VOX se estrella

La moción de censura presentada por VOX contra el gobierno progresista ha tenido un efecto  contrario al deseado por sus promotores. 

La intención de VOX era liderar la oposición de derechas, obligando al PP y a Cs a definirse votando a favor, o al menos, absteniéndose en la votación parlamentaria.

La  lógica política era evidente, si durante estos meses de gobierno progresista el PP, y en menor medida Cs, habían mantenido posiciones muy parecidas a las de VOX, no tenía sentido que se opusiesen a su moción de censura.

El resultado final de la votación dejando solo a VOX en la defensa de su moción y con un discurso claro y rotundo de Pablo Casado poniendo a la ultraderecha en su sitio, ha convertido por primera vez al Congreso de los Diputados en un parlamento  europeo en el que los neofascistas no son bienvenidos.

La posición del PP es un claro salto adelante en la vuelta hacia cierta  normalidad institucional, pero no es en absoluto suficiente y para que su cambio sea creíble, son necesarias otras actuaciones que lo confirmen, tanto en el parlamento nacional como en la Unión Europea y en las autonomías y ayuntamientos en las que gobierna apoyado por VOX.

En el parlamento nacional el PP debería hacer algunas cosas tan elementales como:

• Dejar de bloquear la renovación de las instituciones (CGPJ; TC; Defensor del Pueblo.....) 
• No utilizar sistemáticamente la pandemia para descalificar al gobierno y apoyar el Estado de Alarma.
• Dejar de hacer demagogia fácil en las sesiones de control  al gobierno.
• Hacer enmiendas constructivas en los PGE y en la gestión de los fondos europeos.

En el parlamento europeo deberían abstenerse de conspirar contra España con los grupos mas reaccionarios del Parlamento Europeo.

En las CC.A donde gobiernan el PP(y también Cs) tienen un papel más difícil, pues son prisioneros del apoyo externo de VOX, que, además, tomará la iniciativa en ellas como respuesta a la bofetada que ha supuesto el NO, y el discurso del PP, en su moción de censura.

En los acuerdos de gobierno de las CC.AA de Andalucía, Murcia y Madrid y en el Ayuntamiento de la capital. VOX asumió el papel de "pagafantas" apoyando gobiernos en los que no participaba y aguantando, además, los gestos de asco de Ciudadanos.

En este contexto VOX podría limitarse a algunas "acciones menores" contra los gobiernos de derechas como:

• Hacer declaraciones críticas.
• Votar en contra de sus iniciativas.
• Presentar enmiendas a sus propuestas de ley.
• Hacer propuestas incomodas para ellos obligándoles a  tomar posición.
• Apoyar alguna iniciativa de los partidos de izquierdas.

Una vuelta más de tuerca podría ser:

• Rechazar sus presupuestos en un momento en que  son mas necesarios.
• Exigir la entrada de VOX en los gobiernos autonómicos.

Estas acciones pueden obligar al PP a convocar elecciones anticipadas o incluso a que pueda producirse un relevo en los gobiernos, aunque hay que suponer que VOX nunca favorecerá un gobierno de izquierdas.

La situación más crítica está sin duda en Madrid donde el PP tiene una presidenta totalmente inoperante que, además, tiene un enfrentamiento constante con su vicepresidente de Cs. Una posición activa de VOX en Madrid contra el gobierno PP-Cs, podría reventarlo  y abrir camino a una moción de censura contra el gobierno de la comunidad madrileña.

Las togas en pie de guerra

El poder judicial, igual que los otros poderes de un Estado democrático, depende del pueblo y debe ser elegido por él de una u otra forma.

También es necesario, y la Unión Europea está poniendo mucho énfasis en ello, que el poder judicial tenga la máxima independencia posible del poder político.

Esta doble condición no es fácil de conciliar en la práctica pues la especificidad del poder judicial hace inviable su elección directa y, al tener que elegir los jueces de forma indirecta, se produce una inevitable relación con el poder político.

En España, en forma similar a algunos otros países europeos, se ha creado un organismo especifico, el Consejo General del  Poder Judicial (CGPJ) para gobernar y administrar los tribunales con independencia del gobierno. El CGPJ, compuesto por  20 miembros más el presidente, se elige actualmente por las cámaras parlamentarias a razón de 8 miembros entre  juristas de reconocido prestigio y 12 entre jueces y magistrados, la mayoría necesaria es de 3/5 en ambos casos, aunque la Constitución solo obliga a esta mayoría en el caso de los 8 juristas.

El bloqueo sistemático del PP en la elección de estos vocales ha llevado a que lleven en funciones  más de  dos años. Este bloqueo es sistemático y responde a una estrategia política destructiva, pues afecta también a otros órganos importantes como Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Consejo de RTVE, y responde a una forma filibustera de hacer política de oposición que el PP esta poniendo en práctica desde que perdió el gobierno en la moción de censura.

Para salir de esta situación anómala, los grupos parlamentarios PSOE y UP han presentado una proposición de ley para cambiar la forma de  elección de los miembros del CGPJ consistente en hacer una segunda vuelta por mayoría absoluta si no se han obtenido 3/5 en la primera.

Aunque esta propuesta garantiza que se complete la elección de los miembros del CGPJ, aumenta la dependencia política pues con este sistema, los partidos que apoyan al gobierno pueden obtener con más facilidad los representantes de su preferencia.

La propuesta presentada incluye también la limitación de funciones del Consejo una vez terminado su mandato, lo mismo que sucede en cualquier otro órgano electivo. Es posible que la simple aprobación  de esta opción facilite el consenso sin necesidad de modificar las mayorías necesarias.

Algunos miembros del Consejo, algunos tribunales superiores las asociaciones de jueces y los partidos de derechas han expresado su oposición a esta reforma legal y, para limitar la dependencia política proponen una elección directa por los jueces, sin considerar que, de hacerse así, tendríamos una dependencia corporativa y tecnocrática con el consiguiente déficit democrático pues los jueces ya no dependerían del pueblo y sino de un grupo de funcionarios cualificados, no elegidos por nadie.

Las espadas siguen en alto y para salir del atolladero, el gobierno ha congelado su propuesta para intentar llegar a un acuerdo sobre la legislación actual de mayoría de 3/5, comprobando de paso si el reciente distanciamiento entre PP y VOX producido en la moción de censura de VOX, empieza a tener consecuencias positivas.

Gambito de Rey a Felipe VI

El gambito de rey es una jugada de  estrategia del  ajedrez, que consiste en ofrecer el sacrificio de una pieza a cambio de obtener ventaja posicional. La pieza que se ofrece para el sacrificio es el peón de rey.

El presidente, en funciones desde hace mas de  dos años, del CGPJ y del Tribunal Supremo ha inventado una nueva suerte de gambito de rey, ofreciendo el sacrificio no de un peón sino del propio Rey, con el objetivo aparente de mejorar su imagen, un tanto deteriorada por su prolongada situación de interinidad.

Afortunadamente el gobierno rehusó el gambito protegiendo con ello la figura del Rey.

La operación consistía en invitar al Rey a presidir un acto judicial de entrega de nombramientos haciendo coincidir su fecha con la de la promulgación de la sentencia contra el ex presidente Torra, aprovechando que el mismo controlaba las dos acciones.

El gobierno consideró la presencia del Rey en Barcelona en una fecha tan conflictiva innecesaria, pues podría dar lugar a manifestaciones importantes contra la monarquía que contribuirían al deterioro de la institución ya un tanto desprestigiada sobre todo en Cataluña. No se trata por tanto de la seguridad  física del Rey, que tiene que estar garantizada en cualquier circunstancia.

El acto sustitutivo programado por el gobierno, en mi opinión innecesario, para compensar la anterior ausencia del Rey, consistente en otra entrega de premios a no importa quien, dio lugar a manifestaciones independentistas contra la monarquía, seguramente menos numerosas que las que hubieran tenido lugar en el momento de la sentencia contra Torra.

La posterior disculpa del Rey por no asistir al acto, hecha publica por el presidente del CGPJ de forma imprudente, y quizá interesada, provocó la protesta de algunos ministros de Unidas Podemos, que consideraron que Felipe VI se había salido de su papel constitucional.

La tormenta siguió creciendo con el rasgado de vestidura de las derechas nacionales que consideran al Rey como una figura sagrada e intocable.

El resultado de esta controversia  es  un incremento del desprestigio de la monarquía en sentido contrario de las pretensiones de la derechas que, al considerar al Rey como de su propiedad, contribuyen a separarlo del conjunto de la población haciendo un flaco servicio a la monarquía.

En pleno siglo XXI, la institución monárquica, que atribuye la jefatura del Estado al heredero de una determinada familia por derecho divino, no tiene ninguna defensa teórica. Su única justificación es la inercia histórica que, a base de reducir su capacidad operativa y limitarse a funciones simbólicas, ha conseguido mantenerse en algunos países europeos.

En España la monarquía fue restaurada por el general Franco con objeto de perpetuar la dictadura, sin embargo, la actitud positiva del Rey Juan Carlos en los tiempos de la transición, consiguió que lo que en principio  fue una imposición del dictador, tuviera un importante apoyo popular.

Desde 1978 muchos ciudadanos nos convertimos en republicanos Juancarlistas, pues, aunque seguimos considerando que la república es el único modelo de Estado admisible, una monarquía parlamentaria puede ser un modelo aceptable por razones pragmáticas. 

Evidentemente hay muchos otros ciudadanos que no  comparten esta idea y siguen, con todo su derecho, reivindicando la necesidad de proclamar cuanto antes la tercera República.

La huida del Rey emérito a un país feudal después de que haya salido a la luz su implicación en negocios de muchos millones de  euros impropios de su posición, está consiguiendo que los antiguos republicanos Juancarlistas nos estemos quedando sin argumentos y nos sintamos más cerca de los republicanos radicales.

Surge entonces la siguiente pregunta ¿Sigue siendo la monarquía una institución que hay que defender a toda costa?

Hace unos años la respuesta hubiera sido claramente positiva, pues los costes sociales y políticos que  supondría ese intento serían superiores a los beneficios de  una república parlamentaria sobre la actual monarquía, y el referéndum asociado a ese cambio constitucional se resolvería con toda probabilidad de forma favorable a la monarquía.

A fecha de hoy después de conocerse los negocios del rey emérito, y del procesamiento anterior por corrupción de su hija y de su yerno, la respuesta no está tan clara.

El gobierno está obligado a seguir protegiendo la institución monárquica pero tiene que ser consciente, y también la casa real, de que el apoyo no puede ser eterno y que es necesario extremar la prudencia para  evitar que la institución siga deteriorándose.

Madrid en la encrucijada

El voto en contra de la Comunidad de Madrid, con reclamación judicial incluida, al acuerdo adoptado por  la Comisión intersectorial de sanidad de restringir la movilidad en las ciudades de mas de 100.000 habitantes que tengan una incidencia de infectados por coronavirus superior a 500 por cada  100.000 habitantes, ha llevado a esta comunidad a una encrucijada de complicada salida.

La posición adoptada por la presidenta IDA (Isabel Diaz Ayuso) no ha tenido el apoyo de Cs cuyo máximo dirigente y vicepresidente de la comunidad, celebró primero el acuerdo con el gobierno central y  se manifestó a continuación contrario a la reclamación judicial. Posteriormente dimitió el consejero de políticas sociales, también de Cs, que ya había tenido diferencias profundas con IDA por la gestión de las residencias de mayores.

La desautorización pública de IDA y sus edecanes a la postura del vicepresidente anuncia una crisis en el gobierno de Madrid que en lógica política elemental, debiera suponer la dimisión de Ignacio Aguado (IAG) e incluso extenderse a todos los consejeros de Cs.

Si IAG no dimite quedaría en una posición política humillante y Ciudadanos como un partido sin valor en la comunidad madrileña.

Si IAG dimite se abriría una profunda crisis política cuya salida es compleja. Una autentica encrucijada.

Las opciones podrían ser las siguientes:

• PP y Cs recomponen sus diferencias, incluso con intervención de sus dirigentes nacionales y IAG reconsidera su posición de dimitir.
• IAG mantiene su dimisión y es sustituido por otro diputado/a de Cs.
• Cs sale del gobierno de Madrid pero mantiene su apoyo parlamentario negociando los puntos conflictivos con el PP.
• Ruptura total entre PP y Cs que abre  la opción de la moción de censura.
• Con independencia de la posición que finalmente adopte IAG, podría producirse la rebelión de un sector de Cs  que  se uniría  a la izquierda para impulsar la moción de censura.
• IDA convoca elecciones anticipadas para evitar la moción de censura.

La encrucijada política que se ha producido en Madrid afecta a todos los grupos políticos de la Asamblea.

• El PP tiene que decidir si mantiene su postura de oposición total al gobierno nacional arriesgando su pacto con Cs y poniendo en riesgo los acuerdos suscritos en otras CC.AA. y Ayuntamientos.
• Cs tiene que decidir entre aceptar las humillaciones continuas de IDA, que le están convirtiendo en un partido irrelevante o completar el giro al centro que, con muchas dudas y contradicciones, ha iniciado en el parlamento nacional.
• El PSOE tiene que decidir si mantenerse como hasta ahora como un simple espectador de primera o dar un paso hacia la moción de censura incluyendo la posibilidad de que sea fallida o que tenga que apoyarse en el sector crítico de Cs.
• Más Madrid y Unidas Podemos tienen que evitar posturas maximalistas y no dificultar el posible acuerdo con Cs.

Todos los grupos tienen que tomar decisiones arriesgadas pero, por encima de las estrategias políticas están las necesidades de los ciudadanos madrileños que son  el territorio europeo más afectado por la pandemia y si no se cambia la política que se está haciendo en la Comunidad, es muy probable que la situación sanitaria de Madrid empeore más todavía. 

Si queda alguien sensato en la derecha que crea que con el gobierno de IDA Madrid puede salir de forma positiva de esta encrucijada, debería reflexionar seriamente. Está reflexión tendrían que hacerla principalmente en la dirección nacional del PP,  pues mantener su apoyo incondicional a IDA puede suponer el hundimiento del PP en Madrid, en beneficio de la ultraderecha de VOX y en perjuicio del conjunto de la ciudadanía.

España NO FUNCIONA

 

La gestión de la pandemia del COVID 19 ha puesto de manifiesto un conjunto de debilidades  en  el funcionamiento del Estado que, en la mayor parte de los casos, tienen un origen estructural aunque la pandemia las haya agravado de forma importante. En primer lugar hay que mencionar el lamentable funcionamiento de los servicios de atención a los mayores, las residenciaras geriátricas, que escasas de personal y de recursos y en muchos casos mal gestionadas, fueron responsables del alto número de fallecimientos de personas mayores durante la primera ola de la pandemia.

Hay que  considerar también la situación de la sanidad pública que, sometida a recortes durante muchos años, con escasez de personal, que además tiene unas condiciones de trabajo muy precarias, no es capaz de dar una respuesta a las necesidades de la población en la segunda ola de la pandemia. Si en la primera ola el comportamiento del sector sanitario fue heroico, en esta segunda ni aplicando el mismo heroísmo y dedicación han podido atender las demandas de la sociedad.

La estructura administrativa de nuestro país no resiste ninguna iniciativa nueva por importante que sea. El gobierno ha aprobado una serie de medidas sociales y económicas con objeto de paliar los efectos económicos  de la pandemia, pero estas iniciativas se  estrellan con la falta de recursos humanos y el exceso de burocracia.En tercer lugar hay que considerar al sector educativo que,  debido a su escasez de medios y recursos, tampoco puede ofrecer  las condiciones de seguridad sanitaria que  se necesitan en este curso 2020 2021.

Los ERTES han servido para preservar los puestos de trabajo de muchos asalariados pero el exceso de burocracia y la escasez de funcionarios para tramitarlos, han provocado retrasos  y complicaciones innecesarias.

Con las mismas trabas, pero con mayor gravedad está tropezando la implantación del Ingreso Mínimo Vital que avanza muy lentamente a pesar de la urgencia de su puesta en marcha.

El adelgazamiento sistemático del sector público impulsado especialmente por los gobiernos de la derecha, el exceso de burocracia, el teletrabajo  implantado en las administraciones públicas como consecuencia de la pandemia y la escasa cultura digital que dificulta el acceso a los servicios de muchos ciudadanos, está convirtiendo a España en un país que no funciona.

En pleno siglo XXI los servicios públicos tienen  que ser mucho más eficaces y para ello es imprescindible reducir la burocracia y generalizar las  tecnologías digitales sin que ello implique reducción de empleados públicos ya que la digitalización de los servicios no pueden sustituir en muchos casos la presencia directa de  profesionales  de especialidades como sanitarios, docentes, cuidadores, u otros muchos profesionales.

El fondo de recuperación de 740.000 M€ aprobado por la Unión Europea para los próximos  siete años del que España se beneficiará con 140.000 M€, incluye entre sus prioridades la digitalización y el refuerzo del número de empleados públicos. Hay que esperar que el gobierno responda positivamente y con decisión a este requisito y deje en el baúl de los recuerdos las sistemáticas y demagógicas reivindicaciones de conservadores y liberales de adelgazar al máximo las administraciones públicas, para impulsar la privatización  que en esta pandemia está demostrando su ineficacia en sectores como la sanidad o las residencias de la tercera edad.

Madrid NO se confina

 

En el debate del estado de la región de Madrid, celebrado los días 14 y 15 de septiembre, la presidenta regional Isabel Diaz Ayuso (IDA) sacó pecho por su brillante gestión, considerando que el suyo era el mejor gobierno posible del mundo mundial. Las críticas y propuestas de los tres partidos de izquierdas fueron rechazadas sin contemplaciones por IDA y por su vicepresidente de Ciudadanos, que no se decide a dar el paso de romper la coalición y se limita a justificar, aunque sea con la boca pequeña, la actuación de su presidenta.

Al día siguiente, miércoles, con un día de retraso, se publicaron los datos de contagio en Madrid que batieron todos los récords, hasta el punto que el viceconsejero de sanidad, Dr. Zapatero, anunció que se estaban estudiando medidas de confinamiento en Madrid.

Las declaraciones del doctor Zapatero fueron inmediatamente matizadas por la  presidencia que intentó hacerle rectificar, lo que, en un rasgo de dignidad, el viceconsejero no hizo. Tuvo que ser el siempre servil consejero de sanidad el que salió a rectificar  y a comunicar  que de confinamiento nada, solo "restricciones de movilidad", que se comunicarían en unos días.

En este contexto llegó la carta del presidente del gobierno ofreciendo su ayuda a la Comunidad de Madrid y proponiendo mantener una reunión con IDA en la sede de la propia Comunidad.

La carta de Pedro Sanchez (PS) es un documento excesivamente constructivo, que respeta las competencias de la Comunidad y evita las criticas a la gestión de IDA, con el animo de evitar polémicas y tomar decisiones positivas.

El viernes, después de varios retrasos, IDA, acompañada de un avergonzado vicepresidente y del siempre servil consejero de sanidad, nos dio una teórica sobre las medidas a tomar, volvió a responsabilizar al gobierno de la nación, aunque, dada su próxima entrevista con PS, evitó su tradicional agresividad. El vicepresidente  Aguado intervino para  manifestar su acuerdo  y dar imagen de unidad, aunque su tono fue bastante más moderado y finalmente, el consejero de sanidad  detalló las restricciones propuestas que se refieren a 37 zonas sanitarias, que corresponden a los barrios y municipios con mayor indice de infección y también de menor renta y peores condiciones de vida, y se limitan a recomendar, no tienen competencias para prohibir, restricciones de movilidad, reducción de horarios y aforos y bajar a seis el número de  personas por grupo familiar o social. Ni una palabra sobre refuerzo de centros de salud, incremento en el número de  rastreadores o aumento de los servicios de transporte de metro y autobús para reducir su masificación.

Las medidas son mucho más suaves que las promulgadas en otras comunidades con una incidencia vírica mucho menor y no convencen a ningun experto. Las protestas de la ciudadanía, sanitarios, docentes y asociaciones vecinales van en aumento y manifiestan su disconformidad diariamente. Los partidos de izquierdas del parlamento madrileño están llegando al limite de su paciencia y están a punto de presentar una moción de censura que cada día se ve más urgente.

El próximo acto tendrá lugar el próximo lunes con la visita de PS a la Puerta del Sol. Esta reunión tiene que ser determinante, el gobierno de España no puede limitarse a poner paños calientes y ofrecer su colaboración a la  Comunidad de Madrid. Es necesario que actúe con firmeza y determinación y haga uso de sus capacidades para obligar a que en Madrid se adopten las medidas necesarias con o sin la conformidad de la presidencia de la Comunidad, aplicando el Estado de  Alarma o el articulo 155 de la constitución si fuera necesario. Madrid no puede seguir en las manos exclusivas de IDA y sus colaboradores.

Hay que esperar que durante el fin de semana  se realicen las gestiones necesarias con el partido Ciudadanos para facilitar que la reunión del lunes tenga un resultado positivo.

Curso político 2020-2021

El final del mes de Agosto da la señal de salida para el comienzo del siguiente curso político, que esta vez se presenta muy complicado.

La pandemia del COVID 19, que se ha recrudecido en el mes de agosto, va a condicionar los primeros meses de este curso político o incluso el curso político entero. Aunque esta situación crítica debería en buena lógica propiciar el entendimiento de todas las fuerzas políticas para conseguir sacar a España tanto de la crisis sanitaria como de la subsiguiente crisis económica y social que el virus ha provocado, todo indica que es muy difícil que sea así y que los grupos políticos mantendrán sus comportamientos habituales.

El PP ha destituido a la marquesa de Casa Fuerte como portavoz parlamentario en lo que, en un primer momento, parecía ser un cambio de rumbo en la estrategia política del partido, pero las primeras actuaciones de la nueva portavoz, que no  pertenece a la nobleza, indican que el cambio se ha debido a pérdida de confianza por la falta de disciplina de la marquesa y no a un cambio de estrategia.

Antes del verano el gobierno propuso un pacto de Estado, con un formato parecido al de los Pactos de la Moncloa de 1976. El PP lo descafeinó convirtiéndolo en una comisión parlamentaria que, finalmente, no sirvió para nada.

El gobierno vuelve otra vez a la carga, consciente de la importancia que tendría para la recuperación de la crisis económica y social un acuerdo de todas las fuerzas políticas, o, al menos, de una buena parte de ellas, focalizado en los presupuestos que están obligados a gestionar de la forma más eficiente posible, los acuerdos económicos adoptados en la Unión Europea.

El primer contacto con el presidente del PP ha resultado ser un fracaso absoluto y en él se ha constatado que el PP sigue instalado en la dureza extrema y la demagogia continua. Su mensaje simplón de que no puede pactar con los que quieren acabar con la monarquía y romper España es muy infantil, del tipo"yo con esos no me junto", lo coloca junto a VOX, en la marginalidad del sistema parlamentario.

Sorprende la errática propuesta que ha hecho el presidente popular al gobierno: Crear una gran Agencia económica para gestionar los fondos  que va a aportar la Unión Europea, es decir pretende que una supuesta agencia independiente gestiones ese instrumento fundamental para cualquier gobierno, además se apoya en una ley de 2006 que se hizo para otras cosas y que Rajoy derogó en 2015. O Pablo Casado nos quiere tomar el pelo a todos, o está asesorado por algún lunático que hace propuestas sin sentido.

La derecha debiera plantearse sustituir a su presidente por alguien que al menos, tenga una mínima talla intelectual.

El comportamiento de Ciudadanos fue mucho más constructivo. En su reunión con el presidente del gobierno, Inés Arrimadas se limitó a hacer unas cuantas propuestas genéricas con las que no se puede estar en desacuerdo y a manifestar su postura de  posible apoyo a pesar de sus diferencias con Bildu y ERC, que no parecen tan insalvables como en otras ocasiones.

El PNV se manifestó en su reunión proclive a negociar con el gobierno y ERC puso en primer plano la celebración de la reunión pendiente entre el gobierno  de España y el govern y luego filosofó sobre la imposibilidad de coincidir en votaciones con Ciudadanos aunque tampoco afirmó de forma rotunda que fuera imposible. Si la reunión con el govern se celebra finalmente, la posición de ERC será seguramente  más flexible.

Finalmente los "pequeños partidos regionales", que tuvieron un contacto telemático con el presidente parece  que tuvieron actitudes muy positivas.

En estas condiciones es muy probable que haya mayoría suficiente para aprobar los PGE a pesar de la fragmentación del parlamento.

Votarían a favor con seguridad los 155 diputados de PSOE y U.Podemos, a los que habría que añadir los 8 de los paridos regionales y los 6 del PNV. En total un bloque de 169, tal vez alguno menos si alguno de los partidos regionales decide abstenerse por algún motivo  de carácter local.

En contra estaría la derecha (VOX, PP, Foro y Navarra suma) y los nacionalistas radicales catalanes (JxCat y CUP) aunque, dada la situación de confusión que se ha creado entre JxCAT y el PDCAT, no sería extraño que alguno de estos últimos tuviera una posición diferente. En total el voto negativo  sumaría 153 escaños.

Quedan por tanto por determinar la posición de los nacionalistas de izquierdas, 18 de ERC y Bildu, que por ideología no  parece lógico que voten en el mismo sentido que la derecha y de los centristas de Ciudadanos que están  entre Pinto y Valdemoro.

Es muy probable que uno de estos dos bloques, o los dos, opten por la abstención.

El mejor caso sería que los 28 diputados  nacionalistas y de ciudadanos votaran a favor de los presupuestos, lo que daría una amplia mayoría de 187 votos y dejará aislada a la derecha.