Una parte muy importante de la ciudadanía catalana esta dando una respuesta muy contundente a la sentencia del procés que condena a más de 100 años a los miembros del anterior gobierno catalán.
Una semana de concentraciones y manifestaciones con la participación de centenares de miles de ciudadanos, incluyendo cinco marchas de tres días desde distintos puntos de Cataluña, son protestas muy potentes que hay que tener en cuenta, a pesar de que hayan sido oscurecidas por actuaciones de violencia extrema que han realizado minorías muy amplias de separatistas radicales, al parecer apoyados por elementos antisistema de distintas procedencias.
la expresión minoría hay que entenderla en términos relativos, pues unos cuantos miles de violentos son sin duda una minoría en relación con los cientos de miles de manifestantes, pero son más que suficientes para causar una situación de violencia intolerable, con múltiples heridos entre manifestantes y miembros de los cuerpos policiales, que ha conseguido poner en primer plano el orden público por encima del problema político catalán.
La falta de criterio político del actual gobierno catalán, cuyo presidente ha preferido apoyarse en todos los independentistas, violentos incluidos y, en consecuencia, no ha condenado de forma específica la violencia, ha conseguido trasladar el debate al conflicto callejero en vez de a las reivindicaciones sociales. En este contexto ha sido el gobierno de Madrid el que ha tenido que salir a defender el orden público y a los cuerpos de seguridad del Estado, mossos de escuadra incluidos, que han cumplido con eficiencia su función en una situación muy complicada, mientras que Torra y buena parte de su gobierno que no incluye al consejero de seguridad, ponía el foco en algún caso aislado de exceso de celo que haya podido haber en un operativo tan amplio.
La triple derecha nacional ha seguido considerando a Cataluña y los catalanes como enemigos del Estado y todas sus "soluciones" pasan por incrementar la tensión proponiendo la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, el articulo 155, o, en el caso de Vox para ser más que nadie, el Estado de Excepción.
Los partidos nacionalistas profundamente divididos entre ellos capean el temporal como pueden debatiéndose entre la búsqueda de una mínima racionalidad y la necesidad que tienen de amparar minimamente los desvaríos de su president.
Los Podemitas y los Comunes se limitan a mantener un angélico llamamiento en abstracto a la necesidad del dialogo sin aportar ningún elemento concreto de interés.
El gobierno y el PSOE están ejerciendo su responsabilidad de equilibrar el mantenimiento del orden público con el respeto al autogobierno catalán, respetando la institución autonómica a pesar de los desafueros del binomio Torra-Puigdemont, incapaz de dar una dirección política al fuerte movimiento ciudadano que pide la libertad de los presos del procés y que, sin ella, no tiene ninguna posibilidad de conseguir sus propósitos.
Las movilizaciones desarrolladas en estos días tienen dos objetivos, uno de fondo:
El objetivo de fondo requiere un proceso político imposible a corto y medio plazo, y está dificultado, además, por la campaña electoral y, sobre todo, por la actitud lamentable del binomio Torra-Puigdemont.
La libertad de los condenados tiene varios caminos a seguir:
Una semana de concentraciones y manifestaciones con la participación de centenares de miles de ciudadanos, incluyendo cinco marchas de tres días desde distintos puntos de Cataluña, son protestas muy potentes que hay que tener en cuenta, a pesar de que hayan sido oscurecidas por actuaciones de violencia extrema que han realizado minorías muy amplias de separatistas radicales, al parecer apoyados por elementos antisistema de distintas procedencias.
la expresión minoría hay que entenderla en términos relativos, pues unos cuantos miles de violentos son sin duda una minoría en relación con los cientos de miles de manifestantes, pero son más que suficientes para causar una situación de violencia intolerable, con múltiples heridos entre manifestantes y miembros de los cuerpos policiales, que ha conseguido poner en primer plano el orden público por encima del problema político catalán.
La falta de criterio político del actual gobierno catalán, cuyo presidente ha preferido apoyarse en todos los independentistas, violentos incluidos y, en consecuencia, no ha condenado de forma específica la violencia, ha conseguido trasladar el debate al conflicto callejero en vez de a las reivindicaciones sociales. En este contexto ha sido el gobierno de Madrid el que ha tenido que salir a defender el orden público y a los cuerpos de seguridad del Estado, mossos de escuadra incluidos, que han cumplido con eficiencia su función en una situación muy complicada, mientras que Torra y buena parte de su gobierno que no incluye al consejero de seguridad, ponía el foco en algún caso aislado de exceso de celo que haya podido haber en un operativo tan amplio.
La triple derecha nacional ha seguido considerando a Cataluña y los catalanes como enemigos del Estado y todas sus "soluciones" pasan por incrementar la tensión proponiendo la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, el articulo 155, o, en el caso de Vox para ser más que nadie, el Estado de Excepción.
Los partidos nacionalistas profundamente divididos entre ellos capean el temporal como pueden debatiéndose entre la búsqueda de una mínima racionalidad y la necesidad que tienen de amparar minimamente los desvaríos de su president.
Los Podemitas y los Comunes se limitan a mantener un angélico llamamiento en abstracto a la necesidad del dialogo sin aportar ningún elemento concreto de interés.
El gobierno y el PSOE están ejerciendo su responsabilidad de equilibrar el mantenimiento del orden público con el respeto al autogobierno catalán, respetando la institución autonómica a pesar de los desafueros del binomio Torra-Puigdemont, incapaz de dar una dirección política al fuerte movimiento ciudadano que pide la libertad de los presos del procés y que, sin ella, no tiene ninguna posibilidad de conseguir sus propósitos.
Las movilizaciones desarrolladas en estos días tienen dos objetivos, uno de fondo:
- El derecho a la autodeterminación y a la independencia de Catalunya
- La libertad de los nueve condenados en el procés.
El objetivo de fondo requiere un proceso político imposible a corto y medio plazo, y está dificultado, además, por la campaña electoral y, sobre todo, por la actitud lamentable del binomio Torra-Puigdemont.
La libertad de los condenados tiene varios caminos a seguir:
- Recursos judiciales al TC y al TEDH
- Medidas de gracia
- Beneficios penitenciarios.
Los recursos judiciales son un paso obligado para los condenados que tienen que tramitar ellos mismos y en orden consecutivo. La tramitación de estos recursos, especialmente el del tribunal de Estrasburgo, es un proceso largo que puede durar muchos meses.
La medida de gracia preferida por los nacionalistas, es la amnistía que borra totalmente todos los antecedentes. Después de la amnistía de 1977, promulgada para liberar a los presos políticos de la dictadura, la Constitución del 78 no hace ninguna referencia a la posibilidad o no de promulgar amnistías por lo que, al menos teóricamente, si sería posible aunque no parece fácil que se haga.
En cuanto a los indultos, la constitución prohíbe expresamente los indultos generales mientras que los individuales deben solicitarse por cada uno de los condenados, lo que, según han declarado en distintas ocasiones, no van a solicitar.
Queda, por último, la aplicación de la ley penitenciaria que permite en determinadas condiciones la concesión de permisos o terceros grados, siempre supervisados por el tribunal sancionador, en este caso el Tribunal Supremo.
Las medidas penitenciarias serán, casi con total seguridad, la vía elegida por los nueve presos para mitigar sus condenas. Estas vía tienen dificultades políticas debido a la férrea oposición de las tres derechas y a la actitud provocadora del govern catalán.
Aunque sea imprescindible abrir cuanto antes un proceso de negociación entre Cataluña y el Estado, no parece posible iniciarlo hasta después del 10N, con un gobierno en plenitud de funciones y, preferiblemente, con un nuevo gobierno catalán pues con el gobierno actual parece imposible. Hay que esperar que la coalición ERC-PDCAT se rompa y unas nuevas elecciones autonómicas elijan un nuevo gobierno en Cataluña que permita reconducir las relaciones con el Estado.
En cuanto a los indultos, la constitución prohíbe expresamente los indultos generales mientras que los individuales deben solicitarse por cada uno de los condenados, lo que, según han declarado en distintas ocasiones, no van a solicitar.
Queda, por último, la aplicación de la ley penitenciaria que permite en determinadas condiciones la concesión de permisos o terceros grados, siempre supervisados por el tribunal sancionador, en este caso el Tribunal Supremo.
Las medidas penitenciarias serán, casi con total seguridad, la vía elegida por los nueve presos para mitigar sus condenas. Estas vía tienen dificultades políticas debido a la férrea oposición de las tres derechas y a la actitud provocadora del govern catalán.
Aunque sea imprescindible abrir cuanto antes un proceso de negociación entre Cataluña y el Estado, no parece posible iniciarlo hasta después del 10N, con un gobierno en plenitud de funciones y, preferiblemente, con un nuevo gobierno catalán pues con el gobierno actual parece imposible. Hay que esperar que la coalición ERC-PDCAT se rompa y unas nuevas elecciones autonómicas elijan un nuevo gobierno en Cataluña que permita reconducir las relaciones con el Estado.
