ETA se desarma

Cinco años y medio después del cese definitivo de la lucha armada, ETA ha dado un paso más completando el proceso de entrega de armas, con lo que se convierte en una organización desarmada.

Los mediadores internacionales han localizado los ocho zulos situados en el pirineo vasco francés, en los que ETA tenía almacenadas 120 armas de fuego, 3.000 kilos de explosivos y un total aproximado de 25.000 elementos, entre municiones, detonadores y otros dispositivos.

Este nuevo paso dado por la organización vasca ha vuelto a chocar, al menos aparentemente, con el enroque sistemático del gobierno del PP y sus aliados de Cs, que siguen en la misma posición de inmovilismo de hace tres años, de no valorar ni favorecer estos movimientos, que son pasos decisivos para alcanzar el final del terrorismo en España.

Las críticas a la puesta en escena que ha utilizado ETA para esta entrega, son sencillamente ridículas. ETA siempre ha sabido manejar de forma eficiente la propaganda y esta vez no ha sido una excepción. Pretender que hagan las cosas sin publicidad y de la forma que le gustaría al gobierno, es de una ingenuidad incomprensible, casi infantil. ETA ha perdido todas las batallas, lo urgente es cerrar completamente este capítulo negro de nuestra historia, sin fijarse en detalles secundarios.

El apoyo y la solidaridad con las victimas tiene que ser compatible con la aplicación de medidas políticas que favorezcan estos movimientos. Estas medidas no son otras que acabar con la dispersión de los presos etarras, acercándolos a prisiones próximas al País Vasco. Cinco años después del cese de actividades y consumado el desarme, no tiene ningún sentido mantener la dispersión que castiga tanto a los reclusos como, y sobre todo, a sus familiares y amigos que tienen que recorrer grandes distancias para visitarlos.

La disolución efectiva de ETA es solo cuestión de tiempo y se hará formalmente o por la vía de los hechos, al no ser necesario mantener una estructura formal en un grupo que ya no tiene actividad.

Hay que considerar que el final de ETA ya ha llegado, a pesar de las trabas que el gobierno del PP está poniendo, y solo quedan por resolver los últimos flecos que deben solucionarse cuanto antes.

Hay que esperar, que el previsible apoyo del PNV a los presupuestos del PP tenga como contrapartida, de forma abierta o discreta, medidas de acercamiento de presos y, posteriormente, transferencia de competencias penitenciarias al gobierno vasco.

Hay que cerrar completamente el capitulo del terrorismo en España, como se ha hecho en otros lugares, Colombia o Irlanda, con situaciones incluso más difíciles que las españolas.

Ataque a Charlie Hebdo

El sangriento atentado del terrorismo yihadista contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo  y contra un supermercado de comida hebrea, sugiere algunos elementos de reflexión.

• El primero es la constatación de la existencia de una guerra global, declarada por el yihadismo de Al Qaeda y el Estado Islámico (EIIL)  a todo el mundo, con objeto de imponer su califato. Los primeros afectado por esta guerra medieval son los propios países musulmanes: Siria, Iraq, el Sahel africano.... En Europa, a pesar de la violencia de este y otros atentados, como 11 M de 2004 en Madrid, 7 J de 2005 en Londres, etc., las acciones yihadistas son solo una parte relativamente menor de su actividad total.
• El segundo elemento a considerar es el reconocimiento, generalizado en occidente, de la libertad de expresión como valor fundamental frente a la posición de las confesiones  religiosas, tanto cristianas como musulmanas, que consideran que la sátira sobre sus creencias no debería estar amparada por la libertad de expresión.

• La condena generalizada de tan brutal atentado, incluyendo la de muchos colectivos musulmanes y la  participación en la gran manifestación de Paris de dirigentes de  países de cultura musulmana, es un factor muy positivo que indica un amplio rechazo social al fundamentalismo yihadista.

• En sentido contrario, hay que apuntar las manifestaciones convocadas por organizaciones fascistas y xenófobas por un lado y las protestas violentas que se han producido en algunos países africanos y asiáticos  con mucha influencia yihadista, por otro. Son dos caras de la misma moneda que las sociedades civilizadas de cualquier signo, tienen que aislar

• Mas allá de las razones profundas de carácter político y religioso, o las sociológicas debido a la falta de integración, agravada por la crisis, de los inmigrantes, parece bastante evidente que las causas inmediatas del atentado son fallos en la seguridad y la inteligencia francesas. Que tres terroristas conocidos y fichados atenten contra un objetivo sensible que ya había sido atacado en otras ocasiones, no deja lugar a muchas otras interpretaciones.
• El hecho de que los terroristas fueran de nacionalidad francesa, indica que el fallo no tiene nada que ver con el control de fronteras; de hecho, a los pocos días del atentado, los medios de comunicación nos ilustraban con abundante información, por otra parte bastante irrelevante, sobre las idas y venidas de Paris a Turquia pasando por Madrid, de la esposa de uno de los terroristas. Esto indica que hay herramientas técnicas y legales suficientes para seguir la pista a cualquier sospechoso sin necesidad de dar una vuelta de tuerca al sistema de libertades europeo.
• Hay que denunciar en este sentido, el aprovechamiento político, que algunos "pescadores de río revuelto", tanto de Europa como de España, pretenden hacer del atentado de París, para endurecer el control de movilidad o justificar la "Ley mordaza" propuesta por el gobierno del PP en España. Seguramente tenemos ya en España y en Europa, suficientes herramientas legales, lo que hace falta es que se utilicen con eficacia, y si hubiese que hacer algún retoque, hágase con discreción sin necesidad de asustar a los ciudadanos haciendo sonar todas las alarmas. Que hay un problema grave con el terrorismo yihadista, es evidente hace mucho tiempo y el atentado de París lo confirma, pero también indica que han cogido a las fuerzas de seguridad francesas con la guardia baja, pues disponían de los medios suficientes para haberlo impedido.

ENCUESTA SOBRE POSIBLES PACTOS DE GOBIERNO EN EL LATERAL DERECHO DE ESTE BLOG

El principio del fin de ETA

Mi primera intención al ver la chocante reacción del gobierno del PP a las gestiones realizadas por Comisión Internacional de Verificación sobre el desarme de ETA fue hacer un comentario en mi blog de esperpentos, pues es totalmente esperpéntico que la fiscalía denuncie en la Audiencia Nacional a petición de una Asociación de Victimas, a una comisión internacional que hace gestiones de  buena voluntad para acabar con una violencia que lleva operando en España cincuenta años.

Sin embargo el tema es bastante más que una simple anécdota grotesca, pues afecta a un proceso de pacificación que ya está casi al alcance de la mano.

Entre los asuntos más graves que tuvo que abordar la democracia española en 1978, estaba el del terrorismo etarra. Han tenido que pasar muchos años hasta que, gobernando el PSOE en España y en Euskadi, ETA anunció primero el alto el fuego, 10 de enero de 2011 y, posteriormente, el 20 de octubre del mismo año, el cese definitivo de la actividad armada.

La aceptación de los  presos etarras de la legalidad penitenciará ha sido otro paso importante y la escenificación de la primera entrega de armas por parte de ETA, con todas las insuficiencias y limitaciones que ha tenido,  es el inicio de otro acto importante que debería tener continuación con entregas de armas más relevantes en un futuro próximo.

Con estas actuaciones, el mundo abertzale está empezando a cumplir la hoja de ruta trazada por las fuerzas democráticas, que consistía en el desarme primero y la disolución de ETA después, y en la aceptación por los presos de la legalidad penitenciaria. El compromiso de los partidos democráticas era la aplicación, dentro de las leyes vigentes, de medidas de acercamiento de presos, de reducción de grados penitenciarios y de gracia, aplicadas de forma individualizada.

Si el mundo abertzale esta avanzando en la línea trazada, aunque sea introduciendo su propio ritmo y su propio estilo e intentando mantener la cohesión de sus partidarios, lo que, de paso, nos favorece a todos, el gobierno de la nación no está  a la misma altura y se limita a lanzar consignas genéricas, algunas de ellas más propias de la etapa anterior al alto el fuego.

La Comisión Internacional de Verificación (CIV) fue creada en Febrero de 2011 y está formada por un grupo de expertos internacionales en resolución de conflictos para supervisar el cumplimiento del alto el fuego proclamado por ETA unos meses antes, a instancia de diversas instituciones vascas y aceptada por el gobierno vasco y los principales partidos, con la exclusión del PP. El gobierno central nunca ha considerado necesario la existencia de esta comisión internacional de mediación.

Si ETA admite los principios planteados por las fuerzas democráticas:

• ¿Que sentido tiene rechazar un instrumento que puede facilitar el proceso como es la CIV?
• ¿Es imprescindible pedir no solo su rendición, sino también su humillación? 
• ¿No se valora el riesgo de que un sector de ETA pueda desmarcarse del conjunto y rechazar el proceso de abandono de la violencia?

Mantener de forma artificial la tensión anti terrorista por razones ideológicas partidistas, electoralistas o del tipo que sea, es un riesgo que, después de tantos años no nos podemos permitir como país.

El gobierno tiene que buscar los cauces adecuados para con la CIV o sin ella, se avance en el desarme de ETA y en su disolución total, sin requisitos artificiales e innecesarios, como son las denuncias en los juzgados.

¿Se está promoviendo la pena de muerte en España?

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ha declarado no ajustada a derecho la llamada doctrina Parot, referente a la prorroga de la estancia en prisión de algunos peligrosos penados, etarras y asesinos comunes, condenados en su momento a las máximas penas, ha provocado duras reacciones en contra, por parte de algunas asociaciones de victimas del terrorismo y de amplios sectores del Partido Popular.

La sentencia era esperable, pues la doctrina Parot contradice claramente el principio de no retroactividad, que, desde los tiempos del Derecho Romano, indica que los efectos de la Ley solo operan después de la fecha de su promulgación. Este principio, es una de las bases más solidas de la justicia.

Que los sentimientos de las víctimas del terrorismo se sientan heridos por esta sentencia, entra dentro de la lógica, que la inmensa mayoría de los ciudadanos comprendan esos sentimientos, también, que una parte de esas victimas convoquen acciones de protesta contra ella sentencia puede ser comprensible, pero que formalmente, el partido del gobierno apoye y convoque estas manifestaciones supera todas las previsiones políticas y constituye una grave irresponsabilidad.

En términos legales, la sentencia solo indica que la retirada de los beneficios penitenciarios que tenían estos penados no es ajustada a derecho, y en consecuencia, siguen condenados a las penas máximas que marca la legislación española, pero calculadas de acuerdo con el código penal de 1973, que era el vigente en el momento de su juicio.

Los cálculos efectistas de evaluar a cuantos años de cárcel sale cada asesinato o el argumento de que matar a una persona no puede "costar lo mismo" que matar a muchas, no tienen mayor sentido lógico desde el momento que existe una pena límite. Las cuentas de los asesinatos de Inés del Rio siguen siendo parecidas si se divide por los 26 años que ha estado en la cárcel, por los 30 que hubiera estado con la aplicación de la doctrina Parot, o incluso por los 40 que le hubieran correspondido si se le hubiera podido aplicar el nuevo código penal.

Para que las penas sean proporcionadas, según esas cuentas, tendría que incorporarse al código penal español la pena de muerte o la cadena perpetua, lo que sería un retroceso a los siglos de la barbarie, incomprensible en la España del siglo XXI.

Con la legislación española siempre habrá un momento en que se cumplan las penas y los condenados salgan a la calle con todos sus derechos.

En todo caso habría que tomar medidas preventivas si se considera que esos ciudadanos siguen siendo un peligro para sus antiguas victimas o para otras personas.

La política antiterrorista no puede estar totalmente condicionada por las personas más afectadas, que han sufrido pérdidas irreparables, que la magnitud del castigo impuesto a sus autores nunca podrá compensar de ninguna manera.

Por todo ello el gobierno, y los dirigentes del partido que lo sustenta, no deberían participar en forma activa en manifestaciones en contra a la sentencia del TEDH.