones, pero es necesario decir a continuación que no todos los tipos de corrupción son iguales, como no es lo mismo robar una cartera que atracar un banco aunque seamos contrarios a ambos tipos de robo.

El nivel de corrupción que se ha descubierto en al caso Bárcenas supera todo lo conocido hasta ahora y solo acaba de empezar.

• En primer lugar el carácter institucional de la trama corrupta. No se trata de la aparición de un sinvergüenza, que puede surgir en cualquier parte, en la misma Casa Real con el Duque de Palma o en la Fundación Ideas del PSOE como en el caso Amy Martin.
• En segundo lugar por el montante de la trama. Han aflorado 22.000.000 de Euros en una cuenta en Suiza controlada por el recaudador. Si la comisión del recaudador son 22M€. ¿Cual será el valor total de lo ocultado?
• En tercer lugar por su duración. Es una trama de corrupción permanente, pues han sido 18 años, desde 1990 hasta 2008.
• En cuarto lugar por la extensión y la calidad de las personas presuntamente implicadas: la cúpula nacional del Partido Popular de varios años, incluyendo al parecer a varios ministros y al actual presidente del gobierno.
• En quinto lugar porque abarca prácticamente todos los formatos de la corrupción: Prevaricación cohecho, pago de comisiones, financiación ilegal de partidos, donaciones ilegales, ocultación de fondos en paraísos fiscales, blanqueo de dinero...

Antes del caso Bárcenas, la corrupción institucional había afectado a Ayuntamientos como Majadahonda, Las Rozas o Pozuelo, Áreas enteras de Comunidades Autónomas como Madrid, Catalunya o Andalucia, afectando incluso a presidentes autonómicos como los de Baleares o Valencia pero las connotaciones del caso Bárcenas que toca a las últimas direcciones nacionales del partido del gobierno, el PP, supera cualquier comparación.

Aunque la corrupción institucional está varios peldaños por encima de la corrupción individual, o matrimonial, no por ello son menos significativos algunos casos de corrupción individual, que afectan a instituciones muy significativas.

El caso Amy Martin, aunque limitado en su importe comparado con todos los demás, supone la estafa a una institución progresista, que tendría que ser mucho más cuidadosa, la Fundación Ideas del PSOE, que ha pecado de imprudencia e ingenuidad al poner al frente de esta institución a un personaje que barría para dentro y que acabó, junto con su mujer, justificando la estafa con una película delirante. Nos roba y luego nos quiere tomar por idiotas. Afortunadamente la reacción de partido ha sido rápida y eficaz despidiendo de forma fulminante al estafador y exigiendo la devolución de lo estafado.

Otro caso de carácter individual, o matrimonial, con un importe y una duración considerable, es el del duque de Palma que aprovechándose de su relación con la casa Real ha sangrado económicamente de forma inmisericorde a instituciones y empresas. También en este caso la reacción de la Casa Real ha sido relativamente contundente, dentro del contexto delicado de esta situación, con un apartamiento progresivo de este personaje del entorno familiar después de intentar, en este caso de forma poco eficiente, de apartarle de sus actividades delictivas.

El PP anda empeñado en un pacto anticorrupción que sea capaz de cortar de raíz la corrupción política, el PSOE debería entrar en ese pacto pero siendo consciente que su proyección es de futuro, por lo que es imprescindible que antes, sin perjuicio de las responsabilidades penales, se hayan pagado políticamente de forma eficiente, con las dimisiones ceses que fueren necesarios, las responsabilidades políticas..

Ceses y Dimisiones

En España está muy poco extendida la costumbre de presentar la dimisión cuando se han cometido errores serios de gestión o, lo que es más grave, se han producido situaciones irregulares desde el punto de vista administrativo e incluso penal.

Tampoco es muy frecuente que se cese al responsable de la mala gestión si la dimisión no se produce

La destitución del vicealcalde de Madrid, M. A. Villanueva y su posterior dimisión como concejal, la seudodimisión de ningún sitio del cacique gallego J.L. Baltar y la negativa a dimitir de sus cargos del presidente de la Unión Democrática de Catalunya(UDC), J. A. Duran Lleida, ponen en primer plano de la actualidad estos asuntos.

Aunque no soy nada fundamentalista con las dimisiones, pues considero que no es el ungüento amarillo que todo lo cura y que se abusa en demasiadas ocasiones en pedir dimisiones, si creo que en determinadas circunstancias una dimisión o un cese, a tiempo es una medida muy higiénica desde el punto de vista democrático.

El esquema es en principio sencillo: todo responsable político que cometa un error grave o se vea inmerso de forma fehaciente en una situación legal irregular, debería dimitir o ser cesado. El problema aparece cuando se intentan definir los límites de error grave o situación legal irregular.

Analicemos los últimos casos.

El cese del Sr. Villanueva era prácticamente inevitable, dado que los datos que han ido apareciendo sobre la tragedia del primero de noviembre, revelaban tal cumulo de errores, mala gestión, imprudencias, favoritismos, e irregularidades de todo tipo, que obligaban a una depuración de responsabilidades, que no se podían quedar, ni siquiera para el PP, simplemente en sacrificar una pieza menor, como el responsable del Madrid Arena, sino que tenían que ir más arriba, hasta llegar al vicealcalde, si el gobierno del Ayuntamiento de Madrid quería que el conflicto no se le fuera del todo de las manos. La dimisión posterior de M.A. Villanueva como concejal, cargo del que no le pueden cesar, es un acto complementario sin mayor trascendencia.

La pregunta que surge ahora es si es suficiente con esta destitución o es imprescindible llagar hasta la máxima autoridad municipal: la alcaldesa.

La dimisión de la alcaldesa sería el reconocimiento explícito del fracaso del gobierno municipal y el PP va resistirse a hacerlo con uñas y dientes, por otro lado las responsabilidades las tenía delegadas por lo que, en rigor, no se le puede atribuir una responsabilidad directa, lo lógico es que intenten aguantar el chaparrón con el cese de Villanueva.

El caso del cacique gallego, uno de los históricos presidentes de diputación del PP gallego, que hacía y deshacía a su antojo, es totalmente distinto.

Este personaje, que fue presidente de la diputación de Orense durante 22 años, enchufó a medio partido en ella y es ahora, cuando ya se ha jubilado, y a modo de virrey, ha cedido el cargo a su hijo, cuando se ha conseguido por fin instruir un sumario contra él, que esperemos acabe con sus huesos en la cárcel.

La dimisión en este caso es una broma pues dimite como militante del PP, lo que a los ciudadanos les importa más bien nada, y si lo que pretende como dice, es proteger al PP de las consecuencias, la broma es doble pues justamente la imputación es por favorecer de forma fraudulenta a los militantes de dicho partido. El comportamiento de este y otros presidentes de diputación es una variante, en interpretación libre, de lo que se conoce en biología como simbiosis parasitaria, por la cual el presidente se beneficia con el cargo y los militantes, que le facilitan el nombramiento, se benefician a su vez de los enchufes del presidente. La parasitada en este caso sería la sociedad gallega, que es quien paga las facturas. En estos casos el cese no es posible y la dimisión es una caricatura y solo queda el juzgado.

El último ejemplo está relacionado con el presidente de UDC, J.A. Durán Lleida, que no piensa dimitir por las responsabilidades del llamado caso Pallerols, desvío de fondos públicos de la Unión Europea por el procedimiento de que un contratista amigo (el tal Pallerols) hinchase las facturas de formación relativas a la concesión que le habían hecho previamente desde el gobierno catalán (de CiU) de la época, que finalmente acabaron financiando UDC.

Se ha producido un acuerdo con la fiscalía para evitar el juicio pero por el mismo UDC se ve obligada a reconocer el desvío de fondos, es decir el reconocimiento de su culpabilidad. Aunque Duran Lleida niega estar personalmente imputado, tiene responsabilidades civiles "in vigilando", que parece asumir devolviendo las cantidades desviadas, pero también políticas que requerirían la dimisión de su cargo, como por otro lado se había comprometido a hacer hace unos años, cuando el proceso estaba comenzando. La simple petición de perdón por los hechos parece una salida demasiado suave.

La circunstancia de que los hechos juzgados daten de 1994 es un indicador más de la poca de la eficiencia de la justicia española en estos casos.

El Cortijo madrileño del PP: Madrid Arena

La tragedia de la noche de Halloween en Madrid Arena, que costó la vida a cuatro chicas mientras una quinta sigue todavía en estado muy grave, revela las insuficiencias y las miserias de la gestión del Ayuntamiento de Madrid que considera la ciudad como su Cortijo en el que todo vale.

Si se consideran globalmente todas las deficiencias observadas, se concluye que el comportamiento de los responsables del PP en el Ayto. de Madrid reúne todos los requisitos propios de una actitud caciquil.

·         Pusieron a disposición de grandes espectáculos de masas, un recinto que no reúne las condiciones de seguridad mínimas exigidas para albergar ese tipo de acontecimientos.

·        Contrataron con un empresario amigo, con fuertes lazos con responsables del PP. sin tener en cuenta que tenía cuentas pendientes con la seguridad social.

·       Pusieron una tarifa más baja, para un aforo de solo 5.000 personas, cuando vende casi 10.000 entradas y finalmente entraron al espectáculo muchos más espectadores.

·         No controlaron convenientemente el acceso

·         Desplegaron pocos efectivos policiales municipales, insuficientes para controlar el exterior adecuadamente (responsabilidad del Ayuntamiento)

·         La Delegación del Gobierno brillo por su ausencia

·       Se celebró un gran botellón en el parking del recinto, pagando diez € por coche.

·         Contrataron pocos guardas de seguridad que ni controlaron el DNI, ni registraron bolsos ni mochilas (responsabilidad del contratista)

·         Permitieron la entrada en tromba, a partir de determinada hora, de una multitud de jóvenes sin entrada y con síntomas de alcoholemia

·         No controlaron adecuadamente los movimientos en el interior del local.

o   Escasos efectivos de seguridad dentro del recinto que permitieron que se concentraran más personas de las permitidas en la pista central.

o   Los pasillos, que eran estrechos para la multitud que discurría por ellos en distintos sentidos, no fueron tampoco controlados.

·        Contrataron unos servicios de asistencia médica totalmente insuficientes.

Después de la catástrofe todos los responsables del Ayuntamiento y de la empresa se pusieron de perfil, diciendo que ellos no habían sido y que la culpa era de la imprudencia de algunos de los asistentes que lanzaron petardos.

Esta visión de conjunto demuestra una vez más, aunque en esta ocasión las consecuencias han sido muy graves, que el Partido Popular gestiona el Ayuntamiento de Madrid como si fuera su propio cortijo, haciendo lo que le da literalmente la gana y echando luego la culpa "al empedrao" cuando surgen los problemas, aunque sean tan graves como en esta ocasión.

La gestión de la alcaldesa sustituta, como por otro lado de su compañero, y al parecer enemigo de partido, el presidente sustituto de la Comunidad de Madrid ,se está demostrando lamentable.

Afortunadamente estamos en un Estado Democrático, a pesar de sus limitaciones y los familiares de las victimas en primer lugar, los representantes de la oposición, los sindicatos policiales, etc. están exigiendo las responsabilidades pertinentes, que ya han conseguido la dimisión de un concejal y la destitución de dos responsables de las empresas municipales. La dimisión de la alcaldesa sustituta se va acercando.

Los jueces están también tomando cartas en el asunto y ya han imputado a responsables empresariales y municipales, y hay que esperar que actúen con decisión y los responsables sean finalmente procesados y condenados.

La ciudad de Madrid no se merece una alcaldesa y un equipo municipal de gobierno como el que tenemos, es necesario que la oposición de izquierdas se "ponga las pilas" y sea capaz de articular una alternativa creíble en los dos años y medios que quedan de legislatura, para acabar de una forma definitiva con este tipo de gobiernos.