Concilium interruptus y elecciones anticipadas

La brusca interrupción de la legislatura (concilium interruptus) por el rechazo  a los presupuestos  presentados por el gobierno socialista, deja la misma sensación que un  coitus interruptus: se ha cortado en el mejor momento.

Después de casi nueve meses, el gobierno socialista apoyado por solo 85 diputados fijos más la adhesión, muchas veces problemática de otros grupos parlamentarios, ha avanzado mucho más que el gobierno de Rajoy en cinco años. El rechazo presupuestario, apoyado por las derechas y por los separatistas catalanes, en este caso por sus propias razones independentistas, ha dejado una sensación  de que las cosas se han quedado a medias y no se han podido culminar.

Durante estos meses, las derechas han ido poniendo continuamente palos en las ruedas utilizando su control de la mesa del parlamento y del Senado para bloquear iniciativas del gobierno, entre ellas las económicas como la aprobación de una nueva senda de déficit que hubiera permitido disponer de más recursos económicos. La votación en contra del mejor presupuesto de los últimos, años ha sido la guinda del pastel que ha culminado una lamentable actuación política.

Después de el rechazo  a los presupuestos el gobierno tenía básicamente dos opciones, adelantar como ha hecho la convocatoria o aguantar hasta el otoño intentando apurar la legislatura aprobando algunas medidas más. Una tercera opción hubiera sido el "super domingo electoral" pero la concentración excesiva de  de procesos electorales hace que se confundan los planteamientos generales con los locales y autonómicos, dificultando que candidatos a alcaldes y a presidentes autonómicos puedan hacer sus planteamientos con claridad.

El proceso interrumpido debiera tener continuidad después del 28 de abril con un gobierno progresista con unos apoyos similares a los habidos en la legislatura que termina pero mucho más potentes pues los partidos progresistas deben mejorar sus resultados.

Casi todas las encuestas, incluidas las tipo "Señorita Pepis" sin ficha técnica, dan la victoria al PSOE aunque reflejan también un empate técnico entre los bloques de la derecha "trifálica", en afortunado lapsus de la ministra de justicia y el bloque de la moción de censura. (PSOE+ Podemos+ Nacionalistas vascos y catalanes). Creo sin embargo que la encuesta que ofrece mayor confianza es la del CIS, a pesar de todas las criticas, muchas de ellas interesadas. En el último barómetro, Enero de 2019, el CIS daba los siguientes datos, sobre un voto decidido del 68,6%:

Bloque de la moción de censura

• PSOE                               20,5%
• Podemos + Confluencias     8,8%
• Nacionalistas catalanes       3.9%
• Nacionalistas Vascos           1,7%

Total Bloque                            34,5%

Bloque Trifálico

• Ciudadanos                        12,1%
• PP                                     10,7%
• Vox                                     4,5%

Total Bloque                             26,3%

Estos datos NO implican intención de voto, pues hay un 31,4% de encuestados que no se ha pronunciado y que, seguramente, decidirá su voto en los últimos días.

Hay que considerar también que tanto los partidos nacionalistas, como las confluencias de Podemos, tienen concentrado su ámbito de actuación solo en algunas circunscripciones (Euskadi, Cataluña, Valencia o Galicia), por lo que la traducción de votos en escaños es mucho más favorable.

Por otro lado, una derecha dividida en tres partes, tendrá muchas dificultades en traducir sus votos a representantes en las provincias de menor población.

Desde una apreciación más subjetiva, no debería ser difícil derrotar a una derecha dividida en tres, con unos comportamientos zafios y mentirosos y que tiene como principal estrategia considerar a Cataluña como país enemigo intentando doblegarla con la aplicación dura del 155, sin necesidad de justificación. Cataluña es una parte de España y es imprescindible, a pesar de las dificultades existentes, que no son pocas, buscar cauces de negociación que faciliten la convivencia en la propia Cataluña y entre catalanes y el resto de  españoles.

Si la izquierda es capaz de movilizarse, si asume con entusiasmo el reto de desarrollar el programa que ha quedado inconcluso por el rechazo a los presupuestos, es casi seguro que recuperaremos el gobierno.

El Relator

Según el diccionario de la RAE, un relator/a es la persona que en un congreso o asamblea hace relación de los asuntos tratados, así como de las deliberaciones y acuerdos correspondientes.

La propuesta del gobierno de incorporar un relator a las reuniones de los partidos políticos catalanes, hace referencia a una persona de estas características que convoque, modere y resuma las reuniones que se mantengan así como realice otras funciones equivalentes que se le requieran sin entrar directamente en el fondo de los temas que se traten.

La presencia de un relator, notario, intermediario o como prefiera llamarse, no es nueva y tampoco imprescindible y pueden tenerse diferentes opiniones sobre si es útil o no. Con independencia del criterio que se pueda tener, hay una razón evidente para la presencia de este personaje: uno de los principales interlocutores, los partidos nacionalistas catalanes lo llevan pidiendo hace meses. Las razones en contra nacen de un razonamiento artificioso, basado en sucesivas hipótesis encadenadas: El relator tiene un carácter internacional y se utiliza en negociaciones entre Estados luego se está reconociendo a Cataluña como un Estado. Este complejo razonamiento da por ciertos una serie de supuestos que solo tienen una probabilidad baja de que sucedan.

Cualquier negociación, o si se prefiere dialogo, implica cesiones, que son perfectamente tolerables si no afectan a los puntos centrales de cada una de las partes. En este caso, el reconocimiento de la autodeterminación de Cataluña, punto clave de los nacionalistas, está fuera de cualquier acuerdo y el gobierno de Madrid ha dejado claro que esa línea roja no se va a traspasar.

Si el govern catalán utilizara la presencia del relator para su propaganda interna, estaría en su derecho, aunque supusiera un coste, seguramente pequeño y perfectamente asumible.

El simple anuncio, que forma parte de la propuesta del gobierno, de incluir un relator en las conversaciones que se están celebrando entre los partidos políticos catalanes, a las que la derecha no asiste para no contagiarse, ha sido recibido con una catarata de insultos y descalificaciones por algunos "cualificados", es una forma de hablar, representantes de PP y Cs.

Si las descalificaciones de las tres derechas eran esperables, aunque su virulencia ha sobrepasado todos los limites, la reacción de algunos dirigentes del socialismo prehistórico, incluidos algunos "jarrones chinos", ha sido  mucho más dolorosa y es que hay compañeros que no saben envejecer. Si no son capaces de apoyar a la dirección actual del partido y del gobierno, como es su obligación moral, mejor estarían en silencio.

En una sobreactuación desmesurada, las tres derechas han convocado una super manifestación  de afirmación nacional, contra el gobierno y, una vez más, contra Cataluña, a la que no ha tardado en adherirse la cuarta derecha, Falange Española, por lo que el domingo veremos también banderas españolas con aguiluchos y cangrejos.

La huida hacia adelante de todas las derechas puede interpretarse como un síntoma de debilidad pues carecen de otras alternativas y, de hecho, algunos sectores más moderados del PP (N. Feijó,  Alfonso Alonso y Moreno Bonilla) y Ciudadanos (Manuel Valls), que se habían disculpado con excusas varias, van a asistir obligados por las presiones internas pues parece que van a pasar lista.

La concentración, apoyada por autobuses y bocadillos como si fuera una demostración sindical de la época franquista, pretende ser una demostración de fuerza que ya veremos en que queda.

El nacionalismo catalán, con su afán de estirar al máximo de la cuerda para intentar conseguir metas imposibles, es, de alguna manera corresponsable de esta manifestación  y de las posibles elecciones anticipadas que puedan derivarse de ella.

TAXI vs VTC

La huelga del sector del taxi que está teniendo lugar en Madrid, y que previamente se realizó en Barcelona, es mucho más que una reivindicación sectorial, es una lucha por la supervivencia de todo un sector.

El servicio de taxis está regulado por unas normas especificas y sujeto a unas tarifas, marcadas por las administraciones públicas. El sector del taxi lo forman, salvo algunas excepciones, una multitud de autónomos con una sola licencia, que operan ellos mismos o  ayudados por algún empleado para cubrir la jornada completa. Durante décadas el taxi ha prestado correctamente su servicio de transporte punto a punto, sin mayores incidencias.

Los VTC, antes gran turismo, son vehículos de alta gama, de alquiler con conductor, utilizados para determinados servicios específicos como bodas, entierros y otros acontecimientos, así como para el desplazamiento de clientes VIP de empresas u otras instituciones.

La puesta en marcha de APPS específicas de móviles que permiten su contratación inmediata, han permitido convertir a los VTCs en  una suerte de taxi 2.0, que realizan un servicio similar al del taxi, sin necesidad de disponer de la correspondiente  licencia ni estar sujeto a ningún tipo de regulación.

Esta circunstancia ha sido utilizada por algunos grupos multinacionales para comprar licencias en grandes cantidades, e inundar las grandes ciudades con vehículos VTC que, en la práctica, actúan como taxis.

Otro efecto de tener muchas licencias VTC es la contratación de muchos conductores que, en caso de que tengan que reducir el negocio por cambio de normativa, provocaran un problema  laboral que utilizaran, como están haciendo en Barcelona, como elemento de presión social.

La estrategia se completa con la captación de clientes bajando las tarifas y proporcionando mayor calidad en el servicio. El riesgo está, como ha ocurrido ya en algunos países, que el servicio VTC acabe con el taxi y controle un mercado liberalizado en el que puedan imponer sus condiciones.

Esta estrategia ultraliberal no es exclusiva del sector del transporte urbano, ocurre también en algunos otros sectores.

La educación concertada nació al comienzo de la democracia, como un  sistema de urgencia para poder escolarizar muchos niños en muy poco tiempo. Después de 40 años la derecha  lo proclama como un procedimiento de libertad de enseñanza y en algunas CC.AA., ha conseguido dominar más del 50% de la oferta escolar.

En sanidad el negocio está en la subcontratación de servicios médicos, preferentemente los más baratos y rentables y en la degradación del sistema público de salud para empujar a la ciudadanía hacia las aseguradoras privadas.

Servicios tan esenciales como las viviendas de carácter social, han sido puestos en manos de fondos buitres por lagunas de las administraciones públicas más depredadoras: Ayuntamiento de Madrid presidido por Ana Botella y la Comunidad de Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes y Angel Garrido.

La regulación de las VTC ha podido ser controlada minimamente en Cataluña pero el gobierno de Madrid, con criterios de apoyo total a las VTC no accede a ninguna regulación y ha conseguido, al menos provisionalmente, rendir por agotamiento a los taxistas, que después de 16 días de huelga, han decidido darse un respiro. Es mas que probable que en poco tiempo vuelvan a la carga.

La Venezuela de Nicolás Maduro

Han pasado casi seis años desde el fallecimiento de Hugo Chavez. Durante estos años, la República Bolivariana de Venezuela, dirigida por su sucesor Nicolás Maduro, ha sufrido una degradación enorme.

Las contradicciones sociales ya existentes en la época de Chavez, han dejado de serlo y los aspectos negativos se han impuestos de forma abrumadora a los logros positivos que pudieran existir hace seis años.

El país sudamericano, a pesar de tener una de las mayores reservas de petroleo del mundo, vive unos momentos muy difíciles, con carencia de suministros básicos, una hiper-inflación descontrolada y la población fuertemente dividida entre partidarios y contrarios al chavismo. Los  enfrentamientos callejeros, en los que ya ha habido algunos muertos, son diarios.

Desde el punto de vista político, el presidente Maduro ha renovado su mandato en unas elecciones celebradas hace seis meses, en las que la oposición no se presentó, alegando falta de garantías democráticas. En las presidenciales anteriores (2013), Maduro ganó solo por el 0,5%, pero en las legislativas de 2015 fue la oposición quien ganó por un margen mayor (56,3 % frente al 43,7% de Maduro). En definitiva la oposición domina el poder legislativo y el chavismo el ejecutivo. El  poder judicial, dominado también por Maduro, ha declarado al parlamento en desacato, por lo que sus decisiones carecen de valor. Sorprendentemente, el parlamento no ha sido disuelto y sigue formalmente activo.

En estas condiciones, la oposición ha dado un paso al frente y ha declarado nulo el último  nombramiento de Maduro y, amparándose en una interpretación de constitución, ha nombrado presidente provisional de Venezuela al presidente de la Asamblea Nacional. Este nombramiento ha sido inmediatamente reconocido por todos los regímenes de derechas americanos (EE.UU., Brasil, Colombia...) mientras que Rusia y Cuba apoyan al régimen de Maduro.

El análisis en blanco y negro, apoyando de forma incondicional a uno y otro bando que hacen estos países no es, afortunadamente, generalizado en todo el mundo. Uruguay y  México en América y los 28 países de la Unión Europea han adoptado una actitud muy diferente, instando al Régimen Bolivariano y a la Mesa por la Unidad Democrática, a convocar, en un corto espacio de tiempo, elecciones libres y garantizadas por la comunidad internacional. 

No se puede jugar una vez más en el tablero internacional, al maniqueísmo facilón de buenos y malos, que puede provocar situaciones mucho más graves que la que se pretende corregir, como ha ocurrido en Iraq, o  creando Estados fallidos como en Libia.

En nuestro país, la derecha demagogia que todo lo enfoca en clave interna, no ha perdido un minuto en apoyar sin condiciones a la oposición venezolana y a acusar al gobierno socialista de hacerle el juego al chavismo, condicionado por Podemos y argumentando con brocha gorda todo el bla, bla, bla habitual, que vale tanto para un roto como para un descosido.

La posición de nuestro gobierno, coordinada con los 28 países de la U.E., pretende  atajar la espiral de violencia que  de forma acelerada se está adueñando del país caribeño. Los miles de europeos, entre ellos 200.000 españoles, que viven en Venezuela, son un argumento adicional para intentar una postura constructiva que busque las posiciones negociadoras que puedan existir en ambas partes. 

Errejón y +Madrid

Hace casi cuatro años, en Mayo de 2015, las elecciones autonómicas y municipales de Madrid arrancaron con un conflicto interno en una de las formaciones más significativas de la Izquierda: IU.

La operación Tania Sanchez, por la que la entonces cabeza de lista de IU se pasaba a Podemos, y la pésima gestión que de esta situación hizo la dirección federal de IU, liquidando la federación madrileña, provocó que este partido acudiese muy tocado  a las elecciones autonómicas y no alcanzase el 5% mínimo, impidiendo con ello una mayoría progresista en Madrid y  permitiendo los lamentables cuatro años de gestión popular con C. Cifuentes y su sucesor.

En vísperas de las elecciones autonómicas y municipales de 2019, nos podemos encontrar en Madrid en una situación similar, en este caso el conflicto lo tiene la organización madrileña de Podemos.

Iñigo Errejón fundador de Podemos y candidato de este partido a la presidencia de la Comunidad de Madrid y seguramente uno de sus miembros más valiosos, ha llegado a un acuerdo con la plataforma  +Madrid de Manuela Carmena para coordinar las candidaturas municipal y autonómica, presentándose  en una misma plataforma.

El acuerdo no ha contado con las bendiciones del aparato  burocrático del Podemos, que ha negado a Errejón la capacidad de  llegar a esos acuerdos y  le ha acusado de incumplir la decisión de presentarse a la Comunidad con el nombre de Podemos.

Dado que en 2015 Podemos se presentó en distintos municipios y CC.AA. con diferentes nombres y formando parte de  diversas plataformas, el conflicto no puede venir tanto por el nombre de la candidatura sino por la configuración de la lista, que el aparato burocrático quiere imponer sin tener en cuenta la opinión del candidato. Hubo un intento anterior de imponer también la lista del Ayuntamiento, quitando de ella a las personas de  mayor confianza de la alcaldesa y ahora se intenta lo mismo con la lista de la Comunidad, M. Carmena no lo aceptó y parece que I. Errejón tampoco.

No es Podemos la única organización que pretende rodear a un candidato potente, con altas probabilidades de obtener un buen resultado, de colaboradores clientelares sacados de la burocracia del partido, es una practica, lamentablemente muy extendida, aunque todo indica que, en esta ocasión, no lo han conseguido.

Una vez que en la izquierda se ha abierto la opción de hacer elecciones primarias para elegir los cabezas de lista, queda pendiente la definición de modelos realmente participativos para la configuración de los restantes puestos de las listas electorales. La práctica habitual es que los aparatos burocráticos coloquen a quien quieran, casi siempre más por lealtades personales que por razones de mérito o capacidad.

El conflicto en Podemos ya le ha costado a Errejón su acta de diputado pero puede tener un precio mucho mayor, no para él sino para toda la izquierda madrileña, si el autoritarismo de la dirección podemita se empeña en presentar su propia lista a la Comunidad, corriendo el riesgo de que la izquierda divida su voto y pierda una vez más el gobierno de la Comunidad de Madrid.

La capacidad de los partidos de izquierda de liquidar a sus mejores representantes es inconmensurable. Coincidiendo con la defenestración de Errejón, se produce también la dimisión del antiguo coordinador de IU, G. Llamazares, uno de los pocos dirigentes de IU que todavía merecen la pena.

Estos comportamientos sectarios se han dado también en el PSOE con la defenestración en octubre de 2016 de su S.G. Pedro Sanchez, que afortunadamente, y gracias al apoyo de la mayoría de los socialistas, recuperó posteriormente su puesto y hoy es Presidente del Gobierno de España. 

Andalucía, fin de ciclo

Con la elección Moreno Bonilla, cabeza de lista del PP como nuevo presidente de  la Junta de Andalucía, termina un ciclo de más de 36 años de gobiernos socialistas. Las dudas que pudiera haber sobre el acuerdo final del tripartito de derechas, se resolvieron en la última reunión PP-Vox en la que alcanzaron un acuerdo sobre la base de difuminar, en forma de generalización, algunas  de las propuestas del partido de ultraderecha, mientras se descartaban las más estrambóticas. Las continuas discrepancias públicas entre Vox y Cs no han sido suficientes para impedir la investidura. 

Sin ánimo de hacer un balance global de estos 36 años, si hay que reseñar el deterioro progresivo del gobierno andaluz en los últimos años, como reflejan los resultados electorales decrecientes:

• En 2008, con Griñán como presidente, el PSOE obtiene su  última mayoría absoluta con 56 escaños de 109.
• En las siguientes elecciones, también encabezadas por Griñán, el PSOE obtuvo solo 47 escaños. Aunque fueron superados por los 50 del PP, se consiguió  mantener el gobierno gracias a un acuerdo con IU.
• En 2015, ya con Susana Díaz (S.D.) encabezando la candidatura socialista, Griñán dimitió en 2013 a causa de su imputación en los ERES, se mantienen los mismos resultados y se gobierna con el apoyo externo de Cs.
• En 2018 se obtienen solo 33 escaños, Cs retira su apoyo anterior, y la derecha consigue obtener mayoría absoluta, con la colaboración de Vox.

La pérdida acelerada de votos del PSOE andaluz empezó con el proceso de los ERES y se agudizó en los últimos años, bajo la dirección de S.D. En este deterioro tienen mucho que ver los ERES pero, también, el excesivo clientelismo detectado en el gobierno de la Junta, la poca eficacia de sus políticas, que no han conseguido que Andalucía deje de ser el territorio menos desarrollado de España, y el desapego, a pesar del clientelismo, de muchos sectores socialistas que no vieron con buenos ojos su participación en el "golpe de estado interno" contra P. Sanchez en 2016 y su posterior apoyo a la investidura de Mariano Rajoy. 

El mal resultado que obtuvo S.D. en las primarias federales socialistas anticipaba ya el mal resultado del 2 de diciembre, aunque nadie esperaba que fuera tan pronunciado.

Un período de 36 años seguidos en el gobierno es demasiado largo y produce situaciones de abuso que conviene que se resuelvan con un cambio de gobierno y, en ese sentido, tiene sentido la alternancia en el poder. Lamentablemente la solución alcanzada puede ser mucho peor, pues la coalición ganadora ha incluido la entrada de la ultraderecha en el área de gobierno, con unas propuestas muy regresivas que no van a favorecer en nada el desarrollo de Andalucía y son un pésimo antecedente para el resto del Estado.

La elección del nuevo presidente ha sido una mala película, con un mal guión y unos malos actores, con dos acuerdos contradictorios en muchos aspectos y con unas relaciones tensas entre Vox y Cs que parecen puedan romperse en cualquier momento.

En este período, las fuerzas de izquierdas, PSOE y Adelante Andalucía, han permanecido enrocadas sin capacidad de dar respuestas ni llegar al más mínimo acuerdo entre ellas.

Después de 36 años empieza una nueva etapa con unas perspectivas muy negras. El PSOE-A y Adelante Andalucía deberían utilizar  este período para  regenerar su funcionamiento y renovar a sus dirigentes, para poder volver con más fuerza en la siguiente oportunidad.

¿Llegará el PP a la presidencia de Andalucía?

El acuerdo a tres bandas de las derechas andaluzas, se está complicando debido a la negativa de Cs a reunirse con Vox para incluirlo en el acuerdo PP-Cs. El partido de ultraderecha, que quiere a toda costa una foto a tres bandas, ha contraatacado con una propuesta totalmente inaceptable para casi todos: suprimir del programa de gobierno andaluz todas las referencias a medidas contra la violencia de género, por considerarlas discriminatorias para los varones.

El PP accede a negociar este tema, ya que está dispuesto a cualquier cosa para acceder a la presidencia de la Junta. Cs sigue manteniendo férreamente el "pacto de las lentejas", o las tomas o las dejas, con el PP, haciéndole incluso un guiño al PSOE, considerando que los socialistas ya apoyaron a Rajoy en tiempos de la gestora, cuando Mario Jiménez, actual portavoz del GPS en el parlamento andaluz, era el portavoz de la gestora que "dirigía" el PSOE.  

La negociación política se ha trasladado a Madrid, pues en la izquierda andaluza, tanto PSOE-A como Adelante Andalucía, permanecen en actitud pasiva, como si la cosa no fuera con ellos, mientras que la derecha regional ha haber delegado las negociaciones a sus direcciones nacionales.

El PP nacional ya está empezando  a ceder frente a Vox y propone sustituir el término violencia de género, por violencia intrafamiliar, metiendo en el mismo saco cualquier situación de violencia que se produzca en el seno de la familia, como si la violencia machista no tuviera una clara componente sociológica que desborda además las cuatro paredes de un domicilio familiar. Esta actitud está ya empezando a generar críticas en los sectores más liberales del PP que hasta ahora estaban callados y a cuestionar el liderazgo de P. Casado.

Cs mantiene, parece que con bastante firmeza, su negativa a pactar con la ultraderecha y Vox sigue condicionando su apoyo al posible gobierno andaluz a tener la opción de incluir algunos de sus planteamientos en el programa conjunto.

Dada la pasividad del PSOE-A, la dirección federal socialista va a convocar el pacto nacional contra la violencia de género para que PP y Cs expliquen sus nuevas posturas.

Entre tanto, el calendario andaluz sigue avanzando y se acerca el día de la investidura, que tiene como prólogo la propuesta de candidato a la presidencia de la Junta. En este sentido se abren varios escenarios:

• Susana Díaz presenta su candidatura, con 50 votos (PSOE+ AA) mientras que PP+Cs, sin el apoyo de Vox, no pueden hacerlo pues solo tienen tienen 47. Para este escenario hace falta que las dos fuerzas de izquierdas lleguen primero a un acuerdo, cosa que todavía no han hecho.
• El segundo escenario es que M. Bonilla consiga el apoyo de los 59 diputados de la derecha, para lo que es necesario o que  se haya producido una reunión a tres bandas con modificación programática o que Vox admita el "pacto de las lentejas".
• Seria posible, aunque poco probable, un tercer escenario, un acuerdo PSOE-Cs, que solo tendría alguna posibilidad de realizarse más adelante, después de que fracasasen los dos escenarios anteriores.
• Por último es posible que, finalmente, no se cierre ningún pacto y haya que repetir las elecciones autonómicas.

El resultado final de la encrucijada andaluza tendrá con toda seguridad repercusiones importantes a nivel nacional.

En primer lugar se demostrará la firmeza con que las derechas defienden el pacto contra la violencia de género suscrito hace unos meses.

En segundo lugar, se redefinirá la situación ideológica de Cs, que últimamente estaba disputando con el PP una loca carrera hacia las posiciones más extremas, y, dependiendo de la resolución andaluza, podría empezar a centrar sus posiciones. El PP parece irremisiblemente orientado a la extrema derecha, a pesar  de las posiciones críticas que empiezan a aparece en su seno.